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El muro de Trump, promesa cumplida

Análisis sobre los costos políticos en los acuerdos entre México y Estados Unidos sobre los aranceles y migración

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Raúl Ramírez Baena*

Trump se reserva la autoridad para imponer los aranceles si México no cumple con el acuerdo
Steve Mnuchin, Secretario del Tesoro

En el reciente acuerdo sobre migración suscrito entre los dos vecinos distantes, México no ganó nada, pero tampoco los Estados Unidos. Nosotros perdimos soberanía, los migrantes perdieron derechos, el pueblo estadunidense refrendó la pérdida de su título de campeón de los derechos civiles y la humanidad ve perder gradualmente el derecho de asilo a los refugiados. Hubo un solo ganador: Donald Trump.

Y no conforme con su triunfo con aroma a reelección, Trump amenaza con revelar más detalles del acuerdo con México “cuando sea oportuno”, dijo. La soga en el cuello.

Por si fuera poco, México tiene que pagar la barrera policíaca-militar en nuestras fronteras y en el resto del territorio nacional para contener a los centroamericanos y complacer al rubio magnate, distrayendo a los elementos de la Guardia Nacional de tareas urgentes de prevención de delitos graves, que van en aumento en el país, teniendo además que pagar las deportaciones masivas, la atención humanitaria y la satisfacción de los derechos sociales de los solicitantes de asilo en los Estados Unidos que esperan en nuestras ciudades fronterizas por su resolución (Remain in México), que puede tardar meses o años.

Y como ofrenda, el gobierno federal detiene a dos defensores de migrantes e interviene cuentas bancarias de otros activistas, como si fueran traficantes de personas.

Con este desventajoso acuerdo, México se convierte de facto en “Tercer País Seguro” (como deseaba Trump), en cancerbero de los Estados Unidos, en el contenedor y expulsor de una migración internacional cuyo objetivo son los Estados Unidos, no nuestro país, cuyo origen son las condiciones estructurales del precario desarrollo económico y social y de la corrupción de los gobernantes de esos países expulsores, condiciones impuestas por los propios Estados Unidos.  

Las consecuencias de esta cesión más la creciente concentración de migrantes, pueden ser desastrosas en las fronteras nacionales y el interior del país por la saturación de los albergues y de las estaciones migratorias del INM, convertidas prácticamente en centros de detención. Además, el clima de xenofobia no está siendo contrarrestado por la parte oficial para sensibilizar a la población mexicana y frenar la discriminación contra los centroamericanos.

El estatus de los migrantes solicitantes de asilo

Aunque para los Estados Unidos la migración indocumentada ha sido tradicionalmente un asunto de Seguridad Nacional, injustamente comparada con el terrorismo y el tráfico de drogas, para los estándares internacionales no es un asunto de seguridad, sino de naturaleza social y humanitaria, y debe tratarse como tal, más aún porque este éxodo es un desplazamiento forzado derivado de las condiciones de inseguridad y de pobreza en Honduras, El Salvador, Guatemala y países del Caribe, principalmente. No es una migración económica típica, como estábamos acostumbrados a recibir en la frontera norte.

Así pues, no son “migrantes” en el amplio sentido de la palabra, sino desplazados de su lugar de origen que asumen su calidad de refugiados en tanto arriben al país al que solicitan el asilo político, en este caso, los Estados Unidos; por tanto, son sujetos de protección internacional. En su condición de refugiados, se acogen a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que impone la obligación de respetar el principio de “no devolución” a su país de origen si está en riesgo su integridad. Y es precisamente este factor, motivado por la violencia y la pobreza, lo que los obliga a huir de sus comunidades en busca de refugio en otro país.

Ahora, con el acuerdo suscrito entre México y los Estados Unidos sobre migración (llamada hoy “migración irregular”) y ante la amenaza latente de imposiciones arancelarias, está por demás visto que la economía y el mercado están por encima de los derechos y de la dignidad de las personas en condición de movilidad.

¿Y si México no hubiera cedido en soberanía y en protección a los migrantes?

Al ganar las elecciones el año pasado, López Obrador marcó un giro en la política migratoria al destacar la protección a los derechos de las personas migrantes y una política de Estado con visión social y humanitaria, no criminalizante ni de contención de la migración indocumentada. Ya en el poder, en diciembre de 2018, México se adhirió al Pacto Mundial sobre Migración, como la mayoría de los países del mundo, en el que se destacan las ventajas económicas, sociales y culturales de las migraciones y la defensa irrestricta de los derechos de los migrantes.

De no haber cedido en principios el gobierno mexicano y haberse impuesto el arancel del 5 por ciento a las exportaciones al vecino del norte, muy probablemente Trump se hubiera dado un balazo en el pie por la oposición creciente a esa medida al interior de su país: legisladores y dirigentes de su partido, el Republicano; la oposición demócrata, el sector financiero, la poderosa industria automotriz que ya cabildeaba contra los aranceles y las grandes cadenas de autoservicio. Además, esto generó gran preocupación en otros sectores productivos estadunidenses por las medidas “espejo” que en reciprocidad México aplicaría a las importaciones de ese país. Estos sectores prevenían sobre una peligrosa recesión en los Estados Unidos que, incluso, pondría en riesgo la reelección de Trump.

