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El Caso Wallace

El juego perverso de Isabel Miranda y Netzaí Sandoval, en tres tiempos

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Por Guadalupe Lizárraga

A pesar de la avanzada edad y enfermedad, Isabel Miranda Torres sigue extendiendo su corrupción al Poder Judicial y a todo aquel servidor público con incontinente ambición y nula ética que se presta a sus juegos a costa de la vida y libertad de ocho personas inocentes. Netzaí Sandoval Ballesteros, titular de Defensoría pública de la Federación, es uno de ellos.

Para entender este juego perverso de simulación de acciones jurídicas vayamos por tiempos:

Primer tiempo

Hay que remontarse al 11 de diciembre de 2018. Se abre la primera carpeta de investigación contra Isabel Miranda Torres por la denuncia de esta periodista en la Unidad Especializada de Tortura, siendo PGR todavía. La denuncia se robusteció con los testimonios de los familiares de las víctimas, y se ratificó el 25 de mayo de 2019, después de presentar pruebas supervenientes al caso, como el testimonio y prueba de ADN del padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, el doctor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel, y una tercera identidad de Hugo Alberto.

Con el testimonio de León ante la FGR, se evidenció que Isabel Miranda había mentido desde su primera denuncia de secuestro ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el 13 de julio de 2005, a las 5:30 de la mañana. Y cuatro horas antes, también había mentido al Ministerio Público, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien puso la primera denuncia por secuestro identificándose como su padre biológico.

Desde febrero de 2006, Miranda Torres sostenía que la prueba contundente para acreditar el homicidio de su hijo era la gota de sangre encontrada en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, casi ocho meses después de los supuestos hechos. El juego perverso de Miranda Torres siguió, al igual que las torturas a sus inculpados, primero en sus detenciones arbitrarias y después dentro de los penales federales de máxima seguridad en las que ella misma participó con la complicidad de Renato Sales Heredia, quien fungía como comisionado nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y le permitió la entrada a los penales a discreción.

A partir del 31 de mayo de 2014, la publicación de los ocho primeros reportajes en Los Ángeles Press, bajo el nombre de esta autora, aportaron suficientes elementos para evidenciar que Hugo Alberto no había sido secuestrado ni asesinado como lo sostenía Isabel Miranda y que todas las víctimas sin excepción habían sido torturadas; y al menos tres -de las ocho víctimas- con violencia sexual. Las evidencias se siguieron aportando: tres actas de nacimiento, dos actas de defunción, tres CURP (dos obtenidos cinco años después de la fecha de la supuesta muerte), documentos del SAT activos en 2018 y el número de seguro social, todo a nombre de Hugo Alberto con los apellidos Wallace Miranda, Miranda Torres y León Miranda.

Durante estos años, los familiares de las víctimas interpusieron un sinnúmero de denuncias contra Isabel Miranda ante la FGR por acoso, intimidación, amenazas, falsedad en declaraciones, tráfico de influencias, pero nada prosperó. Miranda, impune, ganaba tiempo corrompiendo autoridades y medios, simulándose víctima, mientras el lucro de su negocio y el de los servidores públicos sometidos a su voluntad se incrementaba con cada jefe de gobierno y con cada presidente de la república.

Fue pues hasta diciembre de 2018, cuando la denuncia por secuestro en grado tentativa, torturas físicas y psicológicas acreditadas en protocolos de Estambul y valoraciones psiquiátricas que, junto con la falsedad de declaraciones y documentos oficiales, formaron parte de una nueva denuncia que dio lugar a la primera carpeta de investigación bajo el número FED/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2020, días antes del cierre de los juzgados por medidas contra la pandemia, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra Isabel Miranda por la falsificación de documentos y la falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad. La notificación fue dada a esta periodista el 26 de noviembre de 2020 a tres mil kilómetros de la CDMX, firmada por el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, el segundo de abordo del fiscal Alejandro Gertz Manero, bajo el argumento de que los delitos habían prescrito en 2012.

Los cargos de tortura y secuestro fueron omitidos por la FGR y fundaron su argumentación en un artículo inexistente. En juicio de impugnación, celebrado el 21 de junio de 2021, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez declaró improcedente la impugnación alegando que se había interpuesto un día posterior a la fecha límite, lo cual era falso. Sin embargo, no hubo apelación y se decidió otra ruta jurídica.

