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El Caso Wallace

El falso caso Wallace y el lamentable papel de los medios

Periodistas y medios han guardado un silencio absoluto sobre las denuncias y revelaciones periodísticas que ha hecho la periodista Guadalupe Lizárraga sobre el caso Wallace. ¿Qué es lo que encubren?

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Juan Carlos Pérez Ruiz

En los últimos meses los medios de comunicación tradicionales se han escandalizado e indignado ante el uso constante del presidente Andrés Manuel López Obrador del término “prensa fifí”, durante sus conferencias mañaneras.

Ante el reiterado empleo del término por parte del mandatario, los grandes corporativos de medios han echado a andar toda su aplanadora mediática, para llevar al centro de la discusión pública si el presidente debe o no, usar ese término.

Más que un aluvión de críticas bien fundamentadas que coinciden sin planificarlo, parece que hay toda una operación de “nado sincronizado” para moldear a la opinión pública contra el uso del calificativo. Artículos de opinión, columnas, editoriales, reportajes, entrevistas, análisis, y acalorados debates televisivos y radiofónicos, han explotado el asunto hasta la saciedad. No solo eso: Durante las conferencias mañaneras le han planteado el tema al presidente en infinidad de ocasiones, incluso relacionándolo con los asesinatos de periodistas, que continúan multiplicándose a lo largo y ancho del país.

Prueba de ello fue la pregunta del periodista Humberto Padgett, colaborador del programa de radio de Ciro Gómez Leyva, el pasado 25 de marzo: “Anoche fue asesinado el sexto periodista de su gobierno, licenciado López Obrador, un reportero en Sinaloa. Su cadáver fue arrojado bajo un puente. La recurrencia de llamar a la prensa que es crítica de usted como fifí o conservadora, ¿no favorece el mal estado de las cosas, ya de por sí muy descompuestas en el país?

Quien también revivió la polémica fue el conductor de noticias de Estrella TV, Pedro Ferriz Híjar, hijo del comunicador Pedro Ferriz de Con: “En lo que va de su mandato han matado a seis de nuestros compañeros, dos de ellos en Veracruz lamentablemente (…) Mire, señor presidente, yo sería el más feliz de poder estar de acuerdo con todo lo que dice, pero creo que la prensa no está aquí para estar de acuerdo con todo, estamos aquí para apoyar y para representar al pueblo (…)¿Podemos parar con esta confrontación y empezar a trabajar a favor de México?”.

En conferencia mañanera.

Es pertinente preguntarse si la molestia de gran parte del gremio es proporcionada a la magnitud y el significado de la palabra, ya que López Obrador ha explicado ampliamente a que se refiere con el término “prensa fifí”:

“Si ustedes revisan la historia, los que le hicieron más daño al movimiento revolucionario maderista, fueron los fifí, ayudaron a los golpistas, y hubo una prensa, en ese entonces, El Debate y otros periódicos que se dedicaron a denostar al presidente Madero. Bueno, esa prensa y los fifís, quemaron la casa de la familia Madero. Cuando detienen al hermano de Francisco I. Madero y asesinan cobardemente a Gustavo A. Madero, los fifís hacen caravanas con sus carros y festejan.”

“Y luego esa prensa siempre apostó a apoyar la militarización, el golpe de Estado, y tiene que ver mucho con el conservadurismo, venían del régimen porfirista, eran serviles, era una prensa sometida y cuando triunfa el momento revolucionario, triunfa Madero, él garantiza libertades plenas, y se portaron muy mal, no sólo con Madero, sino el país, le hicieron mucho daño a México, fueron los que atizaron el fuego para que se volviese cruenta la revolución mexicana y se perdieran muchas vidas humanas. Entonces, lo del fifí viene de eso, para darle una ubicación histórica, entonces eso sí se los voy a seguir diciendo, porque son herederos de ese pensamiento y desde el proceder”.

Si nos atenemos a esa definición, ¿por qué entonces la gran maquinaria mediática revive y alienta, una y otra vez, la polémica sobre el término? ¿Preocupación por, y solidaridad con, los colegas caídos, o inconsciente identificación implícita con la definición de Andrés Manuel López Obrador?

