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El Caso Wallace

El falso caso Wallace y el lamentable papel de los medios

Periodistas y medios han guardado un silencio absoluto sobre las denuncias y revelaciones periodísticas que ha hecho la periodista Guadalupe Lizárraga sobre el caso Wallace. ¿Qué es lo que encubren?

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Juan Carlos Pérez Ruiz

En los últimos meses los medios de comunicación tradicionales se han escandalizado e indignado ante el uso constante del presidente Andrés Manuel López Obrador del término “prensa fifí”, durante sus conferencias mañaneras.

Ante el reiterado empleo del término por parte del mandatario, los grandes corporativos de medios han echado a andar toda su aplanadora mediática, para llevar al centro de la discusión pública si el presidente debe o no, usar ese término.

Más que un aluvión de críticas bien fundamentadas que coinciden sin planificarlo, parece que hay toda una operación de “nado sincronizado” para moldear a la opinión pública contra el uso del calificativo. Artículos de opinión, columnas, editoriales, reportajes, entrevistas, análisis, y acalorados debates televisivos y radiofónicos, han explotado el asunto hasta la saciedad. No solo eso: Durante las conferencias mañaneras le han planteado el tema al presidente en infinidad de ocasiones, incluso relacionándolo con los asesinatos de periodistas, que continúan multiplicándose a lo largo y ancho del país.

Prueba de ello fue la pregunta del periodista Humberto Padgett, colaborador del programa de radio de Ciro Gómez Leyva, el pasado 25 de marzo: “Anoche fue asesinado el sexto periodista de su gobierno, licenciado López Obrador, un reportero en Sinaloa. Su cadáver fue arrojado bajo un puente. La recurrencia de llamar a la prensa que es crítica de usted como fifí o conservadora, ¿no favorece el mal estado de las cosas, ya de por sí muy descompuestas en el país?

Quien también revivió la polémica fue el conductor de noticias de Estrella TV, Pedro Ferriz Híjar, hijo del comunicador Pedro Ferriz de Con: “En lo que va de su mandato han matado a seis de nuestros compañeros, dos de ellos en Veracruz lamentablemente (…) Mire, señor presidente, yo sería el más feliz de poder estar de acuerdo con todo lo que dice, pero creo que la prensa no está aquí para estar de acuerdo con todo, estamos aquí para apoyar y para representar al pueblo (…)¿Podemos parar con esta confrontación y empezar a trabajar a favor de México?”.

En conferencia mañanera.

Es pertinente preguntarse si la molestia de gran parte del gremio es proporcionada a la magnitud y el significado de la palabra, ya que López Obrador ha explicado ampliamente a que se refiere con el término “prensa fifí”:

“Si ustedes revisan la historia, los que le hicieron más daño al movimiento revolucionario maderista, fueron los fifí, ayudaron a los golpistas, y hubo una prensa, en ese entonces, El Debate y otros periódicos que se dedicaron a denostar al presidente Madero. Bueno, esa prensa y los fifís, quemaron la casa de la familia Madero. Cuando detienen al hermano de Francisco I. Madero y asesinan cobardemente a Gustavo A. Madero, los fifís hacen caravanas con sus carros y festejan.”

“Y luego esa prensa siempre apostó a apoyar la militarización, el golpe de Estado, y tiene que ver mucho con el conservadurismo, venían del régimen porfirista, eran serviles, era una prensa sometida y cuando triunfa el momento revolucionario, triunfa Madero, él garantiza libertades plenas, y se portaron muy mal, no sólo con Madero, sino el país, le hicieron mucho daño a México, fueron los que atizaron el fuego para que se volviese cruenta la revolución mexicana y se perdieran muchas vidas humanas. Entonces, lo del fifí viene de eso, para darle una ubicación histórica, entonces eso sí se los voy a seguir diciendo, porque son herederos de ese pensamiento y desde el proceder”.

