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Con voz propia

El “Gasolinazo”, parte del plan de privatización de México: Alberto Buitre

En entrevista, Alberto Buitre explica que el costo social del gasolinazo está dentro del “presupuesto político” del Pacto por México y el gobierno de EPN.

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Los Ángeles Press

Las protestas contra el “gasolinazo” que se han extendido por todo México desde hace una semana parecen ser el resultado de un proceso de hartazgo progresivo de la sociedad, fundamentalmente, agravado con la facilidad para la corrupción de una clase política que no siente vergüenza al perpetuar e incluso incrementar sus privilegios en pleno estancamiento de la economía.

Desde Tijuana hasta Chiapas, las marchas en contra del alza de los combustibles se han encontrado con un fuerte despliegue policial que buscó desalojar plantones y reactivar el suministro de gasolinas en los estados donde los manifestantes lograron boicotearlo. En estos días, se ha registrado la muerte de 6 personas, además de un centenar de detenidos y varios policías heridos, entre ellos, uno grave por atropellamiento. Todo esto, sumado a la difusión viral de algunos saqueos perpetrados durante los primeros dias de protesta, parece que han dejado en segundo plano la verdadera razón detrás de este contexto: la reforma energética y la privatización del petróleo mexicano.

El periodista Alberto Buitre, que ha venido escribiendo sobre el proceso de privatización de Pemex para este medio durante los últimos años, analiza en entrevista el llamado “gasolinazo” en el marco del proceso de “adelgazamiento” del estado mexicano impuesto por el “Pacto por México”.


Pregunta: ¿Cree que el aumento del precio del combustible era, como dice el gobierno, inevitable para la economía mexicana?

Alberto Buitre: El gasolinazo es una medida perfectamente planificada, incluso los efectos sociales, están dentro del “presupuesto político” del gobierno federal. No es una casualidad; esta medida está anclada a la privatización de los recursos energéticos desde antes de Peña Nieto. Desde que México entra de lleno en la OCDE y empieza a firmar pactos con el Fondo Monetario Internacional -a finales de los 80- una de las premisas a las cuales se adhirió el estado mexicano fue el adelgazamiento de lo que ellos llaman “proteccionismo”. Es decir, que poco a poco empezaba a perder el control, sobre todo, de las industrias centrales: energéticos, minerales, educación y salud públicas. Industrias de las que depende el desarrollo del país y de las cuales depende buena parte del gasto social mexicano. 

Desde el ingreso de México en la OCDE se viene escenificando este proceso de debilitamiento de estado mexicano con la llegada del periodo “tecnocrático” inaugurado con Miguel Dela Madrid. En el gobierno de Salinas de Gortari, en el que se privatizan los ferrocarriles, la telefonía, y la banca -que pasaron fundamentalmente a manos extranjeras- acabaron en la crisis de 1994. Zedillo intentó salvar al país de la crisis, y en su esfuerzo por nivelar las cifras macroeconómicas del país, pausa este proceso privatizar que, sin embargo, regresa en el año 2000 con el inicio del periodo “oscurantista” del PAN.

El objetivo de Vicente Fox fue retomar la privatización de los recursos principales del país. Recuerden la campaña “quítale el freno al cambio”, con la que Fox insistía en que era necesario abordar las reformas estructurales que el país necesita con un discurso muy parecido al de Peña Nieto. Y lo hizo Calderón en su momento con el intento de privatizar los hidrocarburos con la firma del “Pacto por México”, antes de que Peña Nieto entrara al poder, cuyo objetivo principal era conseguir la privatización de los hidrocarburos del país a través de las reformas necesarias.

Peña Nieto le ha tocado ser una especie de vocero de lo que, desde mediados de los 80, la tecnocracia, la burguesía mexicana, cooptando a la esfera política, ha logrado dar pasos sustanciales para privatizar el petróleo. El alza de las gasolinas que estamos enfrentando es parte de un proceso largamente anunciado. Y que no va a parar. Con este aumento tan fuerte, de entre 3 y 5 pesos por litro, los mexicanos también han sufrido el aumento del costo de la canasta básica de golpe, y eso no se puede esconder. En resumen, el gasolinazo es un plan largamente estudiado y que con Enrique Peña Nieto se ha echado a andar.

