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Mexico Violento

El lado oscuro del gobierno de Javier Corral en Chihuahua

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, destaca a un año de gobierno por lo mismo que él criticaba de la adminsitración anterior

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Por Guadalupe Lizárraga

CHIHUAHUA, Chihuahua.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a un año de su gestión ya destaca por el lado oscuro, involucrando problemas políticos con los personales. Uno de estos casos, ha sido señalado por el diario digital La Opción de Chihuahua, al publicar sobre el nepotismo en el que estaría incurriendo el gobernador al tener a su hermano trabajando en su propia administración.

El 17 de noviembre, el gobierno envió una carta de réplica al director del diario, Manuel Osbaldo Salvador, en la que se afirma que Raúl Corral Jurado fue voluntario por dos meses en la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones, de la Secretaría de Salud del estado.

En la misiva al periodista, la coordinadora Adriana Bouchot Beltrán, socióloga de profesión y con una maestría en Psicoterapia de pareja, afirmó que el hermano del gobernador Javier Corral “nunca tuvo ingreso a nómina ni recibió pago y/o contraprestación alguna, ni en condición de trabajador, proveedor, prestador de servicios ni bajo ningún otro esquema”. No obstante, hubo testimonios de empleados de que Raúl Corral laboraba formalmente en esa dependencia y en las dos últimas semanas de octubre “se había ausentado de la oficina”.

De esta manera, la denuncia de La Opción de Chihuahua por presunto nepotismo fue descartada por la funcionaria de tercer nivel sin mayor reparo por parte del gobierno de Chihuahua.    

No es la primera vez que se denuncia el nepotismo en la administración de Javier Corral. Y junto con éste, el tráfico de influencias, escándalos sexuales e incluso actos de corrupción y amenazas de muerte en tan sólo un año de gobierno. Incluso, una de las denuncias sobre el involucramiento de sus hermanos en su vida política fue en marzo de 2015, cuando todavía era senador de la república. La denuncia la hizo Cruz Pérez Cuéllar, exdirigente estatal del Partido de Acción Nacional, ante la Procuraduría General de la República y el Congreso del Estado de Chihuahua.

Entre las causas que motivaron esta acción, una versó en referencia a la supuesta renuncia a la ciudadanía estadounidense de Javier Corral, ya que para gobernar la entidad debía ser originario de ésta. Sin embargo, nunca presentó un documento probatorio, y sólo está escrito en el sitio digital de gobierno.

Otro de los cuestionamientos de Pérez Cuéllar fue la trayectoria delictiva de sus hermanos y sus vínculos con el crimen organizado. Raúl, el hermano voluntario de Salud, estuvo preso por tráfico de drogas en El Paso, Texas, en 2002, según el expediente EP-02-CR-2036-DB. La sentencia fue de un año de cárcel, dos de libertad condicional y 200 horas de trabajo comunitario. Pero su récord delictivo no termina ahí. En Ciudad Juárez, ha sido remitido a la estación de policía en siete ocasiones por “causar escándalos en la vía pública alterando la tranquilidad de las personas”, dos en 2011, una en 2012, y cuatro en 2014. Así también hay registro de haber sido detenido por violencia intrafamiliar en la misma estación policiaca en 2007, 2008 y 2014. Y tuvo una detención más por “faltas a la moral pública” en 2014.

Raúl nunca fue consignado en Ciudad Juárez, presuntamente por tratarse de un hermano de Javier Corral que en esos años era diputado federal y después senador. No obstante, por la trayectoria delictiva y perfil de violencia de Raúl estaría inhabilitado para ejercer un voluntariado en cualquier área de gobierno y más aún en el área de Salud Mental y Adicciones.   

Más aún, la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, en el Capítulo II, artículo 23, obliga a abstenerse de autorizar la selección, contratación, designación o nombramiento para cualquier persona que se encuentre inhabilitada por resolución de autoridad o que haya un conflicto de interés, por tratarse de asuntos personales o de algún familiar.

