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Justicia pendiente

El ‘gasolinazo’ une a mexicalenses en un movimiento político

Diferentes frentes de lucha surgidos de múltiples estamentos de la sociedad bajacaliforniana han creado un nuevo espacio de debate entre la ciudadanía

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Por José Martínez

MEXICALI, Baja California.- Unas 25 mil personas (según reportes oficiales), marcharon este domingo por las calles de la capital bajacaliforniana para congregarse en la plaza de los tres poderes de gobierno, donde hicieron patentes sus peticiones a lo largo de la jornada: abrogación de las reformas educativa, laboral y energética, eliminación de los privilegios de la clase política y renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Francisco «Kiko» Vega, entre otras.

El aumento del precio de los combustibles a comienzos de año -el llamado «gasolinazo»- afectó directamente la economía de la ciudadanía de los estados fronterizos. En Baja California, el rechazo popular a este incremento, consecuencia de la privatización de los hidrocarburos mexicanos apuntalada con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, detonó una serie de protestas muy poco habituales en esta parte de México y consiguió movilizar a miles de personas en todas las ciudades del estado.

Baja California consiguió con sus marchas multitudinarias la abrogación de la «ley del agua», que contemplaba la privatización del suministro en el estado con el consiguiente aumento del precio, convirtiéndose en la primera entidad que fuerza a un gobernador a dar marcha atrás.

Sin embargo, el «gasolinazo» y la «ley del agua» solo es el comienzo. Con el paso de los días, diferentes frentes de lucha surgidos de múltiples estamentos de la sociedad bajacaliforniana han conseguido fomentar el debate político en redes sociales, universidades, asambleas y plantones. Este domingo, además de las consignas en contra de las Reformas Estructurales, los manifestantes se organizaron para recoger miles de firmas para impedir la verificación vehicular y la construcción de un acueducto que beneficiaría a la empresa cervecera Consetellation Brands en detrimentos de ejidatarios y de la propia población civil.

Foto: José Martínez/Los Angeles Press

La diputada de la discordia

El hartazgo ante los privilegios, el nepotismo, el derroche y la corrupción de los políticos mexicanos ha tenido su manifestación en la campaña contra la panista Victoria Bentley. Un video viral en el que se veía a la diputada – que además también ostenta los cargos de empleada municipal y secretaria del Sindicato de Burócratas – despotricar contra los manifestantes al tiempo que afirmaba «no representar al pueblo»,  se convirtió en combustible para la indignación ciudadana.

Durante la concentración del domingo también se establecieron mesas para la recogida de firmas para conseguir un juicio político que acabe con la carrera de diputada de Bentley. Además, algunos asistentes afirmaron que es ilegal ostentar estos tres cargos, y que al hacerlo se ha convertido en una persona muy poderosa en el estado: «con esas tres posiciones acumula poder suficiente para amenazar gobiernos, llegar a información de la parte patronal como laboral, panista como ciudadana, gobiernista o líder sindical», afirmó el periodista Arturo Salinas.

Foto: José Martínez/Los Angeles Press

Agua para los empresarios

La transnacional Consetellation Brands, productora de las marcas del Grupo Modelo, planea invertir más de mil millones de pesos en la creación de una planta industrial en Mexicali, que necesitaría un suministro anual de unos 20 millones de metros cúbicos de agua a través de un acueducto construído expresamente para su operación.

Ejidatarios llegados del Valle de Mexicali encabezaron el rechazo a la construcción de la obra hidráulica, y afirmaron que «el gasto anual de la cervecería es equivalente a dejar sin sembrar 1,980 hectáreas», y que el suministro de los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Luis Río Colorado, Tecate y Rosarito, también se verían seriamente afectados. «Con ese caudal actualmente se abastecen durante un año un total de 223,700 habitantes».

Además, también advirtieron del impacto ambiental «irreversible» que puede ocasionar el desvió del recurso hídrico, ya que «actualmente somos el único estado que padece sequía extrema».

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Justicia pendiente

Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a otros 2 ex funcionarios por colapso de la Línea 12 del Metro

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Dos encargados del Proyecto Metro fueron señalados de ser responsables del colpaso de la Línea 12 del Metro.

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a otros dos ex funcionarios públicos del Proyecto Metro, por lo cual hasta el momento suman 10 ex servidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juzgador determinó que son responsables el ex director responsable de la construcción, Guillermo “N”, y el ex subdirector de obra civil, Héctor “N”, del colapso de la Línea 12 del Metro, por lo que son acusados de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad por las 26 personas que fallecieron.

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El juez no fijó medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, pero tienen prohibido salir del país, y acercarse o tener contacto con las víctimas, por lo que seguirán con su proceso en libertad.

De acuerdo con el juzgador, se fijaron seis meses para la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa a los ex servidores públicos de provocar el colapso de la Línea 12 del Metro por el mal diseño, construcción y uso deficiente de materiales para su edificación.

Las acusaciones de la fiscalía capitalina se centran en fallas de origen, pero no en la falta de mantenimiento de este proyecto de transporte público que estaba en funcionamiento desde 2012 al cierre de la administración de Marcelo Ebrard.

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Los familiares de las víctimas han acusado que hubo responsabilidad de los distintos gobiernos capitalinos, tanto de Marcelo Ebrard por ser el artífice del proyecto, así como de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum que no dieron el mantenimiento de este proyecto.

Juez vincula a proceso a 8 ex funcionarios del gobierno capitalino por tragedia de Línea 12

La medida se da tres meses después de que un juez de distrito vinculó a proceso a ocho ex servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a propiedad por el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 26 de mayo de 2021 en el que murieron 26 personas.

El juzgador señaló que hubo responsabilidad de los ex servidores públicos por las fallas que propiciaron la caída del Metro, por lo cual siete de los ochos ex funcionarios formaron parte del Proyecto Metro y la otra fue parte del consorcio constructor de la obra.

 

 

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Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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