P.: El gobierno afirma que el precio de los combustibles era artificial, dado que estaba subsidiado por el estado. ¿Hasta qué punto es coherente recortar este enorme gasto?

A.B.: Cuando comparamos las cifras, comprobamos que existen otros conceptos que el gobierno no está atendiendo. Como por ejemplo, el costo de la corrupción política y de fuga de capitales, que superan los 500 mil millones de pesos y que supera al subsidio a la gasolina. La Coparmex (Confederación Patronal Mexicana), explícitamente aliada a los intereses del gobierno, llega a reclamar al gobierno que tome esta medida en lugar de ocuparse de otros asuntos históricamente pendientes de donde se podrían obtener recursos no solo para mantener el subsidio a los combustibles e incluso, aumentar el gasto social.

La gran pregunta que todos nos hacemos en este momento es que si los combustibles estaban pagando el 60% del gasto social, quitándole el subsidio, aumentando el precio de las gasolinas y privatizando, además, toda la industria de exploración, refinación y producción de hidrocarburos, ¿de dónde va a salir ese gasto social? El problema es que, con el gasolinazo y la Reforma Energética, viene detrás el desmantelamiento final de la estructura social del estado. No solamente es la pérdida de la soberanía sobre los hidrocarburos, es también la del presupuesto para gastos tan esenciales como lo son la salud y la educación pública.

En uno de sus discursos, Peña Nieto llama a la comprensión de la sociedad de la sociedad y argumenta que esto es debido a los precios internacionales , cuando oculta alternativas evidentes con las que se podrían paliar necesidades de carácter social como lo son el gasolinazo y el costo de la canasta básica.

P.: En México existe una importante desigualdad, con millones de personas que viven en la pobreza. En este proceso de privatización del país, ¿no debería preocupar a las grandes empresas crear un mercado de consumidores incapaces de consumir?

A.B. Evidentemente en México, hace años que hemos pasado la línea de la sobre-producción. Es decir, lo que se produce en México ya no puede ser comprado por quienes lo producen. El estado mexicano, en esta linea “teocrática” aliada con los oligarcas, decide empobrecer más las condiciones de trabajo de la sociedad. ¿Cómo? Por ejemplo, una de las medidas cruciales de las que aprobó Peña Nieto fue la Reforma Laboral que, entre otras cosas, empieza a limitar los derechos laborales de la gente creando condiciones propicias para limitar la creación y el campo de acción de los sindicatos.

Cuando se habla de que se han creado empleos y de que es un país propicio para la inversión, lo que no están diciendo es que están viniendo empresas como Walmart, Atentos Servicios y otras cadenas de comida rápida, que están imponiendo sus condiciones laborales. Pero a la gente ya no le basta ni con uno ni con dos trabajos para vivir. Muchos ya tienen que buscarse un tercero o incluso un cuarto para poder pagar lo básico de la familia.

P: Otro de los argumentos más utilizados es que Pemex no es rentable

A.B.: Parece simplista al decirlo, pero sí se puede y no se ha querido. Y no ha querido porque ya tiene comprometida la venta de la industria petrolera mexicana. En el comienzo del sexenio de Peña Nieto anunció, se anunció la construcción de una nueva refinería. Hicieron la estrategia, desmantelaron ejidos para poder comprar los terrenos, levantaron una “malla ciclónica”, y tras alargar y alargar su construcción, finalmente no se hizo. Se pagaron más de 9 mil millones de pesos de deuda por una refinería que no se hizo. Y no voy a decir que se fueran a la basura; hasta el momento nadie sabe qué paso con ese dinero.

Si una refineria sirve para poder obtener gasolinas baratas y de calidad costaba al rededor de 9 mil millones de pesos, y según algunos expertos, se necesitarían alrededor de otras 9 refinerías para poder revitalizar Pemex, el costo total de levantar esta infraestructura no es nada en comparación con la cifra de fuga de capitales que el gobierno no ha querido resolver. Por supuesto, hay grandes intereses en este tema.

