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El Caso Wallace

El falso caso Wallace y el lamentable papel de los medios

Periodistas y medios han guardado un silencio absoluto sobre las denuncias y revelaciones periodísticas que ha hecho la periodista Guadalupe Lizárraga sobre el caso Wallace. ¿Qué es lo que encubren?

Juan Carlos Pérez Ruiz

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Juan Carlos Pérez Ruiz

En los últimos meses los medios de comunicación tradicionales se han escandalizado e indignado ante el uso constante del presidente Andrés Manuel López Obrador del término “prensa fifí”, durante sus conferencias mañaneras.

Ante el reiterado empleo del término por parte del mandatario, los grandes corporativos de medios han echado a andar toda su aplanadora mediática, para llevar al centro de la discusión pública si el presidente debe o no, usar ese término.

Más que un aluvión de críticas bien fundamentadas que coinciden sin planificarlo, parece que hay toda una operación de “nado sincronizado” para moldear a la opinión pública contra el uso del calificativo. Artículos de opinión, columnas, editoriales, reportajes, entrevistas, análisis, y acalorados debates televisivos y radiofónicos, han explotado el asunto hasta la saciedad. No solo eso: Durante las conferencias mañaneras le han planteado el tema al presidente en infinidad de ocasiones, incluso relacionándolo con los asesinatos de periodistas, que continúan multiplicándose a lo largo y ancho del país.

Prueba de ello fue la pregunta del periodista Humberto Padgett, colaborador del programa de radio de Ciro Gómez Leyva, el pasado 25 de marzo: “Anoche fue asesinado el sexto periodista de su gobierno, licenciado López Obrador, un reportero en Sinaloa. Su cadáver fue arrojado bajo un puente. La recurrencia de llamar a la prensa que es crítica de usted como fifí o conservadora, ¿no favorece el mal estado de las cosas, ya de por sí muy descompuestas en el país?

Quien también revivió la polémica fue el conductor de noticias de Estrella TV, Pedro Ferriz Híjar, hijo del comunicador Pedro Ferriz de Con: “En lo que va de su mandato han matado a seis de nuestros compañeros, dos de ellos en Veracruz lamentablemente (…) Mire, señor presidente, yo sería el más feliz de poder estar de acuerdo con todo lo que dice, pero creo que la prensa no está aquí para estar de acuerdo con todo, estamos aquí para apoyar y para representar al pueblo (…)¿Podemos parar con esta confrontación y empezar a trabajar a favor de México?”.

En conferencia mañanera.

Es pertinente preguntarse si la molestia de gran parte del gremio es proporcionada a la magnitud y el significado de la palabra, ya que López Obrador ha explicado ampliamente a que se refiere con el término “prensa fifí”:

“Si ustedes revisan la historia, los que le hicieron más daño al movimiento revolucionario maderista, fueron los fifí, ayudaron a los golpistas, y hubo una prensa, en ese entonces, El Debate y otros periódicos que se dedicaron a denostar al presidente Madero. Bueno, esa prensa y los fifís, quemaron la casa de la familia Madero. Cuando detienen al hermano de Francisco I. Madero y asesinan cobardemente a Gustavo A. Madero, los fifís hacen caravanas con sus carros y festejan.”

“Y luego esa prensa siempre apostó a apoyar la militarización, el golpe de Estado, y tiene que ver mucho con el conservadurismo, venían del régimen porfirista, eran serviles, era una prensa sometida y cuando triunfa el momento revolucionario, triunfa Madero, él garantiza libertades plenas, y se portaron muy mal, no sólo con Madero, sino el país, le hicieron mucho daño a México, fueron los que atizaron el fuego para que se volviese cruenta la revolución mexicana y se perdieran muchas vidas humanas. Entonces, lo del fifí viene de eso, para darle una ubicación histórica, entonces eso sí se los voy a seguir diciendo, porque son herederos de ese pensamiento y desde el proceder”.

Si nos atenemos a esa definición, ¿por qué entonces la gran maquinaria mediática revive y alienta, una y otra vez, la polémica sobre el término? ¿Preocupación por, y solidaridad con, los colegas caídos, o inconsciente identificación implícita con la definición de Andrés Manuel López Obrador?