A menos de un mes de esa audiencia judicial, Isabel Miranda simula la irritación contra el titular de Defensoría pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, por el caso de Brenda Quevedo Cruz, y su supuesta insistencia en su liberación. Brenda tiene doce años en prisión sin sentencia en México, y dos torturas con violencia sexual. En cualquier Estado de derecho Brenda no sólo estaría en libertad, sino sería atendida por el mismo Estado para la reparación de daño. Pero Sandoval, siguiendo el juego perverso, asesorado por Ricardo Raphael, filtra a los medios la denuncia ante la FGR por falsedad de declaración contra Isabel Miranda, como “el fin de la Wallace”.

Segundo tiempo

Netzaí Sandoval Ballesteros, en su llegada a Defensoría pública lo primero que hizo fue despedir a los abogados defensores que no eran de su comunidad gay o no le rendían pleitesía. Y fue sustituyéndolos por sus cercanos. Pero en su manoteo, llegó al caso Wallace tomando decisiones que han favorecido claramente a Isabel Miranda, incluso la actual denuncia.

Al abogado de Brenda Quevedo, lo presionó a cambiar la estrategia de defensa, y al negarse el abogado lo destituyó empujando su jubilación para que dejara el caso y se retirara del Poder Judicial. Después fue el abogado Gerardo Manrique, quien había ayudado a Brenda a que se le atendiera médicamente porque estaba sufriendo las secuelas de las torturas. Y finalmente, despidió al abogado de Jacobo Tagle Dobin, el licenciado Alejandro Garduño Real, quien llevaba la defensa más sólida de todas las víctimas.

La estrategia de Garduño le permitía avanzar significativamente porque se basaba en la presentación de las pruebas supervenientes del padre biológico en la última etapa del proceso. Para esta estrategia se había puesto de acuerdo con el abogado de Brenda. Sin embargo, con la jubilación apresurada de éste por la presión de Netzaí, quien no tiene ninguna experiencia en litigio penal, y la nueva abogada defensora de Brenda presentó las pruebas con premura, causando su nulidad en el juicio.

Una siguiente estrategia de Garduño se basó en los protocolos de Estambul aplicados a Jacobo Tagle por orden del Consejo de la Judicatura de la Federación y la CNDH. En el protocolo con resultados positivos en tortura quedó asentado que Jacobo fue privado de su libertad el 3 de diciembre de 2010, y fue puesto a disposición del juez hasta el 12 de diciembre de 2010, nueve días privado de libertad, exhibido como secuestrador en los medios sin orden de arraigo, trayéndolo en las calles a reconocer lugares donde supuestamente estaban los restos de Hugo Alberto.

En esta detención participó directamente Isabel Miranda Torres y Braulio Robles Zúñiga, ignorando a los dos jueces que requerían a Jacobo por dos causas distintas, la 35/2006 del Juzgado 16º. de la CDMX, y la 9/2007 del Juzgado 4º. de Toluca. Por lo que el 7 de marzo de 2019, ya con los resultados de los protocolos de Estambul, Jacobo interpuso una denuncia por privación ilegal de libertad contra Isabel Miranda y contra el exagente de la SEIDO mencionado, directamente en la oficina de Gertz Manero, denuncia que no ha prosperado porque también el fiscal tomó partido por la impunidad de Miranda, y Jacobo no fue notificado para que ratificara su denuncia.

Más aún, el abogado Garduño desde que aceptó y protestó por el caso Wallace, en defensa de Jacobo, empezó a ser intimidado. Le apuntaron con armas de fuego, lo persiguieron en auto varias veces, lo amenazaron por teléfono y le dijeron explícitamente que se alejara del caso Wallace sino quería aparecer muerto en un barranco. De cada agresión, él puso una denuncia ante el Ministerio Público, pero siguió trabajando valientemente en favor de Jacobo. Incluso, tuvo escolta durante un año, y se la retiraron sin explicación.

El 13 de abril de 2021, tres días después de la última visita a Jacobo al cefereso de Chiapas, el abogado fue despedido injustificadamente por Netzaí Sandoval. Garduño cumplía veinte años de servicio al Poder Judicial, había quedado en silla de ruedas por un accidente de trabajo, y se había mantenido con absoluta discreción ante los medios sobre el caso, pero nada valió a Sandoval y confirmó su despido.