Si nos atenemos a esa definición, ¿por qué entonces la gran maquinaria mediática revive y alienta, una y otra vez, la polémica sobre el término? ¿Preocupación por, y solidaridad con, los colegas caídos, o inconsciente identificación implícita con la definición de Andrés Manuel López Obrador?

¿Realmente es creíble pensar que los periodistas son asesinados porque el presidente utiliza el término “prensa fifí”, que una persona cualquiera sale a la calle y dice “Hoy voy a matar un periodista porque el presidente descalificó a ciertos sectores de la prensa”? ¿Por qué los grandes medios (e incluso algunos medios críticos) soslayan en su discurso el contexto de amenazas, sangre y muerte en que se ha desarrollado el periodismo mexicano en las últimas décadas, particularmente desde que inició la Guerra contra el Narcotráfico de Felipe Calderón? ¿Acaso porque Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no decían “prensa fifí”, se reducían los asesinatos de periodistas?

¿Por qué fingen o pretenden fingir que no saben que la mayoría de los delitos contra periodistas son cometidos por el crimen organizado, cuando no por politicastros o empresarios relacionados con ese submundo? ¿Por qué, si estos grandes medios y sus vacas sagradas de la comunicación están tan auténticamente preocupados por la seguridad del gremio, no mejoran las condiciones laborales de sus reporteros, editores, fotógrafos, camarógrafos, correctores y becarios?

¿Por qué, a sabiendas de los riesgos que implican ciertos trabajos, la mayoría de los medios no tienen ningún interés en desarrollar o mejorar sus protocolos de seguridad? ¿Por qué es tan común que muchos medios abandonen a su suerte al periodista cuando éste comienza a sufrir persecución del crimen organizado o de algún político? ¿No sería justo que, ya que el medio se benefició lucrando con el trabajo de ese periodista, el medio ofreciera algún apoyo a su trabajador? Por supuesto que hay medios que apoyan, pero no suelen ser la mayoría de los grandes medios, los mismos que hoy se tiran de los cabellos y gritan escandalizados por el reiterado uso del concepto “prensa fifí”. Lea el libro Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia, del fallecido Javier Valdéz, para que dimensione lo que aquí escribo.

¿Por qué la mayoría de los periodistas con menos ética y oficio, como Ricardo Alemán o Carlos Loret, son los que mejores sueldos reciben? ¿Por qué, en cambio, la mayoría de los periodistas que han realizado investigaciones de alto riesgo e impacto suelen estar vetados de los grandes medios audiovisuales?

Si tan angustiados están por la integridad de los periodistas, ¿por qué suelen pronunciarse en abstracto y esquivan cuando se trata de casos específicos? Si bien no todos, muchos de los que hoy se escandalizan con el affaire “prensa fifí”, dijeron poco o nada cuando la entonces colaboradora de Contralínea, Ana Lilia Pérez, tuvo que exiliarse en Alemania por las amenazas que recibió tras sus investigaciones sobre la corrupción en Pemex. Lo mismo aplica en el caso de Anabel Hernández, quien si bien es mundialmente reconocida en medios impresos y su trabajo ha sido comentado y difundido gracias a usuarios de redes sociales, prácticamente vive un veto silencioso en los grandes medios audiovisuales de México. Intente recordar cuantas veces y por cuánto tiempo ha oído hablar de ella en los últimos años, en Televisa, Imagen y TV Azteca; las pocas veces que lo han hecho.

¿Cuándo ha escuchado pronunciarse firmemente contra las amenazas que ha vivido la periodista, a Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Javier Alatorre o a las demás estrellas del periodismo en televisión abierta? ¿Cuándo los ha escuchado protestar contra el exilio que actualmente vive la periodista? Ni siquiera toman postura muchos de sus ex compañeros de la revista Proceso.

Tampoco se explica que ante tal nivel de presunta preocupación, prácticamente todo el gremio periodístico mexicano haya guardado silencio casi absoluto ante la denuncia pública que la fundadora de este portal, Guadalupe Lizárraga, emitió en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el viernes 29 de marzo. En su participación, la periodista denunció no solo la falsedad del caso Wallace sino también las amenazas que ha vivido por su trabajo.