¿Realmente es creíble pensar que los periodistas son asesinados porque el presidente utiliza el término “prensa fifí”, que una persona cualquiera sale a la calle y dice “Hoy voy a matar un periodista porque el presidente descalificó a ciertos sectores de la prensa”? ¿Por qué los grandes medios (e incluso algunos medios críticos) soslayan en su discurso el contexto de amenazas, sangre y muerte en que se ha desarrollado el periodismo mexicano en las últimas décadas, particularmente desde que inició la Guerra contra el Narcotráfico de Felipe Calderón? ¿Acaso porque Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no decían “prensa fifí”, se reducían los asesinatos de periodistas?

¿Por qué fingen o pretenden fingir que no saben que la mayoría de los delitos contra periodistas son cometidos por el crimen organizado, cuando no por politicastros o empresarios relacionados con ese submundo? ¿Por qué, si estos grandes medios y sus vacas sagradas de la comunicación están tan auténticamente preocupados por la seguridad del gremio, no mejoran las condiciones laborales de sus reporteros, editores, fotógrafos, camarógrafos, correctores y becarios?

¿Por qué, a sabiendas de los riesgos que implican ciertos trabajos, la mayoría de los medios no tienen ningún interés en desarrollar o mejorar sus protocolos de seguridad? ¿Por qué es tan común que muchos medios abandonen a su suerte al periodista cuando éste comienza a sufrir persecución del crimen organizado o de algún político? ¿No sería justo que, ya que el medio se benefició lucrando con el trabajo de ese periodista, el medio ofreciera algún apoyo a su trabajador? Por supuesto que hay medios que apoyan, pero no suelen ser la mayoría de los grandes medios, los mismos que hoy se tiran de los cabellos y gritan escandalizados por el reiterado uso del concepto “prensa fifí”. Lea el libro Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia, del fallecido Javier Valdéz, para que dimensione lo que aquí escribo.

¿Por qué la mayoría de los periodistas con menos ética y oficio, como Ricardo Alemán o Carlos Loret, son los que mejores sueldos reciben? ¿Por qué, en cambio, la mayoría de los periodistas que han realizado investigaciones de alto riesgo e impacto suelen estar vetados de los grandes medios audiovisuales?

Si tan angustiados están por la integridad de los periodistas, ¿por qué suelen pronunciarse en abstracto y esquivan cuando se trata de casos específicos? Si bien no todos, muchos de los que hoy se escandalizan con el affaire “prensa fifí”, dijeron poco o nada cuando la entonces colaboradora de Contralínea, Ana Lilia Pérez, tuvo que exiliarse en Alemania por las amenazas que recibió tras sus investigaciones sobre la corrupción en Pemex. Lo mismo aplica en el caso de Anabel Hernández, quien si bien es mundialmente reconocida en medios impresos y su trabajo ha sido comentado y difundido gracias a usuarios de redes sociales, prácticamente vive un veto silencioso en los grandes medios audiovisuales de México. Intente recordar cuantas veces y por cuánto tiempo ha oído hablar de ella en los últimos años, en Televisa, Imagen y TV Azteca; las pocas veces que lo han hecho.

¿Cuándo ha escuchado pronunciarse firmemente contra las amenazas que ha vivido la periodista, a Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Javier Alatorre o a las demás estrellas del periodismo en televisión abierta? ¿Cuándo los ha escuchado protestar contra el exilio que actualmente vive la periodista? Ni siquiera toman postura muchos de sus ex compañeros de la revista Proceso.

Tampoco se explica que ante tal nivel de presunta preocupación, prácticamente todo el gremio periodístico mexicano haya guardado silencio casi absoluto ante la denuncia pública que la fundadora de este portal, Guadalupe Lizárraga, emitió en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el viernes 29 de marzo. En su participación, la periodista denunció no solo la falsedad del caso Wallace sino también las amenazas que ha vivido por su trabajo.