¿Realmente es creíble pensar que los periodistas son asesinados porque el presidente utiliza el término “prensa fifí”, que una persona cualquiera sale a la calle y dice “Hoy voy a matar un periodista porque el presidente descalificó a ciertos sectores de la prensa”? ¿Por qué los grandes medios (e incluso algunos medios críticos) soslayan en su discurso el contexto de amenazas, sangre y muerte en que se ha desarrollado el periodismo mexicano en las últimas décadas, particularmente desde que inició la Guerra contra el Narcotráfico de Felipe Calderón? ¿Acaso porque Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no decían “prensa fifí”, se reducían los asesinatos de periodistas?

¿Por qué fingen o pretenden fingir que no saben que la mayoría de los delitos contra periodistas son cometidos por el crimen organizado, cuando no por politicastros o empresarios relacionados con ese submundo? ¿Por qué, si estos grandes medios y sus vacas sagradas de la comunicación están tan auténticamente preocupados por la seguridad del gremio, no mejoran las condiciones laborales de sus reporteros, editores, fotógrafos, camarógrafos, correctores y becarios?

¿Por qué, a sabiendas de los riesgos que implican ciertos trabajos, la mayoría de los medios no tienen ningún interés en desarrollar o mejorar sus protocolos de seguridad? ¿Por qué es tan común que muchos medios abandonen a su suerte al periodista cuando éste comienza a sufrir persecución del crimen organizado o de algún político? ¿No sería justo que, ya que el medio se benefició lucrando con el trabajo de ese periodista, el medio ofreciera algún apoyo a su trabajador? Por supuesto que hay medios que apoyan, pero no suelen ser la mayoría de los grandes medios, los mismos que hoy se tiran de los cabellos y gritan escandalizados por el reiterado uso del concepto “prensa fifí”. Lea el libro Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia, del fallecido Javier Valdéz, para que dimensione lo que aquí escribo.

¿Por qué la mayoría de los periodistas con menos ética y oficio, como Ricardo Alemán o Carlos Loret, son los que mejores sueldos reciben? ¿Por qué, en cambio, la mayoría de los periodistas que han realizado investigaciones de alto riesgo e impacto suelen estar vetados de los grandes medios audiovisuales?

Si tan angustiados están por la integridad de los periodistas, ¿por qué suelen pronunciarse en abstracto y esquivan cuando se trata de casos específicos? Si bien no todos, muchos de los que hoy se escandalizan con el affaire “prensa fifí”, dijeron poco o nada cuando la entonces colaboradora de Contralínea, Ana Lilia Pérez, tuvo que exiliarse en Alemania por las amenazas que recibió tras sus investigaciones sobre la corrupción en Pemex. Lo mismo aplica en el caso de Anabel Hernández, quien si bien es mundialmente reconocida en medios impresos y su trabajo ha sido comentado y difundido gracias a usuarios de redes sociales, prácticamente vive un veto silencioso en los grandes medios audiovisuales de México. Intente recordar cuantas veces y por cuánto tiempo ha oído hablar de ella en los últimos años, en Televisa, Imagen y TV Azteca; las pocas veces que lo han hecho.

¿Cuándo ha escuchado pronunciarse firmemente contra las amenazas que ha vivido la periodista, a Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Javier Alatorre o a las demás estrellas del periodismo en televisión abierta? ¿Cuándo los ha escuchado protestar contra el exilio que actualmente vive la periodista? Ni siquiera toman postura muchos de sus ex compañeros de la revista Proceso.

Tampoco se explica que ante tal nivel de presunta preocupación, prácticamente todo el gremio periodístico mexicano haya guardado silencio casi absoluto ante la denuncia pública que la fundadora de este portal, Guadalupe Lizárraga, emitió en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el viernes 29 de marzo. En su participación, la periodista denunció no solo la falsedad del caso Wallace sino también las amenazas que ha vivido por su trabajo.

No hubo una sola nota. Ni un post de Facebook o un tuit. La difusión del hecho se dio únicamente gracias a la misma Guadalupe Lizárraga y a usuarios de redes sociales, que rompieron el cerco mediático y cibernético con el que intentaron tapar la denuncia. La evidencia videográfica se conservó únicamente gracias a los vídeos de algunos youtubers, quienes sin saberlo registraban lo que otros medios y youtubers callarían.

