Connect with us

Violencia contra las mujeres

El lucro político de los feminicidios en Juárez

Organismos de DDHH y autoridades se critican el lucro político de los feminicidios en Juárez, mientras yacen 153 cuerpos en la morgue.

Avatar

Published

on

Foto: globedia.com

Guadalupe Lizárraga

Los organismos de derechos humanos en México le han llamado la atención al gobernador de Chihuahua, César Duarte, específicamente por su ligereza verbal con la que denuncia que éstos “lucran atacando al gobierno”. El gobernador lo dijo en el contexto de la inauguración de un nuevo centro de justicia en Ciudad Juárez.

Lo que llama la atención es que el gobernador sea refutado en tan breve tiempo por los prestigiados organismos de derechos humanos regionales y nacionales que tuvieron hábilmente la capacidad para redactar y suscribir una carta pública, y exigir –con inmediatez mediática– el respeto por su trabajo y su honor.

Llama la atención, precisamente porque esta misma actitud y capacidad que ahora muestran es la que se requiere con urgencia en la solidaridad con las madres y víctimas de Juárez, quienes son directamente las afectadas y son quienes menos importan en la cadena de los prestigios reclamados.

Ninguno de los organismos civiles invitó al Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas ni a Nuestras Hijas de Regreso a Casa, AC, a firmar el desplegado. Ambos grupos están integrados por madres de desaparecidas o de víctimas de feminicidios que cargan solas su dolor y son constantemente discriminadas, amenazadas de muerte e ignoradas por las autoridades y hasta humilladas por los funcionarios públicos. Evidencias y registros hay de todo ello, y la mayoría se ha publicado puntualmente en Los Ángeles Press, y en varios medios de España, como El Digital de Madrid y el Diario de Alcalá.

El Comité de Madres viene trabajando regularmente desde 2010 en las investigaciones de sus propias hijas y con sus propios recursos. Han expuesto sus vidas y agotados sus fuerzas, como lo ha hecho también Nuestra Hijas de Regreso a Casa, AC.

Gracias al valor de los integrantes del Comité de Madres, esta periodista inició una investigación titulada “Mujeres guardadas en la morgue”, integrada por una serie de reportajes que han sido publicados periódicamente a partir del 29 de noviembre de 2011.

Adriana Sarmiento

Por esta investigación, las madres fueron amenazadas de muerte por “filtrar información a la prensa extranjera”. Nosotros, los periodistas, también. Pero el impacto social de esta investigación se tradujo en obligar a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a entregar los cuerpos que nosotros denunciábamos como retenidos en la morgue, como fue el cuerpo de Adriana Sarmiento, secuestrada a los 15 años de edad, el 18 de enero de 2008 y asesinada tres días después.

La historia de Adriana es la historia de cientos de niñas, con las mismas características y las mismas circunstancias. Esta investigación no ha terminado, y con cada reportaje hemos hecho denuncias muy precisas de lo que está pasando en torno a estos crímenes, que en otro país, los organismos de derechos humanos hubiesen obligado a renunciar a los funcionarios involucrados en la corrupción de las investigaciones.

Se trata de una masacre de 153 jovencitas, hasta ahora, que sus cuerpos han sido guardados en la morgue por años. Independientemente de las razones por las que el gobierno decidió retener los cuerpos, se trata de un genocidio que ha sido tolerado por todos. Se trata de un dolor colectivo, el de las madres y el de las víctimas, que no han tenido un ápice de justicia ni la solidaridad franca y plena de los organismos que hoy se sienten ofendidos por las palabras del gobernador.

Con la misma acción estratégica que han logrado con eficacia para cerrar filas entorno la testarudez verbal de César Duarte podrían haber impulsado una enérgica indignación pública por los tres años que lleva desaparecida Mónica Janet Alanís Esparza, alumna de la UACJ, y de cada una de las secuestradas. Podrían haber impulsado un pronunciamiento público para condenar la masacre de 153 jóvenes en esa ciudad. Tan sólo el número es espeluznante. Una flagrante violación de derechos humanos. No hay nada inventado. Todo es real. Los hechos están ahí, las osamentas están dentro de la morgue aún sin ser completamente identificadas, y sin esperanza de que puedan ser entregadas a sus familias en el menor tiempo posible.

