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Mexico Violento

El INE: Trampa, engaño y despilfarro

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El INE tiene gastos onerosos, como el de los 11 asesores del consejero presidente Lorenzo Córdova.

Por Enrique Domínguez Gutiérrez

El Instituto Nacional Electoral (INE) en México fue creado el 3 de abril de 2014, y surgió en sustitución del Instituto Federal Electoral, creado en 1990, que generó un retroceso a pesar de no estar “vinculado” al gobierno federal. Anteriormente había otro organismo que administraba las elecciones, la Comisión Federal Electoral, creada en 1973 y que operó hasta 1990 como dependencia de la Secretaría de Gobernación. Ése fue el periodo más marcado por fraudes electorales. En todos los casos, la labor de institutos, comisiones y vigilantes no han estado ajenas a escándalos, opacidad, omisiones y chantajes.

Nadie en su sano juicio lucharía por desaparecer a un órgano electoral que garantice la limpieza en los sufragios y la efectividad de los procesos. No obstante, el INE como tal, no ha sido garante de transparencia, imparcialidad y prudencia. Su gestión ha destacado por controversias, declaraciones y protagonismos ajenos a un «bajo perfil» como funcionarios públicos para un arbitraje eficaz.

El INE no es la democracia per se, es sólo un organismo -que por su gestión pública especializada- la posibilita. También promueve la cultura de un sistema político, basado en principios acordes a prácticas democráticas, así como una plena participación en todos los aspectos que corresponden a la vida electoral del país.

En México, se han registrado fraudes electorales desde los tiempos de la Independencia, periodos dictatoriales, cacicazgos, herencias nobiliarias y nepotismo mediante operaciones truculentas, mafiosas, pendencieras, actos viles, mapachería, coacción, y un largo etcétera. No obstante, con esta tradición de trampa, difícil es que el ciudadano común tenga confianza en los organizamos encargados de administrar los votos del gobernante que tendrán los próximos seis años. Y ése es el problema que ha arrastrado tantas décadas el organismo electoral. La democracia de un país se mide por el grado de incertidumbre previo a las elecciones. En México se conocía con antelación quién iba a gobernar y estas «fallas del sistema» y parcialidades refieren directamente al órgano administrador. Hoy, el INE no se ha sacudido estas prácticas, y la desconfianza persiste.

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Los vicios del INE y su antecesor el IFE

  • Lorenzo Córdova impulsa la reelección de Edmundo Jacobo Molina hasta el 2026.
  • De cumplirse el periodo de Edmundo Jacobo Molina como funcionario del INE sumará 18 años en el INE con un sueldo actual de: 166 mil 758.88 pesos. Un seguro de separación individualizado por 25 mil 709.33 pesos, y una compensación garantizada por 141 mil 034.50 pesos.
  • El INE en la actualidad mantiene a 262 asesores cuyos sueldos oscilan entre los 36 mil y 106 mil pesos mensuales.
  • Lorenzo Córdova cuenta con 11 asesores que juntos representan un sueldo de 955 mil 749 pesos, anualmente una erogación de: 11 millones 468 mil 988 pesos netos.
  • En el 2000, el IFE guardó silencio ante la evidencia de recursos ilícitos que recibió Vicente Fox a través del grupo “Amigos de Fox”, para financiar su campaña.
  • En 2006, el PAN y el PRI -con la ayuda de Elba Esther Gordillo y su maquinaria sindical- hicieron un fraude estrepitoso cuyo gestor fue Heriberto Zavala (cuñado de Felipe Calderón), director del software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de elección.
  • Consejeros del IFE y cómplices del PRI y del PAN avalaron el fraude y entre «los abajo firmantes» estuvo Ciro Murayama, actual consejero del INE.
  • En 2012, el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100 mil tarjetas de la banca Monex e intentaron hacer un fraude a una televisora por 56 millones de dólares, para la promoción de Enrique Peña Nieto. El INE también ignoró el caso y no revocó candidatura alguna.
  • Nula actuación ante el financiamiento a través de Odebrecht y OHL, cuyo gestor fue el hoy detenido Emilio Lozoya para financiar las campañas de Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo.
  • Eliminaron candidaturas en 2021 con el pretexto de no haber entregado informes de gastos en precampaña.
  • El Órgano Interno de Control (OIC) del INE identificó que de 2018 a 2021, 1500 millones de pesos fueron depositados a un fideicomiso que el Gobierno federal había calificado como ilegal al no haberse reintegrado a la Tesorería de la Federación.

