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Con voz propia

El Estado mexicano contra Nestora Salgado

El Estado mexicano ha sido volcado contra Nestora Salgado, comandante de la Policía comunitaria de Olinalá, en detrimento constiucional y de derechos humanos

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“La Justicia sometida”, obra mural del artista mexicano Nicolás de Jesús*

Guadalupe Lizárraga

A Nestora, en el día  internacional en contra de la violencia hacia las mujeres

Nestora Salgado García fue encarcelada el 21 de agosto de 2013 como una muestra del terror que es capaz el Estado mexicano. Una mujer joven y fuerte, con una gran consciencia moral y un compromiso solidario por su comunidad, desde adolescente tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos para tener un futuro con calidad de vida. Después de lograrlo, casada y con tres hijas, regresa veinte años más tarde a ayudar a la gente de Olinalá Guerrero, “su gente”. Proveedora incansable, consejera de jóvenes, organizadora de colectivos y con un sentido inflexible de la Justicia, se convierte muy pronto en líder social y en comandante regional de la Policía comunitaria de Olinalá.

Facultada por la Ley local 701, el Artículo 2º. Constitucional y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para protección de los Pueblos Indígenas, la Policía comunitaria comandada por Nestora Salgado y otros líderes, se han enfrentado a funcionarios corruptos, a jóvenes delincuentes, y al crimen organizado solapado en abierta complicidad con las autoridades federales y estateles. Los medios mexicanos han insistido en minimizar el conflicto y circunscribirlo al plano local de Olinalá, como si lo local estuviera desvinculado de la vida nacional y del orbe, y con ello restarle importancia a una grave violación de derechos humanos, propia de un Estado con vocación dictatorial.

Mujer, líder y con sólida legitimidad de su pueblo, Nestora fue criminalizada con falsos delitos y falsas víctimas, han sido violadas sus garantías constitucionales, sobretodo su derecho de presunción de inocencia, no sólo porque fue detenida por el ejército sin orden judicial, sino desde antes fue hostigada por las fuerzas armadas, coartando sus libertades de expresión y asociación, e intimidada por los representantes del Estado mexicano. La han tenido recluida en un régimen de incomunicación en el penal de alta seguridad de El Rincón, Nayarit, donde ha compartido celda con dos mujeres narcotraficantes miembros de los Zetas. Ha sido difamada y calumniada en su honor por altos funcionarios del gobierno del Estado de Guerrero y por los medios de comunicación que se han prestado a manipular la verdad.

El responsable de tutelar nuestras garantías constitucionales es el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. No hacerlo, incurre en una complicidad, con las mismas autoridades que la acusan falsamente, como es el alcalde de Olinalá, Eusebio Rodríguez, y con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Ha sido recurrente de los políticos sin vocación ética utilizar las instituciones políticas y judiciales en flagrante abuso de poder para fabricar crímenes contra luchadores sociales y activistas de derechos humanos incómodos para el crimen, como Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Bernardino García, que son sólo algunos de los casos más recientes.

El ejército y la Marina responden a su comandante en Jefe, el que hoy ocupa la presidencia de la República. Las mismas fuerzas armadas detuvieron contra derecho a Nestora Salgado. En el caso de Gonzalo Molina, de Tixtla, otro hombre honesto, valiente y comprometido con el bien de la comunidad, lo detuvieron policías ministeriales, pero actuando con la misma alevosía y bajo órdenes federales. Con las fuerzas armadas, colaboran en la represión sistemática otras instancias judiciales de nivel federal, desde el Centro de Inteligencia de la PGR hasta sus policías de choque, y los policías de los estados y municipales. Es la estructura judicial y política utilizada contra los pueblos indígenas.

Miembros del ejército han sido denunciados sistemáticamente por su colaboración con narcotraficantes de la localidad, y quienes denuncian son hostigados incluso hasta la muerte como Rocío Mesino Mesino, por mencionar uno de los casos más recientes, dramáticos, manipulado por los medios e ignorado. Podría decirse que los militares o los federales se corrompen a nivel individual y no en representación de la institución. Sin embargo, es la institución la responsable de la corrupción de sus miembros por dejarlos en impunidad. Tampoco la corrupción individual de algunos miembros del ejército debería obstaculizar la política de Estado en el combate al narcotráfico si fuera real y correcta. El mismo titular de la institución debería actuar en consecuencia.

