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Violencia contra las mujeres

El lucro político de los feminicidios en Juárez

Organismos de DDHH y autoridades se critican el lucro político de los feminicidios en Juárez, mientras yacen 153 cuerpos en la morgue.

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Foto: globedia.com

Guadalupe Lizárraga

Los organismos de derechos humanos en México le han llamado la atención al gobernador de Chihuahua, César Duarte, específicamente por su ligereza verbal con la que denuncia que éstos “lucran atacando al gobierno”. El gobernador lo dijo en el contexto de la inauguración de un nuevo centro de justicia en Ciudad Juárez.

Lo que llama la atención es que el gobernador sea refutado en tan breve tiempo por los prestigiados organismos de derechos humanos regionales y nacionales que tuvieron hábilmente la capacidad para redactar y suscribir una carta pública, y exigir –con inmediatez mediática– el respeto por su trabajo y su honor.

Llama la atención, precisamente porque esta misma actitud y capacidad que ahora muestran es la que se requiere con urgencia en la solidaridad con las madres y víctimas de Juárez, quienes son directamente las afectadas y son quienes menos importan en la cadena de los prestigios reclamados.

Ninguno de los organismos civiles invitó al Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas ni a Nuestras Hijas de Regreso a Casa, AC, a firmar el desplegado. Ambos grupos están integrados por madres de desaparecidas o de víctimas de feminicidios que cargan solas su dolor y son constantemente discriminadas, amenazadas de muerte e ignoradas por las autoridades y hasta humilladas por los funcionarios públicos. Evidencias y registros hay de todo ello, y la mayoría se ha publicado puntualmente en Los Ángeles Press, y en varios medios de España, como El Digital de Madrid y el Diario de Alcalá.

El Comité de Madres viene trabajando regularmente desde 2010 en las investigaciones de sus propias hijas y con sus propios recursos. Han expuesto sus vidas y agotados sus fuerzas, como lo ha hecho también Nuestra Hijas de Regreso a Casa, AC.

Gracias al valor de los integrantes del Comité de Madres, esta periodista inició una investigación titulada “Mujeres guardadas en la morgue”, integrada por una serie de reportajes que han sido publicados periódicamente a partir del 29 de noviembre de 2011.

Adriana Sarmiento

Por esta investigación, las madres fueron amenazadas de muerte por “filtrar información a la prensa extranjera”. Nosotros, los periodistas, también. Pero el impacto social de esta investigación se tradujo en obligar a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a entregar los cuerpos que nosotros denunciábamos como retenidos en la morgue, como fue el cuerpo de Adriana Sarmiento, secuestrada a los 15 años de edad, el 18 de enero de 2008 y asesinada tres días después.

La historia de Adriana es la historia de cientos de niñas, con las mismas características y las mismas circunstancias. Esta investigación no ha terminado, y con cada reportaje hemos hecho denuncias muy precisas de lo que está pasando en torno a estos crímenes, que en otro país, los organismos de derechos humanos hubiesen obligado a renunciar a los funcionarios involucrados en la corrupción de las investigaciones.

Se trata de una masacre de 153 jovencitas, hasta ahora, que sus cuerpos han sido guardados en la morgue por años. Independientemente de las razones por las que el gobierno decidió retener los cuerpos, se trata de un genocidio que ha sido tolerado por todos. Se trata de un dolor colectivo, el de las madres y el de las víctimas, que no han tenido un ápice de justicia ni la solidaridad franca y plena de los organismos que hoy se sienten ofendidos por las palabras del gobernador.

Con la misma acción estratégica que han logrado con eficacia para cerrar filas entorno la testarudez verbal de César Duarte podrían haber impulsado una enérgica indignación pública por los tres años que lleva desaparecida Mónica Janet Alanís Esparza, alumna de la UACJ, y de cada una de las secuestradas. Podrían haber impulsado un pronunciamiento público para condenar la masacre de 153 jóvenes en esa ciudad. Tan sólo el número es espeluznante. Una flagrante violación de derechos humanos. No hay nada inventado. Todo es real. Los hechos están ahí, las osamentas están dentro de la morgue aún sin ser completamente identificadas, y sin esperanza de que puedan ser entregadas a sus familias en el menor tiempo posible.