Es que además es absurdo. México es un país petrolero, con grandes riquezas de petróleo y gas. Decir que no hay recursos para no trabajar esos hidrocarburos, es irriosrio. A lo largo de 70 años se pudo hacer, y no está relacionado con la globalización o los precios internacionales; es simplemente porque el estado mexicano se ha estado desmantelando paulatinamente.

Las protestas contra el aumento de los combustibles van a ser criminalizadas, y también hay que decir el “Pacto por México” que está avalando la privatización de los hidrocarburos, el alza de las gasolinas y el costo de la vida, va acompañado de una estrategia mediática. No hay que olvidar que los empresarios de los medios también forman parte de este Pacto por México, por lo que es normal ver una intención de criminalizar la legítima protesta Hay que estar muy pendientes, tanto fuera como dentro del país, de no caer en esta “doctrina del shock”, sobre todo con miras a las elecciones que va a haber este año en estados tan importantes como el del que proviene Enrique Peña Nieto, y por supuesto con miras a las elecciones presidenciales de 2018 en las que se pretende cargar con el costo de las protestas sociales a Andrés Manuel López Obrador.

Alberto Buite -L. Alberto Rodríguez- es periodista, bloguero y escritor mexicano. Autor de Oficio Rojo (2014), colabora con The Huffington Post, La Opinión de Los Ángeles y Tele Sur y Los Ángeles Press, entre otros. 

Con voz propia

Los expresidentes de México: ¿Votar o no votar en la consulta? Ése es el dilema

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”?

La pregunta de la consulta del 1 de agosto de 2021, es en sí misma una aberración jurídica y contra el más elemental sentido común. A pesar de todo, hay otros factores que deben ser tomados en cuenta. Pero primero lo primero.

“Con apego al marco constitucional y legal”. ¿Acaso hay de otro marco que pueda emplear el Estado? Está bien, concedamos, ni el asesinato de Francisco Javier Ovando ni el de Colosio, ni el del Cardenal Posadas, ni el de Francisco Ruiz Massieu, ni los de Aguas Blancas, El Charco o el Actual, solo por mencionar unos pocos entre cientos de casos, fueron ordenados en el marco constitucional o legal, aunque todos tuvieron la participación de gobiernos locales o federales.

“Emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas” Ah chin… “decisiones políticas” ¿eso es lo que importa? Y si mejor esclarecemos los crímenes políticos, en lugar de las decisiones políticas. Digo para analizar decisiones sobran investigadores en las universidades, quienes no le tienen que pedir permiso a nadie para hacer su trabajo.

Si quieren usar en algo útil los 500 millones de pesos de la consulta, mejor que los empleen en limpiar el estercolero del sistema judicial mexicano, o que contraten penalistas y no recomendados sin experiencia en el Instituto Federal de Defensoría Pública, basados en su orientación sexual y no en los cursos de formación que debieron tomar.

Recuerdo el trabajo en el que participé en la Asamblea Legislativa para que se aprobara la Ley de Sociedades de Convivencia. Se trataba de que cualquiera que fuera la forma en que estuviera integrada la pareja, sea por dos hombres, dos mujeres, (o cualquier definición que prefiera la comunidad LGBTTTIQ) pudieran heredarse entre sí, dejar sus pensiones a la pareja en caso de fallecimiento,  o  juntar  sus créditos para comprar una casa, por ejemplo; pero ahora resulta que en la Defensoría se realiza una discriminación sexual a la inversa, los heterosexuales, según afirman varios abogados despedidos,  tienen menos oportunidad de que les den trabajo, sin importar sus especialidades o experiencia como penalistas.

“…encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. ¿Solamente “encaminado”?  ¿y para qué le dan tanta vuelta al camino? Hay cientos de víctimas, que no son posibles, sino plenamente confirmadas, a las que no se les quiere hacer justicia en la 4T, donde al igual que con Salinas, Calderón o Peña Nieto, la “justicia” es muy selectiva.

Y una especial mención merece para mí el capitán Vladimir Ilich Malagón, quien lleva más de 10 años de prisión, por el delito de defender los trabajos de inteligencia militar, que le exigía revelar el escolta del ex secretario del trabajo de Calderón, Javier Lozano Alarcón. Ilich salvó de la muerte a docenas o quizá centenares de sus compañeros, que hubieran sido cazados por el crimen organizado, si se revelaba en donde harían operativos.

