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Justicia pendiente

El gobierno de Veracruz oculta las cifras reales de desaparición forzada

El Registro Público de Personas Desaparecidas no ha actualizado sus datos desde que se creó y la Comisión de Atención a Víctimas de Veracruz no obtuvo fondos suficientes para su funcionamiento.

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José Pedro Martínez

VERACRUZ, México.- “Empezamos a utilizar una varilla con punta para enterrarla en el suelo y al sacarla, pues, llegaba el olor de putrefacción del cuerpo. Inspeccionamos el terreno: normalmente los indicios de una fosa son un hundimiento. Buscamos ropa, a veces encontramos una playera o un cinturón. ¿Por qué alguien va a tirar una camisa o un pantalón en el monte?”.

Guadalupe Contreras se hizo rastreador en Guerrero, cuando desapareció su hijo y en las montañas de Iguala comenzaron a aparecer enterrados decenas de cuerpos. Ahora, gracias a su experiencia, trabaja en la brigada de búsqueda del Colectivo Solecito, una organización de madres y familiares de desaparecidos que rastrea un terreno agreste de unos 4 kilómetros de largo junto al barrio residencial de Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz. Con sus propios recursos, estas mujeres han encontrado la fosa clandestina más grande de México y, hasta la fecha, los restos de 287 personas.

Guadalupe Contreras, rastreador del Colectivo Solecito de Veracruz / Foto. J.P. Martínez

“Para mi encontrar un resto es como encontrar un tesoro. Porque, desafortunadamente, no lo podemos entregar como quisiéramos; con vida, como desearía cualquier madre. Pero a mi me da alegría porque se que sus familiares van a poder estar en paz”, explica Perla Damián, una de las mujeres que integran el colectivo y que participa en la brigada de búsqueda que rastrea la zona. “Yo espero encontrar a mi hijo un día. Vivo. Pero dios tiene la última palabra”. Víctor Álvarez, su hijo, desapareció en diciembre de 2013 cuando tenía 16 años y las autoridades “nunca hicieron su trabajo”.

Durante el mandato del priísta Javier Duarte (2010-2016) – actualmente en prisión acusado de delincuencia organizada, corrupción y enriquecimiento ilícito – las mafias no tuvieron problemas para hacer desaparecer los cadáveres de cientos de personas. Se han encontrado más de 30 mil restos humanos en 44 municipios de todo Veracruz, y siguen apareciendo fosas clandestinas. Este jueves fueron detenidos e imputados por el delito de desaparición forzada el anterior secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y su segundo, así como el ex director de Penales del Estado y 13 jefes de policía. Uno de ellos, Roberto González, era comandante de “Los Fieles”, un grupo entrenado por el ejército que llegó a utilizar una academia de policía como como campo de tortura y donde, al menos, desaparecieron a 15 personas.

Bajo el paraguas de la guerra que los cárteles mantienen desde hace casi una década en Veracruz, la desaparición de cientos de personas inocentes ha sido una consecuencia de la ausencia del estado a la hora de proporcionar seguridad y justicia a la población civil. Las denuncias públicas de cientos de madres que buscaban a sus hijos y denunciaban la complicidad de las autoridades con los grupos de la delincuencia pronto se convirtieron en una molestia para el gobierno: Duarte ocultó 1,824 casos, según afirmó el actual fiscal del estado, Jorge Winckler.

En comparecencia ante el congreso local, a finales de enero, afirmó desconocer el número de homicidios y secuestros bajo su administración y ofreció cifras desactualizadas de las fosas halladas y cuerpos recuperados. El fiscal no incluyó los registros de los últimos 14 meses de la actual administración. “Los datos fueron minimizados para evitar la alarma. El gobernador quiere que su hijo herede el cargo. La situación en Veracruz sigue igual o incluso peor que con Duarte”, lamenta Lucía Díaz, fundadora del Colectivo Solecito que agrupa a más de 200 madres de víctimas de desaparición forzada.

Protesta de madres de personas desaparecidas frente al poder judicial de Veracruz / Foto: J.P. Martínez

El ex director nacional del ISSSTE (el sistema de sanidad pública del funcionariado federal mexicano), y ahora gobernador del tercer estado más poblado de México, Miguel Ángel Yunes, proyecta la candidatura de su hijo por el Partido Acción Nacional (derecha), para las próximas elecciones del estado. En su informe anual, tampoco incluyó las desapariciones registradas durante 2017. El Registro Público de Personas Desaparecidas (Repupedes), que presentó al inicio de su mandato como una de las acciones “estrella” contra la epidemia de desaparición forzada, no se ha actualizado y su servidor no funciona.

Lucía Díaz, además, denuncia que la Comisión de Atención a Víctimas de Veracruz, que se creó para atender los casos de desaparecidos que se amontonaban en los escritorios de la fiscalía, no obtuvo fondos suficientes para su funcionamiento.

Madres unidas por la búsqueda

En mayo de 2016, dos sujetos se acercaron a un grupo de madres de víctimas de desaparición forzada que protestaban frente al edificio del poder judicial del estado y les entregaron un pequeño mapa dibujado a mano. En el croquis se detallaba la ubicación de un narco-cementerio en una brecha escarpada junto al fraccionamiento Colinas de Santa Fe, 13 kilómetros al norte del puerto de Veracruz, uno de los centros económicos más importantes del país. El Colectivo Solecito organizó un grupo de rastreo y desde entonces no ha dejado de desenterrar de personas desaparecidas en el lugar. El gobierno, sin embargo, solo ha logrado identificar a 15 de todas ellas.

Croquis de la ubicación de las fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe entregado a las madres de las víctimas

“Nos organizamos mayo de 2014 y nunca hemos recibido apoyo por parte del gobierno. Nada en absoluto”, explica Lucía. “Nosotras trabajamos a partir de nuestros medios, y el trabajo en Colinas de Santa Fe ha costado hasta la fecha más de 700 mil pesos [unos 33 mil euros]. A un colectivo de madres sin recursos”, explica indignada. El colectivo sufraga sus actividades con la venta de comida en mercados y algunos puntos del estado, rifas y el comercio de ropa de segunda mano. También con pequeñas donaciones que reciben de la sociedad civil.

Además del trabajo en Veracruz, Lucía se enorgullece de la participación del Colectivo Solecito en la redacción de la Ley General de Desaparición Forzada y desaparición por particulares (pionera en México), incorporando propuestas como el registro de ingresos en las cárceles y de personas desaparecidas, así como la iniciativa de formar una comisión con la sociedad civil para trabajar directamente con las familias de las víctimas.

En México no se sabe cuántas personas están desaparecidas. Hay registros de algunas instituciones, investigaciones de periodistas y cálculos de organizaciones que sitúan hasta en más de 26 mil los casos. Sin embargo, al no existir una metodología común, las cifras reales son contradictorias, confusas y, por lo tanto, inciertas. Pero como asegura Perla, “mientras no veas los restos de tu hijo o no sepas que lo encontraron muerto, él vive”.

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Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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