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Violencia contra las mujeres

El lucro político de los feminicidios en Juárez

Organismos de DDHH y autoridades se critican el lucro político de los feminicidios en Juárez, mientras yacen 153 cuerpos en la morgue.

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Foto: globedia.com

Guadalupe Lizárraga

Los organismos de derechos humanos en México le han llamado la atención al gobernador de Chihuahua, César Duarte, específicamente por su ligereza verbal con la que denuncia que éstos “lucran atacando al gobierno”. El gobernador lo dijo en el contexto de la inauguración de un nuevo centro de justicia en Ciudad Juárez.

Lo que llama la atención es que el gobernador sea refutado en tan breve tiempo por los prestigiados organismos de derechos humanos regionales y nacionales que tuvieron hábilmente la capacidad para redactar y suscribir una carta pública, y exigir –con inmediatez mediática– el respeto por su trabajo y su honor.

Llama la atención, precisamente porque esta misma actitud y capacidad que ahora muestran es la que se requiere con urgencia en la solidaridad con las madres y víctimas de Juárez, quienes son directamente las afectadas y son quienes menos importan en la cadena de los prestigios reclamados.

Ninguno de los organismos civiles invitó al Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas ni a Nuestras Hijas de Regreso a Casa, AC, a firmar el desplegado. Ambos grupos están integrados por madres de desaparecidas o de víctimas de feminicidios que cargan solas su dolor y son constantemente discriminadas, amenazadas de muerte e ignoradas por las autoridades y hasta humilladas por los funcionarios públicos. Evidencias y registros hay de todo ello, y la mayoría se ha publicado puntualmente en Los Ángeles Press, y en varios medios de España, como El Digital de Madrid y el Diario de Alcalá.

El Comité de Madres viene trabajando regularmente desde 2010 en las investigaciones de sus propias hijas y con sus propios recursos. Han expuesto sus vidas y agotados sus fuerzas, como lo ha hecho también Nuestra Hijas de Regreso a Casa, AC.

Gracias al valor de los integrantes del Comité de Madres, esta periodista inició una investigación titulada “Mujeres guardadas en la morgue”, integrada por una serie de reportajes que han sido publicados periódicamente a partir del 29 de noviembre de 2011.

Adriana Sarmiento

Por esta investigación, las madres fueron amenazadas de muerte por “filtrar información a la prensa extranjera”. Nosotros, los periodistas, también. Pero el impacto social de esta investigación se tradujo en obligar a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a entregar los cuerpos que nosotros denunciábamos como retenidos en la morgue, como fue el cuerpo de Adriana Sarmiento, secuestrada a los 15 años de edad, el 18 de enero de 2008 y asesinada tres días después.

La historia de Adriana es la historia de cientos de niñas, con las mismas características y las mismas circunstancias. Esta investigación no ha terminado, y con cada reportaje hemos hecho denuncias muy precisas de lo que está pasando en torno a estos crímenes, que en otro país, los organismos de derechos humanos hubiesen obligado a renunciar a los funcionarios involucrados en la corrupción de las investigaciones.

Se trata de una masacre de 153 jovencitas, hasta ahora, que sus cuerpos han sido guardados en la morgue por años. Independientemente de las razones por las que el gobierno decidió retener los cuerpos, se trata de un genocidio que ha sido tolerado por todos. Se trata de un dolor colectivo, el de las madres y el de las víctimas, que no han tenido un ápice de justicia ni la solidaridad franca y plena de los organismos que hoy se sienten ofendidos por las palabras del gobernador.

Con la misma acción estratégica que han logrado con eficacia para cerrar filas entorno la testarudez verbal de César Duarte podrían haber impulsado una enérgica indignación pública por los tres años que lleva desaparecida Mónica Janet Alanís Esparza, alumna de la UACJ, y de cada una de las secuestradas. Podrían haber impulsado un pronunciamiento público para condenar la masacre de 153 jóvenes en esa ciudad. Tan sólo el número es espeluznante. Una flagrante violación de derechos humanos. No hay nada inventado. Todo es real. Los hechos están ahí, las osamentas están dentro de la morgue aún sin ser completamente identificadas, y sin esperanza de que puedan ser entregadas a sus familias en el menor tiempo posible.