O los directores de reclusorios federales, o incluso de algún comisionado nacional de seguridad, que fueron señalados por ordenar, o al menos permitir actos de tortura. Como hacía con los sacerdotes pederastas la iglesia católica en México, antes de que llegara a poner orden el nuncio Franco Coppola, que solo los cambiaban parroquia, a los cómplices de estos suplicios medievales, solo les cambiaban de cárcel.

A propósito de torturas medievales, en una entrevista reciente de Los Ángeles Press, el abogado Gerardo Manrique, co autor, con Miguel Sarré, del libro Sistema de Justicia de Ejecución Penal nos recordaba que, a diferencia de los tormentas en la Santa Inquisición, ahora es muy fácil que no quede huella, que no y que no, con procedimientos como usar toques eléctricos, ahogar con bolsas,  o sumergiendo las cabezas de las víctimas en aguas relativamente profundas, como las de excusados o barriles.

Por cierto, Manrique fue despedido de la Defensoría Pública Federal, después de privarlo ilegalmente de la libertad para exigirle que entregara su credencial y se fuera sin reclamar la indemnización que podría corresponderle ¿Por qué lo corrieron? Porque a diferencia de su ex jefe, Netzaí Sandoval, él sí sabe de derecho penal y para colmo es un escritor al que acuden frecuentemente los tribunales y universidades para pedirle conferencias sobre el tema.

Ahora bien, reconozcamos que es una maldita costumbre de la administración pública correr a todas las personas, aunque tengan mucha experiencia, para traer adeptos, aunque sean ineptos. El problema es que esta vez, al correr a docenas de abogadas y abogados que conocían perfectamente donde se encontraba un dato, en tomos de miles de hojas, dejaron en estado de indefensión a miles de personas a las que representaban.

Y no hablamos de memoria. Se dio el caso de una abogada recién contratada por Netzaí, que, al acudir a una audiencia, prácticamente se quedó muda y casi al borde de las lágrimas confesó que era incapaz, pues nunca estudió el sistema de juicios orales.

Bitácora suplementaria

Ya que hablamos del tema del juicio a expresidentes, que no será juicio, sino consulta que se llevará el viento ¿Quién responderá por el asesinato de más 300 migrantes en las dos masacres de San Fernando? 72 víctimas en la madrugada del 22 al 23 de agosto de 2010; y al menos otras 193, encontradas en fosas clandestinas a partir de abril del 2011.

El presidente era Felipe Calderón, y la directora del Instituto Nacional de Migración Cecilia Romero Castillo, quien fue también presidenta del Partido Acción Nacional. El castigo no debería ser por sus “decisiones políticas”, sino por negligencia criminal ¿no cree usted?

Los detalles del crimen no podrán ser incluidos en la video columna que acompaña semanalmente a esta historia para armar la Historia, porque no son aptos para menores ni para ninguna persona sensible, por lo que, si cree que se sentirá afectado, mejor interrumpa aquí la lectura. Dejamos por tanto un espacio.

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Con voz propia

Foro Público: Pegasus, el espionaje global contra periodistas que revive al Big Brother

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Foro Público

Esta semana el diario británico The Guardian revivió uno de los temas que en 2017 generó mayores críticas a la administración de Enrique Peña Nieto, como lo fue el espionaje a periodistas críticos a través del spyware de la empresa israelí NSO, pero en esta ocasión a gran escala, pues no sólo involucra a periodistas mexicanos, sino abogados y defensores de derechos humanos a nivel mundial, un problema que recuerda al “Big Brother” de la novela de George Orwell 1984.

El nivel de espionaje global alcanzado por Pegasus que, hasta el momento, suman más de 50 mil personas vigiladas por medio de este software, de las cuales 15 mil se concentran en México, demuestran que los periodistas son observados por sus actividades profesionales que resultan incómodas para los gobiernos y que la supuesta libertad de expresión que tanto pregonan está acotada por un espionaje que recuerda que el Estado todo lo observa.