El gobierno de Chihuahua, con cada entrega de osamentas, lucra políticamente, porque simula que está “encontrando” a quienes no estuvieron desaparecidas, sino que fueron secuestradas, y después, como si fueran cualquier cosa, las entrega en huesos incompletos a sus padres. La prensa alineada, las fotografías impresionantes, las declaraciones ad hoc, las lamentaciones públicas como contexto para los medios. Una parafernalia ya muy frecuentada en estos 20 años de asesinatos.

Foto: Comité de Madres

Pero no está demás que nos remuerda la conciencia al recordar que estas niñas fueron violadas. Fueron torturadas. Fueron drogadas. Fueron arrancadas de su hogar y de su familia para ser usadas sexualmente, golpeadas con brutalidad, mutiladas, hasta extinguirles lentamente la vida. Niñas que a los tres días de su secuestro ya estaban muertas porque no aguantaron la barbarie de su maltrato; otras, más fuertes, llegaron a durar algunos meses.

La indiferencia o la ignorancia ante este exterminio de Ciudad Juárez y Valle de Juárez ya suficientemente acreditado por los hechos es algo que nadie debería osar, nadie con sensatez y moral como podría esperarse de los organismos de derechos humanos y de autoridades. Lo que está en juego a saber es la justicia. Y ante ello, nadie habla de los responsables, ni de militares asesinos, ni policías locales y federales involucrados en estas masacres. Tampoco hay investigaciones que sigan la línea de los funcionarios públicos que han participado directa e indirectamente en la comisión de estos delitos, ni de las bandas locales que pagan cuotas de piso a funcionarios. La línea de la responsabilidad ha sido completamente ignorada, como las madres de las víctimas y como las mismas víctimas. Y en esta acostumbrada impunidad, como decía la filósofa política Hanna Arendt, “si todos somos culpables, nadie es culpable”. Por eso se necesitan nombres y apellidos, y los primeros que debemos de dar son los de los funcionarios involucrados en la misma fiscalía.

Cualquiera que niegue la verdad sobre estos crímenes, está condenando a la sociedad a no poder prescindir de la violencia. Y en semejante inframundo, los derechos humanos no salen muy reforzados que digamos. Aquí, entran los derechos humanos de quienes todavía necesitan de las organizaciones solidarias: las madres.

Hasta ahora ninguna organización ha dado la ayuda que necesitan las madres de estas víctimas. A los dos días de haber publicado la primera denuncia en Los Ángeles Press, nuestro reportaje fue copiado y alterado por reporteros de La Jornada y de El Diario de Juárez. En su momento, se denunció el hecho. Pero más allá de copy & paste de los periodistas con códigos éticos más flexibles, ningún medio se interesó en saber qué pasaba con las madres realmente. Fuera de la nota alarmante del momento, ellas no importaron. Cómo vivían la impunidad de los asesinatos no ha sido relevante, ni las penurias que algunas madres están viviendo porque han sido amenazadas y atacadas con violencia. Expulsadas de la ciudad, de sus hogares o reducidas a vivir en silencio su dolor conteniéndolo en un cáncer.

Tampoco ha habido un organismo de derechos humanos dispuesto a ofrecerles un poco de respaldo moral ni a paliar su escasez económica, pese a que tienen pleno conocimiento de que las víctimas, casi en su totalidad, están en condiciones muy precarias económicamente.

Norma Andrade, agredida en Juárez y en el DF

Las madres siguen necesitando ayuda. Y no solamente para enterrar a sus hijas. Requieren apoyo psicológico profesional, no el que provee el gobierno. Ellas necesitan enfrentar seriamente el duelo. Requieren apoyo económico, porque dejaron de ser productivas en el mercado laboral para dedicarse a hacer lo que no ha hecho el gobierno: buscar a sus hijas. Pero también requieren respeto y solidaridad: merecen inclusión en la comunidad de defensores de derechos humanos, porque ellas han sido las principales defensoras del derecho a la memoria de sus hijas. Por ellas sabemos sus nombres y conocemos sus rostros. Por ellas, sus hijas no se han quedado en la completa oscuridad.