No hubo una sola nota. Ni un post de Facebook o un tuit. La difusión del hecho se dio únicamente gracias a la misma Guadalupe Lizárraga y a usuarios de redes sociales, que rompieron el cerco mediático y cibernético con el que intentaron tapar la denuncia. La evidencia videográfica se conservó únicamente gracias a los vídeos de algunos youtubers, quienes sin saberlo registraban lo que otros medios y youtubers callarían.

No sorprende que los grandes medios tradicionales de México callen. Estamos habituados no solo a su silencio, sino a la promoción y defensa que han hecho de personajes tan poderosos como francamente deleznables. Indiferencia, cuando no justificación y minimización, de crímenes de Estado. Ridiculización, cuando no invisibilización o criminalización, de las protestas sociales, políticas de izquierda o líderes sociales. Manipulación e incluso descarada fabricación de fake news cuando así convenga a sus intereses.

Fue hasta el 2 de abril que se mencionó la denuncia de la periodista, pero solo para dar contexto a las notas que aparecieron sobre la solicitud de audiencia privada que Isabel Miranda de Wallace (o Isabel Torres Romero, según sus actas de nacimiento) le solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de lo que ocurría en los dos últimos sexenios, en los que se ha comentado ampliamente el trato privilegiado que la dueña de Showcase Publicidad recibía de los pasados gobiernos federales, en esta ocasión la presidenta de Alto al secuestro ha tenido que meter solicitud como cualquier ciudadano de a pie, hecho que parece tener molesta a la empresaria. Pero, ¿por qué debería recibir preferencia sobre los miles, o cientos de miles de personas que solicitan atención? ¿En qué momento permitimos como sociedad, que ciertos personajes tengan más privilegios que otros? ¿Por qué nos parece normal?

Si bien algunos medios mantuvieron relativa neutralidad, otros se subieron al juego de descalificaciones de Isabel Miranda de Wallace.

Así, El Universal expresó que “presuntos activistas pagados por los secuestradores de su hijo, mal informan al mandatario”, mientras que a la periodista y autora de El falso caso Wallace se refirieron como “una las defensoras (SIC) de Brenda Quevedo Cruz, detenida por el secuestro de Alberto Wallace”. En el mismo tenor, El Diario de Yucatán la señaló como “una de las abogadas de Brenda Quevedo Cruz”, y La Silla Rota simplemente la minimizó como “una mujer de nombre Guadalupe Lizárraga”.

¿Realmente ninguno de los medios citados conoce el trabajo de la periodista que no solo se ha desarrollado a través de Los Ángeles Press, sino también en MVS y el periódico español El País, entre otros medios? Concediendo que así fuera, ¿por qué ningún medio solicitó la versión de la periodista? ¿Por qué no consultaron la información sobre Guadalupe Lizárraga con una simple búsqueda en Google, que no les hubiera tomado más que unos segundos? ¿Por qué los medios reproducen las declaraciones de la señora Miranda, sin tomarse la molestia de investigar de la forma más básica? ¿Mediocridad profesional o intento de desacreditar la investigación periodística y la gravedad de la denuncia? Lo que fuere, lamentable.

El abyecto servilismo al poder de Isabel Miranda de Wallace por parte de los grandes medios de comunicación ha sido vergonzoso no solo ahora, sino durante los ya casi catorce años que se ha desarrollado el falso caso Wallace. Es cierto, ha habido trabajos estupendos como el de Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga y algunos otros colegas que han sido la excepción en el mar de los medios. Pero las principales voces del coro mediático, las mismas que tienen monopolizadas las raíces de la opinión pública; los mismos que reciben los mejores sueldos y aparecen en horario estelar, nunca han cuestionado la versión que Isabel Miranda ha impuesto sobre el falso caso Wallace; versión que a través del tiempo e investigaciones, se ha caído a pedazos.