El gobierno de Chihuahua, con cada entrega de osamentas, lucra políticamente, porque simula que está “encontrando” a quienes no estuvieron desaparecidas, sino que fueron secuestradas, y después, como si fueran cualquier cosa, las entrega en huesos incompletos a sus padres. La prensa alineada, las fotografías impresionantes, las declaraciones ad hoc, las lamentaciones públicas como contexto para los medios. Una parafernalia ya muy frecuentada en estos 20 años de asesinatos.

Foto: Comité de Madres

Pero no está demás que nos remuerda la conciencia al recordar que estas niñas fueron violadas. Fueron torturadas. Fueron drogadas. Fueron arrancadas de su hogar y de su familia para ser usadas sexualmente, golpeadas con brutalidad, mutiladas, hasta extinguirles lentamente la vida. Niñas que a los tres días de su secuestro ya estaban muertas porque no aguantaron la barbarie de su maltrato; otras, más fuertes, llegaron a durar algunos meses.

La indiferencia o la ignorancia ante este exterminio de Ciudad Juárez y Valle de Juárez ya suficientemente acreditado por los hechos es algo que nadie debería osar, nadie con sensatez y moral como podría esperarse de los organismos de derechos humanos y de autoridades. Lo que está en juego a saber es la justicia. Y ante ello, nadie habla de los responsables, ni de militares asesinos, ni policías locales y federales involucrados en estas masacres. Tampoco hay investigaciones que sigan la línea de los funcionarios públicos que han participado directa e indirectamente en la comisión de estos delitos, ni de las bandas locales que pagan cuotas de piso a funcionarios. La línea de la responsabilidad ha sido completamente ignorada, como las madres de las víctimas y como las mismas víctimas. Y en esta acostumbrada impunidad, como decía la filósofa política Hanna Arendt, “si todos somos culpables, nadie es culpable”. Por eso se necesitan nombres y apellidos, y los primeros que debemos de dar son los de los funcionarios involucrados en la misma fiscalía.

Cualquiera que niegue la verdad sobre estos crímenes, está condenando a la sociedad a no poder prescindir de la violencia. Y en semejante inframundo, los derechos humanos no salen muy reforzados que digamos. Aquí, entran los derechos humanos de quienes todavía necesitan de las organizaciones solidarias: las madres.

Hasta ahora ninguna organización ha dado la ayuda que necesitan las madres de estas víctimas. A los dos días de haber publicado la primera denuncia en Los Ángeles Press, nuestro reportaje fue copiado y alterado por reporteros de La Jornada y de El Diario de Juárez. En su momento, se denunció el hecho. Pero más allá de copy & paste de los periodistas con códigos éticos más flexibles, ningún medio se interesó en saber qué pasaba con las madres realmente. Fuera de la nota alarmante del momento, ellas no importaron. Cómo vivían la impunidad de los asesinatos no ha sido relevante, ni las penurias que algunas madres están viviendo porque han sido amenazadas y atacadas con violencia. Expulsadas de la ciudad, de sus hogares o reducidas a vivir en silencio su dolor conteniéndolo en un cáncer.

Tampoco ha habido un organismo de derechos humanos dispuesto a ofrecerles un poco de respaldo moral ni a paliar su escasez económica, pese a que tienen pleno conocimiento de que las víctimas, casi en su totalidad, están en condiciones muy precarias económicamente.