No hubo una sola nota. Ni un post de Facebook o un tuit. La difusión del hecho se dio únicamente gracias a la misma Guadalupe Lizárraga y a usuarios de redes sociales, que rompieron el cerco mediático y cibernético con el que intentaron tapar la denuncia. La evidencia videográfica se conservó únicamente gracias a los vídeos de algunos youtubers, quienes sin saberlo registraban lo que otros medios y youtubers callarían.

No sorprende que los grandes medios tradicionales de México callen. Estamos habituados no solo a su silencio, sino a la promoción y defensa que han hecho de personajes tan poderosos como francamente deleznables. Indiferencia, cuando no justificación y minimización, de crímenes de Estado. Ridiculización, cuando no invisibilización o criminalización, de las protestas sociales, políticas de izquierda o líderes sociales. Manipulación e incluso descarada fabricación de fake news cuando así convenga a sus intereses.

Fue hasta el 2 de abril que se mencionó la denuncia de la periodista, pero solo para dar contexto a las notas que aparecieron sobre la solicitud de audiencia privada que Isabel Miranda de Wallace (o Isabel Torres Romero, según sus actas de nacimiento) le solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de lo que ocurría en los dos últimos sexenios, en los que se ha comentado ampliamente el trato privilegiado que la dueña de Showcase Publicidad recibía de los pasados gobiernos federales, en esta ocasión la presidenta de Alto al secuestro ha tenido que meter solicitud como cualquier ciudadano de a pie, hecho que parece tener molesta a la empresaria. Pero, ¿por qué debería recibir preferencia sobre los miles, o cientos de miles de personas que solicitan atención? ¿En qué momento permitimos como sociedad, que ciertos personajes tengan más privilegios que otros? ¿Por qué nos parece normal?

Si bien algunos medios mantuvieron relativa neutralidad, otros se subieron al juego de descalificaciones de Isabel Miranda de Wallace.

Así, El Universal expresó que “presuntos activistas pagados por los secuestradores de su hijo, mal informan al mandatario”, mientras que a la periodista y autora de El falso caso Wallace se refirieron como “una las defensoras (SIC) de Brenda Quevedo Cruz, detenida por el secuestro de Alberto Wallace”. En el mismo tenor, El Diario de Yucatán la señaló como “una de las abogadas de Brenda Quevedo Cruz”, y La Silla Rota simplemente la minimizó como “una mujer de nombre Guadalupe Lizárraga”.

¿Realmente ninguno de los medios citados conoce el trabajo de la periodista que no solo se ha desarrollado a través de Los Ángeles Press, sino también en MVS y el periódico español El País, entre otros medios? Concediendo que así fuera, ¿por qué ningún medio solicitó la versión de la periodista? ¿Por qué no consultaron la información sobre Guadalupe Lizárraga con una simple búsqueda en Google, que no les hubiera tomado más que unos segundos? ¿Por qué los medios reproducen las declaraciones de la señora Miranda, sin tomarse la molestia de investigar de la forma más básica? ¿Mediocridad profesional o intento de desacreditar la investigación periodística y la gravedad de la denuncia? Lo que fuere, lamentable.

El abyecto servilismo al poder de Isabel Miranda de Wallace por parte de los grandes medios de comunicación ha sido vergonzoso no solo ahora, sino durante los ya casi catorce años que se ha desarrollado el falso caso Wallace. Es cierto, ha habido trabajos estupendos como el de Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga y algunos otros colegas que han sido la excepción en el mar de los medios. Pero las principales voces del coro mediático, las mismas que tienen monopolizadas las raíces de la opinión pública; los mismos que reciben los mejores sueldos y aparecen en horario estelar, nunca han cuestionado la versión que Isabel Miranda ha impuesto sobre el falso caso Wallace; versión que a través del tiempo e investigaciones, se ha caído a pedazos.

