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El legado federal para Apatzingán: ¡Mátenlos como perros!

Apatzingán ha sido otra sede de masacres por parte de agentes federales que aun requieren de investigación y que han ocultado los medios tradicionales

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Aspecto de la masacre del 6 de enero en Apatzingán  Foto: revoluciontrespuntocero.com

Aspecto de la masacre del 6 de enero en Apatzingán Foto: revoluciontrespuntocero.com

Ricardo V. Santes Álvarez

 El pasado 6 de enero, policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, lo que causó la muerte de por lo menos 16 personas […] y heridas a muchas más. Sin embargo, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán y quien acaba de ser nombrado director de la Conade, sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”.

Proceso, no. 2007, 18 de abril de 2015

Laura Castellanos es el nombre de una periodista que, con su valiente y profesional trabajo, da una sacudida más a la endeble cimentación que sostiene las instituciones de la República. Resultado de su acción investigativa, en el semanario Proceso de esta semana, así como en la cadena televisiva Univisión y en el portal Aristegui Noticias, se publica una historia dolorosa, sangrienta, en la que se describe la forma en que representantes del Estado, OTRA VEZ, masacran con lujo de maldad, a civiles, hombres y mujeres.

En Fueron los federales, Laura Castellanos reconstruye una matanza realizada por policías en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de este año. Lo hace, con el apoyo de testimonios de sobrevivientes y sus familiares, así como de pobladores y personal médico. Adicionalmente, con auxilio de material videográfico.

“¡Mátenlos como perros!”, revela la periodista Castellanos, fue la orden inmisericorde para que los federales balearan a miembros y simpatizantes de la denominada Fuerza Rural, que estaban en plantón en los portales del Palacio Municipal de Apatzingán. “Los rurales, hombres forjados en la pizca del limón”, continúa el relato, “protestaban porque 20 días antes Castillo había disuelto al G-250 sin pagarles. Además, padecían nuevas incursiones de (los Caballeros templarios) en sus localidades”.

Del párrafo anterior, sirve ampliar algunos detalles. La Fuerza Rural no era más que una agrupación de hombres dedicados originalmente a la pizca del limón. ¡Jornaleros convertidos a policías, pues! El nombre de ese gremio fue G-250, pues estaba integrado por 250 personas. Fue creado a partir de las llamadas Autodefensas, es decir, precisamente de quienes esa comunidad de jornaleros formaba parte. En esa condición, con la autorización y encomienda del gobierno, el G-250, podía desplazarse por la entidad y realizar labores de búsqueda de los líderes del crimen organizado, esto es, los Caballeros Templarios.

Vale recordar que los grupos de autodefensas salieron a la luz en febrero de 2013. Que se conformaron por agricultores y ganaderos quienes, cansados de sufrir vejaciones por parte de los Templarios, tenían el propósito de recuperar territorios tomados por esa mafia, misma que, según las crónicas, ganaba más de la extorsión de los campesinos y del robo de las minas de hierro, que del tráfico de drogas. A diferencia de las autoridades, que no pudieron o no quisieron contener a los violentos, las autodefensas lograron la expulsión parcial del cartel.

El “Castillo” que se menciona en el relato es, ni más ni menos, que el “Virrey” Alfredo Castillo Cervantes, a la sazón Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, designado por el presidente de la República el 14 de enero de 2014. En mayo de ese año, el comisionado creó la Fuerza Rural para apoyar su labor en la entidad, que tenía entre sus objetivos la captura de Servando Gómez, alias La Tuta líder de los Templarios. Así, a través del sesudo y experimentado trabajo de virrey en temas de seguridad (?), el gobierno de Peña Nieto dio reconocimiento a la nueva agrupación, uniformándole y armándole. El compromiso gubernamental fue que a cada policía se le pagaría poco más de 8 mil pesos al mes.

