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El legado federal para Apatzingán: ¡Mátenlos como perros!

Apatzingán ha sido otra sede de masacres por parte de agentes federales que aun requieren de investigación y que han ocultado los medios tradicionales

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Aspecto de la masacre del 6 de enero en Apatzingán  Foto: revoluciontrespuntocero.com

Aspecto de la masacre del 6 de enero en Apatzingán Foto: revoluciontrespuntocero.com

Ricardo V. Santes Álvarez

 El pasado 6 de enero, policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, lo que causó la muerte de por lo menos 16 personas […] y heridas a muchas más. Sin embargo, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán y quien acaba de ser nombrado director de la Conade, sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”.

Proceso, no. 2007, 18 de abril de 2015

Laura Castellanos es el nombre de una periodista que, con su valiente y profesional trabajo, da una sacudida más a la endeble cimentación que sostiene las instituciones de la República. Resultado de su acción investigativa, en el semanario Proceso de esta semana, así como en la cadena televisiva Univisión y en el portal Aristegui Noticias, se publica una historia dolorosa, sangrienta, en la que se describe la forma en que representantes del Estado, OTRA VEZ, masacran con lujo de maldad, a civiles, hombres y mujeres.

En Fueron los federales, Laura Castellanos reconstruye una matanza realizada por policías en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de este año. Lo hace, con el apoyo de testimonios de sobrevivientes y sus familiares, así como de pobladores y personal médico. Adicionalmente, con auxilio de material videográfico.

“¡Mátenlos como perros!”, revela la periodista Castellanos, fue la orden inmisericorde para que los federales balearan a miembros y simpatizantes de la denominada Fuerza Rural, que estaban en plantón en los portales del Palacio Municipal de Apatzingán. “Los rurales, hombres forjados en la pizca del limón”, continúa el relato, “protestaban porque 20 días antes Castillo había disuelto al G-250 sin pagarles. Además, padecían nuevas incursiones de (los Caballeros templarios) en sus localidades”.

Del párrafo anterior, sirve ampliar algunos detalles. La Fuerza Rural no era más que una agrupación de hombres dedicados originalmente a la pizca del limón. ¡Jornaleros convertidos a policías, pues! El nombre de ese gremio fue G-250, pues estaba integrado por 250 personas. Fue creado a partir de las llamadas Autodefensas, es decir, precisamente de quienes esa comunidad de jornaleros formaba parte. En esa condición, con la autorización y encomienda del gobierno, el G-250, podía desplazarse por la entidad y realizar labores de búsqueda de los líderes del crimen organizado, esto es, los Caballeros Templarios.

Vale recordar que los grupos de autodefensas salieron a la luz en febrero de 2013. Que se conformaron por agricultores y ganaderos quienes, cansados de sufrir vejaciones por parte de los Templarios, tenían el propósito de recuperar territorios tomados por esa mafia, misma que, según las crónicas, ganaba más de la extorsión de los campesinos y del robo de las minas de hierro, que del tráfico de drogas. A diferencia de las autoridades, que no pudieron o no quisieron contener a los violentos, las autodefensas lograron la expulsión parcial del cartel.

El “Castillo” que se menciona en el relato es, ni más ni menos, que el “Virrey” Alfredo Castillo Cervantes, a la sazón Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, designado por el presidente de la República el 14 de enero de 2014. En mayo de ese año, el comisionado creó la Fuerza Rural para apoyar su labor en la entidad, que tenía entre sus objetivos la captura de Servando Gómez, alias La Tuta líder de los Templarios. Así, a través del sesudo y experimentado trabajo de virrey en temas de seguridad (?), el gobierno de Peña Nieto dio reconocimiento a la nueva agrupación, uniformándole y armándole. El compromiso gubernamental fue que a cada policía se le pagaría poco más de 8 mil pesos al mes.

Sin haber logrado el propósito de capturar a La Tuta (ésta ocurrió a final de febrero 2015) ni mucho menos haber llevado la paz al estado, Castillo Cervantes disolvió la Fuerza Rural en diciembre de 2014. Señaló que sus integrantes “no comprendieron la importancia de respetar las instituciones y propiciar un ambiente de calma y tranquilidad social”. Agregó que desde ese momento toda persona armada sería “detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes” y que dicha decisión se tomó por solicitud del gobernador Salvador Jara, e instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El 22 de enero Castillo fue relevado del encargo. No obstante, su patente fracaso no fue motivo para que su amigo el presidente tomara distancia. Como alguien apuntó, Castillo permanecería “apapachado y con todo el apoyo y reconocimiento de su patrón, quien seguramente le tiene algo bien guardado”. Así fue; el 16 de abril, Peña Nieto le dio nueva chamba, esta vez, como titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Por supuesto; si no, ¿para qué son los amigos?

