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Justicia pendiente

El fraude médico de Veracruz podría configurar como crimen de Estado

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El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa. / Foto: Patty Barradas

Red por la Defensa de la Infancia en México

La información dada a conocer sobre niños con cáncer que recibieron quimioterapia con agua destilada en el Estado de Veracruz debe ser investigada a la brevedad por autoridades independientes, quienes consideren a todas las personas implicadas de los diferentes niveles de gobierno, deslinde responsabilidades y sancione a quienes resulten culpables de este fraude. Asimismo, será importante valorar que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) y revisar su vínculo con expedientes similares.

Desde REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México), consideramos que este es un acto de corrupción y desvío de recursos públicos que afecta directamente a niñas y niños y que de confirmarse, deberá ser configurado como un crimen de Estado. En este contexto, hacemos un llamado a quienes hayan resultado afectados a presentar las denuncias correspondientes y al Gobierno del Estado a brindarles seguridad y apoyo, así como garantizar la atención con personal capacitado, medicamentos de calidad e instalaciones adecuadas a niñas, niños, adolescentes quienes reciben tratamiento contra el cáncer y otros padecimientos.

De acuerdo con la información los hechos ocurrieron en el Centro Estatal de Cancerología, donde niños recibieron agua destilada en lugar del medicamento que debía ser suministrado contra el cáncer, atentando con ello en contra de su salud y su vida, colocando los intereses económicos por encima de su bienestar. Este hecho discrimina nuevamente a niñas y niños pobres de familias cuya situación económica les obligaba a solicitar este servicio público y que al mismo tiempo ha permitido que este hecho quede impune.

Ante lo descrito, recordamos que es una obligación del Estado investigar toda la cadena de responsabilidades lo cual obliga a considerar a las y los implicados –así como su conocimiento o no del fraude- en la compra y revisión de los medicamentos, su prescripción y aplicación, así como el seguimiento al niño o niña a quien fue suministrado.

Hacemos el exhorto al Estado de Veracruz para que involucre al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y al Instituto Nacional de Pediatría (INP) en las investigaciones para revisar la situación, así como para apoyar a las familias que lo requieran. Es urgente frente a la información dada a conocer, determinar la situación de la garantía del derecho a la salud de niñas y niños en el Estado de Veracruz así como identificar y atender a la brevedad los vacíos que permiten la violación reiterada de este derecho.

También hubo fraude con pruebas de VIH 

El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, así como el ex Secretario de Salud durante el mandato de Duarte, Antonio Nemi Dib, afirmaron que también se desviaron fondos a través de la compra de 70 mil pruebas fraudulentas del Virus de Inmuodeficiencia Humana (VIH). Al mismo tiempo, informaron del hallazgo de bodegas llenas de material médico caducado, y sembraron sospechas sobre la posible existencia de casos más graves.

Pese a todos los señalamientos, Yunes Linares no informó sobre la identidad de los funcionarios implicados en el fraude a la sanidad pública de Veracruz, que de comprobarse los hechos, habrían tejido la red de corrupción con menos escrúpulos de la etapa de Javier Duarte. Las investigaciones aún están en proceso.

 

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Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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