Adicionalmente, las autoridades políticas se “lavan las manos” y lanzan su coartada a los medios apapachados con su publicidad mensual y sus prebendas para los más exigentes. Justifican los asesinatos y violaciones de derechos humanos atribuyéndoselos a paramilitares o al “crimen organizado”, porque salen encapuchados tras sus presas. Sin embargo, cada vez es menos la diferencia entre un sicario del narcotráfico y un militar con capucha. Mismo uniforme, mismo tipo de armas, y en ocasiones hasta los mismos jefes. Diferentes organizaciones.

Lo mismo sucede con la prensa local. Es utilizada dócilmente para criminalizar y difamar a quienes luchan con la frente en alto por su comunidad, y el grado de manipulación es directamente proporcional al grado de corrupción del medio. Uno de los casos más grotescos para atacar la honorabilidad de Nestora Salgado García es el de la periodista Laura Sánchez Granados quien, desde el gobierno municipal de Acapulco, maquiló la nota de la supuesta recompensa que Salgado García pedía a familiares de sus víctimas para liberarlas. Con una falta absoluta de ética y de profesionalismo periodístico, Laura Sánchez Granados difunde masivamente en la red de digitales e impresos locales, como El Periódico Digital, Ultra Noticias, El diario de Taxco y El diario de Zihuatanejo, entre otros, sus mentiras redactadas a manera de boletín de prensa de la Procuraduría del Estado.

La periodista se firmaba como “Encargada del despacho de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Acapulco”, desde 2005, cuando trabajaba para el entonces presidente municipal Alberto López Rosas, quien después fue procurador de Justicia del Estado, y quien finalmente fue preso por “obstaculizar la justicia” en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, asesinados por policías federales el 12 diciembre de 2011. (Otro caso sin justicia y manipulado por el Estado). La periodista fue también directora de comunicación social con Manuel Añorve Baños en Acapulco, hoy por segunda vez diputado federal. El esposo de Laura Sánchez está vinculado a un amigo cercano de Maricela Ruiz Massieu, hermana del asesinado ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu y familia política de Salinas de Gortari. Todos los personajes a los que hago referencia en relación a la periodista acapulqueña son militantes del PRI, incluyendo al gobernador actual Ángel Aguirre, quien después se mudó al PRD.

Me detengo en mostrar a detalle el entramado de las relaciones políticas de la periodista Sánchez Granados para poner de relieve no sólo su calidad moral como persona y profesional del periodismo al prestarse a dar su nombre para incriminar sin titubeos a una persona inocente, sino para dar cuenta de la calidad moral de los representantes del Estado mexicano que no escatima en retorcer la verdad y garantizar la impunidad de los privilegiados. El daño moral contra Nestora Salgado, es pues, con saña. Y en un juicio, esta periodista también debería ser llamada a cuentas por su difamación e injuria.

Los éxitos de Nestora son los fracasos del Estado

Existe pues un interés específico en criminalizar a la Policía comunitaria de la CRAC por parte del gobierno federal y del gobierno estatal, ambos involucrando al Estado como institución. Mientras, en Michoacán, por ejemplo, las Autodefensas integradas por campesinos y empresarios del pueblo, como la comandada por José Manuel Mireles o Hipólito Mora, combaten frontalmente a los grupos narcotraficantes en ausencia del ejército. Esto es, en ausencia del Estado. Michoacán ha vuelto al estado de naturaleza. Siguiendo la línea del gobierno federal en Guerrero, el gobierno de Aguirre y sus presidentes municipales, mueven cualquier recurso oneroso o no para cumplir el objetivo del descrédito y manipulación informativa, ejecuciones extrajudiciales, tortura o represión. México es un Estado secuestrado por la narcopolítica y la corrupción, que ha dejado de cumplir su razón de ser.

Peña Nieto viene de un grupo político con una trayectoria delictiva liderada desde Carlos Salinas de Gortari, con no pocas evidencias de sus relaciones con narcotraficantes, desde los Carrillo Fuentes hasta El Chapo Guzmán. Peña ha sido represor y no disimula su vocación autoritaria, orquestada por quienes están detrás de él. Tampoco guarda discreción por estas relaciones con políticos evidenciados de corrupción y narcotráfico en su paso por los puestos públicos. Es parte del terror que se quiere imponer. Mientras los policías comunitarios son indígenas que buscan el bien de su pueblo, y están dispuestos a dar su vida por salvar la de sus vecinos porque han creado comunidad. Se llama interés público. Para los indígenas el vínculo comunitario los ha mantenido inmunes a la descomposición que lo que hoy es el Estado mexicano y sus representantes frente a la sociedad. Por eso Peña Nieto, aunque siga echando mano del arca pública para tapar los hoyos en el Sureste mexicano, nunca sabrá lo que es ser un líder legítimo, reconocimiento que Nestora Salgado se ha ganado por su preocupación y atención genuina a su gente, siempre con sus recursos privados, los de su propio bolsillo y el de su familia para lograr un bien público.