Como es de esperar, en el mundo de la televisión mexicana, la versión de Miranda de Wallace continúa cual verdad absoluta. El tiempo aire en televisión, que es caro, se le concede varias veces al mes (y en ocasiones, a la semana) a una mujer cuya credibilidad se ha ido minando no solo por el caso de su hijo, sino por su intervención en asuntos de seguridad pública y su papel como fabricadora mediática de culpables en diferentes casos en los que excedió las facultades que le concede su organización, como en los casos Cassez-Vallarta, Martí, Nestora Salgado, Martin del Campo Dodd, Cinthya Cantú Muñoz y Ayotzinapa, solo por mencionar algunos; de acuerdo con datos de la organización canadiense En Vero.

En contraste los detenidos por el falso caso Wallace y sus familias -Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda Gonzalez Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz- no solo han tenido que sufrir el terror que ha sembrado la señora Wallace en sus vidas, sino también el escarnio mediático de comunicadores que, además de haber violado su derecho a la presunción de inocencia prácticamente desde que inició el caso, no se les ha concedido su derecho de réplica en los grandes medios de comunicación. Ni siquiera el histriónico Jorge Ramos, quien hoy se yergue cual espadachín del medioevo o como Niño Héroe envuelto en la bandera (no sabemos si en la de México o en la de Estados Unidos), ha cuestionado a la señora Wallace; ni siquiera por la cercanía absoluta de la empresaria con los gobiernos priistas y panistas.

Guadalupe Lizárraga ha sido invisibilizada en los medios de comunicación. Prueba de ello es que la periodista solicitó al conductor Ciro Gómez Leyva su derecho de réplica, con motivo de las alusiones a su persona que ha hecho Isabel Miranda en el programa de radio de Gómez Leyva, durante las últimas semanas en varias ocasiones. La respuesta de Gómez Leyva jamás llegó.

El único periodista con la ética y el valor suficientes para romper el gran tabú del falso caso Wallace en televisión, fue el también abogado Ricardo Raphael, quien dedicó dos episodios de su programa Espiral en Canal Once, en los que entrevistó a Guadalupe Lizárraga y a Isabel Miranda. Más allá de que el comunicador haya abandonado el tema, es de admirarse que haya sido el primer periodista (y esperemos no se mantenga como el único) que ha cuestionado de frente y con valentía, todas las falacias del caso y de la señora, sin dejarse intimidar por una mujer acostumbrada a perseguir a todos aquellos que la desenmascaren.

¿Qué podemos decir de los medios mexicanos popularmente considerados como “críticos”? Desgraciadamente nada bueno; poco o nada.

Si bien La Jornada, Sin Embargo y Contralínea, han hecho cierto eco de algunas de las denuncias contra Miranda Torres en años anteriores, este año han preferido guardar silencio.

De llamar la atención es el caso de Aristegui Noticias, la cual en 2011 legitimó la historia del caso Wallace, cuando entrevistó a Isabel Miranda y Martín Moreno, en CNN. En adelante, si bien la periodista ha hecho cierto eco del otro lado del caso, nunca ha recibido en su programa a los familiares del caso Wallace, ni ha abordado el tema en su programa. Hecho bastante singular considerando que es vista como la periodista más crítica de los medios audiovisuales.

Otro caso que llama la atención es el de Animal Político. Sitio que, pese a su riguroso trabajo en cuanto a corrupción gubernamental, no ha publicado ni una sola línea contra María Isabel Miranda de Wallace. Por el contrario, tiene tres piezas del reportero Alberto “Beto” Tavira; dos de semblanza (la biografía de mujer admirable que Isabel Miranda siempre ofrece a los medios), y uno sobre glamour y belleza. Tesoros del humor involuntario para quienes nos hemos informado sobre esta señora. Leer para creer.

La revista Proceso, que entre 2012 y 2018 fuera crítica con Isabel Miranda, hoy guarda silencio.

