«La Justicia sometida», obra mural del artista mexicano Nicolás de Jesús*

Guadalupe Lizárraga

A Nestora, en el día  internacional en contra de la violencia hacia las mujeres

Nestora Salgado García fue encarcelada el 21 de agosto de 2013 como una muestra del terror que es capaz el Estado mexicano. Una mujer joven y fuerte, con una gran consciencia moral y un compromiso solidario por su comunidad, desde adolescente tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos para tener un futuro con calidad de vida. Después de lograrlo, casada y con tres hijas, regresa veinte años más tarde a ayudar a la gente de Olinalá Guerrero, “su gente”. Proveedora incansable, consejera de jóvenes, organizadora de colectivos y con un sentido inflexible de la Justicia, se convierte muy pronto en líder social y en comandante regional de la Policía comunitaria de Olinalá.

Facultada por la Ley local 701, el Artículo 2º. Constitucional y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para protección de los Pueblos Indígenas, la Policía comunitaria comandada por Nestora Salgado y otros líderes, se han enfrentado a funcionarios corruptos, a jóvenes delincuentes, y al crimen organizado solapado en abierta complicidad con las autoridades federales y estateles. Los medios mexicanos han insistido en minimizar el conflicto y circunscribirlo al plano local de Olinalá, como si lo local estuviera desvinculado de la vida nacional y del orbe, y con ello restarle importancia a una grave violación de derechos humanos, propia de un Estado con vocación dictatorial.

Mujer, líder y con sólida legitimidad de su pueblo, Nestora fue criminalizada con falsos delitos y falsas víctimas, han sido violadas sus garantías constitucionales, sobretodo su derecho de presunción de inocencia, no sólo porque fue detenida por el ejército sin orden judicial, sino desde antes fue hostigada por las fuerzas armadas, coartando sus libertades de expresión y asociación, e intimidada por los representantes del Estado mexicano. La han tenido recluida en un régimen de incomunicación en el penal de alta seguridad de El Rincón, Nayarit, donde ha compartido celda con dos mujeres narcotraficantes miembros de los Zetas. Ha sido difamada y calumniada en su honor por altos funcionarios del gobierno del Estado de Guerrero y por los medios de comunicación que se han prestado a manipular la verdad.

El responsable de tutelar nuestras garantías constitucionales es el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. No hacerlo, incurre en una complicidad, con las mismas autoridades que la acusan falsamente, como es el alcalde de Olinalá, Eusebio Rodríguez, y con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Ha sido recurrente de los políticos sin vocación ética utilizar las instituciones políticas y judiciales en flagrante abuso de poder para fabricar crímenes contra luchadores sociales y activistas de derechos humanos incómodos para el crimen, como Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Bernardino García, que son sólo algunos de los casos más recientes.

El ejército y la Marina responden a su comandante en Jefe, el que hoy ocupa la presidencia de la República. Las mismas fuerzas armadas detuvieron contra derecho a Nestora Salgado. En el caso de Gonzalo Molina, de Tixtla, otro hombre honesto, valiente y comprometido con el bien de la comunidad, lo detuvieron policías ministeriales, pero actuando con la misma alevosía y bajo órdenes federales. Con las fuerzas armadas, colaboran en la represión sistemática otras instancias judiciales de nivel federal, desde el Centro de Inteligencia de la PGR hasta sus policías de choque, y los policías de los estados y municipales. Es la estructura judicial y política utilizada contra los pueblos indígenas.

Miembros del ejército han sido denunciados sistemáticamente por su colaboración con narcotraficantes de la localidad, y quienes denuncian son hostigados incluso hasta la muerte como Rocío Mesino Mesino, por mencionar uno de los casos más recientes, dramáticos, manipulado por los medios e ignorado. Podría decirse que los militares o los federales se corrompen a nivel individual y no en representación de la institución. Sin embargo, es la institución la responsable de la corrupción de sus miembros por dejarlos en impunidad. Tampoco la corrupción individual de algunos miembros del ejército debería obstaculizar la política de Estado en el combate al narcotráfico si fuera real y correcta. El mismo titular de la institución debería actuar en consecuencia.