Es cuando el abogado decide hacer la denuncia pública a Los Ángeles Press de la persecución de Isabel Miranda y de la gestión corrupta y falta de ética de Netzaí Sandoval. Pero la intimidación no cesó, por lo que se vio obligado a solicitar el asilo político al gobierno de los Estados Unidos. El abogado viajó a Los Ángeles, California, y fue entrevistado por los agentes de Migración, quienes consideraron creíble su miedo a perder la vida por esa persecución. En la entrevista, los agentes de Homeland Security identificaron a Isabel Miranda como vínculo de Genaro García Luna, y así se lo hicieron saber. Por lo que, en menos de 24 horas, el abogado Alejandro Garduño Real obtenía la entrada legal a este país que había decidido resguardar su vida.

 

Tercer tiempo

Jacobo Tagle interpuso la denuncia penal contra Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga por la privación ilegal de su libertad, pero nunca se le notificó la fecha para ratificarla. Fue infiltrado por una mujer para enamorarlo y obtener la información de cada paso que daba, y otra que le servía de mensajera para sus gestiones legales fue corrompida. El director del penal, sobornado para que informara a Miranda de sus llamadas y visitas. El aislamiento de Jacobo en el cefereso de Chiapas fue absoluto. Y el nuevo abogado defensor, íntimo de Netzaí Sandoval, cambió de estrategia legal, siguiendo la misma ruta seguida con Brenda, optando por gestionar una opinión de libertad de Naciones Unidas basada en la larga prisión preventiva de la que todavía no hay respuesta.

El escándalo mediático promovido y pagado por Netzaí Sandoval como ofensiva contra Miranda por sus quejas con Arturo Zaldívar encaja muy bien en la práctica de simulación de acciones jurídicas que ha arrastrado el caso Wallace desde su origen para prolongar indefinidamente la impunidad de Miranda. El principal argumento para sostener esta afirmación es la denuncia contra ésta: por falsedad de declaraciones. El proceso judicial contra Miranda, en el caso de esta periodista le llevó dos años a la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal. Siguiendo con este mismo patrón de consignas en favor de Miranda, terminaría el sexenio de López Obrador en impunidad, disimulada con una denuncia por delitos que prescribieron en 2012 y por los que ya se le acusó. Algunos medios, aludieron a la denunica como “simulación de pruebas”, pero Miranda fue precisa en la entrevista del medio que más la ha favorecido, El Universal. En medio de toda esta distracción, como bien la llamó la misma victimaria, alguien de Showcase Publicidad, su propia empresa, llama por teléfono al abogado Gerardo Manrique, quien actualmente realiza gestiones para George Khoury Layón y César Freyre Morales, ofreciéndole contratarlo como penalista con jugosos honorarios. La respuesta de Manrique fue negativa, y a esta periodista le señaló en específico que no podía hacerle eso a Brenda Quevedo, después de haberla defendido, puesto que era un delito.

Un último tiempo, a manera de corolario

No hay una denuncia penal de Defensoría pública contra Isabel Miranda por tortura ni secuestro, pese a que dos de las víctimas, George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobin, tienen protocolos de Estambul positivos en tortura y evidencias de privación ilegal de libertad. George Khoury con reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, institución demandada por Miranda en enero de 2021.

El caso de George Khoury Layón es ignorado por la Defensoría pública, de Netzaí Sandoval, pese a estar derivado directamente del caso Wallace y haber sufrido cuatro detenciones arbitrarias que implicaron la privación ilegal de libertad por parte de Braulio Robles Zúñiga, y tres torturas; una en su detención de 2009, por agentes de la PGR bajo el mando de Eduardo Medina Mora, y las otras dos en los ceferesos de Oaxaca y Michoacán por pedir atención médica y ampararse para que no lo golpearan.

En el caso de Brenda Quevedo, existen valoraciones psiquiátricas con alto estrés postraumático por eventos de tortura. Pero Netzaí Sandoval prefirió recurrir a la ONU por la larga prisión preventiva que denunciar penalmente a Isabel Miranda y a sus secuaces Braulio Robles, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, actual fiscal de investigación en la alcaldía de Xochimilco.

