Por Guadalupe Lizárraga

A pesar de la avanzada edad y enfermedad, Isabel Miranda Torres sigue extendiendo su corrupción al Poder Judicial y a todo aquel servidor público con incontinente ambición y nula ética que se presta a sus juegos a costa de la vida y libertad de ocho personas inocentes. Netzaí Sandoval Ballesteros, titular de Defensoría pública de la Federación, es uno de ellos.

Para entender este juego perverso de simulación de acciones jurídicas vayamos por tiempos:

Primer tiempo

Hay que remontarse al 11 de diciembre de 2018. Se abre la primera carpeta de investigación contra Isabel Miranda Torres por la denuncia de esta periodista en la Unidad Especializada de Tortura, siendo PGR todavía. La denuncia se robusteció con los testimonios de los familiares de las víctimas, y se ratificó el 25 de mayo de 2019, después de presentar pruebas supervenientes al caso, como el testimonio y prueba de ADN del padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, el doctor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel, y una tercera identidad de Hugo Alberto.

Con el testimonio de León ante la FGR, se evidenció que Isabel Miranda había mentido desde su primera denuncia de secuestro ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el 13 de julio de 2005, a las 5:30 de la mañana. Y cuatro horas antes, también había mentido al Ministerio Público, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien puso la primera denuncia por secuestro identificándose como su padre biológico.

Desde febrero de 2006, Miranda Torres sostenía que la prueba contundente para acreditar el homicidio de su hijo era la gota de sangre encontrada en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, casi ocho meses después de los supuestos hechos. El juego perverso de Miranda Torres siguió, al igual que las torturas a sus inculpados, primero en sus detenciones arbitrarias y después dentro de los penales federales de máxima seguridad en las que ella misma participó con la complicidad de Renato Sales Heredia, quien fungía como comisionado nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y le permitió la entrada a los penales a discreción.

A partir del 31 de mayo de 2014, la publicación de los ocho primeros reportajes en Los Ángeles Press, bajo el nombre de esta autora, aportaron suficientes elementos para evidenciar que Hugo Alberto no había sido secuestrado ni asesinado como lo sostenía Isabel Miranda y que todas las víctimas sin excepción habían sido torturadas; y al menos tres -de las ocho víctimas- con violencia sexual. Las evidencias se siguieron aportando: tres actas de nacimiento, dos actas de defunción, tres CURP (dos obtenidos cinco años después de la fecha de la supuesta muerte), documentos del SAT activos en 2018 y el número de seguro social, todo a nombre de Hugo Alberto con los apellidos Wallace Miranda, Miranda Torres y León Miranda.

Durante estos años, los familiares de las víctimas interpusieron un sinnúmero de denuncias contra Isabel Miranda ante la FGR por acoso, intimidación, amenazas, falsedad en declaraciones, tráfico de influencias, pero nada prosperó. Miranda, impune, ganaba tiempo corrompiendo autoridades y medios, simulándose víctima, mientras el lucro de su negocio y el de los servidores públicos sometidos a su voluntad se incrementaba con cada jefe de gobierno y con cada presidente de la república.

Fue pues hasta diciembre de 2018, cuando la denuncia por secuestro en grado tentativa, torturas físicas y psicológicas acreditadas en protocolos de Estambul y valoraciones psiquiátricas que, junto con la falsedad de declaraciones y documentos oficiales, formaron parte de una nueva denuncia que dio lugar a la primera carpeta de investigación bajo el número FED/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2020, días antes del cierre de los juzgados por medidas contra la pandemia, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra Isabel Miranda por la falsificación de documentos y la falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad. La notificación fue dada a esta periodista el 26 de noviembre de 2020 a tres mil kilómetros de la CDMX, firmada por el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, el segundo de abordo del fiscal Alejandro Gertz Manero, bajo el argumento de que los delitos habían prescrito en 2012.

Los cargos de tortura y secuestro fueron omitidos por la FGR y fundaron su argumentación en un artículo inexistente. En juicio de impugnación, celebrado el 21 de junio de 2021, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez declaró improcedente la impugnación alegando que se había interpuesto un día posterior a la fecha límite, lo cual era falso. Sin embargo, no hubo apelación y se decidió otra ruta jurídica.

A menos de un mes de esa audiencia judicial, Isabel Miranda simula la irritación contra el titular de Defensoría pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, por el caso de Brenda Quevedo Cruz, y su supuesta insistencia en su liberación. Brenda tiene doce años en prisión sin sentencia en México, y dos torturas con violencia sexual. En cualquier Estado de derecho Brenda no sólo estaría en libertad, sino sería atendida por el mismo Estado para la reparación de daño. Pero Sandoval, siguiendo el juego perverso, asesorado por Ricardo Raphael, filtra a los medios la denuncia ante la FGR por falsedad de declaración contra Isabel Miranda, como “el fin de la Wallace”.