Norma Andrade, agredida en Juárez y en el DF

Las madres siguen necesitando ayuda. Y no solamente para enterrar a sus hijas. Requieren apoyo psicológico profesional, no el que provee el gobierno. Ellas necesitan enfrentar seriamente el duelo. Requieren apoyo económico, porque dejaron de ser productivas en el mercado laboral para dedicarse a hacer lo que no ha hecho el gobierno: buscar a sus hijas. Pero también requieren respeto y solidaridad: merecen inclusión en la comunidad de defensores de derechos humanos, porque ellas han sido las principales defensoras del derecho a la memoria de sus hijas. Por ellas sabemos sus nombres y conocemos sus rostros. Por ellas, sus hijas no se han quedado en la completa oscuridad.

La existencia de estos 153 cuerpos de jovencitas que fueron asesinadas, tiradas en una alguna fosa o enterradas en el desierto y luego recuperadas y retenidas en la morgue, merecen una mejor actitud de los vivos que no hemos sabido proveer dignidad a sus cortas vidas. Estas hijas de Juárez merecen una acción estratégica de la sociedad para lograr justicia a su memoria.

El gobierno de Chihuahua por supuesto que también lucra con estos crímenes, y lo hace políticamente. Incrementa su presupuesto cada año con ayudas federales para “combatir” la inseguridad. Crea infraestructura, burocracia, engorda al estado con dependencias fiscales supuestamente especializadas en la perspectiva de género. Se entiende, viniendo de donde viene. Pero lo que no se entiende es la postura de los organismos civiles. ¿Cómo pueden ofenderse más por cuatro o cinco palabras de un mal gobierno que la masacre de 153 niñas? ¿Quién mató a esas niñas? ¿Para quién trabajan los criminales? ¿Quién se está beneficiando de todas estas muertes?

¿Por qué el gobierno decidió guardar tanto tiempo los cuerpos? ¿Por qué los organismos civiles han tolerado en silencio estas graves violaciones de derechos humanos? ¿Por qué no hay una denuncia ante un tribunal internacional de este genocidio? ¿Qué cuentas les damos a sus madres?

Indudablemente, hay mucho qué hacer todavía. Si dimensionamos los hechos con su peso real, estamos en medio de la herida abierta de una masacre. No es el pasado ni es historia. Está sucediendo ahora.

Y a los organismos de derechos humanos que se sienten ofendidos por unas palabras tan poco inteligentes de una autoridad, hay que recordarles que la crítica del uno, no redime la del otro.

 

 

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Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

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SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

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Justicia pendiente

Negligencia médica del Instituto Nacional de Rehabilitación y violaciones a DDHH desde hace 8 años, un reclamo perdido en la burocracia

Adriana Torres Barquín busca justicia desde hace 8 años por malas prácticas médicas del INR y por la violencia institucional padecida por sus reclamos

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Por Ignacio García

En 2012, Adriana Torres Barquín se sometió a un tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una intervención médica. Se la programaron para el 31 de octubre de 2013, pero derivado de distintas negligencias médicas sufridas y de la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento sigue padeciendo las secuelas en su salud que le han impedido caminar.

La víctima relató a Los Ángeles Press que en la primera intervención médica se colocaría un fijador externo, pero fue citada 67 días después de la cirugía, aunque tenía que establecerse un plazo de 15 días, por lo que el médico Eduardo Gerardo López Gavito  le informó en una segunda consulta que “algo había salido mal”, por lo que debía efectuarse una segunda operación.

Sin embargo, tres meses después los resultados fueron negativos y al presentar dolores en la pierna, en abril de 2014. López Gavito le comunicó a Torres Barquín que se tendría que volver a efectuar otra intervención quirúrgica, ya que otra vez “algo había salido mal”, y aunque la cita de la misma estaba señalada en julio de ese año, por los malestares generales acudió en mayo a Urgencias. Sin embargo, le negaron la atención médica y por ello acudió al Órgano de Control Interno; y ante las nuevas negativas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin obtener respuesta.

En septiembre de 2014, Torres Barquín acudió a la CNDH, con la esperanza de que se hicieran valer su derecho a la salud, pero transcurrieron seis meses más sin recibir alguna atención médica, por lo que le recomendaron una serie de terapias, las cuales no pudo cubrir económicamente y por ello únicamente le aumentaron las dosis de medicamentos para mitigar el dolor.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la tercera intervención quirúrgica. Adriana no recibió indicaciones de terapia, y un mes después la CNDH remitió el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque en ese momento se mantuvieron dos trámites a su nombre, sin recibir el acompañamiento solicitado.