En el caso de César Freyre, su madre María Rosa Morales, recién fallecida, y su hermana Julieta Freyre, fallecida en 2010, fueron encarceladas durante año y medio por la falsa acusación de Miranda, para torturar psicológicamente a César a que se incriminara por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Lo que sucedió hasta después de cuatro años de su detención y recurrentes torturas. La del día 2 de octubre de 2010, fue una de las torturas más crueles y después de ese evento le pusieron al teléfono a su madre, llorando en su casa, con los agentes de la entonces SIEDO que la estaban encañonando. La siguiente tortura a César fue veinte días después, el 22 de octubre, para que ratificara su confesión, el mismo día que falleció su hermana Julieta de un infarto cerebral.

Todas las demás víctimas dieron sus testimonios de tortura, pero les negaron el protocolo de Estambul bajo el alegato de que ya estaban sentenciados. En el caso de Jael Malagón Uscanga, para evitar que se asociara la tortura por el mismo caso Wallace, Isabel Miranda y Braulio Robles, también en 2010, pagaron a presos para que lo “atacaran” en su celda, causándole el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene.

Isabel Miranda ha interpuesto 245 recursos judiciales entre los que se encuentran las demandas a las instancias gubernamentales encargadas de proveer justicia, y con el sello Wallace sostiene la enorme red de corrupción de funcionarios públicos.

Isabel Miranda dijo clara y cínicamente que pudo haber mandado matar a sus víctimas, pero no lo hizo, “solo los mandó golpear”. La respuesta es muy sencilla, no lo hizo porque las necesita con vida para seguir inyectando la legitimidad extinguida al caso Wallace, en espera de su propia muerte.

El Caso Wallace

Caso Wallace: Información complementaria a la expuesta en conferencia del presidente López Obrador

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Por Ramsés Ancira

Soy el reportero que expuso hoy al presidente López Obrador las acciones ilegales que ha realizado la señora Isabel Miranda de Wallace. Para establecer la credibilidad de lo que añado a continuación deseo enfatizar que soy premio Bellas Artes, Carlos Montemayor de Literatura testimonial por el libro Reportero Encubierto y dos veces ganador del estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el audiolibro y serie de entrevistas México en su Memoria.

En abono a la verdad sobre el caso deseo hacer las siguientes aportaciones complementarias obtenidas de la investigación El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, y testimonios de las víctimas:

La señora Wallace ha encarcelado no sólo a las personas que aparecen en una foto de su hijo en Chalma, sino además, temporalmente, a abogados, madres y hermanas de las personas torturadas bajo su supervisión en diversos reclusorios federales, y a Geroge Khoury Layón, empresario vinculado al caso Wallace, bajo tortura de Jacobo Tagle Dobin.

La última de sus víctimas fue el ex defensor del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Alejandro Garduño Real, quien llevaba el caso de Jacobo Tagle Dobín. Este acusado fue privado ilegalmente de su libertad, violado con un tolete y sometido a descargas eléctricas para que no dejaran huella de manera que no intervinieran comisiones de derechos humanos.

Después de que el defensor fuera amenazado de muerte, demandado por Isabel Miranda de Wallace por expresar en juicio los alegatos de su defendido, y de que le fueran retirados los escoltas que le proporcionó Gobernación, el licenciado Garduño fue privado ilegalmente de la libertad en la Defensoría Pública Federal, que encabeza Netzaí Sandoval, para obligarlo a que presentara su renuncia.

El licenciado Garduño es paralítico de ambas piernas, debido a que años antes, en el cumplimiento de su deber, le cayeron encima varias cajas de expedientes en un juzgado, desviándole discos de la columna vertebral. Ante la indefensión en la que se encontraba, y por la persecución de la que era objeto, solicitó y obtuvo asilo político en Estados Unidos.

La periodista y escritora Guadalupe Lizárraga localizó en el norte del país al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y/o Hugo Alberto León Miranda, y/o Hugo ALberto Miranda Torres, lo que debería haber dejado inválida la “prueba de la gota de sangre”, que además era femenina. El ente biológico León Miranda no podía en consecuencia tener ADN Wallace.