Sin haber logrado el propósito de capturar a La Tuta (ésta ocurrió a final de febrero 2015) ni mucho menos haber llevado la paz al estado, Castillo Cervantes disolvió la Fuerza Rural en diciembre de 2014. Señaló que sus integrantes “no comprendieron la importancia de respetar las instituciones y propiciar un ambiente de calma y tranquilidad social”. Agregó que desde ese momento toda persona armada sería “detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes” y que dicha decisión se tomó por solicitud del gobernador Salvador Jara, e instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El 22 de enero Castillo fue relevado del encargo. No obstante, su patente fracaso no fue motivo para que su amigo el presidente tomara distancia. Como alguien apuntó, Castillo permanecería “apapachado y con todo el apoyo y reconocimiento de su patrón, quien seguramente le tiene algo bien guardado”. Así fue; el 16 de abril, Peña Nieto le dio nueva chamba, esta vez, como titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Por supuesto; si no, ¿para qué son los amigos?

Ahora, se revela algo que puede contextualizar mejor la salida del virrey: la realidad de lo acontecido en Apatzingán. La situación mostraba otra falla (una más) del Estado mexicano en el supuesto compromiso de salvaguardar la integridad y bienestar de los ciudadanos. Tal vez ahí esté la explicación, repugnante pero simple, de que el Estado mexicano tolerara el asesinato de civiles y ex-miembros de la fuerza policial, plantados en el Palacio Municipal del lugar en demanda del salario devengado y de seguridad a su integridad física. Si el gobierno no tenía capacidad de brindar seguridad, tampoco tenía el menor interés en pagar a los limoneros/ex-policías lo que les debía. En cambio, lo que sí poseía era un inmenso poder de fuego para aniquilarlos y así finiquitar el asunto.

Recientemente, Castillo Cervantes refutó versiones sobre excesos de los federales en la fecha fatal, defendiendo la propia que había dado en ese entonces, donde argumentaba el “fuego cruzado” entre autoridades y narcotraficantes. En efecto, luego de los acontecimientos, afirmó que todos los fallecidos pudieron ser muertos “por sus propios compañeros, esto es, por un tema de fuego cruzado […] Es imposible determinar cuál de esos balazos les causó la muerte pero sí dejar claro que […] no hay una sola evidencia de que haya gente de la Policía Federal que les diera a la espalda a estas personas”.

Respecto al video, que hoy todos conocemos gracias a medios como ProcesoUnivisión, y el ogro del cuento, Aristegui Noticias, donde se perciben los excesos de los federales, Castillo afirmó que no lo había visto “por completo”. ¡Qué casualidad! No obstante, aventuró decir que “lo que salga probablemente está distorsionado, sacado de contexto”. El mensaje es simplón y reprobable: informadores y medios como los mencionados son para el virrey unos mentirosos, pues el gobierno federal (él incluido) es incapaz de cometer atrocidades como las que esas voces descarriadas describen. ¡Faltaba más!

Por si los mexicanos no estuviéramos hartos de tanta falsedad y cinismo gubernamental, donde hasta funcionarios de cuarta categoría, como el virrey, pretenden mentir exitosamente a la sociedad, ocurrió algo adicional, que únicamente revela desesperación en las alturas. El día en que Aristegui Noticias daría a conocer el reportaje sobre la masacre en Apatzingán, el sitio sufrió ataques cibernéticos que lo dejaron fuera de servicio por muchas horas. ¡Otra casualidad! Como si acto tan pedestre pudiera detener la difusión de una información que debe ser del conocimiento de todos, la que por cierto, los medios orgánicos tradicionales procuran ignorar. ¿Quién pretende engañar y ocultar la realidad? ¿A quién? El lector tiene la respuesta.

Es claro que el caso Apatzingán no está concluido. Aunque el hoy flamante titular de la Conade no lo comparta, debe iniciarse una profunda investigación sobre esa barbarie. Castillo Cervantes debe rendir cuentas ante instancias imparciales y, si tiene alguna responsabilidad, debe someterse al proceso jurídico indicado. Él y toda la cadena de mando que pudiese haber incurrido en algún ilícito. El país ya no aguanta más violaciones al Estado de derecho ni premios a la impunidad para los infractores… así sean los mejores amigos del presidente.