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De acuerdo con el Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que: “Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo”.

De acuerdo con el periódico La Jornada con fecha de 16 de abril de 2022, se señala que: “Se detectaron inconsistencias financieras en los fideicomisos, pues las cifras presentadas en sus estados financieros no coincidieron con las reportadas en el estado del ejercicio del presupuesto. Y se recomendó fortalecer los mecanismos de control y supervisión, pues, aunque se recibieron ingresos excedentes, no se realizó la adecuación presupuestal correspondiente, además de que se constató que el fideicomiso de pasivo laboral realizó pagos duplicados a cuando menos dos personas que no contaban con la documentación necesaria para obtenerlos, lo que generó un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal”.

Se detectaron 11 adjudicaciones directas más que no fueron dictaminadas por el Comité de Obras públicas y Servicios y “se detectaron órdenes de pago a proveedores que no contaban con la justificación documental requerida, y se comprobó que el INE recibió obras sin contar con las actas de entrega y de finiquito de los contratos”.

gráfico 1

Los gastos del INE

Conforme al estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y su clasificación del 1 de enero al 31 de diciembre:

Por concepto de arrendamiento:

  • 1619 millones 629 mil 600 pesos
  • 32201 arrendamiento de edificios y locales: 629,722,981.00
  • 32301 arrendamiento de equipo y bienes informáticos: 238,691,916.00
  • 32302 arrendamiento de mobiliario: 59,622,674.00
  • 32303 arrendamiento de equipo de telecomunicaciones: 2,075,773.00
  • 32502 arrendamiento de vehículos para servicios públicos y operación de programas públicos: 158,069,890.00
  • 32503 arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos: 183,725,856.00
  • 32505 arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos: 8,215,641.00
  • 32601 arrendamiento de maquinaria y equipo: 35,646,522.00
  • 32701 patentes, regalías y otros: 225,953,670.00
  • 32903 otros Arrendamientos: 76,247,496.00

 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

  • 1,113,922,360.0

Servicios de traslado y viáticos

  • 994,605,572.00

Aportaciones a fideicomisos públicos

  • 942,261,155.04

Mobiliario y equipo de administración

  • 318,031,353.00

Prerrogativas a partidos políticos

  • 6,973,729,642.25

Sólo por citar los casos más emblemáticos de asignación de recursos según lo presupuestado y ejercido en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Enlace.

ejercicio presupuestal INE

Las prestaciones del INE

  • Vehículo del año para cada consejero con chofer particular
  • Pago de Seguro, gasolina, reparaciones y mantenimiento del vehículo
  • 4 mil pesos mensuales para gastos de telefonía, 3 mil 200 para el nivel jerárquico 2
  • 14 mil pesos mensuales para gastos de alimentación
  • Seguro de gastos médicos mayores por 295 salarios mínimos generales vigentes
  • 262 mil 634 pesos de sueldo bruto mensual a cada consejero
  • 123 servidores públicos del INE ganan más que el presidente
  • Ayuda para Servicio psicológico en casos de Post-covid
  • Gratificación de fin de año por 449 mil 636 pesos.
  • Prima vacacional de 16 mil 345 pesos.
  • Aguinaldo equivalente a 40 días de sueldo.
  • Seguro para el retiro de 10 mil a 25 mil pesos.

Encuestas escondidas del INE

Entre el 9 y 10 de septiembre el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, ordenó el levantamiento de una encuesta, cuyas personas fueron cuestionadas en base a una muestra representativa con un margen de error de +/- 5% con una confianza efectiva del 95%, los resultados no fueron los esperados, el grueso de la población aprueba la reforma como se muestra a continuación:

 

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula el consejero, Jaime Rivera Velázquez señaló: «Me parece que esas preguntas están formuladas, he sido especialistas en encuestas, en un contexto de propaganda gubernamental muy intensa y adversa; no fue una pregunta formulada de la manera más apropiada. Puedo decirlo con todo respeto para quienes lo hicieron» … «La pregunta de cómo se deben elegir a los consejeros electorales debió haberse comparado también con la pregunta de ‘actualmente los consejeros electorales son elegidos por una mayoría calificada de dos tercios de la Cámara de Diputados»… «Una encuesta como ésta, telefónica, con una muestra de 400 casos no es del todo comparable con las encuestas más formales que encarga el INE. Las encuestas telefónicas tienen un marco muestral todavía muy imperfecto».