La existencia de estos 153 cuerpos de jovencitas que fueron asesinadas, tiradas en una alguna fosa o enterradas en el desierto y luego recuperadas y retenidas en la morgue, merecen una mejor actitud de los vivos que no hemos sabido proveer dignidad a sus cortas vidas. Estas hijas de Juárez merecen una acción estratégica de la sociedad para lograr justicia a su memoria.

El gobierno de Chihuahua por supuesto que también lucra con estos crímenes, y lo hace políticamente. Incrementa su presupuesto cada año con ayudas federales para “combatir” la inseguridad. Crea infraestructura, burocracia, engorda al estado con dependencias fiscales supuestamente especializadas en la perspectiva de género. Se entiende, viniendo de donde viene. Pero lo que no se entiende es la postura de los organismos civiles. ¿Cómo pueden ofenderse más por cuatro o cinco palabras de un mal gobierno que la masacre de 153 niñas? ¿Quién mató a esas niñas? ¿Para quién trabajan los criminales? ¿Quién se está beneficiando de todas estas muertes?

¿Por qué el gobierno decidió guardar tanto tiempo los cuerpos? ¿Por qué los organismos civiles han tolerado en silencio estas graves violaciones de derechos humanos? ¿Por qué no hay una denuncia ante un tribunal internacional de este genocidio? ¿Qué cuentas les damos a sus madres?

Indudablemente, hay mucho qué hacer todavía. Si dimensionamos los hechos con su peso real, estamos en medio de la herida abierta de una masacre. No es el pasado ni es historia. Está sucediendo ahora.

Y a los organismos de derechos humanos que se sienten ofendidos por unas palabras tan poco inteligentes de una autoridad, hay que recordarles que la crítica del uno, no redime la del otro.

 

 

Continue Reading
6 Comments

6 Comments

  1. Pingback: El lucro político de los feminicidios en Juárez | Pulso Ciudadano

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Investigaciones

La violencia tolerada de los youtuberos: el caso de las activistas de CDMX

Avatar

Published

on

Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Los youtuberos Carlos Alberto de la Mora, en su personaje “Rata Política”, y Óscar Onofre Zurita, “Cerdonio fifí”, fueron detenidos por la policía de la Ciudad de México, acusados de agredir y grabar a mujeres de distintos colectivos feministas que se pronunciaban contra los feminicidios durante la marcha del primero de noviembre. Al hacer públicos los hechos, se generó un revuelo en las redes sociales contra la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, a quien pedían su renuncia, y contra destacadas activistas, a quienes lanzaron insultos, críticas, y amenazas de muerte. La violencia contra las mujeres en la red fue la marca de los youtuberos.

La abogada y activista, integrante del colectivo Las del Aquelarre Feminista, Ana Elena Contreras, denunció durante el conversatorio “Nuestras Muertas”, en la Ciudad de México, que los youtuberos habían agredido a varias mujeres que habían participado en la marcha y se encontraban en el monumento de los feminicidios frente al Palacio de Bellas Artes.

La defensora de los derechos humanos dijo que los agresores acosaron y filmaron a varias mujeres sin su consentimiento, e incluso hubo agresiones físicas a una menor, familiar de la activista Norma Andrade, de Nuestras hijas de regreso a casa, por lo que solicitó el apoyo policiaco, y fueron detenidos los youtuberos. Fue entonces que se desplegó un ataque intenso en las redes sociales hacia las mujeres y hacia la jefa de Gobierno.

“El lunes 2 de noviembre por la mañana y a raíz de una publicación en Facebook relacionada con los acontecimientos del domingo 1 de noviembre, me “doxean” llevando mi publicación a un foro llamado “Radio Búfalo”. En dicho post me referí a la reacción de las personas en el mundo virtual por la detención de un par de youtuberos y referí que desearía que así se indignaran cada vez que una niña o una mujer era violada o asesinada”.