Adicionalmente, las autoridades políticas se “lavan las manos” y lanzan su coartada a los medios apapachados con su publicidad mensual y sus prebendas para los más exigentes. Justifican los asesinatos y violaciones de derechos humanos atribuyéndoselos a paramilitares o al “crimen organizado”, porque salen encapuchados tras sus presas. Sin embargo, cada vez es menos la diferencia entre un sicario del narcotráfico y un militar con capucha. Mismo uniforme, mismo tipo de armas, y en ocasiones hasta los mismos jefes. Diferentes organizaciones.

Lo mismo sucede con la prensa local. Es utilizada dócilmente para criminalizar y difamar a quienes luchan con la frente en alto por su comunidad, y el grado de manipulación es directamente proporcional al grado de corrupción del medio. Uno de los casos más grotescos para atacar la honorabilidad de Nestora Salgado García es el de la periodista Laura Sánchez Granados quien, desde el gobierno municipal de Acapulco, maquiló la nota de la supuesta recompensa que Salgado García pedía a familiares de sus víctimas para liberarlas. Con una falta absoluta de ética y de profesionalismo periodístico, Laura Sánchez Granados difunde masivamente en la red de digitales e impresos locales, como El Periódico Digital, Ultra Noticias, El diario de Taxco y El diario de Zihuatanejo, entre otros, sus mentiras redactadas a manera de boletín de prensa de la Procuraduría del Estado.

La periodista se firmaba como “Encargada del despacho de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Acapulco”, desde 2005, cuando trabajaba para el entonces presidente municipal Alberto López Rosas, quien después fue procurador de Justicia del Estado, y quien finalmente fue preso por “obstaculizar la justicia” en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, asesinados por policías federales el 12 diciembre de 2011. (Otro caso sin justicia y manipulado por el Estado). La periodista fue también directora de comunicación social con Manuel Añorve Baños en Acapulco, hoy por segunda vez diputado federal. El esposo de Laura Sánchez está vinculado a un amigo cercano de Maricela Ruiz Massieu, hermana del asesinado ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu y familia política de Salinas de Gortari. Todos los personajes a los que hago referencia en relación a la periodista acapulqueña son militantes del PRI, incluyendo al gobernador actual Ángel Aguirre, quien después se mudó al PRD.

Me detengo en mostrar a detalle el entramado de las relaciones políticas de la periodista Sánchez Granados para poner de relieve no sólo su calidad moral como persona y profesional del periodismo al prestarse a dar su nombre para incriminar sin titubeos a una persona inocente, sino para dar cuenta de la calidad moral de los representantes del Estado mexicano que no escatima en retorcer la verdad y garantizar la impunidad de los privilegiados. El daño moral contra Nestora Salgado, es pues, con saña. Y en un juicio, esta periodista también debería ser llamada a cuentas por su difamación e injuria.

Los éxitos de Nestora son los fracasos del Estado

Existe pues un interés específico en criminalizar a la Policía comunitaria de la CRAC por parte del gobierno federal y del gobierno estatal, ambos involucrando al Estado como institución. Mientras, en Michoacán, por ejemplo, las Autodefensas integradas por campesinos y empresarios del pueblo, como la comandada por José Manuel Mireles o Hipólito Mora, combaten frontalmente a los grupos narcotraficantes en ausencia del ejército. Esto es, en ausencia del Estado. Michoacán ha vuelto al estado de naturaleza. Siguiendo la línea del gobierno federal en Guerrero, el gobierno de Aguirre y sus presidentes municipales, mueven cualquier recurso oneroso o no para cumplir el objetivo del descrédito y manipulación informativa, ejecuciones extrajudiciales, tortura o represión. México es un Estado secuestrado por la narcopolítica y la corrupción, que ha dejado de cumplir su razón de ser.