El actor del mismo organismo descalificando su propia encuesta.

La Reforma Electoral

Al hablar de una reforma electoral no se trata de la desaparición de un órgano que vigile las elecciones, tampoco es la extinción de los poderes, y mucho menos la dependencia del Ejecutivo, se trata de los siguientes puntos:

  • Reducción del número de diputados y senadores plurinominales.
  • Reducción del financiamiento a los partidos políticos.
  • Reducción del costo de las elecciones.
  • Implementación del voto electrónico dentro y fuera del país.

INE

El proceso electoral que se desarrolla ahora en México es uno de los más caros del mundo. La democracia ideal consiste en minimizar los gastos y no justificarla con la frase: “La democracia cuesta”, sin embargo, ante los antecedentes este modelo de reforma pretende dar al país un sistema electoral seguro, que respete el voto y garantice la honradez y la legalidad.

Se trata de estar en contra de la compra del voto, la nueva reforma pretende que ningún gobierno, empresa y ningún poder económico puedan comprar sufragios, así como el uso de instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular.

La reacción

Se prendieron las alarmas, el escaparate de lo insulso, de la impunidad y la trampa ahora veían vejada la posibilidad de manipulación a un órgano electoral ante la ruina de sus personales intereses, amén de complicidades y prebendas. Ahora el líder moral de los empresarios, odiadores e histéricos han tratado de formar un grupo cuyo enojo obedece a la merma de privilegios y canonjías creando más logotipos que personas, más asociaciones civiles que integrantes, eso sí, muy colorido, muy visual, tentador y exteriorizando de manera impecable la falta de idea, de sentido y de generar un buen argumento.

Hasta el momento Claudio X González no ha presentado plan de gobierno, hace un año quedó de entregarlo y seguimos en ascuas, hasta para ser líder se necesita estar activo y no de haragán, sin duda alguna Claudio encajaría en esa etiqueta impuesta por José Narro que sin miramientos restregó a los jóvenes vulnerables llamándolos “Ninis”, si el adjetivo pudiera ser empleado, Claudio es un auténtico “Nini”.

 

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Feminicidios y trata sexual

Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

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Las fiscalías corrompen investigaciones en los casos de feminicidio para evitar escarnio público.

Nueva necropsia a Ariadna López revela que su muerte fue por traumatismo múltiple y no por congestión alcohólica como señaló Fiscalía de Morelos

Por Rosario Martínez De la Vega

Ariadna López desapareció en la Ciudad de México la noche del domingo 30 de octubre.  El martes 1 de noviembre su cuerpo fue localizado bajo de un puente en Tepoztlán, Morelos, con marcas de moretones en el cuello, brazos y piernas. Tres días después del hallazgo, el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, señaló que Ariadna había fallecido debido a una broncoaspiración a causa de una congestión alcohólica.

En una nueva necropsia a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, realizada a petición de la familia de Ariadna, se dio a conocer que la causa de su muerte no era ‘congestión alcohólica’, sino a consecuencia de un traumatismo múltiple.  Ariadna fue víctima de feminicidio.

En un adelanto de las investigaciones por parte del gobierno de la Ciudad de México, fueron revelados los videos en los que se aprecia a Ariadna departir con sus presuntos asesinos, Vanessa “N” y Rautel “N” -amiga y novio de esta respectivamente- y otras personas en un restaurante, para después arribar a un departamento en la colonia Condesa.

Para saber más del caso: Juez vincula a proceso a ex candidato a la gubernatura de Puebla y a ex delegado de la SRE por presunto feminicidio de activista

Los victimarios señalaron que Ariadna había abandonado esa misma noche el departamento y abordado un taxi. No obstante, las imágenes proporcionadas por la Fiscalía de la CDMX, dan cuenta de cómo la mañana siguiente, su cuerpo fue subido a una camioneta por Rautel “N” para ser abandonado en el estado de Morelos, lugar donde fue localizada al día siguiente por unos ciclistas. Hasta el momento se presume una relación entre Rautel “N” y la Fiscalía de Morelos, motivo por el cual éste, habría abandonado el cuerpo de Ariadna en dicho estado. No se ha revelado el móvil o las causas del crimen.