Segundo tiempo

Netzaí Sandoval Ballesteros, en su llegada a Defensoría pública lo primero que hizo fue despedir a los abogados defensores que no eran de su comunidad gay o no le rendían pleitesía. Y fue sustituyéndolos por sus cercanos. Pero en su manoteo, llegó al caso Wallace tomando decisiones que han favorecido claramente a Isabel Miranda, incluso la actual denuncia.

Al abogado de Brenda Quevedo, lo presionó a cambiar la estrategia de defensa, y al negarse el abogado lo destituyó empujando su jubilación para que dejara el caso y se retirara del Poder Judicial. Después fue el abogado Gerardo Manrique, quien había ayudado a Brenda a que se le atendiera médicamente porque estaba sufriendo las secuelas de las torturas. Y finalmente, despidió al abogado de Jacobo Tagle Dobin, el licenciado Alejandro Garduño Real, quien llevaba la defensa más sólida de todas las víctimas.

La estrategia de Garduño le permitía avanzar significativamente porque se basaba en la presentación de las pruebas supervenientes del padre biológico en la última etapa del proceso. Para esta estrategia se había puesto de acuerdo con el abogado de Brenda. Sin embargo, con la jubilación apresurada de éste por la presión de Netzaí, quien no tiene ninguna experiencia en litigio penal, y la nueva abogada defensora de Brenda presentó las pruebas con premura, causando su nulidad en el juicio.

Una siguiente estrategia de Garduño se basó en los protocolos de Estambul aplicados a Jacobo Tagle por orden del Consejo de la Judicatura de la Federación y la CNDH. En el protocolo con resultados positivos en tortura quedó asentado que Jacobo fue privado de su libertad el 3 de diciembre de 2010, y fue puesto a disposición del juez hasta el 12 de diciembre de 2010, nueve días privado de libertad, exhibido como secuestrador en los medios sin orden de arraigo, trayéndolo en las calles a reconocer lugares donde supuestamente estaban los restos de Hugo Alberto.

En esta detención participó directamente Isabel Miranda Torres y Braulio Robles Zúñiga, ignorando a los dos jueces que requerían a Jacobo por dos causas distintas, la 35/2006 del Juzgado 16º. de la CDMX, y la 9/2007 del Juzgado 4º. de Toluca. Por lo que el 7 de marzo de 2019, ya con los resultados de los protocolos de Estambul, Jacobo interpuso una denuncia por privación ilegal de libertad contra Isabel Miranda y contra el exagente de la SEIDO mencionado, directamente en la oficina de Gertz Manero, denuncia que no ha prosperado porque también el fiscal tomó partido por la impunidad de Miranda, y Jacobo no fue notificado para que ratificara su denuncia.

Más aún, el abogado Garduño desde que aceptó y protestó por el caso Wallace, en defensa de Jacobo, empezó a ser intimidado. Le apuntaron con armas de fuego, lo persiguieron en auto varias veces, lo amenazaron por teléfono y le dijeron explícitamente que se alejara del caso Wallace sino quería aparecer muerto en un barranco. De cada agresión, él puso una denuncia ante el Ministerio Público, pero siguió trabajando valientemente en favor de Jacobo. Incluso, tuvo escolta durante un año, y se la retiraron sin explicación.

El 13 de abril de 2021, tres días después de la última visita a Jacobo al cefereso de Chiapas, el abogado fue despedido injustificadamente por Netzaí Sandoval. Garduño cumplía veinte años de servicio al Poder Judicial, había quedado en silla de ruedas por un accidente de trabajo, y se había mantenido con absoluta discreción ante los medios sobre el caso, pero nada valió a Sandoval y confirmó su despido.

Es cuando el abogado decide hacer la denuncia pública a Los Ángeles Press de la persecución de Isabel Miranda y de la gestión corrupta y falta de ética de Netzaí Sandoval. Pero la intimidación no cesó, por lo que se vio obligado a solicitar el asilo político al gobierno de los Estados Unidos. El abogado viajó a Los Ángeles, California, y fue entrevistado por los agentes de Migración, quienes consideraron creíble su miedo a perder la vida por esa persecución. En la entrevista, los agentes de Homeland Security identificaron a Isabel Miranda como vínculo de Genaro García Luna, y así se lo hicieron saber. Por lo que, en menos de 24 horas, el abogado Alejandro Garduño Real obtenía la entrada legal a este país que había decidido resguardar su vida.