Como es de esperar, en el mundo de la televisión mexicana, la versión de Miranda de Wallace continúa cual verdad absoluta. El tiempo aire en televisión, que es caro, se le concede varias veces al mes (y en ocasiones, a la semana) a una mujer cuya credibilidad se ha ido minando no solo por el caso de su hijo, sino por su intervención en asuntos de seguridad pública y su papel como fabricadora mediática de culpables en diferentes casos en los que excedió las facultades que le concede su organización, como en los casos Cassez-Vallarta, Martí, Nestora Salgado, Martin del Campo Dodd, Cinthya Cantú Muñoz y Ayotzinapa, solo por mencionar algunos; de acuerdo con datos de la organización canadiense En Vero.

En contraste los detenidos por el falso caso Wallace y sus familias -Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda Gonzalez Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz- no solo han tenido que sufrir el terror que ha sembrado la señora Wallace en sus vidas, sino también el escarnio mediático de comunicadores que, además de haber violado su derecho a la presunción de inocencia prácticamente desde que inició el caso, no se les ha concedido su derecho de réplica en los grandes medios de comunicación. Ni siquiera el histriónico Jorge Ramos, quien hoy se yergue cual espadachín del medioevo o como Niño Héroe envuelto en la bandera (no sabemos si en la de México o en la de Estados Unidos), ha cuestionado a la señora Wallace; ni siquiera por la cercanía absoluta de la empresaria con los gobiernos priistas y panistas.

Guadalupe Lizárraga ha sido invisibilizada en los medios de comunicación. Prueba de ello es que la periodista solicitó al conductor Ciro Gómez Leyva su derecho de réplica, con motivo de las alusiones a su persona que ha hecho Isabel Miranda en el programa de radio de Gómez Leyva, durante las últimas semanas en varias ocasiones. La respuesta de Gómez Leyva jamás llegó.

El único periodista con la ética y el valor suficientes para romper el gran tabú del falso caso Wallace en televisión, fue el también abogado Ricardo Raphael, quien dedicó dos episodios de su programa Espiral en Canal Once, en los que entrevistó a Guadalupe Lizárraga y a Isabel Miranda. Más allá de que el comunicador haya abandonado el tema, es de admirarse que haya sido el primer periodista (y esperemos no se mantenga como el único) que ha cuestionado de frente y con valentía, todas las falacias del caso y de la señora, sin dejarse intimidar por una mujer acostumbrada a perseguir a todos aquellos que la desenmascaren.

¿Qué podemos decir de los medios mexicanos popularmente considerados como “críticos”? Desgraciadamente nada bueno; poco o nada.

Si bien La Jornada, Sin Embargo y Contralínea, han hecho cierto eco de algunas de las denuncias contra Miranda Torres en años anteriores, este año han preferido guardar silencio.

De llamar la atención es el caso de Aristegui Noticias, la cual en 2011 legitimó la historia del caso Wallace, cuando entrevistó a Isabel Miranda y Martín Moreno, en CNN. En adelante, si bien la periodista ha hecho cierto eco del otro lado del caso, nunca ha recibido en su programa a los familiares del caso Wallace, ni ha abordado el tema en su programa. Hecho bastante singular considerando que es vista como la periodista más crítica de los medios audiovisuales.

Otro caso que llama la atención es el de Animal Político. Sitio que, pese a su riguroso trabajo en cuanto a corrupción gubernamental, no ha publicado ni una sola línea contra María Isabel Miranda de Wallace. Por el contrario, tiene tres piezas del reportero Alberto “Beto” Tavira; dos de semblanza (la biografía de mujer admirable que Isabel Miranda siempre ofrece a los medios), y uno sobre glamour y belleza. Tesoros del humor involuntario para quienes nos hemos informado sobre esta señora. Leer para creer.

La revista Proceso, que entre 2012 y 2018 fuera crítica con Isabel Miranda, hoy guarda silencio.

Y quien se ha convertido en la gran decepción es la otrora periodista crítica, Sanjuana Martínez. La ahora directora de Notimex, que prometió que impulsaría un periodismo libre y crítico en la agencia, no solo continúa sin darle voz a las verdaderas víctimas del caso Wallace, sino que recientemente la agencia a su cargo publicó una entrevista que legitima la falsa figura de Wallace como activista y luchadora social. Sin contar que, pese al pronunciamiento del sindicato de Notimex, Sanjuana Martinez no ha explicado porque la denuncia de Guadalupe Lizárraga del viernes 29 de marzo, también fue editada en el video del canal de Youtube de Notimex.