Resulta escabroso que los presuntos responsables del crimen también manifestaron sus condolencias e incluso se presentaran al funeral de su víctima y brindaron entrevistas a los medios. Actualmente se encuentran detenidos y el caso será atraído por el área especializada en feminicidios de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, existen similitudes entre el caso de Ariadna y otras muertes violentas de mujeres, que apuntan indicios de cómo las fiscalías investigadoras son parte de la violencia machista que vive México. Tan sólo este año 2022, se encuentran los siguientes casos:

  • Debanhi Escobar. 18 años, desapareció el 9 de abril en Monterrey Nuevo León, tras acudir a una fiesta, fue hallada el 21 de abril en una cisterna del Motel Nueva Castilla a unos metros del lugar donde fue vista con vida por última vez; fue revictimizada debido a que se señaló se encontraba alcoholizada al momento de caer por sí misma en la cisterna en la que fue localizada dos semanas después de su desaparición. Tras la realización de tres necropsias se determinó que murió por asfixia por sofocación, entre tres y cinco días antes del hallazgo y que su cuerpo había sido sembrado en el lugar donde se encontró. No hay ningún detenido y su caso no ha sido judicializado pese a haber sido atraído por la FGR.
  • Yolanda Martínez. 26 años, desapareció tras salir de su domicilio el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue localizada sin vida el 8 de mayo, investigaciones de la Fiscalía General del estado de Nuevo León, señalaron de que se trató de un suicidó debido a que en el lugar de los hechos se encontró una nota póstuma escrita en un vaso desechable y dos recipientes con veneno. Con el apoyo de instancias internacionales se le practicó una segunda autopsia que arrojó que Yolanda había sido víctima de feminicidio y que su cuerpo había sido exhumado y colocado finalmente en el lugar donde fue localizado.
  • Luz Raquel Padilla. 35 años, Zapopan Jalisco, había denunciado desde mayo ante las autoridades locales las agresiones y amenazas por parte de uno de sus vecinos, fue quemada viva el 16 de julio por un grupo de personas que la atacaron en un parque cerca de su domicilio. Murió tres días después a causa de las heridas. El 26 de julio, una semana después de su fallecimiento, el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo en conferencia de prensa que las quemaduras habrían sido ocasionadas por ella misma y mencionó un “autoataque” como una de las líneas de investigación.

Lee más: México sumó más de mil feminicidios en 2021; el año más violento contra las mujeres

Por décadas, investigaciones periodísticas han revelado que las fiscalías en México desvirtúan las investigaciones y maquillan las cifras para evitar aumentar las estadísticas y optan por clasificar la mayoría de los asesinatos de mujeres como «homicidios», y en algunos casos como suicidios, ya que de ser asumidos como feminicidios se tendría un alto costo político, lo cual contribuye a seguir repitiendo patrones de impunidad y corrupción.

Según el último reporte del INEGI realizado en 2020, en México mueren asesinadas 11 mujeres diariamente, no obstante, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan solo aparecen reportados 946 feminicidios en 2020 y 978 durante 2021, esto significa menos de tres feminicidios en promedio al día durante dos años.

 

Al corte de septiembre de este 2022, el SESNSP contemplaba 695 feminicidios, lo cual registra una baja estadística en el número de feminicidios con relación al año anterior, sin embargo, en conferencia matutina del presidente el pasado 9 de noviembre, Ricardo Mejía Berdeja señaló que el delito de feminicidio tuvo un repunte en los meses de agosto y septiembre, con 70 y 78 casos, respectivamente.

 

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Mexico Violento

Senadora de Guanajuato por MORENA arrienda oficinas a ‘empresa fantasma’, que incluye listado del SAT

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Antares Vázquez, senadora por Guanajuato de Morena, arrienda oficinas a empresas fantasmas

La senadora Antares Vázquez Alatorre gestiona operaciones simuladas desde 2019 y es investigada por probable delito fiscal.