Tercer tiempo

Jacobo Tagle interpuso la denuncia penal contra Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga por la privación ilegal de su libertad, pero nunca se le notificó la fecha para ratificarla. Fue infiltrado por una mujer para enamorarlo y obtener la información de cada paso que daba, y otra que le servía de mensajera para sus gestiones legales fue corrompida. El director del penal, sobornado para que informara a Miranda de sus llamadas y visitas. El aislamiento de Jacobo en el cefereso de Chiapas fue absoluto. Y el nuevo abogado defensor, íntimo de Netzaí Sandoval, cambió de estrategia legal, siguiendo la misma ruta seguida con Brenda, optando por gestionar una opinión de libertad de Naciones Unidas basada en la larga prisión preventiva de la que todavía no hay respuesta.

El escándalo mediático promovido y pagado por Netzaí Sandoval como ofensiva contra Miranda por sus quejas con Arturo Zaldívar encaja muy bien en la práctica de simulación de acciones jurídicas que ha arrastrado el caso Wallace desde su origen para prolongar indefinidamente la impunidad de Miranda. El principal argumento para sostener esta afirmación es la denuncia contra ésta: por falsedad de declaraciones. El proceso judicial contra Miranda, en el caso de esta periodista le llevó dos años a la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal. Siguiendo con este mismo patrón de consignas en favor de Miranda, terminaría el sexenio de López Obrador en impunidad, disimulada con una denuncia por delitos que prescribieron en 2012 y por los que ya se le acusó. Algunos medios, aludieron a la denunica como «simulación de pruebas», pero Miranda fue precisa en la entrevista del medio que más la ha favorecido, El Universal. En medio de toda esta distracción, como bien la llamó la misma victimaria, alguien de Showcase Publicidad, su propia empresa, llama por teléfono al abogado Gerardo Manrique, quien actualmente realiza gestiones para George Khoury Layón y César Freyre Morales, ofreciéndole contratarlo como penalista con jugosos honorarios. La respuesta de Manrique fue negativa, y a esta periodista le señaló en específico que no podía hacerle eso a Brenda Quevedo, después de haberla defendido, puesto que era un delito.

Un último tiempo, a manera de corolario

No hay una denuncia penal de Defensoría pública contra Isabel Miranda por tortura ni secuestro, pese a que dos de las víctimas, George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobin, tienen protocolos de Estambul positivos en tortura y evidencias de privación ilegal de libertad. George Khoury con reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, institución demandada por Miranda en enero de 2021.

El caso de George Khoury Layón es ignorado por la Defensoría pública, de Netzaí Sandoval, pese a estar derivado directamente del caso Wallace y haber sufrido cuatro detenciones arbitrarias que implicaron la privación ilegal de libertad por parte de Braulio Robles Zúñiga, y tres torturas; una en su detención de 2009, por agentes de la PGR bajo el mando de Eduardo Medina Mora, y las otras dos en los ceferesos de Oaxaca y Michoacán por pedir atención médica y ampararse para que no lo golpearan.

En el caso de Brenda Quevedo, existen valoraciones psiquiátricas con alto estrés postraumático por eventos de tortura. Pero Netzaí Sandoval prefirió recurrir a la ONU por la larga prisión preventiva que denunciar penalmente a Isabel Miranda y a sus secuaces Braulio Robles, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, actual fiscal de investigación en la alcaldía de Xochimilco.

En el caso de César Freyre, su madre María Rosa Morales, recién fallecida, y su hermana Julieta Freyre, fallecida en 2010, fueron encarceladas durante año y medio por la falsa acusación de Miranda, para torturar psicológicamente a César a que se incriminara por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Lo que sucedió hasta después de cuatro años de su detención y recurrentes torturas. La del día 2 de octubre de 2010, fue una de las torturas más crueles y después de ese evento le pusieron al teléfono a su madre, llorando en su casa, con los agentes de la entonces SIEDO que la estaban encañonando. La siguiente tortura a César fue veinte días después, el 22 de octubre, para que ratificara su confesión, el mismo día que falleció su hermana Julieta de un infarto cerebral.

Todas las demás víctimas dieron sus testimonios de tortura, pero les negaron el protocolo de Estambul bajo el alegato de que ya estaban sentenciados. En el caso de Jael Malagón Uscanga, para evitar que se asociara la tortura por el mismo caso Wallace, Isabel Miranda y Braulio Robles, también en 2010, pagaron a presos para que lo “atacaran” en su celda, causándole el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene.

Isabel Miranda ha interpuesto 245 recursos judiciales entre los que se encuentran las demandas a las instancias gubernamentales encargadas de proveer justicia, y con el sello Wallace sostiene la enorme red de corrupción de funcionarios públicos.

Isabel Miranda dijo clara y cínicamente que pudo haber mandado matar a sus víctimas, pero no lo hizo, «solo los mandó golpear». La respuesta es muy sencilla, no lo hizo porque las necesita con vida para seguir inyectando la legitimidad extinguida al caso Wallace, en espera de su propia muerte.