Los éxitos de Nestora Salgado son directamente proporcionales a los fracasos del Estado mexicano. Quien la ha mandado encarcelar es un criminal de derechos humanos. Y el Estado es orquestado y manipulado por este criminal.

Nuestras instituciones, secuestradas por narcopolíticos, han sido usadas de nueva cuenta para “fabricar” un caso donde hay una persona inocente. Basta echar una mirada al expediente 142/2013-11, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, para darse cuenta de todas las irregularidades y mentiras del proceso. Basta seguir a un par de periodistas mercenarios para ver qué hay detrás de sus calumnias contra Nestora Salgado y contra la Policía comunitaria de Olinalá y otros municipios. Pero las irregularidades del proceso de Nestora, o la presión social internacional no debería ser el móvil jurídico para que el gobierno mexicano hiciera lo correcto: ponerla en libertad de inmediato. Sería seguir el juego perverso del gobierno. “Encarcelo a esta persona, la incrimino y la desprestigio, y que el pueblo se mueva a ver si la puede liberar”. Un juego recurrente en los estados totalitarios, con el que México no es reconocido internacionalmente. Tampoco ese extremo de involución es una opción para los mexicanos. Sin embargo, con cada líder comunitario, con cada activista de derechos humanos, detenido contra derecho, así ha sido, y los pueblos se movilizan para liberar a sus líderes, mientras el Estado se fractura como garante de una vida colectiva moral y digna. Perder de vista esta “razón de ser”, en la defensa de Nestora Salgado y de toda persona que hoy padece la cárcel injusta es dejar que una mafia en el poder invada nuestra vida individual y colectiva; pise nuestros derechos y limite nuestras libertades. Ello es propio de una dictadura, y si permitimos eso, México debería ser entonces reconocida internacionalmente como tal.

Nestora Salgado debe salir en libertad porque es inocente. Así de simple. Cada día que pasa, el Estado viola sus derechos humanos por tenerla un día más presa. Las complicaciones jurídicas, los testimonios retorcidos que la incriminan, las supuestas víctimas, todo es fabricado desde el odio, desde la misoginia gubernamental y la ignorancia de quienes prefieren cercenar la única dignidad que sostiene de pie a México, antes que reconocer su responsabilidad criminal en el hundimiento como Nación. El Estado contra Nestora Salgado, es el Estado contra los ciudadanos.

* * *

Sobre la obra “La Justicia sometida”

*La obra mural La Justicia sometida, del artista Nicolás de Jesús ha sido dedicada por el autor “a todos los mexicanos que  arriesgan su vida para lograr un México más Digno para nuestros hijos y nietos , quienes vivirán la situación que nosotros estemos dispuestos a transformar”. En solidaridad y reconocimiento a la lucha de Nestora Salgado García y la Policía comunitaria de Guerrero.

 

Con voz propia

El Gobierno francés prohíbe el “lenguaje inclusivo” por ser una aberración

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Toda vez que un lenguaje evoluciona de manera libre y espontánea, para los individuos de una comunidad lingüística las nuevas palabras pasarán a ser aceptadas y empleadas sin el menor matiz de oposición. Pero en cuanto interceden grupos de carácter militante o activistas para imponer un neolenguaje la situación es distinta. Y más si responden a lo que quien esto escribe ha dado en llamar doctrina de género.

Por eso es importante la noticia de que el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, prohíba el denominado lenguaje inclusivo en la educación nacional de su país. Al sostener, entre otros argumentos, que el lenguaje inclusivo ─o también conocido como no sexista o incluyente─ “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura” (Tal y como se indica en el portal de Antena 3 Noticias del 8/05/21).

De los elementos que el ministro destaca para fundamentar el veto de este seudo lenguaje nos encontramos que al utilizar el lenguaje inclusivo éste modifica las reglas de concordancia que deben ser “habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza”. Y añade que también “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura”, y que afecta a la comprensión oral y a la lectura en voz alta, al no ser posible una transcripción oral de ese tipo de grafías.

Esto último corre paralelo con lo señalado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) con respecto a nuestro bello idioma, al indicar que las supuestas marcas de género como la “e”, la “x” y el símbolo “@”, en efecto no abonan en nada a la comprensión textual ni oral y menos aún a la lectura en voz alta. No imagino a los miembros de esta doctrina de género pronunciar con un micrófono frente a un gran auditorio algo así como “todxs por el cambie de la lengüe para el bien de tod@s”.