Por Rosario Martínez De la Vega

La Senadora por Guanajuato Antares Vázquez Alatorre renta las oficinas de su casa de gestión localizada en Av. Guanajuato 144, Colonia Jardines del Moral, en León, Guanajuato, a la empresa Torbex S.A. de C.V., empresa que se encuentra dentro de la ‘lista negra’ del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La empresa Torbex S.A de C.V.  fue constituida con 50 mil pesos, y fue inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía en 2019. Sus dueños son María Gabriela Ortíz Mares y Luis Felipe López Ortíz, los cuales no aparecen en ningún otro registro de contratistas de la administración pública local, estatal o federal.

Para leer más de la autora: Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

Según la documentación que se obtuvo a través de la Solicitud de Transparencia 330030322000837, el contrato por el arrendamiento de la Casa de gestión de la senadora fue suscrito a nombre de la empresa Torbex S.A. de C.V., la cual fue declarada durante el año pasado por el Sistema de Administración Tributaria como ‘EFOS’ (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas). Además, la senadora no presentó las facturas concernientes y testó información que por ley debe ser pública en el contrato de arrendamiento, como lo son el domicilio y la firma del contratista.

Vázquez Alatorre no ha reportado ninguno de sus gastos ante la Plataforma Nacional de Transparencia, desde que adquirió el cargo como senadora plurinominal por el partido Morena, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública -LGTAIP-.

La legisladora morenista gesta operaciones simuladas con cargo al Senado de la República desde septiembre de 2019, fecha desde la cual arrienda su casa de gestión a la facturera identificada por el SAT.  El desfalco detectado al erario ascendería a 740 mil pesos hasta la fecha.

Lee más: Las reinas del Bienestar: la ‘pasarela’ de los programas sociales en Guanajuato

 

Ante las anomalías fiscales, Antares Vázquez Alatorre ya es investigada, pues cuenta con una denuncia ante al SAT, bajo el folio 113287, ya que podría ser indiciada por el posible delito de lavado de dinero y/o defraudación y evasión fiscal, lo cual se castiga con hasta 9 años de prisión.

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Violencia contra las mujeres

Reeducar a un maltratador: ¿se puede cambiar la mentalidad machista?

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Las personas acusadas de violencia de género son sometidas a programas de reeducación contra la violencia machista

Programas de reeducación para agresores machistas dentro de las prisiones españolas

Por Martha Borraz

“Porque si no ¿qué?”. Es la respuesta que da la socióloga experta en políticas de género Bakea Alonso cuando se le pregunta por qué son importantes los cursos de reeducación para agresores machistas. España lleva casi dos décadas impartiéndolos, aunque fue con la ley de 2004 contra la violencia de género cuando comenzaron a desarrollarse con mayor intensidad. Varios estudios apuntan a que la reincidencia entre quienes pasan por ellos es menor y ya casi nadie cuestiona su necesidad, pero hay quienes reclaman que la apuesta del trabajo con agresores debe ir más allá: “La violencia no va a desaparecer hasta que ellos no dejen de violentar”, asume la también coordinadora del Área de Igualdad de la Fundación Cepaim.

Los programas de intervención con hombres que ejercen violencia de género son variados, pero fundamentalmente pueden diferenciarse tres tipos: por un lado, está el Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género (PRIA) dentro de las prisiones y el mismo (PRIA-MA) como medida alternativa a la cárcel impuesta por un juez. Estos dos dependen de Instituciones Penitenciarias, son para hombres ya condenados y son los más extendidos, pero además existen otros normalmente desarrollados por entidades sociales a los que pueden acudir hombres agresores no necesariamente denunciados de forma voluntaria.

“El objetivo es la reinserción, reeducarles, van a seguir formando parte de la sociedad y van a volver a tener pareja, así que lo que intentamos es que no vuelvan a replicar la violencia. Es intentar poner ahí un cortafuegos o un cortocircuito”, esgrime el psicólogo Felipe Martín, que imparte el PRIA-MA desde la asociación R-Inicia-T. Estos cursos los suele dar directamente personal de Instituciones Penitenciarias o, en su mayoría, organizaciones con las que se firman convenios. La intervención dura aproximadamente un año en una treintena de sesiones y a ella acceden hombres sin antecedentes, condenados a menos de dos años de prisión.