Además de la trayectoria criminal de Raúl, el exdirigente del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, señaló en la misma denuncia a la PGR la trayectoria delictiva de Roberto Corral Jurado, otro de los hermanos del gobernador. En este caso, el hermano estuvo preso también en El Paso, Texas, por delitos de robo calificado como empleado bancario en los Estados Unidos en 1998, de fraude y peculado en 1999, y fue involucrado en un homicidio junto con otras dos personas en 2007, en los Estados Unidos bajo el reporte (tc#20070D02763). Por robo, tuvo que pagar una condena de 21 meses de cárcel, cinco años de libertad condicional y 277 mil dólares. En 2014, Roberto fue nuevamente acusado en tres ocasiones de posesión de mariguana.

Sin embargo, pese a las denuncias de los diarios locales sobre el tráfico de influencias y nepotismo del gobernador y de más de 30 funcionarios que tienen a sus familiares trabajando en alguna dependencia gubernamental, Javier Corral no sólo ha sido indiferente a la observación de los diarios, sino además ha implementado tácticas de acoso contra periodistas y medios críticos. Y por otra parte, usa recursos públicos y burocracia para difundir su propia versión de su gobierno en el periódico creado por él, Cambio 16, nombre, por cierto, plagiado de Cambio 16 de España.  

Carta de réplica del gobierno de Chihuahua a La Opción

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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El CJNG se desplaza a Yucatán con ejecuciones y ‘cobros de piso’ a contratistas y trabajadores del Tren Maya

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El Cártel Jalisco Nueva Generación enfila sus baterías al estado de Yucatán, luego que estar siendo desplazado de Quintana Roo, a sangre y fuego.

Por Alfredo Griz Cruz

YUCATÁN, México.- Tras la presión del Gobierno federal para ceder el control de las plazas del Caribe mexicano a otros grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ve obligado a desplazarse hacia Yucatán, desde hace apenas unos días, justamente cuando el sábado 25 de junio se daba cuenta de ocho ejecutados tirados en los limítrofes del estado de Yucatán.

Sus nombres eran José Luis Villalpando Pat, de 46 años; Édgar Medina Romero, de 19; Heber Crescencio Landeros Vidal, de 40; Flavio César Robledo García, de 24; David Azael Pool Poot, de 22; Moisés Nicolás Cuervo, de 41, y José Ismael Dzul Chan, de 20 años. Todos ellos “levantados” entre el 21 y 23 de junio en el poblado de Xcalac, de Quintana Roo.

El Cartel Jalisco Nueva Generación mandó un mensaje claro a la autoridad yucateca, mostrando fuerza y determinación para entrar a esa entidad; sin embargo, las autoridades policiacas de Yucatán reaccionaron de manera inmediata y blindaron el estado en espera de otro posible golpe.

Ha habido indicios de que ya se tenía presencia de ese cartel en la ciudad de Mérida. Un evento a lo referido es cuando la empleada de la Comisión Federal de Electricidad, Circe Viridiana Palma Martínez, intentó medrar con información confidencial que revelaba la corrupción de los servidores públicos de esta institución y tras su fracaso denunció ante la FGR a este reportero a petición de la paraestatal. En consecuencia, fue colocada una narco-manta en el domicilio de quien escribe con amenazas a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicha empleada que filtró información confidencial de las obras del Tren Maya y de sus jefes directos, Marco Antonio Flores y Víctor Manuel Tziu Sosa, fue coaccionada a denunciar a este periodista bajo supuestos delitos de extorsión para no ser despedida. La empleada, cuyo número de control es RPE: DB483, señaló que los desvíos de recursos de esa paraestatal se hace entre amigos y grupos del del crimen organizado. De ahí se deriva la narco-manta que fue colocada en el domicilio de este reportero y de la cual, la autoridad estatal se mantiene al margen, ignorando el asunto, y dejando el caso al Ministerio Público Federal.

Narcomanta del CJGN con amenazas al reportero.