En abril de ese año, interpuso la denuncia ante la Conamed, pero ante la negativa de conciliación, acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque acudió al despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados, en 2016 su averiguación previa se había retrasado, por lo que en 2017, los juristas abandonaron el caso por los requerimientos de dádivas que solicitaron las autoridades.

En agosto de 2018, Torres Barquín fue revictimizada y sus derechos fueron violentados, nuevamente, por lo que desecharon su caso por la integración errónea del expediente, y aunque la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, se comprometió a acelerar el caso, no ha obtenido respuesta satisfactoria.

En enero de 2019, la PGR le informó que debía ratificar su denuncia de 2016, lo que posibilitaba la convalidación del proceso y que representaba una violación a los derechos humanos, por lo que acudió nuevamente a la CNDH que sólo turnó la solicitud a las autoridades omisas en el caso como el Órgano de Control Interno del INR, sin embargo, no volvió a recibir a respuesta por parte de las autoridades.

Refirió que sólo el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha atendido su caso, mientras que la CNDH, al frente de Luis Raúl González Pérez, no dio información al respecto, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el caso de Adriana Torres Barquín, por el daño causado por malas prácticas médicas, se encuentran en el sistema penal acusatorio, pero se ha suspendido por la actuación de los Ministerios Públicos, mientras que el caso continúa interrumpido, por lo que calificó como una mafia en el interior de las instituciones.

Testimonio sobre el trato dado por la CEAV

Adriana Torres ha elaborado un registro de cada acción judicial y de derechos humanos en su defensa para reclamar la atención como víctima de violencia institucional y negligencia médica. Sin embargo, el laberinto de quejas y discriminación también lo ha sufrido por parte de la CEAV.

“El 14 de enero de 2019 de manera extra oficial la licenciada Larisa Huerta, particular del primer visitador, confirmó acompañamiento a la diligencia con personal de CEAV pero en comunicación telefónica el abogado lo negó.

El 31 de enero de 2019, nuevamente de manera extra oficial, la licenciada Larisa Huerta agendó una reunión en las instalaciones de CEAV con la presencia de la Visitadora Adjunta de CNDH, Aimé Angulo Carranza para darme certeza, ya que se encargaría de dar fe y levantar un acta circunstanciada de los acuerdos tomados con el licenciado Roberto Villanueva, secretario particular del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, la licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos y el licenciado Marcos Francisco López González, Subdirector de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de dicha Institución, donde expuse las irregularidades de los servidores públicos de PGR, de la actuación de personal de la CEAV, reitero por la omisión a la solicitud de agosto de 2018 para designar un asesor jurídico y que fue confirmada por el abogado López. De lo acordado destaco:

    1. Ratificar al licenciado Francisco López como asesor jurídico.
    2. El seguimiento del caso para diseñar una estrategia jurídica, coordinado entre el asesor y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV especializado en negligencias médicas y con un conocimiento absoluto en temas periciales y científicos forenses.
    3. Vista al Órgano Interno de Control de la CEAV por las omisiones en que incurrieron por la dilación en la atención de la solicitud de la Visitaduría General de la PGR.
    4. Reuniones cada quince días con la agraviada, con el asesor jurídico y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV, para informarme sobre los avances del caso.
    5. Inscripción en el registro nacional de víctimas.

Al no recibir por correo la copia del acta, la solicité directamente con personal de CNDH, Aimé Angulo se negó a proporcionármela igual que Rodolfo González Pérez, alegando que no sabía con qué fin la necesitaba.

La licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos, me la envió por su correo institucional. 

Cumplido el plazo intenté comunicarme telefónicamente y a través de correo electrónico con el personal de CEAV sin que a la fecha tenga respuesta, es decir, están desconociendo el compromiso adquirido conmigo en presencia de un servidor público que por su cargo cuenta con fe pública.