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El trabajo con ellos está enfocado a distintas cuestiones: desde la expresión de las emociones, al autocontrol, la gestión de la ira, la deconstrucción de esquemas mentales que tienen que ver con roles y estereotipos de género, la dependencia emocional, los celos, los estilos de apego, el establecimiento de relaciones saludables, cómo afrontar una ruptura, la mejora de las habilidades personales o el desarrollo de estrategias para resolver conflictos por una vía alternativa a la violenta. Según Instituciones Penitenciarias, el año pasado 7.800 penados hicieron el programa como medida alternativa a la cárcel. El mismo año, 21 mil hombres fueron condenados por violencia de género.

“Al final se ve evolución”

La experiencia de Martín en cuanto a los resultados que observan es positiva. “Lo que vemos es bastante esperanzador. Evidentemente entran con resistencias, pero al final hay evolución”, dice por teléfono al tiempo que acude a un centro educativo de Murcia a impartir un taller de sensibilización. “De hecho, empezamos a hacer estas dinámicas en colegios porque muchos agresores nos comentaban que si hubieran tenido toda esta información antes, les hubiera ayudado a tomar otro camino”, añade el psicólogo.

«Cambian, reducen la culpabilización a la víctima, que es algo muy importante que ellos traen al principio, disminuye la expresión de la ira, hay un mejor manejo emocional y el sexismo se ve reducido»

Elena Terreros — Subdirectora del programa Contexto

En la Comunitat Valenciana es referente el programa Contexto, que nació en 2006 como respuesta a la carencia de recursos y profesionales habilitados para poner en marcha las intervenciones con agresores que dos años antes había establecido la Ley Integral contra la Violencia de Género. Además, desde este equipo de investigación e intervención de la Universitat de València se imparten también programas voluntarios con agresores. “Es un proceso y es verdad que cambiar creencias y actitudes lleva tiempo, por lo que no se pueden hacer programas muy cortos, pero la eficacia se demostró hace bastantes años”, avanza Elena Terreros, subdirectora del programa.

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La doctora en Psicología reconoce que “obviamente no vale para el 100%” de los agresores, “como ningún tipo de intervención”, pero asegura que hay cifras “que avalan” que funciona. Datos de Instituciones Penitenciarias apuntan a que la reincidencia de quienes pasan por los programas es baja: un 4,6% volvió a ser denunciado al año de haber participado y el 6,8% a los cinco años. Según las cifras que maneja Contexto, que estudia las nuevas denuncias hacia los agresores que trata y que figuran en el sistema VioGén, a los 12 meses, un agresor que abandonó el programa reincide en un 8,2% mientras que el 4,4% de los que lo finalizan, vuelven a ser denunciados.

Terreros asegura que la experiencia que observan también avala la efectividad de las intervenciones. “Cambian en variables de actitud, reducen la culpabilización a la víctima sobre la conducta violenta, que es algo muy importante que ellos traen al principio, disminuye la expresión de la ira, hay un mejor manejo emocional y el sexismo se ve reducido”, ejemplifica la experta.

El desafío de la falta de motivación

Aún así, todas las voces reconocen que los obstáculos no son pequeños. “El principal son las resistencias a la intervención, hay una falta de reconocimiento, de responsabilización y de motivación para cambiar”, explica Heinrich Geldschläger, psicólogo de Conexus, un programa de intervención con agresores no condenados en Barcelona. El experto afirma que existe “una triada” de ideas en el discurso con el que suelen acudir estos hombres, que consiste en “la negación o minimización de la violencia, la justificación y la culpabilización de la víctima o el sistema”. Son, asegura, “los típicos comentarios de ‘me ha denunciado falsamente’ o ‘es que la ley es injusta’ que tenemos que ayudar a deshacer”.

Por esta falta de motivación que identifican todos los expertos, y que no en pocos casos lleva al abandono de los programas, Contexto diseñó en 2013 un plan motivacional individualizado. “Lo clave e que entiendan la importancia y comprendan por qué usar la violencia como forma de resolver conflictos produce daño a sus parejas o exparejas y a ellos mismos”, cree Terreros. Por su parte, el psicólogo Jesús Pérez, que ha trabajado durante años coordinando equipos e impartiendo el PRIA-MA en Madrid, se muestra más escéptico: “Existe la posibilidad de que algunos hombres cambien, pero probablemente no sea muy generalizado, pocas veces hay un proceso de motivación personal”, cree.