Recapitulando los hechos

  • El día 22 de abril fue detenido en Progreso, Yucatán, un lugarteniente del CJNG en el más completo sigilo, lo que obra en diversas notas periodísticas regionales y nacionales.
  • El 7 de mayo, este reportero es amenazado por el CJNG, como respaldo a la empleada de la Comisión Federal de Electricidad que le filtró información, y luego lo denunció en la Fiscalía General del Estado por supuesta extorsión, para deslindarse de su responsabilidad ante el delito de revelación de secretos.
  • El 25 de junio, ejecutaron a ocho personas que fueron tirados en el municipio de Chikindzont, localizado al oriente de Yucatán, adjudicándose los hechos el CJNG.
  • El martes 28, en el barrio de San Sebastián, en pleno centro de la ciudad, se desplegó un intenso operativo para detener a ocho personas pertenecientes al CJNG quienes tenían a personas privadas de su libertad en un domicilio de esa céntrica colonia, lo que provocó activar el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, con vuelos constantes en las colonias, Campestre, Pedregales de Tamlun, Chuburna, Chichi Suárez, entre otras.

Tras el operativo de persecución y detención de los presuntos criminales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República; sin embargo, en un golpe de timón mediático, las autoridades estatales deslizaron la información de que fueron detenidas personas que se dedicaban a estafar a través de un call center. Lo que resulta inverosímil, ya que no se justifica ni la persecución por todo el norte de la ciudad ni el accionar de un helicóptero policial, por lo que es evidente que se está ocultando la información, para no poner en evidencia la fragilidad de la seguridad pública de Mérida.

A decir de Circe Viridiana Palma Martínez, quien filtró la información sobre la corrupción del Tren Maya y quien ahora es imputada en una denuncia federal, señala que los contratistas que laboran en los tramos del tren de Campeche a Quintana Roo, deben de dar su cuota a los residentes y también a los grupos del crimen organizado que tengan control sobre las zonas de construcción. De ahí se deriva la férrea lucha en la zona de Quintana Roo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación fue desplazado de las zonas turísticas, y ahora se quiere abrir paso en esos tramos de construcción del Tren Maya. Que de acuerdo con la información recibida, uno de los motivos del CJNG para establecer una base de operaciones en Yucatán es tomar el control de las obras del Tren Maya, donde normalmente se mueve la droga con los trabajadores y se hacen cobros de piso a los contratistas.

La ahora imputada servidora pública, quien ha mantenido silencio ante este medio de comunicación, pero vierte información sobre la denuncia federal en su contra, deja entre ver acuerdos no transparentes de la paraestatal y el Ministerio Público Federal en una clara obstaculización de la justicia.

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Periodista Antonio de la Cruz no había sido amenazado, según SSPC

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El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que el periodista Antonio de la Cruz, asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no había recibido amenazas ni estaba incorporado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

El funcionario federal dijo que el comunicador fue asesinado con cinco disparos de armas de fuego y también hirieron a su hija Cintia, quien se encuentra en estado grave internada en un hospital de Tamaulipas.

Indicó que el periodista era reportero del diario Expreso y titular de Movimiento Ciudadano (MC) en Tamaulipas, pero sus notas periodísticas estaban enfocadas en el campo y el clima, aunque también identificaron contenidos relacionados con cuestionamientos a las autoridades locales.

Agregó que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) está en contacto con la familia del comunicador, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades e inició las indagatorias correspondientes.

Recordó que por los asesinatos de 11 periodistas en este año, un total de 26 personas han sido detenidas y 19 fueron vinculadas a proceso penal, por lo que especificó que Roberto Toledo no se dedicaba a actividades periodísticas, sino que era un auxiliar de despacho jurídico, mientras que Jorge Camero se dedicaba a actividades políticas.

Por su parte, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, informó que en el sitio del crimen fueron localizados cuatro casquillos percutidos y dos cartuchos útiles de arma de 40 mm, por lo que se encuentran analizando la posibilidad de integrar las probables causas de la agresión.

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