Mientras que el personal de CNDH por su parte tiene la misma conducta excluyendo el hecho de que el correo enviado por la Directora de CEAV cuenta con el hilo mediante el cual Aimé Angulo la envió al personal de CEAV, éste a su vez se compartió con el licenciado López y finalmente a mí.

Al día de hoy, en CEAV no atienden mi llamado ni contestan mis correos electrónicos. Mientras que en CNDH tanto Aimeé Angulo, Rodolfo González Pérez y Larisa Huerta desconocen haber agendado, o en su caso, presentado a una reunión en las instalaciones de CEAV.

Negativa de ayuda de la Senadora Kenia López Rabadan

Con una última esperanza de ser atendida en sus denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, y principalmente a su derecho a la salud, Adriana Torres Barquín recurrió a la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadan para pedirle ayuda en su gestión. Sin embargo, la respuesta de la senadora fue contundente: “soy amiga de Joaquín Narro Lobo y no actuaría en su contra”.

Un siguiente intento fue con la senadora Citlali Hernández Mora, quien tampoco ha dado respuesta su solicitud.

“Respecto de las OCS, evidenciando que todas, sin excepción son una mafia, me han buscado por Twitter y otros medios, y una vez que tienen la información, niegan atenderme de vuelta, incluidos la ONU DDHH, FUNDAR, SOCIOCRACIA y RENACE, por ejemplo. Y por parte del gobierno INMUJERES, CNDH, CONAPRED”.

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Mexico Violento

UNAM incumple con resolución judicial de proteger a víctima de violencia de género

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha cumplido con la sentencia de amparo de otorgar protección a la estudiante de Doctorado de la misma institución, Ivonne Carolina Flores Alcántara, contra su agresor, el catedrático Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien incurrió en violencia de género.

El pasado 30 de enero el 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la UNAM por segunda ocasión incumplió con el fallo protector que le fue otorgado a la víctima.

En la primera denuncia que interpuso la estudiante de doctorado el 6 de abril de 2017 reveló que el catedrático adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM incurrió en constantes amenazas psicológicas y de muerte e incluso la calificó de “muerta de hambre” y “pésima abogada”, además de que amagaba con avisar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que trabajaba para que le retirara la beca de exclusividad de posgrado que recibía.

Por medio de una solicitud de información, la UNAM reconoció que no se inició ningún procedimiento administrativo en contra de Jalife Rahme Barrios, ya que supuestamente le corresponde a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, aunque previamente habían informado que sí se habían efectuado acciones en contra del catedrático.

La denunciante refirió que el Juzgado Noveno en Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para brindar condiciones de protección en contra del catedrático, mismas que no se efectuaron.

 

Foto: Especial

Foto: Especial

En la denuncia, la víctima de 34 años de edad reveló que conoció al agresor el 9 de julio de 2014 y comenzó a trabajar con él ante petición de su coordinador de posgrado, debido a que se vinculaba con su proyecto de investigación, por lo que comenzó a realizar trabajos de papelería en los que colaboraba con el académico.

Cuando le solicitó los gastos para realizar sus labores, el docente le contestó que le avisaría al Conacyt sobre su actividad extra académica para que le retiraran la beca, y posteriormente en junio de 2016 nuevamente volvió a pedirle pago para continuar con su proyecto tras haber recibido media beca de la Universidad de Melsburg, pero nuevamente volvió a insultarla.

Según la denuncia, Jalife respondió que tenía pruebas de que le había pagado cien mil pesos y amagó con el desprestigio académico, le gritaba, la humillaba, y hasta la amenazó de muerte y fue el 5 de abril de 2017 a Conacyt para solicitar su baja en la beca académica.

Ante dicha situación, acudió a las autoridades competentes, pero hasta el momento no ha recibido las medidas protectoras que garantice que no esté en contacto nuevamente con el agresor.

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