Como reacción a su publicación, preguntaron a Ana Elena Contreras que si había estado en el lugar del suceso, por lo que ella respondió:

“Sí, yo llamé para los refuerzos, porque las dos policías que estaban no pudieron ni siquiera entablar diálogos con ellos con ellos, así que me tocó llamar a un contacto para que enviaran al resto de los policías”.

El mensaje, sin embargo, había sido desvirtuado y a partir de allí, el acoso en todos los espacios virtuales no cesaba. Ana Elena Contreras fue señalada con una serie de calificativos que la denigraban como mujer al tiempo que recibía amenazas de muerte. Se enfrentaba a una campaña de linchamiento virtual, pese a la evidencia videográfica del altercado donde una de las policías había sido agredida físicamente.

“Cuando me di cuenta de esto ya había fotografías mías en todos los espacios. Ahora se han enfocado en hostigar a mi jefe para exigir mi despido, lo que me tiene preocupada a pesar de que mi jefe ya se deslindó de los hechos, ya que al inicio fue señalado como la persona que supuestamente me financiaba”.

La persona a la que se refiere Ana Elena Contreras como su jefe es el diputado de MORENA, Martín Padilla Sánchez, del Congreso de la Ciudad de México.

“Se me involucró en estos incidentes, de que había sido partícipe. Sin embargo, yo no tuve nada que ver en el asunto, y me entero de que se me hace mención y empiezan a hacer cuestionamientos en torno a este tema y posteriormente vino una serie de acusaciones sin fundamentos, agresiones, incluso mensajes amenazadores, en ese sentido”, apuntó el diputado.

El diputado Padilla Sánchez señaló que ninguno de los youtuberos involucrados en el conflicto había solicitado su opinión al respecto, y que el foro de Facebook Radio Búfalo era el que más agresiones profería sin buscar ningún acercamiento para conocer su versión.

Respecto a la violencia de género en las redes sociales, señaló el diputado Padilla Sánchez que ha participado en campañas contra la erradicación, pero que el incremento de la violencia digital –calumnias, amenazas, dong y hostigamiento– requiere analizarse desde la tribuna legislativa.

El diputado también fue amenazado de muerte por ser el vínculo laboral de la activista, a quien destacó el legislador como una persona íntegra y comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres.

 

La versión que no se quiso escuchar

Dyan Verha, seudónimo de una de las voces que atestiguó cómo iniciaron las agresiones, dijo a Los Ángeles Press que sin ser dueña de la verdad, era importante conocer los dos lados de la historia. Sin embargo, su historia como la de las demás mujeres fue acallada por los youtuberos y sus aliados. La versión de Verha:

“Primero fueron dos policías a dialogar, incluso una de las activistas les pidió (a los youtuberos) que se marcharan; a lo cual la Ratita y su gente se negaron y alardearon de quiénes eran. Tanto fue el nivel de pelea y de agresividad que Ana Elena Contreras tuvo que pedir refuerzos”.

También señaló la testigo que los youtuberos fueron detenidos porque “la nieta de una activista fue agredida, menor de edad”, y que los youtuberos habían salido en libertad porque las denunciantes no levantaron cargos contra ellos ante la intimidación por las redes sociales en apoyo a ellos.

Verha también fue acosada en las redes sociales, y siendo del grupo de Amlovers difundían falsamente que era del movimiento opositor FRENAAA. Los seguidores de los youtuberos tomaron la imagen de su perfil con su hija de 11 años, y la difundieron profusamente en los grupos acusándola de ser opositora al presidente López Obrador.

“Le pedí a Rafael Herrera (youtubero de Sin Censura, de Vicente Serrano) que quitara la conversación y le expliqué lo que le acabo de contar, incluso le pedí que escuchara a las activistas. Al final sólo quitó mi conversación. Pero ni el Chapucero ni el Quesadillero de la verdad –o cómo se llame– lo han hecho”.

Señaló que habían fabricado unos videos donde relacionaban a un funcionario de gobierno de Claudia Sheinbaum con la activista Ana Elena Contreras, aludiendo una relación sentimental, y que por eso el influyentismo.