Y quien se ha convertido en la gran decepción es la otrora periodista crítica, Sanjuana Martínez. La ahora directora de Notimex, que prometió que impulsaría un periodismo libre y crítico en la agencia, no solo continúa sin darle voz a las verdaderas víctimas del caso Wallace, sino que recientemente la agencia a su cargo publicó una entrevista que legitima la falsa figura de Wallace como activista y luchadora social. Sin contar que, pese al pronunciamiento del sindicato de Notimex, Sanjuana Martinez no ha explicado porque la denuncia de Guadalupe Lizárraga del viernes 29 de marzo, también fue editada en el video del canal de Youtube de Notimex.

¿No le corresponde a los medios darle voz a ambas partes? ¿Por qué solo dan voz a Isabel Torres Romero (o Isabel Miranda, como se llame)? ¿Cómo se atreven a decirse “objetivos” e “imparciales” si continúan vetando la verdadera historia del caso Wallace? ¿Con qué cara pueden negar el veto y la estigmatización que sufren las víctimas de Miranda de Wallace, si ya ni siquiera disimulan un poco?

Si AMLO define como “prensa fifí” a los medios conservadores, golpistas y traidores al pueblo, ¿cómo debemos llamar los ciudadanos a los medios que se han dedicado a aplaudir a la señora Wallace?

¿Qué calificativos se merecen todos aquellos que encubren la tortura, la mentira, el tráfico de influencias, los abusos de poder, las amenazas, el sadismo y la corrupción de Isabel Miranda de Wallace? ¿Cómo podemos llamarles? Se aceptan sugerencias…

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

No te pierdas: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

César Freyre Morales es el principal acusado del supuesto secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, difundido desde 2005 como “caso Wallace”. Fue detenido el 23 de enero de 2006 directamente por la madre de la supuesta víctima, María Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace” o “Isabel Miranda de Wallace”. En la detención ilegal a Freyre, estuvo acompañada por los agentes del Ministerio Público de la Federación Braulio Robles Zúñiga y Osvaldo Jiménez Juárez.

Tres días después de su detención César Freyre fue presentado a la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ésa fue su primera tortura para que se incriminara por el caso Wallace, a la que siguieron otras con la detención de su madre María Rosa Morales y su hermana Julieta Freyre, el 8 de febrero de ese mismo año, mientras se encontraban en la visita a la casa de arraigo.

Para entender el caso Wallace: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

Isabel Miranda Torres (Isabel Miranda de Wallace) tuvo acceso indiscriminado a los centros federales de readaptación social donde torturaban a Freyre; primero con el apoyo de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y después con el de Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad Pública, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante los primeros cuatro años de encarcelamiento, de enero de 2006 a octubre de 2010, César Freyre Morales negó ser responsable del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, pese a las torturas y al encarcelamiento de sus familiares por año y medio. Sin embargo, el 2 de octubre de 2010, después de una de las más brutales torturas, previo a una audiencia judicial decide incriminarse e incriminar a sus coprocesados, primero por escrito y después ante el juez, cuando escucha a su madre por teléfono llorando que la tienen encañonada en su casa. En ese momento, Freyre firma la declaración que le presentó el MP Braulio Robles Zúñiga.

Después de esa tortura, el 22 de octubre de 2010, los mismos agentes de la SIEDO volvieron a sacarlo ilegalmente del CEFERESO No. 1, para torturarlo de nuevo, con la misma brutalidad, a fin de que ratificara su confesión incriminatoria. Horas más tarde, le dieron la noticia de la muerte de su hermana Julieta, a quien le dio un infarto cerebral en la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, pidiendo ayuda para su hermano. Julieta falleció en el hospital.