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@RicSantes

Estados Unidos

La mercantilización del voto: publicidad electoral en redes sociales

Raúl Magallón Rosas

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MADRID, 30 oct 2020 (IPS) – Tradicionalmente, se ha dicho que las campañas electorales sirven para persuadir a votantes dudosos o posibles simpatizantes. Pero la aparición en escena de Cambridge Analytica, ha demostrado que las campañas pueden ser muy eficaces para disuadir a posibles votantes e indecisos de ir a votar. Sobre todo, en escenarios en el que un porcentaje de indecisos tan elevado decide su voto en la última semana.

Cambridge Analytica es la consultora que, con el beneplácito de Facebook, extrajo millones de datos durante las campañas de 2016 en Estados Unidos y del Brexit

En 2016, el equipo de campaña de Donald Trump pudo descubrir, gracias al análisis de seguidores de una serie como The Walking Dead, que a sus espectadores les preocupaba la inmigración. Con esta información, segmentaron sus mensajes y anuncios políticos en Facebook: enviaron mensajes específicos a los fans de The Walking Dead.

El dinero con que cuenta cada campaña es determinante, especialmente en este contexto. Pero, ¿hasta qué punto suponen las campañas actuales una mercantilización del electorado?

Biden y Trump, 2020: Entre 89 y 93 millones de dólares en Facebook

Desde el 1 de enero de 2020, la candidatura de Joe Biden ha gastado más de 93 millones de dólares en publicidad y anuncios políticos solamente en Facebook, cifra algo superior a la gastada por el equipo de campaña de Donald Trump. Esto supone cientos de versiones de anuncios segmentados por perfiles circulando en las redes sociales.

Para entender cómo ha evolucionado la importancia de esta estrategia de comunicación política, hay que recordar que en 2008 la campaña de Obama gastó alrededor de 8 millones de dólares en anuncios en Internet. De ese monto total, solamente 500 000 dólares se destinaron a Facebook.

¿Qué se considera publicidad electoral?

Lo que se entiende por anuncio político varía dependiendo de la plataforma tecnológica donde se emite y de los países.

En el informe de transparencia de Google sobre anuncios electorales en la Unión Europea (UE) se incluyen como tales “anuncios en los que aparecen partidos políticos, actuales dirigentes electos o candidatos a cargos del Parlamento de la UE, cargos nacionales electos de un Estado miembro de la UE o del Parlamento del Reino Unido.

También se incluyen anuncios con un referéndum para votar, un grupo de campañas de referéndum, o un llamamiento al voto relacionado con un referéndum nacional o un referéndum de soberanía estatal o provincial”.

Informe de Transparencia de Google.

En la Unión Europea, por ejemplo, no se consideran anuncios electorales los anuncios de productos o servicios, incluidos los productos de merchandising político como camisetas, ni los anuncios publicados por medios de comunicación para promocionar su cobertura de referéndums, partidos políticos, candidatos o cargos electos en activo.

Propaganda y desinformación

Por otra parte, los intentos de desinformación a través de los anuncios en Facebook siguen formando parte de las estrategias políticas en muchos países. Según Nick Clegg, vicepresidente de Facebook, la compañía bloqueó en el segundo trimestre de este año alrededor de 750 000 anuncios políticos en su plataforma que no cumplían con sus requisitos.

La mayoría de países no tienen una legislación adaptada al contexto digital. En España, por ejemplo, durante las elecciones de 2019 la mayoría de anuncios políticos pagados en Facebook respetó la jornada de reflexión, si bien algún candidato/partido político, como Arturo Aliaga del PAR, Héctor Illueca de Unidas Podemos o Joan Josep Nuet de ERC, mantuvieron la publicidad a pesar de que la ley es clara y no lo permite.

Según la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio del régimen electoral general, son las distintas juntas electorales las que han de velar por la celebración normal de las distintas elecciones. El artículo 53 señala que “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado”.