Ahora, se revela algo que puede contextualizar mejor la salida del virrey: la realidad de lo acontecido en Apatzingán. La situación mostraba otra falla (una más) del Estado mexicano en el supuesto compromiso de salvaguardar la integridad y bienestar de los ciudadanos. Tal vez ahí esté la explicación, repugnante pero simple, de que el Estado mexicano tolerara el asesinato de civiles y ex-miembros de la fuerza policial, plantados en el Palacio Municipal del lugar en demanda del salario devengado y de seguridad a su integridad física. Si el gobierno no tenía capacidad de brindar seguridad, tampoco tenía el menor interés en pagar a los limoneros/ex-policías lo que les debía. En cambio, lo que sí poseía era un inmenso poder de fuego para aniquilarlos y así finiquitar el asunto.

Recientemente, Castillo Cervantes refutó versiones sobre excesos de los federales en la fecha fatal, defendiendo la propia que había dado en ese entonces, donde argumentaba el “fuego cruzado” entre autoridades y narcotraficantes. En efecto, luego de los acontecimientos, afirmó que todos los fallecidos pudieron ser muertos “por sus propios compañeros, esto es, por un tema de fuego cruzado […] Es imposible determinar cuál de esos balazos les causó la muerte pero sí dejar claro que […] no hay una sola evidencia de que haya gente de la Policía Federal que les diera a la espalda a estas personas”.

Respecto al video, que hoy todos conocemos gracias a medios como ProcesoUnivisión, y el ogro del cuento, Aristegui Noticias, donde se perciben los excesos de los federales, Castillo afirmó que no lo había visto “por completo”. ¡Qué casualidad! No obstante, aventuró decir que “lo que salga probablemente está distorsionado, sacado de contexto”. El mensaje es simplón y reprobable: informadores y medios como los mencionados son para el virrey unos mentirosos, pues el gobierno federal (él incluido) es incapaz de cometer atrocidades como las que esas voces descarriadas describen. ¡Faltaba más!

Por si los mexicanos no estuviéramos hartos de tanta falsedad y cinismo gubernamental, donde hasta funcionarios de cuarta categoría, como el virrey, pretenden mentir exitosamente a la sociedad, ocurrió algo adicional, que únicamente revela desesperación en las alturas. El día en que Aristegui Noticias daría a conocer el reportaje sobre la masacre en Apatzingán, el sitio sufrió ataques cibernéticos que lo dejaron fuera de servicio por muchas horas. ¡Otra casualidad! Como si acto tan pedestre pudiera detener la difusión de una información que debe ser del conocimiento de todos, la que por cierto, los medios orgánicos tradicionales procuran ignorar. ¿Quién pretende engañar y ocultar la realidad? ¿A quién? El lector tiene la respuesta.

Es claro que el caso Apatzingán no está concluido. Aunque el hoy flamante titular de la Conade no lo comparta, debe iniciarse una profunda investigación sobre esa barbarie. Castillo Cervantes debe rendir cuentas ante instancias imparciales y, si tiene alguna responsabilidad, debe someterse al proceso jurídico indicado. Él y toda la cadena de mando que pudiese haber incurrido en algún ilícito. El país ya no aguanta más violaciones al Estado de derecho ni premios a la impunidad para los infractores… así sean los mejores amigos del presidente.

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@RicSantes

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La extraña discriminación en el mantenimiento de la línea 12 del Metro

Ramses Ancira

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Historias para Armar la Historia

Por Ramsés Ancira

El ocho de octubre de 2014 se creó un fideicomiso con carácter irrevocable, mediante el cual se establecía que el incremento de la tarifa en el sistema de transporte colectivo, de tres a cinco pesos, se utilizaría integralmente para mejoras en el transporte colectivo más empleado en la Ciudad de México, el Metro.

Diez meses antes este incremento del 66 por ciento, ejecutado en los primeros meses de la administración de Miguel Ángel Mancera, provocó brotes de indignación popular. Se creó el movimiento Pos me salto, para protestar, e ingresar al servicio por encima de los torniquetes; sin embargo, se crearon medidas de mitigación para proteger a la población vulnerable: a los estudiantes se les ofrecieron tarjetas especiales en las cuáles se descontarían sólo tres pesos por viaje y los discapacitados y mayores de 60 años contarían con ingreso gratuito.

El 30 de junio de 2018, este fideicomiso contaba ya con una  cantidad de 12 mil 155 millones de  pesos, de los cuales se destinaron mil  306 millones para compra de trenes de la línea 1; 2 mil 12 millones para mantenimiento mayor a los trenes de la línea  2;  mil 861 millones para modernizar el sistema de tracción y frenado de las líneas 4,5,6, y B; mil 400 millones para renovar las estaciones, de la línea 1, muchas de las cuales en efecto quedaron mucho mejor iluminadas e impermeabilizadas; y mil 400 millones para comprar siete trenes para la línea A.