El gobierno de Chihuahua, con cada entrega de osamentas, lucra políticamente, porque simula que está “encontrando” a quienes no estuvieron desaparecidas, sino que fueron secuestradas, y después, como si fueran cualquier cosa, las entrega en huesos incompletos a sus padres. La prensa alineada, las fotografías impresionantes, las declaraciones ad hoc, las lamentaciones públicas como contexto para los medios. Una parafernalia ya muy frecuentada en estos 20 años de asesinatos.

Foto: Comité de Madres

Pero no está demás que nos remuerda la conciencia al recordar que estas niñas fueron violadas. Fueron torturadas. Fueron drogadas. Fueron arrancadas de su hogar y de su familia para ser usadas sexualmente, golpeadas con brutalidad, mutiladas, hasta extinguirles lentamente la vida. Niñas que a los tres días de su secuestro ya estaban muertas porque no aguantaron la barbarie de su maltrato; otras, más fuertes, llegaron a durar algunos meses.

La indiferencia o la ignorancia ante este exterminio de Ciudad Juárez y Valle de Juárez ya suficientemente acreditado por los hechos es algo que nadie debería osar, nadie con sensatez y moral como podría esperarse de los organismos de derechos humanos y de autoridades. Lo que está en juego a saber es la justicia. Y ante ello, nadie habla de los responsables, ni de militares asesinos, ni policías locales y federales involucrados en estas masacres. Tampoco hay investigaciones que sigan la línea de los funcionarios públicos que han participado directa e indirectamente en la comisión de estos delitos, ni de las bandas locales que pagan cuotas de piso a funcionarios. La línea de la responsabilidad ha sido completamente ignorada, como las madres de las víctimas y como las mismas víctimas. Y en esta acostumbrada impunidad, como decía la filósofa política Hanna Arendt, “si todos somos culpables, nadie es culpable”. Por eso se necesitan nombres y apellidos, y los primeros que debemos de dar son los de los funcionarios involucrados en la misma fiscalía.

Cualquiera que niegue la verdad sobre estos crímenes, está condenando a la sociedad a no poder prescindir de la violencia. Y en semejante inframundo, los derechos humanos no salen muy reforzados que digamos. Aquí, entran los derechos humanos de quienes todavía necesitan de las organizaciones solidarias: las madres.

Hasta ahora ninguna organización ha dado la ayuda que necesitan las madres de estas víctimas. A los dos días de haber publicado la primera denuncia en Los Ángeles Press, nuestro reportaje fue copiado y alterado por reporteros de La Jornada y de El Diario de Juárez. En su momento, se denunció el hecho. Pero más allá de copy & paste de los periodistas con códigos éticos más flexibles, ningún medio se interesó en saber qué pasaba con las madres realmente. Fuera de la nota alarmante del momento, ellas no importaron. Cómo vivían la impunidad de los asesinatos no ha sido relevante, ni las penurias que algunas madres están viviendo porque han sido amenazadas y atacadas con violencia. Expulsadas de la ciudad, de sus hogares o reducidas a vivir en silencio su dolor conteniéndolo en un cáncer.

Tampoco ha habido un organismo de derechos humanos dispuesto a ofrecerles un poco de respaldo moral ni a paliar su escasez económica, pese a que tienen pleno conocimiento de que las víctimas, casi en su totalidad, están en condiciones muy precarias económicamente.

Norma Andrade, agredida en Juárez y en el DF

Las madres siguen necesitando ayuda. Y no solamente para enterrar a sus hijas. Requieren apoyo psicológico profesional, no el que provee el gobierno. Ellas necesitan enfrentar seriamente el duelo. Requieren apoyo económico, porque dejaron de ser productivas en el mercado laboral para dedicarse a hacer lo que no ha hecho el gobierno: buscar a sus hijas. Pero también requieren respeto y solidaridad: merecen inclusión en la comunidad de defensores de derechos humanos, porque ellas han sido las principales defensoras del derecho a la memoria de sus hijas. Por ellas sabemos sus nombres y conocemos sus rostros. Por ellas, sus hijas no se han quedado en la completa oscuridad.

La existencia de estos 153 cuerpos de jovencitas que fueron asesinadas, tiradas en una alguna fosa o enterradas en el desierto y luego recuperadas y retenidas en la morgue, merecen una mejor actitud de los vivos que no hemos sabido proveer dignidad a sus cortas vidas. Estas hijas de Juárez merecen una acción estratégica de la sociedad para lograr justicia a su memoria.