Esta situación no sólo atenta contra el derecho a la intimidad de cualquier persona, sino también al derecho a la información que está establecido en la Constitución, así como en diferentes tratados internacionales que México ha signado, por lo cual estas visibles agresiones a los periodistas y defensores de derechos humanos es un atentado directo a la democracia tan imperfecta como la mexicana, pero que también se reproduce en otros países considerados como naciones democráticas y plurales como en Estados Unidos y Reino Unido.

En el caso mexicano apareció el número del periodista asesinado en 2017, Cecilio Pineda Birto, por lo cual esta situación deja más dudas que certezas sobre la actuación de los gobiernos de diferentes naciones para vigilar y espiar a los periodistas, activistas y abogados, que son parte fundamental de la construcción de las democracias y el fortalecimiento de la opinión pública diversa, heterogénea e intrincada.

Un gobierno que se dice demócrata no puede incurrir en este tipo de prácticas que laceran la libertad de expresión y de información, por lo cual se disfrazan las acciones de la guerra sucia que se vivió en la década de los setenta y ochenta, así como en el escenario de la Guerra Fría entre el bloque occidental y el oriental y en el que los periodistas fueron actores investigados en todo momento.

Si bien el autor británico George Wells advertía sobre un “gran hermano” que en todo momento observa los movimientos de sus ciudadanos, en México tuvimos lamentables casos de espionaje encabezados por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) conocida como la policía política que desde el gobierno de Miguel Alemán operó como un brazo armado externo del gobierno federal para espiar y amedrentar a los opositores al régimen, entre ellos los periodistas, y cuyas prácticas replicaría el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

También existen distintos casos documentados que dan cuenta cómo el gobierno federal investigaba los movimientos de los periodistas, activistas que pudieran ser considerados como enemigos del régimen, y estas prácticas fueron aún más visibles y conocidas en países donde la democracia era un mito.

Anteriormente se intervenían los teléfonos, además de que se colocaban micrófonos en los sitios de trabajo y viviendas de los periodistas, aunado a que eran seguidos por elementos del Estado, pero ahora ese espionaje se ha transformado en estos software más sofisticados que son más efectivos para obtener información más valiosa como los contactos de las fuentes de los periodistas, los mensajes que envía y recibe en las distintas redes sociales, así como el contenido de sus correos electrónicos, situación preocupante en un contexto donde se discute la viabilidad de los datos biométricos para combatir la inseguridad en el país.

La visibilización de estas condiciones que vulneran a las democracias deben ser atendidas por el Estado—mismo que negará todo tipo de espionaje—mientras cada vez se sofistican las maneras de vigilar y observar todos los movimientos de aquellas personas que sean consideradas como incómodas a un régimen político.

La retórica política tan empleada por quienes ostentan cargos en la administración pública prometerá cambios e investigaciones vacías contra los responsables, pero lo cierto es que las agresiones a los periodistas continúan y continuarán en México, un país tan lastimado por la precariedad laboral en que la que viven miles de reporteros en el país con sueldos de miseria, mientras los poderes fácticos cada vez toman más control de la prensa y el Estado censura a través de la publicidad oficial constantemente vulnerando la importancia del quehacer periodístico.

Nota aparte: El espionaje no debe ser un factor que inhiba la actividad informativa que desarrollan los periodistas y la defensa de los derechos humanos de cientos de personas que están preocupadas por atender y resolver las principales problemáticas del país, pues ha sido gracias a estos esfuerzos que la sociedad civil ha logrado cambios significativos en esquemas de transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción, pero aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar la democracia plural que tanto pregonan los gobernantes.

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Con voz propia

Legisladores con título profesional u oportunistas con influencias políticas, ¿qué necesita México?

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Por Alberto Farfán

Como ya lo hemos afirmado en este mismo espacio en su momento, suele ocurrir que la opinión pública se enfade con ciertos legisladores porque estos redactan leyes absurdas o inoperantes, o porque sólo acuden a su curul para dormir plácidamente o para ver pornografía en sus smartphones. Demostrando con ello falta de profesionalismo, ignorancia, desinterés, indolencia o de plano simple falta de educación y cultura.