Pero fíjese que gran diferencia: En la página 7 del informe recibido por el  Sub secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la administración de Miguel Ángel Mancera,  Guillermo Orozco Loreto, se precisa que para la adquisición, suministro y puesta en servicio de 10 trenes de nueve carros cada uno, de rodamiento neumático, para la línea 1, se invertirían tres mil  millones 295 mil 050 pesos; en cambio para la renta  de 30 trenes para la Línea 12, seis años antes, Mario Delgado, secretario de Finanzas, del gobierno de Marcelo Ebrard había autorizado 30 mil millones de pesos, es decir, el triple de trenes;  pero diez veces más caros.

Racionalmente no podría ponerse objeción al presupuesto presentado seis meses antes de la gestión de Mancera; todas las obras eran necesarias sin embargo queda la duda de por qué en este presupuesto no se incluyeron las mejoras para la Línea 12.

Se corrigieron y trazaron perfiles de la Línea A, se remozaron de manera evidente las estaciones Salto del Agua, Cuauhtémoc, Balbuena, Merced, Sevilla y Pino Suárez, a costos promedio de entre 40 y 60 millones de pesos por cada una.

Pero en la Línea 12 

Al ocurrir el accidente en la Línea 12 del Metro, el pasado 3 de mayo de 2021, se tenía contemplado adquirir 12 trenes nuevos de rodadura férrea, los cuales según las recomendaciones originales son recomendables para los tramos subterráneos, pero no para las elevadas, debido a la sinuosidad de las vías. Por otra parte, ante el proyecto (que no tiene para cuando acabar) del tren México-Toluca se mantiene el plan de ampliar las estaciones hacia el Poniente, desde la estación Mixcoac hasta Observatorio, con lo que el trayecto que ahora beneficia directamente a las alcaldías de Tláhuac, Iztapalapa y Benito Juárez, se extendería a la Álvaro Obregón. Además, con esto se daría a elegir a los usuarios que se transportan de Poniente a Oriente de la capital, entre las líneas 1, 9 y 12 que convergerán en la terminal Observatorio.

Otro proyecto para ahorrar costos, presentado en junio de 2018, fue el de sustituir los boletos desechables de banda magnética, pues el costo de impresión y destrucción de los mismos asciende a 34 millones de pesos, los cuales se sustituyen con la impresión de tarjetas, cuyo costo se carga al usuario.

Florencia Serranía

La ingeniera Florencia Serranía es egresada de la carrera de Ingeniería Mecánica, por la UNAM. De 2001 a 2004, durante la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador fue directora general de servicios de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

De 2004 a 2006, en la transición del gobierno de López Obrador y Alejandro Encinas, dirigió el Metro.

Después regresó a la iniciativa privada, Serranía fundó una empresa privada, Urban Travel Logistics. En 2017, aún como particular, participó en licitaciones para brindar diversos servicios al Metro, pero fue rechazada por la administración de Miguel Ángel Mancera. En este concurso no hubo ninguna irregularidad como dolosamente insinuó el cuartel de guerra de oposición sistemática a López Obrador, Latin Us.

En 2018, Serranía fue nombrada nuevamente directora del Metro por Claudia Sheinbaum, recién llegada a la jefatura de gobierno. Ambas se conocían desde que coincidieron al terminar sus estudios de doctorado.

El 7 de mayo de este año, el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SMTSTCM) presentó una denuncia contra Serranía Álvarez, a través de la Fiscalía contra servidores públicos y contra el subdirector general de mantenimiento, Nahum Leal Barroso, quien acababa de ingresar al puesto. Y realmente no tiene ninguna responsabilidad; pero no podía faltar la politiquería.

La denuncia es como probables responsables de los delitos de “homicidio culposo, lesiones culposas, delito de corrupción y los que resulten”-

Cabe mencionar que este sindicato es disidente del Sindicato Nacional de trabajadores del metro, que ha sido dirigido por Francisco Espino Arévalo por más de cuatro décadas, desde 1978.

El mantenimiento del Metro a finales del 2019

El 26 de noviembre de 2019, la entonces secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, recibió el Tercer Informe Trimestral de avance de mejoramiento del Metro, y el informe irrevocable de administración y fuente de pago de su programa de mejoramiento. Recordemos que se trata de lo recabado por el aumento de 3 a 5 pesos de lo recaudado por la venta de pasajes. Lo firma el licenciado Miguel Ángel Monroy Aranda.

Para entonces se reportaban fondos por más de 15 mil millones de pesos, de los cuáles se habían gastado 12 mil millones, pero nuevamente los gastos se distribuían en la Línea 1, mantenimiento a trenes de la Línea 2 y renivelación de la Línea A. Pero, la Línea 12 no aparece en el presupuesto.