El gobierno de Chihuahua por supuesto que también lucra con estos crímenes, y lo hace políticamente. Incrementa su presupuesto cada año con ayudas federales para “combatir” la inseguridad. Crea infraestructura, burocracia, engorda al estado con dependencias fiscales supuestamente especializadas en la perspectiva de género. Se entiende, viniendo de donde viene. Pero lo que no se entiende es la postura de los organismos civiles. ¿Cómo pueden ofenderse más por cuatro o cinco palabras de un mal gobierno que la masacre de 153 niñas? ¿Quién mató a esas niñas? ¿Para quién trabajan los criminales? ¿Quién se está beneficiando de todas estas muertes?

¿Por qué el gobierno decidió guardar tanto tiempo los cuerpos? ¿Por qué los organismos civiles han tolerado en silencio estas graves violaciones de derechos humanos? ¿Por qué no hay una denuncia ante un tribunal internacional de este genocidio? ¿Qué cuentas les damos a sus madres?

Indudablemente, hay mucho qué hacer todavía. Si dimensionamos los hechos con su peso real, estamos en medio de la herida abierta de una masacre. No es el pasado ni es historia. Está sucediendo ahora.

Y a los organismos de derechos humanos que se sienten ofendidos por unas palabras tan poco inteligentes de una autoridad, hay que recordarles que la crítica del uno, no redime la del otro.

 

 

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Mexico Violento

Libertad por Amnistía a víctima de violencia de género acusada de homicidio en Estado de México

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Alejandra Arriaga Romero, violentada por su situación de vulnerabilidad y discriminación, fue condenada a 45 años de prisión

La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, (PIDH AC), dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza, llevó la gestión de libertad por amnistía en favor de Alejandra Arriaga Romero, de 44 años, quien estaba condenada a 45 años de prisión, siendo víctima de violencia de género.

La organización tuvo el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), y de la maestra Myrna García Morón, de la “Casa de Libertades”, que se dedican a la defensa de los derechos humanos de las mujeres violentadas.

Presunción de Inocencia presentó la argumentación jurídica y los fundamentos convencionales para la obtención de la libertad de Alejandra Arriaga Romero, y pidió a las familias de los falsos culpables seguir en la defensa de la Ley de Amnistía del Estado de México, ya que son el único colectivo que realiza estas gestiones de defensa ante el Poder Legislativo y la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura, instancias que tienen la facultad constitucional de otorgar las Amnistía a falsos culpables por delitos de alto impacto que son inocentes.

Argumentación y bases jurídicas para la libertad de Alejandra

  1. Alejandra Arriaga Romero, de edad 44 años, el nombre de la persona que presenta la solicitud es Beda Sarmiento Gutiérrez, representante legal de PIDH A.C., que su nombre a quedado descrito en el primer párrafo, también la identidad de la organización en defensa de los derechos humanos se describe con el Instrumento notarial, fue condenada a una sentencia de 45 años de prisión, no obstante, de realizar una legitima defensa para proteger su vida.
  2. Alejandra Arriaga Romero ella misma se presentó a la Agencia del Ministerio Público, para narrar como habían sucedido los hechos ante las constantes agresiones que vivía de violencia intrafamiliar, porque desde que se caso su esposo el sujeto que la agredía, exmilitar retirado que por celos la humillaba, la ofendía con golpizas interminables y la violentaba físicamente, sexual y psicológicamente.
  3. El 31 de mayo de 2015, Alejandra Arriaga Romero (aproximadamente a las 21.30 horas y 22:00 horas) fue violentada por enésima ocasión por José Ángel “N”, el agresor llegó con un cuchillo en  la mano amenazándola de que la iba a matar acercándole el arma blanca. Arriaga Romero, en defensa, sacó del buró una pistola vieja que no funcionaba, la cual nunca la accionó, solo la utilizó para defenderse, (porque ambos estaban solos y además sabían que no servía), al ver que se acercaba para agredirla ella le aventó la pistola, misma que se accionó y salió el disparo que privó de la vida al a José Ángel “N”.