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César Freyre, después de sus confesiones incriminatorias, fue sentenciado a 131 años de cárcel por la presión a jueces por parte de Isabel Miranda. Sin embargo, las torturas continuaron para mantener su silencio, con traslados frecuentes de un penal a otro, donde era golpeado tanto en la salida como en la llegada al nuevo CEFERESO. Durante los trayectos, solo a él en jet, era golpeado, le daban toques eléctricos y al llegar al penal le echaban gas lacrimógeno, además de las amenazas de matar a su familia. El mayor tiempo en prisión lo ha pasado en aislamiento, otra forma de tortura, además de negarle el medicamento por el síndrome de Renaud que se le desarrolló a raíz de las golpizas.

El 1 de agosto de 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en coordinación con la CNDH, bajo el peritaje del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, certificó que César Freyre Morales había sido sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud. Se trata del Protocolo de Estambul positivo en tortura.

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El Caso Wallace

Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

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La CNDH certificó que hubo tortura a César Freyre en el caso Wallace

 

Por Guadalupe Lizárraga

“Yo veía a una persona encapuchada y ya sabía que me iban a torturar; yo me daba cuenta porque los diamantes empezaban a estar todos encapuchados, y yo decía me van a torturar, y sí, era segurísimo, segurísimo que me iban a torturar”.
César Freyre Morales

Con un dictamen médico-psicológico basado en el Manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, conocido como “Protocolo de Estambul”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, certificó que César Freyre Morales, inculpado por el falso secuestro Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, fue sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud.

Bajo la dirección del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, tras la aplicación del protocolo se concluyó “que existe una firme relación entre las lesiones y secuelas físicas y psicológicas documentadas y el relato de los hechos referidos por Cesar Freyre Morales, esto es, las lesiones físicas y psicológicas documentadas son el cuadro que normalmente se observa en personas que han sido sometidos a traumatismos como los referidos en el presente caso”.

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Los expertos del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura basaron su dictamen en la revisión de documentos médicos, informes psicológicos, declaraciones, notas de valoración especializada que se encuentran en el expediente penal y en el expediente médico, así como una entrevista a profundidad y la revisión médica y psicológica.

El más torturado del caso Wallace

César Freyre Morales es el principal inculpado por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y fue presentado ante los medios -desde enero de 2006- como “el líder de la banda de secuestradores”, sin más investigación periodística ni judicial que la palabra de Isabel Miranda Torres, quien dio publicidad a la fabricación del secuestro como “el caso Wallace”, con el apoyo de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, y de Eduardo Medina Mora, procurador, ambos bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

De las ocho víctimas, seis acusadas directamente de participar el supuesto secuestro y dos para justificar la existencia de una banda delictiva, César Freyre es el que ha tenido más eventos de tortura. Después de él, le sigue George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobín. En varios de estos eventos, tanto con César Freyre como con Jacobo Tagle, participó personalmente Isabel Miranda Torres, con golpes, escupitajos, amenazas e instrucciones de otras agresiones, al lado de Braulio Robles Zúñiga, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público de lo que era la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), así como su subordinado el agente Osvaldo Jiménez Juárez.

Conclusiones de los expertos que aplicaron el protocolo de Estambul a César Freyre Morales, víctima de la fabricación del caso Wallace.

El papel de Renato Sales en la consigna contra Freyre

El acceso de los victimarios a los centros federales de reclusión fue permitido por Renato Sales Heredia, entonces comisionado Nacional de Seguridad Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. César Freyre lo menciona en la entrevista con la visitadora adjunta del Mecanismo de Prevención de la Tortura, y reproduce las palabras que cruzó con el exfuncionario:

–¿Cómo estás, Freyre?, ¿tú eres el mentado Freyre, no?
–Sí, un poco enfermo, pero bien.
–Vamos a ver si así sigues.

“Al otro día me trasladaron para Matamoros, al 3, después de su visita de él. Cotéjenlo con el ingreso de aquí. Me mandaron a Matamoros, a tratamientos especiales; me traían, pero mal”.

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El traslado y estadía de César Freyre del cefereso No. 3, en Matamoros, Tamaulipas, fue el 13 de octubre de 2015 al 5 de noviembre del 2015. Dos meses después de haberlo trasladado, cerraron el penal.