Curiosamente en el proyecto definido en la administración del proyecto de 2013, en los albores de la administración de Miguel Ángel Mancera se habla de la reincorporación de los 105 trenes que están fuera de servicio dispuestos para recibir atención en los talleres y lograr su reincorporación al servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B del S.T.C. (Sistema de Transporte Colectivo), La única que no se menciona es la 12, a pesar de que ya se mencionaban los chirridos en la parte elevada.

En cambio se advierte:  “Al no llevar a cabo la adquisición de los 12 trenes férreos nuevos, se verá afectada considerablemente la eficiencia y calidad del servicio de la línea, debido a que la demanda superará a la oferta de material rodante, mismo que en su justa medida es fundamental para proporcionar un servicio de transporte de calidad a los usuarios de esta línea, y como consecuencia se esperarían largos tiempos de espera, aglomeraciones en andenes y trenes, lo cual generaría situaciones de riesgo y conflictos para los usuarios”.

Como se puede observar: se advertían riesgos potenciales, pero hasta que se ampliara la Línea 12. No de inmediato.

En este mismo sentido, la revista especializada Portal Automotriz, destacó que el costo de las ampliaciones de la obra electromecánica por las nuevas estaciones del Metro que están en construcción sería de mil 500 millones de pesos, pese a lo cual el contrato se hizo por adjudicación directa, sin concurso, lo que podría representar un conflicto de intereses, ya que una filial de la empresa Alstom, también había sido contratada para las obras de mantenimiento de la Línea 12.

En general, las obras de mantenimiento de la Línea 12 está a cargo de trabajadores mexicanos, pero es responsabilidad de empresas extranjeras.

Sin más información oficial disponible hasta el momento se sabe que la empresa francesa TSA es la que cobra por el mantenimiento de las vías, pero esto no incluye la solidez de las ballenas y pilotes que sostienen la estructura elevada. Es más, a pesar del derrumbe las vías quedaron colgando, pero se mantuvieron unidas.

El hecho de que la Línea 12 del Metro no esté incluida en el fideicomiso maestro del 2014, constituido en el gobierno de Miguel Ángel Mancera no implica que ésta no tenga presupuesto. De hecho, según el portal Animal Político, éste asciende a 120 millones de pesos anuales.

Quedan dos preguntas por resolver: ¿No están en el fideicomiso, porque estos tienen una normativa que implica varias supervisiones, mientras que el presupuesto de la Línea 12 es más discrecional? Y la segunda, si el mantenimiento solo incluye a las vías ¿quién es el responsable de que la ballena de la estación Olivos se haya colapsado?

Otro tema es que, durante la gestión de Mancera, cada año se incrementó el presupuesto del Metro, en 2018 alcanzó los 17 mil 548 millones de pesos; mientras que para este 2021, en el tercer año de Claudia Sheinbaum se calculaba invertir 15 mil millones de pesos.

Si a la baja del presupuesto se agrega la pandemia del 2020 que redujo la movilidad y por lo tanto el flujo de pasajeros, la economía del Metro se vio aún más afectada.

Por supuesto después del accidente habrá que gastar mucho más en reparaciones, por lo que también cabe preguntarse, si por ahorrar dos mil millones, lo barato saldrá inmensamente más caro.

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Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

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Alcaldesa de MORENA en Nochixtlán detenida por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu

Miguel Montesinos Leon

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Joselaine Gutiérrez/Miguel Montesinos León

La Fiscalía General del estado de Oaxaca confirmó la detención de Lizbeth Victoria Huerta, alcaldesa por MORENA en Nochixtlán, Oaxaca, por su presunta participación en la desaparición forzada de la activista británica-mexicana Claudia Uruchurtu Cruz, quién fue reportada desde el 26 de marzo de 2021.

De acuerdo con la Fiscalía hay otras dos personas detenidas por parte de Agentes Estatales de Investigación en colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la orden de aprehensión fue girada este viernes 7 de mayo.

Cabe recordar que la activista fue reportada como desaparecida, luego de ser vista por última vez en una protesta para pedir la libertad y atención médica para Alfonso Avendaño tras su violenta y arbitraria detención por parte de la alcaldesa de MORENA, en Nochixtlán, después de que le solicitara el pago que le correspondía por vender distintos materiales al ayuntamiento. Avendaño fue golpeado en la cabeza por policías municipales y le causaron una fractura.

Las familiares de Claudia Uruchurtu reportaron anteriormente que no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y del gobierno de Reino Unido al gobierno mexicano para localizarla, por lo que solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación para dar con su paradero y destacaron que la defensora de derechos humanos había denunciado en diferentes ocasiones el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del municipio.

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