El mismo 31 de mayo de 2015, José Ángel “N” intentó violentar sexualmente a Alejandra Arriaga Romero. Al poner resistencia, él la ofende y amenaza. Esto era un actitud frecuente durante los 14 años que estuvieron casados, Alejandra Arriaga Romero era golpeada y también sus hijos por José Ángel “N”, quién en el interior de la casa tenía diversas armas de fuego, (armas que fueron encontradas por la policía cuando llegaron al lugar de los hechos y las ubicaron debajo de la cama en el lugar en donde el dormía).

Diversos testimonio familiares se vertieron en contra del ex militar José Ángel “N” quien le colocaba almohadas para asfixiarla a Alejandra, y en ocasiones frente a los hijos y ellos mismos eran duramente lastimados por él.

4. Primeramente, la autoridad responsable que violó los derechos humanos fue el Ministerio Público, no obstante que Alejandra Arriaga Romero, al ver que no llegaba la ambulancia, en reiteradas ocasiones le habló al Ministerio Público y las patrullas que hacían rondines en el poblado de Santa María Totoltepec en el Municipio de Toluca.

Los policías auxiliares llegaron entre la 1:30 y 2:00 de la mañana y no preservaron el lugar de los hechos, en virtud de que nadie estaba en la casa porque Alejandra Arriaga Romero estaba en la Agencia del Ministerio Público desde las 11:45 horas del 31 de mayo de 2015, y no hubo nadie que les abriera la puerta, toda vez que a la esposa no la dejaron salir de Ministerio Público, no obstante que ni siquiera la policía y el Ministerio Público habían iniciado las investigaciones.

El esposo de Raquel Romero Martínez el señor Roberto Martínez Mauricio fue quién llegó con la policía, el Ministerio Público, los peritos forenses, a las nueve horas, después no obstante que desde antes de las 24:00horas entre las 10:00 horas a 11:30 del 31 de mayo de 2015 Alejandra Arriaga Romero llamó reiteradamente al Ministerio Público para decirle de la muerte de José Ángel.

El Ministerio Público, al conocer de los hechos porque la propia Alejandra Arriaga Romero fue a denunciarlos en compañía del esposo de su mamá el señor Roberto Martínez Mauricio y lo acompaño su compadre, la representación social al tener la noticia criminal en donde perdió la vida de José Ángel “N”, el Ministerio Público no ordenó de manera inmediata que policías y peritos iniciaran las investigaciones y con esto se violó el Acuerdo 07/2013 del Protocolo de Homicidio, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el miércoles 29 de mayo de 2013.

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Mexico Violento

Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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Mexico Violento

Salva a su hija de abuso sexual por parte de la nueva pareja de la madre, y ella lo acusa de violencia de género

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Acusado con falsos testimonios de maltrato familiar tras denunciar el abuso a su hija

  • Posible colusión entre la jueza y el acusado de abuso sexual en el Edomex

  • Le filtran al abusador que existe una orden de aprensión en su contra y se ampara

Por Zavianny Torres 

El doctor Honoris Causa Javier Avilez Martínez es un padre que ha peleado con todo lo que está a su alcance y posibilidades para procurar el bienestar de sus hijos. Hechos que hoy han servido para contar con la guardia y custodia provisional de sus dos hijos, de acuerdo con las decisiones que han tomado instancias del Poder Judicial del Estado de México. Dicho en sus palabras, su separación conyugal se convirtió en un episodio tortuoso para él y para ellos.

Antes, es necesario saber que el padre de familia que nos concedió esta entrevista es un profesionista exitoso venido de una familia solidaria y fuertes lazos con su comunidad. Es abogado deportivo, director legal de la Liga de Futbol Americano Profesional en México. Conferencista internacional en temas de Derecho deportivo en lugares como Ibiza, en Cali, Lima, Sao Paulo y Quito, entre otros. Premiado por sus aportaciones al deporte fue reconocido por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia de Derechos Humanos perteneciente a la OEA.

En el proceso de separación, hubo de rescatar a su hija, de 12 años, de una posible acción de ataque sexual por parte de Ricardo Enrique Lara Carpio, socio y pareja de la madre, Laiza Mabel Cabrera Barrientos. Todo inició con momentos de incomodidad ante la presencia del acusado, y que la niña relató. Hasta que todo derivó en una denuncia ante la fiscalía. Ahí la menor tuvo que pasar por difíciles momentos ante autoridades, a las que debió relatar una y otra vez los presuntos abusos sufridos.