“El hombre es mi primo, vive en Morelia y se llama Eduardo. En los grupos se maneja que ese mismo día Rata política ya había tenido un enfrentamiento con unas personas de FRENAAA, me atrevo a suponer que se buscaba este roce para comenzar una campaña de desprestigio para la jefa de Gobierno”.

Insistió en que les pedía por favor que retiraran de los grupos la foto de su hija menor de edad por el daño moral que le ocasionaba, sin embargo, no fue escuchada.

La violencia de género en la red, normalizada

“Puta, femenaca, zorra, culera, perra, por eso las matan”, fueron parte de los insultos que recibió Ana Elena Contreras, de los que hacían eco los seguidores de los youtuberos, utilizando bots y cuentas anónimas.

El usuario con el nombre de Mau Rodríguez de la cuenta @mau_rodriguez77 dijo que “al parecer el colectivo feminista estaba bien conectado”, ya que aseveró que “su líder” –en referencia a Ana Elena Contreras– se presentaba como asesora de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

 

La activista Norma Andrade, quien desarrolló su trabajo de lucha en contra de los feminicidios de Ciudad Juárez a raíz del secuestro y asesinato de su hija en 2001, fue también acosada por los youtuberos y señalada en la red como una “líder feminazi” por presuntamente haber reclamado a los youtuberos de grabar a las mujeres en la movilización. Incluso, sus agresores convocaron a otros seguidores a unirse para amedrentarla. Uno de los mensajes que revelaba su identidad decía: “Duro con esta líder feminazi en su próxima marcha, démosle con todo”. Incluso el youtubero Nacho Rodríguez (El Chapucero) retuiteaba las agresiones a Norma Andrade y pedía la renuncia de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, mientras llamaba “presos políticos” a los youtuberos detenidos Carlos Alberto de la Mora y Óscar Onofre Zurita.

 

Los seguidores de los youtuberos que agredieron a las activistas se presentaron en la red como simpatizantes de la 4T, movimiento ideológico liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguraron que la activista Ana Elena Contreras formaba parte del movimiento político denominado “FRENAAA” que ha demandado la salida del mandatario. En tanto, otros seguidores reclamaron que ella supuestamente había usado sus influencias para detener a los youtuberos y convocaban al linchamiento digital.

Los usuarios de las redes en favor de los youtuberos atacaban de manera coordinada con información engañosa y convocaban a otros grupos a organizarse de la misma manera. En Facebook, destacaban los mensajes de los usuarios como Héctor Fuentes que deseaban que Ana Elena Contreras fuera encarcelada, mientras que otro identificado como Mauricio Pulido la amenazaba con desaparecerla. Quesadillas de Verdades también la acusó de ser cercana a la jefa de Gobierno y de “meter a gente que se le da la gana a la cárcel”.

Al respecto, la red feminista internacional Enredhadas reprobó las agresiones contra la activista y exigieron al Estado mexicano que garantice condiciones de seguridad para evitar nuevos ataques, por lo que demandaron que concluya el linchamiento mediático en su contra, situación por la que llamaron a más organizaciones y colectivos a unirse a la exigencia general.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, condenó la violencia digital que ha sufrido la activista en redes sociales, y expuso que el colectivo Las del Aquelarre Feminista forma parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a las acciones de la Alerta de la violencia contra las mujeres, quienes tienen cargos honorarios, sin remuneración de la administración pública local.

Las campañas de odio en Twitter

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en 2016, realizó un estudio en el que especifica que Twitter es la plataforma digital donde más se promueven campañas de odio contra las mujeres, y en Facebook donde más se agrede a las mujeres activistas. Uno de los más recientes estudios, Ser Periodista en Twitter realizados por las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, reveló que las consecuencias de la violencia digital contra mujeres consistían en disminuir drásticamente su participación en el debate público, aislarse socialmente y su movilidad era limitada, además de padecer sufrimiento psicológico, físico y verbal.

Asimismo señala el estudio que el 67% de las periodistas entrevistadas optaron por dejar de hacer publicaciones sobre temas que podían generales una agresión; otras, de plano, se retiraron de la red.