Ahora Trump ya tiene su muro y como prometió, lo pagamos nosotros.

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México de conciencia

Comerciantes ambulantes de Tepito son obligados a participar en marcha de AMLO

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Julieta cornejo, lider de tianguistas de Tepito, obliga a los comerciantes a ir a la marcha de amlo

 

La presidenta de la Asociación de Comerciantes Fijos y Ambulantes Tianguistas del Barrio de Tepito, Julieta Cornejo Campos, obligó a los comerciantes ambulantes de la zona participar en la marcha de este domingo a favor del cuarto aniversario del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un documento oficial, la dirigente de los comerciantes pidió el apoyo de todos los agremiados para participar en la marcha de este domingo a partir de las 07:00 horas en la calle Misisipi, y en la avenida Reforma, acompañados de otras dos personas.

No te pierdas: Marcha 8 de diciembre por las personas privadas de libertad en México, convoca Presunción de Inocencia y Derechos Humanos

La representante de los ambulantes de Tepito solicitó que todos los comerciantes del barrio participen de forma obligatoria y por ello no aceptará excusas ni pretextos para ausentarse de la movilización.

En caso de que los comerciantes no acudan a la marcha serán suspendidos durante toda la temporada 2022-2023, por lo cual aseveró pasarán lista de asistencia en el punto de encuentro para que se cercioren de la participación de los comerciantes en la movilización que se desarrollará por las principales calles de la Ciudad de México.

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que se obliguen a las personas a participar en la marcha, en diferentes espacios públicos como el Metro de la capital del país se han colocado anuncios para pedir la asistencia de la ciudadanía en las movilizaciones.

No te pierdas: Repercusiones de la marcha y el juicio de la historia

López Obrador anunció una marcha con motivo del cuarto aniversario de su gobierno, después de la marcha que se realizó el pasado 13 de noviembre por distintos puntos del país en contra de la reforma electoral que propuso para eliminar la figura del Instituto Nacional Electoral (INE).

 

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Feminicidios y trata sexual

Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

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Las fiscalías corrompen investigaciones en los casos de feminicidio para evitar escarnio público.

Nueva necropsia a Ariadna López revela que su muerte fue por traumatismo múltiple y no por congestión alcohólica como señaló Fiscalía de Morelos

Por Rosario Martínez De la Vega

Ariadna López desapareció en la Ciudad de México la noche del domingo 30 de octubre.  El martes 1 de noviembre su cuerpo fue localizado bajo de un puente en Tepoztlán, Morelos, con marcas de moretones en el cuello, brazos y piernas. Tres días después del hallazgo, el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, señaló que Ariadna había fallecido debido a una broncoaspiración a causa de una congestión alcohólica.

En una nueva necropsia a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, realizada a petición de la familia de Ariadna, se dio a conocer que la causa de su muerte no era ‘congestión alcohólica’, sino a consecuencia de un traumatismo múltiple.  Ariadna fue víctima de feminicidio.

En un adelanto de las investigaciones por parte del gobierno de la Ciudad de México, fueron revelados los videos en los que se aprecia a Ariadna departir con sus presuntos asesinos, Vanessa “N” y Rautel “N” -amiga y novio de esta respectivamente- y otras personas en un restaurante, para después arribar a un departamento en la colonia Condesa.

Para saber más del caso: Juez vincula a proceso a ex candidato a la gubernatura de Puebla y a ex delegado de la SRE por presunto feminicidio de activista

Los victimarios señalaron que Ariadna había abandonado esa misma noche el departamento y abordado un taxi. No obstante, las imágenes proporcionadas por la Fiscalía de la CDMX, dan cuenta de cómo la mañana siguiente, su cuerpo fue subido a una camioneta por Rautel “N” para ser abandonado en el estado de Morelos, lugar donde fue localizada al día siguiente por unos ciclistas. Hasta el momento se presume una relación entre Rautel “N” y la Fiscalía de Morelos, motivo por el cual éste, habría abandonado el cuerpo de Ariadna en dicho estado. No se ha revelado el móvil o las causas del crimen.

Resulta escabroso que los presuntos responsables del crimen también manifestaron sus condolencias e incluso se presentaran al funeral de su víctima y brindaron entrevistas a los medios. Actualmente se encuentran detenidos y el caso será atraído por el área especializada en feminicidios de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, existen similitudes entre el caso de Ariadna y otras muertes violentas de mujeres, que apuntan indicios de cómo las fiscalías investigadoras son parte de la violencia machista que vive México. Tan sólo este año 2022, se encuentran los siguientes casos:

  • Debanhi Escobar. 18 años, desapareció el 9 de abril en Monterrey Nuevo León, tras acudir a una fiesta, fue hallada el 21 de abril en una cisterna del Motel Nueva Castilla a unos metros del lugar donde fue vista con vida por última vez; fue revictimizada debido a que se señaló se encontraba alcoholizada al momento de caer por sí misma en la cisterna en la que fue localizada dos semanas después de su desaparición. Tras la realización de tres necropsias se determinó que murió por asfixia por sofocación, entre tres y cinco días antes del hallazgo y que su cuerpo había sido sembrado en el lugar donde se encontró. No hay ningún detenido y su caso no ha sido judicializado pese a haber sido atraído por la FGR.
  • Yolanda Martínez. 26 años, desapareció tras salir de su domicilio el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue localizada sin vida el 8 de mayo, investigaciones de la Fiscalía General del estado de Nuevo León, señalaron de que se trató de un suicidó debido a que en el lugar de los hechos se encontró una nota póstuma escrita en un vaso desechable y dos recipientes con veneno. Con el apoyo de instancias internacionales se le practicó una segunda autopsia que arrojó que Yolanda había sido víctima de feminicidio y que su cuerpo había sido exhumado y colocado finalmente en el lugar donde fue localizado.
  • Luz Raquel Padilla. 35 años, Zapopan Jalisco, había denunciado desde mayo ante las autoridades locales las agresiones y amenazas por parte de uno de sus vecinos, fue quemada viva el 16 de julio por un grupo de personas que la atacaron en un parque cerca de su domicilio. Murió tres días después a causa de las heridas. El 26 de julio, una semana después de su fallecimiento, el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo en conferencia de prensa que las quemaduras habrían sido ocasionadas por ella misma y mencionó un “autoataque” como una de las líneas de investigación.

Lee más: México sumó más de mil feminicidios en 2021; el año más violento contra las mujeres

Por décadas, investigaciones periodísticas han revelado que las fiscalías en México desvirtúan las investigaciones y maquillan las cifras para evitar aumentar las estadísticas y optan por clasificar la mayoría de los asesinatos de mujeres como «homicidios», y en algunos casos como suicidios, ya que de ser asumidos como feminicidios se tendría un alto costo político, lo cual contribuye a seguir repitiendo patrones de impunidad y corrupción.

Según el último reporte del INEGI realizado en 2020, en México mueren asesinadas 11 mujeres diariamente, no obstante, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan solo aparecen reportados 946 feminicidios en 2020 y 978 durante 2021, esto significa menos de tres feminicidios en promedio al día durante dos años.

 

Al corte de septiembre de este 2022, el SESNSP contemplaba 695 feminicidios, lo cual registra una baja estadística en el número de feminicidios con relación al año anterior, sin embargo, en conferencia matutina del presidente el pasado 9 de noviembre, Ricardo Mejía Berdeja señaló que el delito de feminicidio tuvo un repunte en los meses de agosto y septiembre, con 70 y 78 casos, respectivamente.

 

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Mexico Violento

Senadora de Guanajuato por MORENA arrienda oficinas a ‘empresa fantasma’, que incluye listado del SAT

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Antares Vázquez, senadora por Guanajuato de Morena, arrienda oficinas a empresas fantasmas

La senadora Antares Vázquez Alatorre gestiona operaciones simuladas desde 2019 y es investigada por probable delito fiscal.

Por Rosario Martínez De la Vega

La Senadora por Guanajuato Antares Vázquez Alatorre renta las oficinas de su casa de gestión localizada en Av. Guanajuato 144, Colonia Jardines del Moral, en León, Guanajuato, a la empresa Torbex S.A. de C.V., empresa que se encuentra dentro de la ‘lista negra’ del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La empresa Torbex S.A de C.V.  fue constituida con 50 mil pesos, y fue inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía en 2019. Sus dueños son María Gabriela Ortíz Mares y Luis Felipe López Ortíz, los cuales no aparecen en ningún otro registro de contratistas de la administración pública local, estatal o federal.

Para leer más de la autora: Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

Según la documentación que se obtuvo a través de la Solicitud de Transparencia 330030322000837, el contrato por el arrendamiento de la Casa de gestión de la senadora fue suscrito a nombre de la empresa Torbex S.A. de C.V., la cual fue declarada durante el año pasado por el Sistema de Administración Tributaria como ‘EFOS’ (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas). Además, la senadora no presentó las facturas concernientes y testó información que por ley debe ser pública en el contrato de arrendamiento, como lo son el domicilio y la firma del contratista.

Vázquez Alatorre no ha reportado ninguno de sus gastos ante la Plataforma Nacional de Transparencia, desde que adquirió el cargo como senadora plurinominal por el partido Morena, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública -LGTAIP-.

La legisladora morenista gesta operaciones simuladas con cargo al Senado de la República desde septiembre de 2019, fecha desde la cual arrienda su casa de gestión a la facturera identificada por el SAT.  El desfalco detectado al erario ascendería a 740 mil pesos hasta la fecha.

Lee más: Las reinas del Bienestar: la ‘pasarela’ de los programas sociales en Guanajuato

 

Ante las anomalías fiscales, Antares Vázquez Alatorre ya es investigada, pues cuenta con una denuncia ante al SAT, bajo el folio 113287, ya que podría ser indiciada por el posible delito de lavado de dinero y/o defraudación y evasión fiscal, lo cual se castiga con hasta 9 años de prisión.

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