No sorprende que los grandes medios tradicionales de México callen. Estamos habituados no solo a su silencio, sino a la promoción y defensa que han hecho de personajes tan poderosos como francamente deleznables. Indiferencia, cuando no justificación y minimización, de crímenes de Estado. Ridiculización, cuando no invisibilización o criminalización, de las protestas sociales, políticas de izquierda o líderes sociales. Manipulación e incluso descarada fabricación de fake news cuando así convenga a sus intereses.

Fue hasta el 2 de abril que se mencionó la denuncia de la periodista, pero solo para dar contexto a las notas que aparecieron sobre la solicitud de audiencia privada que Isabel Miranda de Wallace (o Isabel Torres Romero, según sus actas de nacimiento) le solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de lo que ocurría en los dos últimos sexenios, en los que se ha comentado ampliamente el trato privilegiado que la dueña de Showcase Publicidad recibía de los pasados gobiernos federales, en esta ocasión la presidenta de Alto al secuestro ha tenido que meter solicitud como cualquier ciudadano de a pie, hecho que parece tener molesta a la empresaria. Pero, ¿por qué debería recibir preferencia sobre los miles, o cientos de miles de personas que solicitan atención? ¿En qué momento permitimos como sociedad, que ciertos personajes tengan más privilegios que otros? ¿Por qué nos parece normal?

Si bien algunos medios mantuvieron relativa neutralidad, otros se subieron al juego de descalificaciones de Isabel Miranda de Wallace.

Así, El Universal expresó que “presuntos activistas pagados por los secuestradores de su hijo, mal informan al mandatario”, mientras que a la periodista y autora de El falso caso Wallace se refirieron como “una las defensoras (SIC) de Brenda Quevedo Cruz, detenida por el secuestro de Alberto Wallace”. En el mismo tenor, El Diario de Yucatán la señaló como “una de las abogadas de Brenda Quevedo Cruz”, y La Silla Rota simplemente la minimizó como “una mujer de nombre Guadalupe Lizárraga”.

¿Realmente ninguno de los medios citados conoce el trabajo de la periodista que no solo se ha desarrollado a través de Los Ángeles Press, sino también en MVS y el periódico español El País, entre otros medios? Concediendo que así fuera, ¿por qué ningún medio solicitó la versión de la periodista? ¿Por qué no consultaron la información sobre Guadalupe Lizárraga con una simple búsqueda en Google, que no les hubiera tomado más que unos segundos? ¿Por qué los medios reproducen las declaraciones de la señora Miranda, sin tomarse la molestia de investigar de la forma más básica? ¿Mediocridad profesional o intento de desacreditar la investigación periodística y la gravedad de la denuncia? Lo que fuere, lamentable.

El abyecto servilismo al poder de Isabel Miranda de Wallace por parte de los grandes medios de comunicación ha sido vergonzoso no solo ahora, sino durante los ya casi catorce años que se ha desarrollado el falso caso Wallace. Es cierto, ha habido trabajos estupendos como el de Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga y algunos otros colegas que han sido la excepción en el mar de los medios. Pero las principales voces del coro mediático, las mismas que tienen monopolizadas las raíces de la opinión pública; los mismos que reciben los mejores sueldos y aparecen en horario estelar, nunca han cuestionado la versión que Isabel Miranda ha impuesto sobre el falso caso Wallace; versión que a través del tiempo e investigaciones, se ha caído a pedazos.

Como es de esperar, en el mundo de la televisión mexicana, la versión de Miranda de Wallace continúa cual verdad absoluta. El tiempo aire en televisión, que es caro, se le concede varias veces al mes (y en ocasiones, a la semana) a una mujer cuya credibilidad se ha ido minando no solo por el caso de su hijo, sino por su intervención en asuntos de seguridad pública y su papel como fabricadora mediática de culpables en diferentes casos en los que excedió las facultades que le concede su organización, como en los casos Cassez-Vallarta, Martí, Nestora Salgado, Martin del Campo Dodd, Cinthya Cantú Muñoz y Ayotzinapa, solo por mencionar algunos; de acuerdo con datos de la organización canadiense En Vero.

