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Justicia pendiente

El ‘gasolinazo’ une a mexicalenses en un movimiento político

Diferentes frentes de lucha surgidos de múltiples estamentos de la sociedad bajacaliforniana han creado un nuevo espacio de debate entre la ciudadanía

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Por José Martínez

MEXICALI, Baja California.- Unas 25 mil personas (según reportes oficiales), marcharon este domingo por las calles de la capital bajacaliforniana para congregarse en la plaza de los tres poderes de gobierno, donde hicieron patentes sus peticiones a lo largo de la jornada: abrogación de las reformas educativa, laboral y energética, eliminación de los privilegios de la clase política y renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Francisco “Kiko” Vega, entre otras.

El aumento del precio de los combustibles a comienzos de año -el llamado “gasolinazo”- afectó directamente la economía de la ciudadanía de los estados fronterizos. En Baja California, el rechazo popular a este incremento, consecuencia de la privatización de los hidrocarburos mexicanos apuntalada con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, detonó una serie de protestas muy poco habituales en esta parte de México y consiguió movilizar a miles de personas en todas las ciudades del estado.

Baja California consiguió con sus marchas multitudinarias la abrogación de la “ley del agua”, que contemplaba la privatización del suministro en el estado con el consiguiente aumento del precio, convirtiéndose en la primera entidad que fuerza a un gobernador a dar marcha atrás.

Sin embargo, el “gasolinazo” y la “ley del agua” solo es el comienzo. Con el paso de los días, diferentes frentes de lucha surgidos de múltiples estamentos de la sociedad bajacaliforniana han conseguido fomentar el debate político en redes sociales, universidades, asambleas y plantones. Este domingo, además de las consignas en contra de las Reformas Estructurales, los manifestantes se organizaron para recoger miles de firmas para impedir la verificación vehicular y la construcción de un acueducto que beneficiaría a la empresa cervecera Consetellation Brands en detrimentos de ejidatarios y de la propia población civil.

Foto: José Martínez/Los Angeles Press

La diputada de la discordia

El hartazgo ante los privilegios, el nepotismo, el derroche y la corrupción de los políticos mexicanos ha tenido su manifestación en la campaña contra la panista Victoria Bentley. Un video viral en el que se veía a la diputada – que además también ostenta los cargos de empleada municipal y secretaria del Sindicato de Burócratas – despotricar contra los manifestantes al tiempo que afirmaba “no representar al pueblo”,  se convirtió en combustible para la indignación ciudadana.

Durante la concentración del domingo también se establecieron mesas para la recogida de firmas para conseguir un juicio político que acabe con la carrera de diputada de Bentley. Además, algunos asistentes afirmaron que es ilegal ostentar estos tres cargos, y que al hacerlo se ha convertido en una persona muy poderosa en el estado: “con esas tres posiciones acumula poder suficiente para amenazar gobiernos, llegar a información de la parte patronal como laboral, panista como ciudadana, gobiernista o líder sindical”, afirmó el periodista Arturo Salinas.

Foto: José Martínez/Los Angeles Press

Agua para los empresarios

La transnacional Consetellation Brands, productora de las marcas del Grupo Modelo, planea invertir más de mil millones de pesos en la creación de una planta industrial en Mexicali, que necesitaría un suministro anual de unos 20 millones de metros cúbicos de agua a través de un acueducto construído expresamente para su operación.

Ejidatarios llegados del Valle de Mexicali encabezaron el rechazo a la construcción de la obra hidráulica, y afirmaron que “el gasto anual de la cervecería es equivalente a dejar sin sembrar 1,980 hectáreas”, y que el suministro de los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Luis Río Colorado, Tecate y Rosarito, también se verían seriamente afectados. “Con ese caudal actualmente se abastecen durante un año un total de 223,700 habitantes”.

Además, también advirtieron del impacto ambiental “irreversible” que puede ocasionar el desvió del recurso hídrico, ya que “actualmente somos el único estado que padece sequía extrema”.

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Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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