¿No le corresponde a los medios darle voz a ambas partes? ¿Por qué solo dan voz a Isabel Torres Romero (o Isabel Miranda, como se llame)? ¿Cómo se atreven a decirse “objetivos” e “imparciales” si continúan vetando la verdadera historia del caso Wallace? ¿Con qué cara pueden negar el veto y la estigmatización que sufren las víctimas de Miranda de Wallace, si ya ni siquiera disimulan un poco?

Si AMLO define como “prensa fifí” a los medios conservadores, golpistas y traidores al pueblo, ¿cómo debemos llamar los ciudadanos a los medios que se han dedicado a aplaudir a la señora Wallace?

¿Qué calificativos se merecen todos aquellos que encubren la tortura, la mentira, el tráfico de influencias, los abusos de poder, las amenazas, el sadismo y la corrupción de Isabel Miranda de Wallace? ¿Cómo podemos llamarles? Se aceptan sugerencias…

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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El Caso Wallace

FGR determina no ejercicio de acción penal contra Isabel Miranda pese a evidencias

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Por Guadalupe Lizárraga

El equipo de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra Isabel Miranda Torres, denunciada en diciembre de 2018, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones judiciales, tortura y secuestro en grado tentativa.

Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga en contra de Isabel Miranda Torres, José Enrique Wallace Díaz y el agente de SEIDO Braulio Robles Zúñiga. En su respuesta, Chávez Aguirre, se abocó a la acusación de la prueba fabricada de ADN por medio de una gota de sangre plantada en el supuesto lugar del asesinato y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace.

Al respecto, la conclusión del perito profesional Ejecutivo “B” en Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, Mario Alberto Bernal López, sostuvo que “existe coincidencia genética con los perfiles genéticos ingresados con los nombres de José Enrique Wallace Díaz y Carlos León Miranda, siendo el mismo perfil genético, por lo tanto ambos tienen el mismo origen biológico”.

El ministerio público Chávez Aguirre alegó en el documento que la falsedad de declaración judicial había prescrito en 2012, y con respecto a los delitos de tortura, los dictámenes en el caso de Brenda Quevedo Cruz (realizado el 6 de junio de 2011), el de César Freyre Morales (realizado el 4 de noviembre de 2015), y el de Juana Hilda González Lomelí (realizado el 15 de noviembre de 2018) habían dado resultados negativos y también operaba la figura de la prescripción.

Sin embargo, el abogado Víctor Caballero, activista de derechos humanos, a la pregunta de Los Ángeles Press, sobre el tema de tortura, señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en dos momentos, en 2018 y 2019, que el delito de tortura no prescribe. Si bien la tortura sexual es una conducta específica, y también encuadra en el catálogo de los delitos sexuales, dependiendo de cómo se dio esa tortura”.

En relación a las denuncias de secuestro en grado tentativa contra la periodista, en noviembre de 2016 y en febrero de 2018, así como el allanamiento de su morada en febrero de 2019 y las denuncias de amenazas proferidas por la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda en el foro sobre Fabricación de culpables realizado el 5 y 6 de noviembre de 2018, el Ministerio Público eludió la investigación de estos hechos sin dar respuesta a la denunciante.

No es la primera vez que la autoridad fiscal determina no ejercer acción penal contra Isabel Miranda por la fabricación del secuestro de su hijo y los atropellos a las víctimas para que se incriminaran. En el registro documental de la notificación a la periodista Guadalupe Lizárraga se destacaron las denuncias contra Miranda y el agente Braulio Robles Zúñiga, en 2011 y 2015, bajo las identificaciones 433/UEIDAPLE/DT/38/2015 y 233/UEIDAPLE/LE/12/2010, las cuales también determinaron las autoridades no ejercer ninguna sanción, pese a que los delitos de tortura eran recientes, siendo octubre de 2010, tanto en el caso de Brenda Quevedo Cruz como en el de César Freyre Morales.

 

Fragmento notificación FGR.

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