Peña Nieto viene de un grupo político con una trayectoria delictiva liderada desde Carlos Salinas de Gortari, con no pocas evidencias de sus relaciones con narcotraficantes, desde los Carrillo Fuentes hasta El Chapo Guzmán. Peña ha sido represor y no disimula su vocación autoritaria, orquestada por quienes están detrás de él. Tampoco guarda discreción por estas relaciones con políticos evidenciados de corrupción y narcotráfico en su paso por los puestos públicos. Es parte del terror que se quiere imponer. Mientras los policías comunitarios son indígenas que buscan el bien de su pueblo, y están dispuestos a dar su vida por salvar la de sus vecinos porque han creado comunidad. Se llama interés público. Para los indígenas el vínculo comunitario los ha mantenido inmunes a la descomposición que lo que hoy es el Estado mexicano y sus representantes frente a la sociedad. Por eso Peña Nieto, aunque siga echando mano del arca pública para tapar los hoyos en el Sureste mexicano, nunca sabrá lo que es ser un líder legítimo, reconocimiento que Nestora Salgado se ha ganado por su preocupación y atención genuina a su gente, siempre con sus recursos privados, los de su propio bolsillo y el de su familia para lograr un bien público.

Los éxitos de Nestora Salgado son directamente proporcionales a los fracasos del Estado mexicano. Quien la ha mandado encarcelar es un criminal de derechos humanos. Y el Estado es orquestado y manipulado por este criminal.

Nuestras instituciones, secuestradas por narcopolíticos, han sido usadas de nueva cuenta para “fabricar” un caso donde hay una persona inocente. Basta echar una mirada al expediente 142/2013-11, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, para darse cuenta de todas las irregularidades y mentiras del proceso. Basta seguir a un par de periodistas mercenarios para ver qué hay detrás de sus calumnias contra Nestora Salgado y contra la Policía comunitaria de Olinalá y otros municipios. Pero las irregularidades del proceso de Nestora, o la presión social internacional no debería ser el móvil jurídico para que el gobierno mexicano hiciera lo correcto: ponerla en libertad de inmediato. Sería seguir el juego perverso del gobierno. “Encarcelo a esta persona, la incrimino y la desprestigio, y que el pueblo se mueva a ver si la puede liberar”. Un juego recurrente en los estados totalitarios, con el que México no es reconocido internacionalmente. Tampoco ese extremo de involución es una opción para los mexicanos. Sin embargo, con cada líder comunitario, con cada activista de derechos humanos, detenido contra derecho, así ha sido, y los pueblos se movilizan para liberar a sus líderes, mientras el Estado se fractura como garante de una vida colectiva moral y digna. Perder de vista esta “razón de ser”, en la defensa de Nestora Salgado y de toda persona que hoy padece la cárcel injusta es dejar que una mafia en el poder invada nuestra vida individual y colectiva; pise nuestros derechos y limite nuestras libertades. Ello es propio de una dictadura, y si permitimos eso, México debería ser entonces reconocida internacionalmente como tal.

Nestora Salgado debe salir en libertad porque es inocente. Así de simple. Cada día que pasa, el Estado viola sus derechos humanos por tenerla un día más presa. Las complicaciones jurídicas, los testimonios retorcidos que la incriminan, las supuestas víctimas, todo es fabricado desde el odio, desde la misoginia gubernamental y la ignorancia de quienes prefieren cercenar la única dignidad que sostiene de pie a México, antes que reconocer su responsabilidad criminal en el hundimiento como Nación. El Estado contra Nestora Salgado, es el Estado contra los ciudadanos.

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Sobre la obra «La Justicia sometida»

*La obra mural La Justicia sometida, del artista Nicolás de Jesús ha sido dedicada por el autor «a todos los mexicanos que  arriesgan su vida para lograr un México más Digno para nuestros hijos y nietos , quienes vivirán la situación que nosotros estemos dispuestos a transformar». En solidaridad y reconocimiento a la lucha de Nestora Salgado García y la Policía comunitaria de Guerrero.