“En el tiempo que estuve ahí, siempre me tuvieron completamente aislado, parte de la tortura psicológica, y con amenazas, las hacía la gente de seguridad. El día 3 de noviembre llegó Renato Sales a Matamoros, y me preguntó que cómo me estaban tratando ahí -prácticamente yo iba ingresando a ese penal-, y me dice «pues se te van a acabar los lujos aquí». Al día siguiente fue que cerraron ese penal”.

 El maltrato en los penales de Ocampo y Ciudad Juárez

Después del cierre del penal de Matamoros, lo trasladaron en jet a él solo, al cefereso de Ocampo, Guanajuato. Allí estuvo del 5 al 19 de noviembre de 2015, aislado, con tratos crueles, y en el área de Tratamientos especiales, que les llaman “pabellones”. De nueva cuenta, fue trasladado en jet, solo al cefereso de Ciudad Juárez, donde iba siendo torturado con toques eléctricos y a su llegada lo volvieron a torturar con golpes y toques.

“…cuando llegué a Juárez todos andaban encapuchados allá, porque allá les pegan y hacían lo que querían con los internos; creo que era el penal más abandonado, y mi enfermedad me tenía muy mal porque no me estaban dando el Cilostazol, entonces el frío contrae los vasos sanguíneos y mis pies se me reventaron allá bien feo. Yo tuve que meter un amparo médico y el amparo que yo metí de traslado, porque le hago de su conocimiento que parte de la tortura psicológica eran los traslados. Porque la incertidumbre del vuelo es de que le van pegando a uno, a mí me iban pegando, me iban chicharrando con el taser ése, y obviamente iban borrando huella alguna de que me estaban torturando en esos penales.”

Renato Sales ordenaba los traslados como parte de la tortura psicológica, y en cada traslado -tanto al salir como al llegar a un penal- era golpeado y le daban toques eléctricos. César Freyre declaró en la entrevista para el protocolo de Estambul que en ese tiempo el sometimiento era absoluto: cabeza agachada, manos esposadas, grilletes en pies, cadena en la cintura, golpes en la espalda y toques eléctricos.

 “Al ingreso de ahí me siguieron golpeando, después de las certificaciones médicas, hay un túnel, en ese túnel me hicieron que me desvistiera y me quedé en pura trusa, me hincaron con las manos esposadas hacia atrás y me gasearon, esa vez me gasearon, me imagino que debe ser gas pimienta, porque era un extintor de esos cromados con una basuca, me daba muchísimo esa sensación de ahogamiento, de no poder respirar, y me golpearon muchísimo.”

Isabel Miranda llegó a visitar a César Freyre en el penal de Ciudad Juárez, acompañada de Renato Sales. De la misma manera que en los otros penales, lo tenían aislado y la mujer participaba del maltrato y las vejaciones.

 

En el Altiplano, bajo amparo judicial

César se encuentra actualmente en el cefereso número 1, El Altiplano, Estado de México. Lo regresaron allí, después de un meter un amparo por las condiciones de su enfermedad provocada por las frecuentes torturas. Narra a los médicos que lo entrevistaron para el protocolo de Estambul, que se encuentra en una estancia donde los presos están aislados, un área de medidas especiales de máxima seguridad. Sin embargo, para él también es un lugar seguro, debido a que su mayor temor es que Isabel Miranda pague por hacerle daño adentro, como sucedió con el caso de Jael Malagón Uscanga, en 2010, también acusado falsamente de participar en la misma banda de secuestradores. Jael fue atacado por los internos, pagados por Miranda, y ellos mismos le dijeron que no era nada personal, solo estaban acatando “las órdenes de la señora”. Fue cuando Jael quedó ciego, al desprenderle la retina del único ojo que tenía.

Por eso para César Freyre, estar solo le representa más seguridad, además, dice, se ha vuelto muy huraño y desconfiado, por tantos años de aislamiento y el temor a volver a ser torturado.