Entre las muchas falsificaciones del caso, Isabel Miranda obtuvo ocho años después dos actas de defunción en las que se establecían con precisión causas de muerte imposibles de comprobar, ya que el cuerpo jamás fue encontrado; en cambio hay varios testigos que reconocieron meses después de su supuesta muerte la voz de Hugo Alberto, y hasta dos años después hubo testigos que afirmaron haber interactuado con Hugo Alberto, vía telefónica o presencial. Una de ellas es la madre de su segunda hija, nieta de Isabel Miranda, pero a la que ella le impidió reconocer.

Finalmente, en este mismo año de 2021, Hugo Alberto Wallace aparece como denunciante en un amparo contra la Secretaría de Gobernación. Hay otro promovido por su madre contra el organismo de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Gran parte de esta información puede ser conocida en dos libros de Guadalupe Lizárraga, quien no solo investigó sino financió varios foros con familiares de los culpables fabricados. Uno de estos realizado en la Cámara de Diputados cuando la coordinaba el hoy presidente de Morena Mario Delgado, quien prohibió a la también legisladora de Morena, María de los Ángeles Huerta que se diera cobertura a los testimonios de los familiares de las víctimas. Huerta amenazó desde su curul a Lizárraga, para intentar disuadirla de presentar las denuncias judicialmente. Sin embargo la periodista no desistió. En días pasados el juez que llevaba la causa dijo que los delitos relacionados con las falsedades en las declaraciones de la señora Wallace ya habían prescrito, y que si se quería hacer algo, debía reabrise otro juicio solo por tortura y secuestro, y éste fue dado por concluido.

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El Caso Wallace

Madre de César Freyre, víctima de Isabel Miranda, fallece sin justicia por el falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

In memoriam

María Rosa Morales Ibarra, víctima de Isabel Miranda Torres y madre de César Freyre Morales, falleció el 10 de julio, a las 2 de la tarde, a causa de un infarto cerebral y neumonía, en un hospital de la Ciudad de México, sin que le permitieran a César un permiso humanitario para asistir al funeral. 

Se trata del segundo miembro de la familia de César Freyre que fallece sin justicia y sin haber logrado verlo en libertad pese a su inocencia y en lucha contra la sentencia de 131 años de prisión por un crimen que no sucedió. La primera fue su hermana Julieta Araceli Freyre Morales, quien falleció a la edad de 40 años, dejando a dos menores en orfandad, a causa de un infarto cerebral el 22 de octubre de 2010, el mismo día en que torturaron a César, en El Altiplano, por segunda ocasión en ese mes, previo a que le otorgaran el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda.

En 2006, María Rosa Morales y su hija Julieta Freyre sufrieron durante año y medio la prisión injusta por falsas denuncias de extorsión por parte de Isabel Miranda, con el objetivo de presionar a César Freyre para que se declarara culpable del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

La madre de César Freyre, ya en libertad, también sufrió el acoso y la intimidación de Isabel Miranda de manera sistemática. Una de las agresiones fue el 20 de febrero de 2019, después de que Miranda se enterara de que César Freyre había revelado a esta periodista que algunas de las torturas sufridas las había cometido directamente Isabel Miranda Torres, acompañada de agentes de la SEIDO Osvaldo Jiménez Juárez y Braulio Robles Zúniga, dentro del penal federal El Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México.

A través de una misiva, Freyre señaló a Renato Sales Heredia –entonces comisionado nacional de Seguridad de Enrique Peña Nieto, hoy alcalde de Campeche por Morena–, de ser uno de los funcionarios que permitieron las torturas durante su gestión de 2015 a 2018, y la entrada a discreción de Miranda al penal, en complicidad con Jazmín Borbón Ochoa, quien fungía como directora de ese penal y hoy se encuentra al frente del penal El Rincón de Tepic Nayarit.

La última entrevista que María Rosa Morales dio a Los Ángeles Press fue para denunciar el acoso telefónico de Miranda.

“A mí me quitaron mi libertad, así –dice la madre de César Freyre en entrevista telefónica–. Yo me presenté para ver a mi niño en el arraigo, y allí me quitaron mi libertad. Y a mi hija igual, ya ve que ella falleció a consecuencia de eso. La verdad ahorita, yo no le tengo miedo a la señora, es como yo le digo, yo no le tengo miedo por tanto daño que me ha hecho. Es que la señora no me deja vivir en paz, si ya lo tiene ahí, ¿qué más quiere?”.