En contraste los detenidos por el falso caso Wallace y sus familias -Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda Gonzalez Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz- no solo han tenido que sufrir el terror que ha sembrado la señora Wallace en sus vidas, sino también el escarnio mediático de comunicadores que, además de haber violado su derecho a la presunción de inocencia prácticamente desde que inició el caso, no se les ha concedido su derecho de réplica en los grandes medios de comunicación. Ni siquiera el histriónico Jorge Ramos, quien hoy se yergue cual espadachín del medioevo o como Niño Héroe envuelto en la bandera (no sabemos si en la de México o en la de Estados Unidos), ha cuestionado a la señora Wallace; ni siquiera por la cercanía absoluta de la empresaria con los gobiernos priistas y panistas.

Guadalupe Lizárraga ha sido invisibilizada en los medios de comunicación. Prueba de ello es que la periodista solicitó al conductor Ciro Gómez Leyva su derecho de réplica, con motivo de las alusiones a su persona que ha hecho Isabel Miranda en el programa de radio de Gómez Leyva, durante las últimas semanas en varias ocasiones. La respuesta de Gómez Leyva jamás llegó.

El único periodista con la ética y el valor suficientes para romper el gran tabú del falso caso Wallace en televisión, fue el también abogado Ricardo Raphael, quien dedicó dos episodios de su programa Espiral en Canal Once, en los que entrevistó a Guadalupe Lizárraga y a Isabel Miranda. Más allá de que el comunicador haya abandonado el tema, es de admirarse que haya sido el primer periodista (y esperemos no se mantenga como el único) que ha cuestionado de frente y con valentía, todas las falacias del caso y de la señora, sin dejarse intimidar por una mujer acostumbrada a perseguir a todos aquellos que la desenmascaren.

¿Qué podemos decir de los medios mexicanos popularmente considerados como “críticos”? Desgraciadamente nada bueno; poco o nada.

Si bien La Jornada, Sin Embargo y Contralínea, han hecho cierto eco de algunas de las denuncias contra Miranda Torres en años anteriores, este año han preferido guardar silencio.

De llamar la atención es el caso de Aristegui Noticias, la cual en 2011 legitimó la historia del caso Wallace, cuando entrevistó a Isabel Miranda y Martín Moreno, en CNN. En adelante, si bien la periodista ha hecho cierto eco del otro lado del caso, nunca ha recibido en su programa a los familiares del caso Wallace, ni ha abordado el tema en su programa. Hecho bastante singular considerando que es vista como la periodista más crítica de los medios audiovisuales.

Otro caso que llama la atención es el de Animal Político. Sitio que, pese a su riguroso trabajo en cuanto a corrupción gubernamental, no ha publicado ni una sola línea contra María Isabel Miranda de Wallace. Por el contrario, tiene tres piezas del reportero Alberto “Beto” Tavira; dos de semblanza (la biografía de mujer admirable que Isabel Miranda siempre ofrece a los medios), y uno sobre glamour y belleza. Tesoros del humor involuntario para quienes nos hemos informado sobre esta señora. Leer para creer.

La revista Proceso, que entre 2012 y 2018 fuera crítica con Isabel Miranda, hoy guarda silencio.

Y quien se ha convertido en la gran decepción es la otrora periodista crítica, Sanjuana Martínez. La ahora directora de Notimex, que prometió que impulsaría un periodismo libre y crítico en la agencia, no solo continúa sin darle voz a las verdaderas víctimas del caso Wallace, sino que recientemente la agencia a su cargo publicó una entrevista que legitima la falsa figura de Wallace como activista y luchadora social. Sin contar que, pese al pronunciamiento del sindicato de Notimex, Sanjuana Martinez no ha explicado porque la denuncia de Guadalupe Lizárraga del viernes 29 de marzo, también fue editada en el video del canal de Youtube de Notimex.

¿No le corresponde a los medios darle voz a ambas partes? ¿Por qué solo dan voz a Isabel Torres Romero (o Isabel Miranda, como se llame)? ¿Cómo se atreven a decirse “objetivos” e “imparciales” si continúan vetando la verdadera historia del caso Wallace? ¿Con qué cara pueden negar el veto y la estigmatización que sufren las víctimas de Miranda de Wallace, si ya ni siquiera disimulan un poco?