“Era una zozobra que no podía yo con ella, en COC me tuvieron más de ocho años, y en un COC ningún interno puede estar por más de 30 días porque es un centro de observación y clasificación. César Freyre se refiere al Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico para los presos, un área dentro de la institución penitenciaria a cargo del equipo de médicos, trabajadores sociales y criminólogos para determinar en qué dormitorio y estancia asignarán al interno.

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Pero César Freyre especifica que estuvo ocho años allí, y tuvo numerosas visitas de Isabel Miranda Torres para cometer actos de acoso y tortura.

“Aquí tuve muchísimas visitas de Miranda, aquí Miranda entraba como a su casa, se lo juro. De hecho, el señor XXX, el vivía en el pasillo 4 de COC, y en el pasillo 4 de COC él tenía una ventana y estaba rota, y él veía a todo mundo, a todo el personal que entraba al COC, él los veía, y él sabía cuando venía la señora, por eso se lo promocioné como testigo. Él vio muchas cosas, yo viví mucho tiempo en tratamiento especiales junto a él, y llegó el momento en que me aislaron por lo mismo, porque como me sacaban, no querían que hubiera evidencias de que me estaban sacando, entonces no sé si el señor le haya narrado la cuestión de que él se daba cuenta cuando entraba Miranda, ella entraba como en su casa, de verdad. Las veces que me pedía me sacaban y andaba toda la comitiva de seguridad de los altos mandos aquí, estoy hablando de cuando estaba de director el Maestro Aguado, venía con los titulares que estuvieron en el sexenio de Calderón para atrás, todos se prestaron para torturarme, todos.”

También dijo haber estado dos años en el área de Tratamientos especiales, para reos de máxima peligrosidad. Y después tras su traslado al cefereso número 9, de Ciudad Juárez, donde estuvo otros 14 meses, también en el área de Tratamientos especiales.

Actualmente, en El Altiplano, determinaron los expertos de prevención de tortura que César Freyre no está en condiciones vulnerables. Sin embargo, en 2010, tuvo dos eventos de tortura graves en este mismo penal que incluso narró en 2019 a esta periodista por medio de una carta. Las torturas las cometieron agente del Ministerio Público de la SIEDO en colusión con las autoridades penitenciarias el 2 y 22 de octubre de 2010. Como parte de la tortura del 2 de octubre, previo a una audiencia judicial, le pusieron a su madre María Rosa Morales, por llamada telefónica, llorando, mientras la encañonaban dentro de su casa. Hasta ese momento, aceptó inculparse e inculpar a sus coacusados, tras cuatro años de tortura y maltrato. En el protocolo de Estambul, Freyre mencionó entre las autoridades que permitiern su tortura incluso al funcionario público, activo como Fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia.

El siguiente evento de tortura, el 22 de octubre de 2010, fue para que ratificara su declaración incriminatoria, justo la noche en que le informaron del fallecimiento de su hermana Julieta Freyre, a quien le dio un infarto cerebral mientras pedía ayuda en la oficina de la extinta senadora Rosario Ibarra de Piedra.

El protocolo de Estambul, positivo en tortura

El resultado del protocolo de Estambul de 81 páginas muestra los recuadros sobre la sistematización del proceso con los hechos de tortura, con el numeral 372 del acuerdo con el manual, así como la narración de la víctima y lugar, donde se perpetró la tortura.

En el documento, César Freyre refiere reiteradamente a los elementos de Custodia y seguridad en los penales como «encapuchados», quienes eran los perpetradores de las torturas. No obstante, en el protocolo se destaca el terror psicológico que le infundieron tras los eventos de tortura. En Los Ángeles Press, de acuerdo con la evidencia documental, estos eventos de tortura fueron registrados en oficios, amparos, quejas y solicitudes de ayuda, en diferentes años, desde su detención en la que intervino Isabel Miranda Torres.

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