En el caso de Ana Elena Contreras, optó por cerrar sus cuentas ante las constantes amenazas de muerte.

 

Continue Reading

Latinoamérica

Ser periodista en Twitter: Las mujeres enfrentan la violencia digital con más ataques sexistas que los hombres

Avatar

Published

on

El 67% de las periodistas optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones.

AmecoPress

MADRID.- A los periodistas hombres se les ataca en redes sociales por el trabajo que hacen. A las mujeres periodistas, además de eso, la mayor cantidad de agresiones que reciben son sexistas. Ellas reciben un 30% más insultos sobre su físico, 20% más expresiones sexistas y 10% más comentarios que las tachan de no tener capacidad intelectual.

 

Esto reveló el estudio Ser Periodista en Twitter de las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, que analizó las interacciones de 66 comunicadoras y comunicadores en 7 países de América Latina y los entrevistó.

“A las mujeres, sistemáticamente, cuando nos insultan, además de que nos dicen ‘facha’ o ‘hija de puta’, ya de paso nos dicen ‘sos una gorda malcogida’. Siempre el insulto vinculado con lo sexual o lo físico está intrínsecamente asociado a la mujer, no al hombre. En el caso de los hombres periodistas que sigo y que he visto a lo largo de estos años que reciben insultos (no digo que no reciban insultos, reciben en iguales cantidades), jamás les dicen ‘sos un malcogido’. A ellos les dicen ‘¿cuánto te pagaron?’”, señaló una periodista uruguaya que participó en el estudio.

De entre los entrevistados, 14% de los hombres sintió que en el último año recibió un volumen alto de ataques, mientras que entre mujeres el porcentaje se duplica a 28.5%. Y de distintos tipos de violencia, como desprestigio, discriminación, acoso y monitoreo, ellas siempre fueron las más afectadas.

Donde resultó más notorio fue en ataques que incluyeron la difusión de información personal o íntima, ya que 47% de mujeres lo experimentaron, pero solo 14% de varones. Además, ninguno de ellos sufrió que hackearan su cuenta, como sí le ocurrió a 9.5% de mujeres, y ninguno fue víctima de abuso sexual tecnológico, ante el 5% de ellas que sí lo fueron.

Solo cuando se trata de amenazas directas, los hombres reciben más. Pero las mujeres manifiestan más temor de que puedan concretarse porque muchos ataques vienen de personas reales e identificables.

La situación se vuelve peor si son periodistas que cubren temas de feminismo o derechos de las mujeres, o incluso simplemente al ser identificadas como feministas, y ya aunque estén tuiteando de otra cosa, reciben insultos como “feminazi”.

Países con mayor violencia de género en la red

El estudio detectó que esto es especialmente grave en cuatro países, entre ellos México, además de Paraguay, Argentina y Uruguay.

Por eso, la mayoría de comunicadoras contestaron que su libertad de expresión se vio disminuida. El 67% optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones. Mientras que entre hombres, el 57% dijo que sigue usando la red social como si nada.

“Dejé de usar palabras como ‘patriarcado’, ‘machirulo’, ‘machista’; ahora trato de usar ‘agresión’ en vez de ‘violencia’ o busco sinónimos para no decir ‘violencia machista’”, dijo una comunicadora paraguaya.

“No miro qué me responden a lo que tuiteo, es como un tuit a ciegas para evitar justamente hurgar mucho ahí y volverme nada. Recibo agresiones por todo: porque comento sobre la pelea de dos periodistas, porque retuiteo una noticia, porque digo algo en contra del presidente, porque les cuento qué me soñé ayer…”, contó otra, colombiana.

Las reacciones para tratar de defenderse también cambian entre géneros: 71.5% de mujeres que recibió comentarios agresivos denunció dentro de la propia red social, pero solo 43% de varones. Aunque una comentó que Twitter solo llega a bajar cuentas con pocos seguidores, pero no las que tienen mucho y, por lo tanto, tienen más repercusión.

Continue Reading

Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

Avatar

Published

on

SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

Continue Reading

Trending