Facebook.

Cómo funciona la publicidad segmentada

En los últimos años hemos visto cómo cada elección supone la actualización automática del software de la desinformación y la incorporación automática de nuevas formas, narrativas y formatos a las diferentes estrategias de propaganda digital.

La publicidad en Facebook es muy asequible y, debido a la segmentación, invisible para aquellos perfiles no deseados, salvo que se consulte su biblioteca de anuncios.

Desde 2 euros al día por anuncio, se pueden poner anuncios personalizados respondiendo a criterios como el sexo, la edad, la ubicación o los intereses. Anuncios que sólo veremos si cumplimos esos requisitos preestablecidos.

La responsabilidad de las empresas

Una encuesta del Pew Research señalaba que 54% de los estadounidenses defendía que las empresas de redes sociales no deberían permitir anuncios políticos. Hasta  77% consideraba que no es aceptable que estas empresas usen datos sobre las actividades en línea de sus usuarios para mostrarles anuncios de campañas políticas.

Por edades, cerca de 64% de las personas de más de 65 años se muestran de acuerdo con que no se permitan los anuncios políticos en estas plataformas. En cambio, poco más de la mitad de las personas de 30 a 64 años y 45% de las de 18 a 29 años comparten esta opinión.

Cada plataforma tiene sus propias normas

En septiembre de 2020, Facebook anunció que no permitiría nuevos anuncios la semana previa a las elecciones. Pero sí se permite que los anuncios políticos mientan.

Paralelamente, algunas plataformas han optado por no permitir ningún anuncio político como Twitter, LinkedIn, TikTok y Spotify. Por su parte, Reddit –que cuenta con su propia biblioteca de anuncios– o SnapChat prohíben los anuncios engañosos.

Google ha impuesto varias restricciones a la orientación de anuncios –también para Youtube– y para los anuncios segmentados solo se pueden usar datos como la ubicación, la edad y el sexo.

Empresas tecnológicas… ¿o actores políticos?

Sin embargo, en los últimos meses lo que más llama la atención no es la inversión que los equipos de campaña de Biden o Trump han hecho en Facebook sino que el propio Facebook, en los últimos 90 días, haya invertido más de 28 millones de dólares en anuncios orientados a movilizar la participación –además de más de 8 millones en Instagram–.

Facebook

La importancia de las redes sociales en este proceso electoral ha hecho que el debate se aleje ya de si deben ser consideradas empresas tecnológicas o empresas mediáticas. Ahora la cuestión gira entorno a si estas organizaciones han de ser consideradas actores políticos esenciales en la nueva esfera democrática.

Queda por ver si Facebook hace algo para controlar la publicidad electoral proveniente de otros países que puedan intentar contaminar el debate público. En este sentido, el papel de Rusia o China puede ser más visible que en anteriores elecciones.

Necesidad de una legislación específica

Regular los contenidos es algo muy diferente de legislar en torno a la forma en la que se presentan esos contenidos. Legislar en torno al discurso público, a sus contenidos y a la veracidad de las afirmaciones de o sobre los políticos es un debate necesario.

La realidad nos indica de forma clara que cuando se acaban aprobando “leyes anti fake news” se acaba limitando la libertad de expresión e información de periodistas, sociedad civil y voces “disidentes”.

Una legislación adaptada a una democracia digitalizada tiene que actualizar el papel de las campañas electorales. En este sentido algunas ideas pasan por:

  • La publicidad segmentada de los partidos políticos no puede –sirviéndose en la excusa de la campaña– apelar a las emociones y al voto útil a través de mensajes falsos.
  • Mayor transparencia. Conocer mucho mejor los criterios que hacen que seamos objetivo concreto de un anuncio político.
  • Sería recomendable que Facebook tuviera un papel más estricto a la hora de respetar la jornada de reflexión y no permitiera que partidos y candidatos siguieran promocionando sus mensajes más allá de lo previsto por la ley.
  • Establecer unos límites sobre los perfiles y las segmentaciones que se puedan hacer de los anuncios políticos. Y decidir si más allá de la edad, el sexo o la ubicación, se puede usar una segmentación por ideología, intereses, hobbies, eventos, grupos, páginas seguidas, etc. para exponer anuncios políticos.