Si AMLO define como “prensa fifí” a los medios conservadores, golpistas y traidores al pueblo, ¿cómo debemos llamar los ciudadanos a los medios que se han dedicado a aplaudir a la señora Wallace?

¿Qué calificativos se merecen todos aquellos que encubren la tortura, la mentira, el tráfico de influencias, los abusos de poder, las amenazas, el sadismo y la corrupción de Isabel Miranda de Wallace? ¿Cómo podemos llamarles? Se aceptan sugerencias…

El Caso Wallace

Ciro Gómez Leyva revictimiza a falsos culpables del caso Wallace, en complicidad con Isabel Miranda desde 2006

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Ciro Gómez leyva sabía desde el 2006 que había pruebas fabricadas en el caso Wallace

 

El periodista Ciro Gómez Leyva, titular del noticiero de Imagen Noticias por la noche, presentó el pasado 16 de noviembre un antiguo reportaje de las supuestas pruebas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda Torres, quien ha sido denunciada penalmente por tortura y fabricación de pruebas. En el reportaje de Grupo Imagen, se muestra el departamento en el que la supuesta víctima «llegó secuestrado y salió en pedazos», según el mismo comunicador juzgó en su cuenta de Twitter.

Elaborado por el reportero Humberto Padgett, se exhiben declaraciones de Jacobo Tagle y César Freyre en el que relatan cómo manejaron supuestamente el cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la investigación de la periodista de Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, revelaron que tanto Tagle como Freyre fueron torturados por agentes de la SIEDO, y por la misma Isabel Miranda, por lo que ambos tienen protocolos de Estambul positivos en torturas, además de que el propio Ciro Gómez Leyva sabía desde el 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace.

A continuación compartimos el reportaje íntegro, publicado el pasado 9 de septiembre de 2020, en el que se demuestra como Gómez Leyva sabía de la fabricación de pruebas del caso Wallace:

Por Guadalupe Lizárraga

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 que José Enrique Wallace no era padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, y por tanto la “prueba maestra” con la que Isabel Miranda sostenía el caso Wallace era falsa, de acuerdo con lo revelado por el investigador privado y asesor de Transparencia José Luis Moya, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.

El investigador señaló que Laura Domínguez, vecina e íntima amiga de Hugo Alberto Wallace Miranda, lo acompañó a la entrevista con Gómez Leyva para aportar su testimonio de que el hijo de Isabel Miranda Torres no era hijo biológico de Enrique Wallace, por lo que el ADN de la gota de sangre, supuestamente hallada siete meses después en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, había sido plantada por los agentes de la PGR.

No te pierdas: Caso Wallace: Isabel Miranda presentó pruebas y testigos falsos en el caso del secuestro de su hijo

Sin embargo, en el programa radiofónico, Miranda de Wallace los acusó de extorsión desacreditando el testimonio de Domínguez y Moya, quienes ya antes habían declarado que Hugo Alberto se había cruzado la barda de la casa de Domínguez para esconderse de los agentes de la AFI, en 2004, cuando tenía una orden de aprehensión por contrabando.

José Luis Moya también señaló en entrevista que él puso en contacto a Miranda de Wallace con un diputado de Guerrero, a fin de que les ayudara en la búsqueda en Acapulco, donde otras dos personas ya habían dado su testimonio de haber visto a Hugo Alberto, tiempo después de la fecha de supuesta muerte. Pero al enterar a Miranda, señala Moya, que empezaron a percatarse de las inconsistencias y mentiras de la señora Wallace, por lo que decidieron mantenerse al margen de la situación.

Después de la detención de Brenda Quevedo Cruz en Estados Unidos, durante el proceso judicial en Chicago para para su extradición a México, José Luis Moya fue requerido como testigo protegido, pero a raí de esas diligencias empezó a ser calumniado en los medios y acosado por Miranda de Wallace.

Lee más: Isabel Miranda expone en un parque su ‘verdad histórica’ pese a fabricaciones y torturas demostradas en el caso Wallace

Domínguez, por su parte, decidió no volver a hablar del tema por miedo, después de reencontrarse con Hugo Alberto en un hotel frente al aeropuerto de la Ciudad de México, después de la supuesta fecha de muerte.

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía de todos estos detalles desde 2006, sin embargo, decidió guardar silencio pese a que su testimonio podría haber influido en el desarrollo del proceso judicial de los inculpados.