«Tenemos mucho ganado si interiorizan para qué utilizan la violencia, que no es que pierdan el control, como dicen, sino que la usan para controlar y mantener el dominio de la pareja y, muchas veces, también de ellos mismos»

Heinrich Geldschläger — Psicólogo de Conexus

“Son más eficaces de lo que dice mucha gente y menos de lo que nos gustaría”, opina sobre las intervenciones Geldschläger. En el caso de Conexus, se trata de hombres que acuden voluntariamente, aunque “la voluntariedad es relativa para la mayoría, ya que suelen venir porque alguien, normalmente su pareja o una tercera persona les empuja”. El programa se desarrolla en una veintena de sesiones semanales, se hace seguimiento al año y a los dos años y sus resultados son “alentadores”: dos de cada tres hombres, no vuelven a ejercer violencia física o sexual y la psicológica “se reduce”. Eso de los que terminan, porque la tasa de abandono se sitúa entre el 30 y el 50%.

“Tenemos mucho ganado si interiorizan para qué utilizan la violencia, que no es que pierdan el control, como dicen, sino que la usan para controlar y mantener el dominio de la pareja y, muchas veces, también de ellos mismos”, esgrime el experto. El enfoque con el que trabajan en Conexus intentar aunar “lo psicológico y lo social”. “Hay factores que juegan un papel, entre ellos la historia, el aprendizaje, su manera de autorregularse, pero hay que ponerle perspectiva de género. Por ejemplo, la dificultad de control de impulsos, que se trabaja mucho desde la psicología, en la mayoría de los hombres es muy selectiva porque normalmente no pegan a su jefe o a sus amigos”, afirma el experto.

 

¿Son suficientes?

Por su parte, Pérez considera que las intervenciones con agresores “son positivas y muy necesarias” y que incluso deberían hacerse obligatorias para todos los condenados, pero considera que “aún falta una respuesta social mucho más contundente y coordinada, en la que los programas sean una pata más de su reeducación”. Y pone un ejemplo: “A una persona que está deprimida porque tiene una mala situación económica no le sirve solo con ir al psicólogo, habrá que mejorar las condiciones estructurales de vivienda o empleo”.

En el ámbito del trabajo con agresores en violencia de género, “al final la pregunta importante es si es posible cambiar toda la educación o mentalidad machista con un programa de este tipo, si son suficientes unas sesiones durante unos meses o un año”, cuestiona el experto. “Y me explico: al final la construcción de un machista requiere muchos años, pensemos en cuántas horas tarda un hombre de 50 años en hacerse machista, o sea la construcción de la masculinidad hegemónica es tal que ningún programa sería suficientemente potente ni duradero como para compensarlo por sí mismo, lo que no quiere decir que los que se están implementando no sean efectivos”.

¿Y cuál es la solución? Pérez aboga por una respuesta más global y mira hacia el machismo estructural que sigue minimizando y normalizando la violencia hacia las mujeres. “Los programas necesitan de la sociedad y de la condena absoluta de cualquier forma de violencia porque si no lo que tenemos son psicólogos y psicólogas partiéndose la cara con los agresores para que luego salgan a la calle y se encuentren con el negacionismo de la violencia machista”, cree el psicólogo.

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Además, en lo concreto, hay quienes consideran que los programas impartidos por Instituciones Penitenciarias deberían mejorar en algunos puntos, sobre todo en la evaluación. Así lo sostiene Geldschläger, para el que la revisión de su eficacia debe ir más allá de la reincidencia en número de denuncias. “Es un dato muy importante y significativo, pero no suficiente”. El psicólogo piensa que la evaluación debe ser “más profunda” y tener en cuenta qué pasa después con las mujeres, parejas o exparejas de los agresores, y sus hijos e hijas, porque “la reincidencia real queda oculta, sabemos que es mucho mayor que la cifra de denuncias”.

Por eso, un elemento diferencial de Conexus es que establecen contacto con ellas tanto al inicio del programa como en los seguimientos. “Las mujeres pueden tener expectativas no necesariamente realistas porque tienen la esperanza de que cambien y ellos se lo han prometido. Por eso les contactamos, les decimos que su pareja ha empezado a venir y puede ser un primer paso, pero que no hay ninguna garantía de éxito, por lo que es importante que sigan tomando las decisiones y actuando como si no vinieran”, explica Geldschläger.

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Fuente: eldiario.es

 

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