Como resultado hubo un acuerdo provisional para que los dos menores de edad quedaran en manos del padre, mientras se impulsaba un juicio de pérdida de patria potestad contra la madre. Un acto seguido por evasión de la justicia por parte del acusado.

Para el atribulado padre es un caso de corrupción entre algunos representantes del Poder Judicial y la persona contra quien pesa una orden de aprehensión. Al mismo tiempo, Avilez Martínez ha presentado denuncia contra la jueza familiar que lleva parte del proceso legal, esto ante la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, por “los acuerdos tendenciosos que favorecen a su contraparte”.

¿Cómo resume la situación actual del proceso legal?

Complicado, ha sido difícil en la parte familiar y personal. A los niños se les cambió su mundo, de la noche a la mañana, un buen día regresaron de la escuela y supieron que su mundo no iba a ser el mismo.

Después de tiempo de la separación con mi esposa, mi hija que se fue a vivir con su madre, me empieza a reportar que la pareja de su madre la jaloneaba y la maltrataba. En las distintas veces que convivía con mi hija me decía, “oye, es que este señor me jalonea y mi mamá me deja todo el tiempo acá’ o ‘este señor va a todos lados conmigo y a mí me incomoda’.

La niña me decía ‘es que yo me siento incómoda porque el socio de mi mamá se queda en la misma habitación. Y entonces cuando me bañan o me cambian ahí está, y me siento muy incómoda. La niña me empezó a relatar una serie de cosas y yo la veía rara, Le dije: ‘¿ya lo hablaste con tu mamá?’ y me decía: ‘¡sí!, pero mi mamá dice que no es cierto’.

Y así, hasta que llegó un momento en el que me dice la niña: ‘¿sabes que este señor me jalonea y me obliga a besarlo? Dije, ah caray. Cuando mi mamá se mete al baño o no está, el señor me dice que por qué nunca lo saludó de beso y me agarra la cabeza y me besa, dice, pero me besa en la boca. Ya van dos veces que lo hace’. Le dije, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Y me dijo: ‘Sí, me hace así’. Y me describía la niña cómo.

Es a raíz de eso que presenté una denuncia en la Fiscalía, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio.

Y, bueno, pues la niña empezó a pasar por un proceso de peritaje de psicología, de victimología, y entrevistas a solas la niña con los peritos, con el Ministerio Público y pues la niña narró lo que me había contado, lo que había pasado. A raíz de eso, el Ministerio Público me concede los cuidados familiares de la niña.

¿Existe una sentencia de custodia?

Sí, de acuerdo provisional, me dan los cuidados familiares de la niña.

Presente en la entrevista, el abogado Eduardo Gonzaga y representante legal de Javier Avilez Martínez, menciona:

“El acuerdo se da cuando detectan que hay una situación que pone en riesgo a la niña. La otorga un Ministerio Público, tiene una cierta vigencia. Posteriormente, derivado del hecho delictivo y de la denuncia que se presentó, promovimos ante un juez competente un juicio de pérdida de patria potestad, en donde la primera medida que determina el juez se llama una audiencia de escucha de menor.

Dentro de esta audiencia y una vez que fue reunido el perito, Ministerio Público adscrito al juzgado, juez de la familia y psicóloga designada por el DIF, tuvieron una entrevista con los dos menores a solas, sacaron a las partes, a los abogados y a los padres y los ministerios públicos, jueces y psicóloga.

Los entrevistaron y es el primer momento en que podemos decir que es un periodo de prueba. Todavía no está en etapa probatoria, pero es para que determinen las medidas provisionales. En esa audiencia, la niña determina y lo manifiesta el hecho delictivo, la agresión que tienen en su contra y terminando la audiencia, la juez dicta las medidas precautorias y dentro de ello es que le otorguen la guardia y la custodia de manera provisional a mi cliente.

Hasta el día de hoy ¿Qué está dictaminado?

Ya hay una resolución, y es que a través de un juez de control que solicitó orden de aprehensión desde el año 2019, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio. La orden de aprehensión consiste en que el juez primero el delito de abuso sexual está tipificado como un delito grave y alcanza prisión preventiva. Significa que durante el proceso que se le lleve para demostrar su inocencia, porque hoy todos se presumen inocentes.