Y como corolario es pertinente resaltar la postura que en 2017 la prestigiosa Academia Francesa de la Lengua presentó, al acusar de “aberración” al lenguaje inclusivo: “La multiplicación de marcas ortográficas y sintácticas que conduce a una lengua desunida, dispar en su expresión, creando una confusión que roza la ilegibilidad”.

Otro argumento de Blanquer reside en la absurda contradicción de que el lenguaje supuestamente inclusivo se orienta a discriminar a los niños con ciertas discapacidades o con problemas de aprendizaje, los cuales serían los principalmente perjudicados, en oposición a lo que podría sugerir el adjetivo “inclusivo”.

Para el ministro, además, el aprendizaje y el dominio del francés “contribuyen a luchar contra los estereotipos y garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos”, y considera que esto se ve penalizado por el uso del lenguaje inclusivo porque “su complejidad e inestabilidad” suponen un obstáculo para ese objetivo. Cualquier análisis riguroso de este lenguaje inclusivo del país de que se trate observará, en definitiva, complejidad e inestabilidad. Por ejemplo, con el español, revisen las redes sociales de Camila Vallejo ─figura pública importante de la política en Chile─ y podrán constatar lo aquí referido: indistintamente usa las marcas de género, simplemente las omite o las entrecruza.

No obstante, Blanquer respalda la feminización de algunas palabras, sobre todo las profesiones, siempre y cuando se respeten las reglas gramaticales. Amén de que en documentos oficiales también se aplica esta norma a los cargos. Esto es, sí se visibiliza a la mujer. Lo cual no es para menos y es sumamente plausible. 

Y para redondear lo hasta aquí expuesto, citaré a la doctora y especialista en lingüística y feminista Concepción Company: El lenguaje inclusivo “deja tranquilos a muchos y obstaculiza la percepción del problema real.  Tiene efecto de superficie, no incide para nada en la estructura social y desvía la atención del problema fundamental: la discriminación por sexo”.  (La Jornada 10/03/20). Es decir, obsesionarse con imponer dicho lenguaje no propicia, en el caso de la mujer, su visibilización y/o igualdad social.

En virtud de lo anterior, considero que ni por decreto de Estado ni por activismo el lenguaje va a cambiar para ser aceptado sin mayor problema. Más bien su evolución obedecerá al conjunto de elementos jurídicos, políticos e ideológicos derivados de la forma en que se conjugan en materia económica para los hablantes dentro de su esfera social; en donde acaso se alcance el fin de la discriminación por sexo. Es decir, es todo un proceso paulatino y multifactorial.

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Con voz propia

De lords y ladies en las redes sociales, ¿clasismo o burla?

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Pareciera que en México no existen en lo absoluto fenómenos de otras latitudes como la discriminación, sea por origen étnico, diferencias de clase social, creencias religiosas o por ideas políticas, entre otras. No obstante, la realidad se ha encargado de plantearnos todo lo contrario. Y es importante considerar a este respecto esa especie de clasismo que ha tomado fuerza a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, con los denominados lords y ladies.

Las conductas socialmente reprobables de estas fugaces “celebridades” se nos dan a conocer a través de videos, memes y demás, que podemos encontrar en las diversas redes sociales existentes, a manera de denuncia preponderantemente al principio, y acaso de forma burlona en la actualidad.

Recordemos que todo inició en 2011 cuando Azalia Ojeda, exparticipante de la primera edición de Big Brother México en 2002, y otra mujer de alto nivel económico fueron captadas por el usuario de un smartphone cuando agredieron a oficiales de la policía durante un operativo del alcoholímetro en la zona exclusiva de Polanco; ocurriendo más exactamente el incidente en plena avenida Mazaryk, considerada por muchos como el equivalente a Rodeo Drive, Fifth Avenue o Les Champs Elysées en Ciudad de México. El video se viralizó en Twitter en cuestión de minutos, surgiendo de esta manera el trending tropic “Ladies de Polanco”. Exponerlas como mujeres adineradas actuando violentamente y sin respeto alguno para con los demás que no forman parte de su clase social era el objetivo.

Y en efecto, en un principio los lords y ladies sí pertenecían a la clase media-alta y alta, distinguiéndose por ser personajes prepotentes con personas de estatus inferior, comportándose de manera abusiva, que se saltan las normas o que buscan ser atendidos de inmediato, haciendo a un lado a los que estaban delante de ellos, ofendiendo con el “eres un naco, un indio, un muerto de hambre”, etcétera.

