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Justicia pendiente

El ‘gasolinazo’ une a mexicalenses en un movimiento político

Diferentes frentes de lucha surgidos de múltiples estamentos de la sociedad bajacaliforniana han creado un nuevo espacio de debate entre la ciudadanía

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Por José Martínez

MEXICALI, Baja California.- Unas 25 mil personas (según reportes oficiales), marcharon este domingo por las calles de la capital bajacaliforniana para congregarse en la plaza de los tres poderes de gobierno, donde hicieron patentes sus peticiones a lo largo de la jornada: abrogación de las reformas educativa, laboral y energética, eliminación de los privilegios de la clase política y renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Francisco “Kiko” Vega, entre otras.

El aumento del precio de los combustibles a comienzos de año -el llamado “gasolinazo”- afectó directamente la economía de la ciudadanía de los estados fronterizos. En Baja California, el rechazo popular a este incremento, consecuencia de la privatización de los hidrocarburos mexicanos apuntalada con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, detonó una serie de protestas muy poco habituales en esta parte de México y consiguió movilizar a miles de personas en todas las ciudades del estado.

Baja California consiguió con sus marchas multitudinarias la abrogación de la “ley del agua”, que contemplaba la privatización del suministro en el estado con el consiguiente aumento del precio, convirtiéndose en la primera entidad que fuerza a un gobernador a dar marcha atrás.

Sin embargo, el “gasolinazo” y la “ley del agua” solo es el comienzo. Con el paso de los días, diferentes frentes de lucha surgidos de múltiples estamentos de la sociedad bajacaliforniana han conseguido fomentar el debate político en redes sociales, universidades, asambleas y plantones. Este domingo, además de las consignas en contra de las Reformas Estructurales, los manifestantes se organizaron para recoger miles de firmas para impedir la verificación vehicular y la construcción de un acueducto que beneficiaría a la empresa cervecera Consetellation Brands en detrimentos de ejidatarios y de la propia población civil.

Foto: José Martínez/Los Angeles Press

La diputada de la discordia

El hartazgo ante los privilegios, el nepotismo, el derroche y la corrupción de los políticos mexicanos ha tenido su manifestación en la campaña contra la panista Victoria Bentley. Un video viral en el que se veía a la diputada – que además también ostenta los cargos de empleada municipal y secretaria del Sindicato de Burócratas – despotricar contra los manifestantes al tiempo que afirmaba “no representar al pueblo”,  se convirtió en combustible para la indignación ciudadana.

Durante la concentración del domingo también se establecieron mesas para la recogida de firmas para conseguir un juicio político que acabe con la carrera de diputada de Bentley. Además, algunos asistentes afirmaron que es ilegal ostentar estos tres cargos, y que al hacerlo se ha convertido en una persona muy poderosa en el estado: “con esas tres posiciones acumula poder suficiente para amenazar gobiernos, llegar a información de la parte patronal como laboral, panista como ciudadana, gobiernista o líder sindical”, afirmó el periodista Arturo Salinas.

Foto: José Martínez/Los Angeles Press

Agua para los empresarios

La transnacional Consetellation Brands, productora de las marcas del Grupo Modelo, planea invertir más de mil millones de pesos en la creación de una planta industrial en Mexicali, que necesitaría un suministro anual de unos 20 millones de metros cúbicos de agua a través de un acueducto construído expresamente para su operación.

Ejidatarios llegados del Valle de Mexicali encabezaron el rechazo a la construcción de la obra hidráulica, y afirmaron que “el gasto anual de la cervecería es equivalente a dejar sin sembrar 1,980 hectáreas”, y que el suministro de los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Luis Río Colorado, Tecate y Rosarito, también se verían seriamente afectados. “Con ese caudal actualmente se abastecen durante un año un total de 223,700 habitantes”.

Además, también advirtieron del impacto ambiental “irreversible” que puede ocasionar el desvió del recurso hídrico, ya que “actualmente somos el único estado que padece sequía extrema”.

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Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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