Sin embargo, por ser un delito grave no permite que este sujeto siga su proceso en libertad, entonces para eso se otorgó una orden de aprehensión, para detenerlo. Y estando recluido se le sigue su proceso hasta que se determine una sentencia, si es culpable o no. Si no lo es, se ordena su inmediata libertad, pero si es culpable se le dice cuántos años de presión va a tener que pagar.

En diciembre se van a cumplir tres años. ¿Por qué no lo han detenido?

La pareja de mi exesposa tramitó un amparo en donde es raro que se tramite un amparo si no se sabe que hay un acto en contra de uno. Lo curioso es que en ese amparo, él en su narrativa, señala los datos precisos de la orden de aprehensión.

Aquí hay una orden de aprehensión cuya característica esencial es que debe estar en sigilo, en resguardo, no es pública. No todo el mundo tiene por qué enterarse, sin embargo, él señala que es la mamá de mis hijos quien le avisa que existe una orden de aprehensión en su contra. Lo que no sé es cómo es que ella, en calidad de imputada y acusada tiene acceso a esa información.

En ese punto, ¿podríamos presumir una colusión?

¿De corrupción? totalmente, ya sea de alguna autoridad. O la policía que está encargada de la búsqueda, localización y aprehensión de este sujeto se dejó extorsionar, se dejaron corromper o ellos mismos lo propusieron. De eso si tenemos certeza porque en la demanda de amparo que promueve el acusado sobre quien pesa una orden de aprehensión manifiesta textualmente que es su pareja, Laisa Mabel Cabrera Barrientos la que le da la información con lujo de detalles. ¿Cómo tiene ella la información? no lo sé.

También sabemos de las investigaciones que se han hecho en la búsqueda del acusado, tiene en su haber una investigación en la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Amparo contra la orden de aprehensión del acusado

¿Han corroborado esa información? Igualmente son acusaciones muy graves de la misma persona…

Sí. De hecho, también las de las investigaciones ministeriales que se dan una vez que él tiene la orden de aprehensión, es que arroja el dato que además de la orden de aprehensión, que la tiene por este delito que ya está probado hay una secuela procesal que también se le sigue por estos delitos. Lo que estamos buscando es que nuestras autoridades, tanto la Fiscalía General de la República como de aquí en el Estado de México, podamos coadyuvar con ellos.

Por parte de su exesposa, hay un señalamiento también muy grave contra Usted, lo que se conoce como violencia vicaria…

Primero, la violencia vicaria, para bien o para mal, en el Estado de México todavía no está tipificada, no existe. Es un tipo de violencia de género. Y, sin embargo, si ella está tratando de insinuar que esta situación sucede, es totalmente falsa, es una difamación. La violencia de este tipo implica que el padre de los hijos los maltrata e incluso llega a asesinarlos para causarle daño a la madre que no los tiene.

Hoy no sé qué tipo de intereses tenga la madre de mis hijos al mantener esta relación ni tengo la certeza de que ella sepa o no los antecedentes penales de su pareja.

¿Cómo ha sido el papel que han desempeñado las instancias de impartición de Justicia del Estado de México?

Muy complicado, en el sentido de que han perdido de vista que el juicio no es en contra la madre de mis hijos. Es por proteger a los menores, a mis hijos.

En el último año, la madre ha emprendido acciones de la mano con una asociación feminista para victimizarse. Y no había un momento que, ante cualquier autoridad, fuera juzgado o Ministerio Público no se presentara para mostrarse como víctima. Incluso levantó por ahí dos o tres denuncias falsas por violencia familiar que no prosperaron y que al momento no ha logrado demostrar absolutamente nada.

Y, bueno, pues al final a la jueza familiar que conoce del asunto la tengo denunciada ante la judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Es la jueza del séptimo familiar, Amalia Marroquí. En su momento le hice notar en el expediente, que muchos de sus acuerdos eran tendenciosos en favor a la señora Cabrera Barrientos.

¿Estaríamos hablando de una violencia de género a la inversa?

Creo que sí, ella ha hecho con falsos testimonios que a mí se me vea como un agresor. No ha podido probarlo. Al día de hoy no tiene ni una sola carpeta que haya prosperado porque no existen argumentos, elementos o prueba alguna que yo la violentaba.

¿Tiene debidamente documentado sus dichos, todo lo que este momento ha dicho en esta entrevista?

Sí tengo pruebas, tengo documentos oficiales en juzgados y el Ministerio Público que acreditan todo.

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