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El muro de Trump, promesa cumplida

Análisis sobre los costos políticos en los acuerdos entre México y Estados Unidos sobre los aranceles y migración

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Raúl Ramírez Baena*

Trump se reserva la autoridad para imponer los aranceles si México no cumple con el acuerdo
Steve Mnuchin, Secretario del Tesoro

En el reciente acuerdo sobre migración suscrito entre los dos vecinos distantes, México no ganó nada, pero tampoco los Estados Unidos. Nosotros perdimos soberanía, los migrantes perdieron derechos, el pueblo estadunidense refrendó la pérdida de su título de campeón de los derechos civiles y la humanidad ve perder gradualmente el derecho de asilo a los refugiados. Hubo un solo ganador: Donald Trump.

Y no conforme con su triunfo con aroma a reelección, Trump amenaza con revelar más detalles del acuerdo con México “cuando sea oportuno”, dijo. La soga en el cuello.

Por si fuera poco, México tiene que pagar la barrera policíaca-militar en nuestras fronteras y en el resto del territorio nacional para contener a los centroamericanos y complacer al rubio magnate, distrayendo a los elementos de la Guardia Nacional de tareas urgentes de prevención de delitos graves, que van en aumento en el país, teniendo además que pagar las deportaciones masivas, la atención humanitaria y la satisfacción de los derechos sociales de los solicitantes de asilo en los Estados Unidos que esperan en nuestras ciudades fronterizas por su resolución (Remain in México), que puede tardar meses o años.

Y como ofrenda, el gobierno federal detiene a dos defensores de migrantes e interviene cuentas bancarias de otros activistas, como si fueran traficantes de personas.

Con este desventajoso acuerdo, México se convierte de facto en “Tercer País Seguro” (como deseaba Trump), en cancerbero de los Estados Unidos, en el contenedor y expulsor de una migración internacional cuyo objetivo son los Estados Unidos, no nuestro país, cuyo origen son las condiciones estructurales del precario desarrollo económico y social y de la corrupción de los gobernantes de esos países expulsores, condiciones impuestas por los propios Estados Unidos.  

Las consecuencias de esta cesión más la creciente concentración de migrantes, pueden ser desastrosas en las fronteras nacionales y el interior del país por la saturación de los albergues y de las estaciones migratorias del INM, convertidas prácticamente en centros de detención. Además, el clima de xenofobia no está siendo contrarrestado por la parte oficial para sensibilizar a la población mexicana y frenar la discriminación contra los centroamericanos.

El estatus de los migrantes solicitantes de asilo

Aunque para los Estados Unidos la migración indocumentada ha sido tradicionalmente un asunto de Seguridad Nacional, injustamente comparada con el terrorismo y el tráfico de drogas, para los estándares internacionales no es un asunto de seguridad, sino de naturaleza social y humanitaria, y debe tratarse como tal, más aún porque este éxodo es un desplazamiento forzado derivado de las condiciones de inseguridad y de pobreza en Honduras, El Salvador, Guatemala y países del Caribe, principalmente. No es una migración económica típica, como estábamos acostumbrados a recibir en la frontera norte.

Así pues, no son “migrantes” en el amplio sentido de la palabra, sino desplazados de su lugar de origen que asumen su calidad de refugiados en tanto arriben al país al que solicitan el asilo político, en este caso, los Estados Unidos; por tanto, son sujetos de protección internacional. En su condición de refugiados, se acogen a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que impone la obligación de respetar el principio de “no devolución” a su país de origen si está en riesgo su integridad. Y es precisamente este factor, motivado por la violencia y la pobreza, lo que los obliga a huir de sus comunidades en busca de refugio en otro país.

Ahora, con el acuerdo suscrito entre México y los Estados Unidos sobre migración (llamada hoy “migración irregular”) y ante la amenaza latente de imposiciones arancelarias, está por demás visto que la economía y el mercado están por encima de los derechos y de la dignidad de las personas en condición de movilidad.

¿Y si México no hubiera cedido en soberanía y en protección a los migrantes?

Al ganar las elecciones el año pasado, López Obrador marcó un giro en la política migratoria al destacar la protección a los derechos de las personas migrantes y una política de Estado con visión social y humanitaria, no criminalizante ni de contención de la migración indocumentada. Ya en el poder, en diciembre de 2018, México se adhirió al Pacto Mundial sobre Migración, como la mayoría de los países del mundo, en el que se destacan las ventajas económicas, sociales y culturales de las migraciones y la defensa irrestricta de los derechos de los migrantes.

De no haber cedido en principios el gobierno mexicano y haberse impuesto el arancel del 5 por ciento a las exportaciones al vecino del norte, muy probablemente Trump se hubiera dado un balazo en el pie por la oposición creciente a esa medida al interior de su país: legisladores y dirigentes de su partido, el Republicano; la oposición demócrata, el sector financiero, la poderosa industria automotriz que ya cabildeaba contra los aranceles y las grandes cadenas de autoservicio. Además, esto generó gran preocupación en otros sectores productivos estadunidenses por las medidas “espejo” que en reciprocidad México aplicaría a las importaciones de ese país. Estos sectores prevenían sobre una peligrosa recesión en los Estados Unidos que, incluso, pondría en riesgo la reelección de Trump.

Ahora Trump ya tiene su muro y como prometió, lo pagamos nosotros.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Justicia pendiente

Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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Justicia pendiente

Familiares de víctimas del Ejército manchan de sangre la SEDENA en protesta

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una protesta de sangre en el campamento por justicia afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), familiares de víctimas del Ejército piden justicia al general Luis Crescencio Sandoval y que se atiendan sus demandas, entre éstas la libertad del Capitán Malagón y la reparación de daño a Óscar Kabata, sobreviviente de tortura a los 17 años.

Elizabeth Pérez familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón -quien fue torturado y acusado de homicidio en 2010 por la Policía Judicial Militar, después de resistirse a un secuestro por el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado vinculado al Cártel de Sinaloa- señaló que su protesta es porque han hecho caso omiso de la injustica y su familiar lleva once años en prisión sentenciado por un falso crimen pasional, después de denunciar la narco-corrupción de altos mandos militares bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, Laura Kabata, madre de Óscar Alejandro Kabata De Anda, sobreviviente de tortura y violencia sexual a los 17 años a manos de militares bajo órdenes del general Felipe de Jesús Espitia, se sumó a la protesta manchando las paredes del edificio de la SEDENA con su propia sangre. Su hijo, junto con otros dos amigos, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal por el general Espitia. Víctor Manuel Baca Prieto y Ramiro Unzueta Islas fueron ejecutados, uno de ellos frente a Kabata, quien fue liberado cinco días después con amenazas de muerte directamente de Espitia.

Se sumó a la protesta de sangre también Eric Guidchard Peña, quien exige justicia por su padre y tres tíos que fueron ejecutados por el ejército en Chiapas en 1974, y tienen el reconocimiento como víctimas del Estado sin que hasta la fecha le hayan reparado el daño a su familia.

El caso del capitán Malagón y el de Óscar Kabata fueron expuestos ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina del 6 de abril de 2021, estando presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien le pidió un informe, y se valoraría si se creaba una comisión de la verdad para crímenes del Ejército. No obstante, siguen sin ser atendidos.

Desde el 24 de marzo, montaron el campamento con dos tiendas de campaña y colgaron lonas y cartulinas con la información de los hechos y fotografías de exfuncionarios a los que responsabilizan de las injusticias.

 

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