Después de la entrevista, Morales Ibarra puso una denuncia formal ante la FGR y de inmediato recibió una segunda llamada de Isabel Miranda para intimidarla de nuevo.

María Rosa Morales fue encañonada dentro de su casa por agentes ministeriales de SEIDO-PGR, el 26 de septiembre de 2016, y desde allí los ministeriales le hablaron por teléfono a su hijo César poco antes de tener un careo judicial ante el Juez Décimo Sexto de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, para que se incriminara por segunda ocasión del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, e incriminara a sus coprocesados.

Después de las dos torturas del 2 y 22 de octubre de 2010, fue obligado a escribir una carta con la confesión y es la que presenta Isabel Miranda a los medios de comunicación como prueba para sostener el supuesto secuestro de su hijo Hugo Alberto.

Los hechos fueron denunciados ante Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y se puso la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, institución que abrió la investigación penal contra Isabel Miranda Torres, desde el 11 de diciembre de 2018, y dos años después, el 16 de noviembre de 2020 determinó el no ejercicio de la acción penal, omitiendo los actos de tortura y secuestro en grado tentativa contra esta periodista y las víctimas en prisión, argumentando que los delitos de falsedad de declaración habían prescrito.

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El Caso Wallace

Torturadores del caso Wallace, hoy fiscales de investigación en la Fiscalía General de Justicia de CDMX

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Por Guadalupe Lizárraga

Osvaldo Jiménez Juárez, ex agente del Ministerio público reconocido ante juez federal por Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz como uno de los agentes de SIEDO que les infligió torturas con violencia sexual para que se incriminaran por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, actualmente se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la alcaldía de Xochimilco, además de ser asesor jurídico para la ciudadanía en TV Azteca.

Jiménez Juárez fue identificado por su voz al momento de leer un documento en la audiencia pública del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, presidida por el Juez Raúl Angulo Garfias para el careo entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales, los tres acusados por Isabel Miranda Torres, bajo la causa penal 35/2006.

Cuando Jacobo Tagle lo escuchó hablar, de inmediato reconoció su voz, y lo denunció ante el juez “como una de las personas que lo torturaron” en el penal de Villa Aldama, Veracruz, donde tuvo la segunda tortura y fue violado con un tolete de acuerdo con su testimonial en el Protocolo de Estambul positivo, de 88 páginas.

En ese careo, tanto César Freyre Morales como Jacobo Tagle expusieron que la implicación de Brenda Quevedo había sido por las torturas físicas y psicológicas que sufrieron, más las amenazas a sus familias y maltratos en prisión, y que ello lo habían expuesto ya en su declaración preparatoria. Incluso, Freyre Morales remitió a una denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los mismos actos de tortura.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, su defensa presentó una inconformidad por no acción penal contra Osvaldo Jiménez Juárez ante la entonces Procuraduría General de la República con el oficio AP/411/AP/DGDCSP/11. En este documento se reclamó la omisión de la autoridad para investigar al funcionario señalado como agresor sexual y torturador de Brenda Quevedo, y se agregó un comentario del director del penal dirigido a ella el mismo día de los hechos, 27 de noviembre de 2009, en el que el funcionario reconoció la agresión:

“Qué sentía mucho lo que había pasado, que a él no le habían dicho a qué iban exactamente a entrar estas personas”…

Otro de los denunciados por abuso sexual y tortura fue Fermín Ubaldo Cruz, quien ahora se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Junto con él Braulio Robles Zúñiga también identificado como el coordinador de las torturas siendo agente del Ministerio Público subordinado a las órdenes de Isabel Miranda.

Su denunciante, Juana Hilda González Lomelí, víctima de detención arbitraria, fue llevada del arraigo a la entonces Siedo-PGR, el 8 de febrero de 2006, sin su abogada. Durante el trayecto fue abusada dentro del vehículo en el que la transportaron y en la Siedo fue nuevamente amenazada con hacerle lo mismo a su hija, por lo que declaró contra las cinco personas implicadas como supuestamente banda de secuestradores.

Robles Zuñiga ha sido denunciado reiteradamente y en diferentes instancias gubernamentales, como en la Cámara de diputados en foros legislativos por Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, otra víctima del falso caso Wallace, por los mismos actos de tortura.

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