Se trata de debatir sobre si esta publicidad segmentada simplemente forma de un nuevo ecosistema económico digital, o si no regularla puede suponer la mercantilización del voto. Es decir, un paso más en la confusión intencionada entre ciudadanos, consumidores y electores.

Es un debate importante que debería mantenerse más allá de las elecciones estadounidenses: son prácticas que seguirán utilizándose en procesos electorales en todo el mundo.The Conversation

 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

UIF congela cuentas de ex mando de la Policía Federal vinculado a Genaro García Luna

Raúl Magallón Rosas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló tres cuentas bancarias del ex mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por sus nexos con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.

De acuerdo con los fiscales norteamericanos, Luis Cárdenas Palomino también recibió sobornos del Cártel de Sinaloa durante la gestión de García Luna al frente de la Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.

Sin embargo, el ex funcionario federal reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias que tiene en los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca, por lo que formó parte dela red de corrupción entre los altos mandos de Seguridad Pública con el crimen organizado.

Las autoridades norteamericanas investigan a los principales colaboradores de García Luna, quienes habrían participado en los hechos de corrupción que se les acusan en Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, que representó también el crecimiento del Cártel de Sinaloa.

Además de Luis Cárdenas Palomino, también las autoridades estadounidenses investigan al ex jefe de Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, por también ser otro de los personajes que habría recibido protección del Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna es procesado en Estados Unidos por enriquecimiento ilícito y haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado para permitir su operación durante los seis años en los que estuvo al frente de la SSP.

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El Caso Wallace

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales

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Por Guadalupe Lizárraga

URUAPAN, Michoacán.- George Khoury Layón, vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace, fue torturado, amenazado y despojado de sus pertenencias dentro del CEFERESO #17, del estado de Michoacán, el día de ayer, por los comandantes de seguridad Diana Yadira Esparza y Alejandro Flores, quienes dijeron tener la orden del director del penal Julio Ramírez.

Los comandantes señalaron a Khoury Layón, mientras lo golpeaban, que “estaban apadrinados por las órdenes del director” y “que ya estaban hartos de sus amparos”, en referencia a los amparos concedidos 291/2020 y 290/2020, por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.  

Los actos reclamados en los amparos por Khoury, son incomunicación, peligro de vida y confinamiento. Sin embargo, el director del CEFERESO, Julio Ramírez se ha negado a acatar las órdenes del juez, por lo que mandó golpearlo y amenazarlo en su celda de confinamiento, despojándolo de sus pertenencias, incluyendo papel y lápiz para evitar que escriba nuevos amparos y quejas por sus violaciones de derechos humanos.

Con reconocimiento de inocencia por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y por la Secretaría de Gobernación, la cual le otorgó la calidad de preso político, Khoury Layón se encuentra en aislamiento desde el 23 de mayo de 2020, debido a que su compañero de celda intentó matarlo con una piedra golpeándolo en la cabeza, mientras hacía ejercicio. Khoury pudo defenderse y no quiso poner una denuncia formal contra el agresor, por temor a que se retrasara más su liberación, la cual está pidiendo la ONU al Estado mexicano desde el 18 de septiembre de 2017.

Por esta agresión recibida, se informó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dirigida por Alejandro Encinas Rodríguez, sin que se resolviera su situación de confinamiento e incomunicación con su abogada defensora y familiares.

La detención ilegal de George Khoury, de acuerdo con su abogada, está relacionada con el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, quien recientemente solicitó en video público al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se prohibiera el acceso de abogados defensores a los sentenciados y procesados por el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Sin embargo, la prohibición de acceso a los penales federales fue para todos los abogados defensores, quienes señalaron que se trataba de una flagrante violación al artículo 20 Constitucional y a la Ley de Ejecución Penal.  

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