No obstante, en la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 29, apartado C, no encontramos un sólo requisito que obligue a los diputados locales a presentar título académico alguno. Así que pueden ejercer sus atribuciones sin haber pasado por aulas universitarias sin mayor problema. Peor aún, no existe el más mínimo impedimento si no poseen siquiera algún grado de escolaridad; a diferencia de lo que ocurre en España, que ahí les exigen por lo menos como límite la secundaria. Y esto no es un asunto que se deba soslayar, fundamentalmente porque en última instancia obtienen mayores ingresos que un universitario promedio titulado.

Al realizar un repaso en varios países de nuestra área continental acerca de este asunto encontré un par de elementos interesantes, tomando en cuenta el documento del Observatorio de Partidos Políticos de América Latina (OPAL) que abunda sobre el tema (considerando que nos refiere información de sus congresos generales, no locales, pero ofreciéndonos un conocimiento ilustrativo). Por ejemplo, para postularse para diputados sólo en Chile y en El Salvador se expone el punto en cuestión. El artículo 48 Constitucional señala que los chilenos deben “haber cursado la enseñanza media o equivalente”; en tanto que para los salvadoreños su artículo 125 les establece que deben gozar de “notoria honradez e instrucción”, sin especificar el grado de dicha instrucción, pero por lo menos a diferencia de la Ciudad de México (CDMX) en ese país sí se aborda la escolaridad.

Por otro lado, el segundo elemento que llamó mi atención gira en torno a la Argentina. Y es que en ese país que no tiene como requisito una trayectoria académica concluida, impone al aspirante a senador de “disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente”, es decir, el postulante no podrá ser senador sin acreditar un ingreso anual con ese monto, según el artículo 55 Constitucional. Interesante, ¿no? Pues pareciera que se compra el cargo.

Claro que podríamos analizar las razones por las cuales la posición prácticamente continental ─si no es que mundial─ de no requerir instrucción básica o grados universitarios es la predominante. Pero lo que queremos destacar es el absurdo de que ciertos diputados recién electos para el Congreso de la CDMX obtendrán sueldos mensuales por 52 mil pesos, en tanto que un profesionista titulado recibe 11 mil 549 pesos, tomando en cuenta los datos del Observatorio Laboral del Gobierno de México, dados a conocer en abril de 2021. Lo cual me parece absolutamente reprobable.

Por lo tanto, tenemos a los siguientes diputados electos para la capital del país que no cuentan con grado académico a nivel superior, al consultar el Registro Nacional de Profesionistas (RNP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Así, Nancy Marlene Núñez Reséndiz para el Distrito 3, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Marcela Fuente Castillo del Distrito 15 también de Morena; Esther Silvia Sánchez Barrios del Distrito 9 por la coalición Va Por México, del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD); Claudia Montes de Oca del Olmo del Distrito 23, del PAN; Gerardo Villanueva Albarrán del Distrito 32, otro de Morena; Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso del PRD, plurinominal; y Carlos Cervantes Godoy de Morena, plurinominal. Todos ellos sin título profesional pero con un ingreso sumamente alto asegurado (Reporte Índigo, 07/07/21).

Y todo ello nos lleva a recordar la serie de cuestionamientos que recibiera en su momento la actriz Carmen Salinas (1939) al ser diputada federal plurinominal por la LXIII legislatura, por parte del PRI, pues su bajo nivel intelectual y verbal dejaban mucho que desear, quien además se distinguiera por sus constantes imprecaciones a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. A su vez por su nulo trabajo legislativo.

Y con respecto a su formación académica nos indica Wikipedia que estudió en la Universidad de Las Américas, sin precisar licenciatura y si culminó sus estudios. Sin embargo, al investigar en la Secretaría de Gobernación, el Sistema de Información Legislativa arroja que la actriz ostenta únicamente como máximo grado de estudios la primaria, sin determinar si fue concluida.

Finalmente, para nadie es desconocido el vínculo que ha tenido toda la vida Salinas con el PRI, su oportunismo y relaciones con la cúpula de éste siempre han sido públicas, de hecho. Y acaso siguiendo sus pasos, los críticos de Carmen Salinas que se asumían progresistas como los de Morena o del populacho analfabeta como los del PAN ─sobre todo─, son los que ahora sin rubor alguno o congruencia se constituirán en legisladores de nuestra gran metrópoli.

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