 

 

 

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El Caso Wallace

El caso Wallace y el cerco mediático

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La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

***

Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

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El Caso Wallace

Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

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Jorge Volpi, autor de un libro del caso Cassez-Vallarta, participó en la producción del documental de Netflix

 

Por Guadalupe Lizárraga

El derecho a la presunción de inocencia de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso Wallace, de nuevo ha sido socavado flagrantemente ahora por Netflix en la exhibición internacional y con fines de lucro del espectacular publicitario que hizo Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, para acusarlo de ‘secuestrador’ antes de un juicio y sin tener una sentencia en México, en violación también a su derecho a la intimidad y dignidad humana.

Netflix, empresa de entretenimiento con plataforma de streaming con difusión mundial, exhibió el rostro y nombre de Jacobo Tagle Dobin, en el contexto narrativo sobre el secuestro en México en la serie documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, escrita por Alejandro Gerber Bicecci, bajo la producción ejecutiva de Jorge Volpi, autor de la novela con el mismo título.

Sin embargo, la serie no cuenta la historia de Jacobo Tagle, quien lleva doce años en prisión sin sentencia, y ha sufrido varias torturas que acreditan tres protocolos de Estambul aplicados por el Consejo de la Judicatura de la Federación e instancias oficiales de derechos humanos. Tampoco es un personaje de la novela de Jorge Volpi, en la edición de Alfaguara.

Para saber más del caso: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

El minuto 26:08, del episodio 1, exhibe ese espectacular de la empresa Showcase Publicidad, propiedad de quien ha popularizado su nombre en los medios como Isabel Miranda de Wallace, y se trata de una grabación de B-roll o footage, al que la producción recurrió intencionalmente para ilustrar de manera visual su narrativa sobre el secuestro en este país, violando los derechos fundamentales de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

Sin embargo, la serie de Netflix protege el rostro de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, a quien se le presenta como “empresario de la comunidad judía”, pese a haber sido señalado 22 ocasiones en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta Cisneros, de haberlo torturado junto con los policías federales de Genaro García Luna.

 

Margolis también ha sido señalado de ser el responsable de las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón -sentenciado con pruebas ilegales por la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25 de la Ciudad de México, para relacionarlo con el caso Wallace. La tortura sufrida por Khoury Layón fue perpetrada por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), ambos también de la AFI. La tortura más reciente fue el 12 de junio de este año, semanas después de una llamada telefónica con Margolis -frente a testigos- donde reconoció haber ordenado las detenciones arbitrarias de George Khoruy desde 2005.

Adicionalmente, el caso de George Khoury Layón con una opinión de libertad de Naciones Unidas desde 2017, ratificado en 2019, y reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, ha revelado con la denuncia de sus torturadores, el tráfico de influencias tanto de Margolis como de Isabel Miranda de Wallace en las audiencias judiciales y autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México.

En el caso de Isabel Miranda, la serie de Netflix, en la que participó también la productora Atlantique Productions e Imagissime, le da un trato de “activista”, al igual que en la novela de Volpi, cuando -desde 2014- ya se habían revelado suficientes pruebas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y la fabricación de culpables.

No te pierdas: CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

 

En los anexos de la novela, en la página 487, el autor subtitula “Los secuestradores (o presuntos secuestradores)” en referencia a las víctimas de fabricación de culpa y tortura, incluyendo a personas sin relación alguna con el caso Cassez-Vallarta. Pero a Isabel Miranda, Fernando Martí y Eduardo Gallo, en la página 490, los subtitula como “Los activistas”, cuando al menos Miranda y Gallo están denunciados judicialmente por actos de tortura, y en el caso de Gallo incluso por homicidio, con el apoyo de García Luna.

página 487 de una novela criminal

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho incorporado a un juicio justo que se ha convertido en un principio legal básico de la mayoría de los sistemas de justicia con un sólido Estado de derecho; no obstante, este derecho ha sido sistemáticamente violentado a las inculpados del falso secuestro Wallace que ha empujado Isabel Miranda Torres y Eduardo Margolis Sobol, con el apoyo del gobierno mexicano y de los medios de comunicación.

Para enterarte del caso Wallace: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre

 

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