No obstante, también es necesario destacar que últimamente en las redes sociales se nos presentan a estos seres con una llamativa particularidad, y es que no son precisamente de alto nivel económico. Pero, paradójicamente, proceden como si fuesen lords o ladies, conduciéndose sobre todo de manera prepotente y haciendo alarde de un estatus que no tienen, caricaturizándose de tal modo que obligan el reír.

Esta gran paradoja resulta interesante porque indicaría que personas de clase baja y media-baja, gracias a poseer un teléfono celular de gama media y acceso a internet, pueden poner en evidencia la violencia física o verbal de alguien de su misma clase social sólo por el hecho de tener a la mano un teléfono móvil. Y no por exhibir a un rico malvado haciendo cosas horribles a los pobres.

Por ende, pareciera que en sentido estricto el aludir a los lords o ladies no es un asunto de orden clasista como podría pensarse, pues este fenómeno social ha evolucionado de una manera peculiar. Ahora, reitero, no necesariamente se requiere ser de clase alta y conducirse con desprecio hacia personas ajenas a su estatus social para adquirir el título de lord o lady. Más bien parece una pugna de todos contra todos, donde la violencia genera violencia, pero también carcajadas y éstas son válidas y esperadas.

Y aunque hay momentos en que el señalamiento toma forma de una legítima denuncia, en otros sólo adquiere relieves de sarcasmo o burla. Y al final el asunto puesto a la luz de la opinión pública difícilmente pasa por las manos de las autoridades respectivas, cuando hay un delito que perseguir; o lamentablemente termina en el inconsciente colectivo como un hecho normal y cuyo objetivo sólo era hacernos reír. 

 

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Con voz propia

Sandoval, Delgado y otros Judas de López Obrador

Ramses Ancira

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Historias para A(r)mar la Historia

Por Ramsés Ancira

México es el único país del mundo civilizado en el que un grupo de personas pueden sumar sentencias por más de 500 años de prisión, por un supuesto crimen, cuando nunca se encontró el cuerpo del delito.

Y no se trata de que lo hayan disuelto en ácido como lo hacen los narcotraficantes, o quemado, como se supone ocurrió con las víctimas de Ayotzinapa. Para eso no hay pruebas, el cuerpo de Hugo Alberto Wallace según su madre, solo se desvaneció, como si le hubieran disparado con la máxima potencia de un faser de la serie futurista Viaje a las Estrellas.

Un cadáver supuestamente destazado en 2005, que siguió utilizando su tarjeta de crédito y hablándole borracho a Houston, en 2007, a su antigua amante, Claudia Patricia Muñoz Acosta, con la que procreó a una hija, a la que había estado a punto de reconocer en el registro civil; pero que se arrepintió de ultimo momento porque su madre, una mujer castradora llamada Isabel Miranda de Wallace se lo prohibió. Así lo declaró la propia Claudia Muñoz.

Un cuerpo que fue demandado en 2006, por un asunto inmobiliario cuando se supone, que había desaparecido el año anterior.

La misma persona, Hugo Alberto, que fue detenida por narcotráfico en 2001 por traer drogas ocultas en refacciones de motocicleta, pero que luego se reclasificó como contrabando y que sin embargo fue remitido a una agencia del ministerio público en Coyoacán, a 17 kilómetros de distancia y liberado en tres días, cuando se supone que la pena mínima por este delito es de 3 meses de prisión y debió ser vista por un ministerio público federal.

El viernes nueve de octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Estado Mexicano cumpliría con la petición que hizo el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para que se reparara el daño a Brenda Quevedo, detenida y torturada sistemáticamente por el caso Wallace durante 12 años continuos.

Esta posición del primer mandatario fue en respuesta al reportero Hans Salazar del medio Sin Censura.

Por esas mismas fechas y por razones similares, la Secretaría de Gobernación dio el reconocimiento de preso político a George Khoury Layón.

Han transcurrido más de seis meses y el presidente no ha podido cumplir su palabra, en parte por la traición de gente de su equipo de trabajo como el director de la escuela de derecho Benito Juárez, Netzaí Sandoval, quien además de hermano de la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval y de Pablo Sandoval, representante del gobierno federal en el Estado de Guerrero y cuñado de John Ackerman, todos los cuales se encuentran en la nómina de la 4T, además, decíamos, cobra como director de la Defensoría Pública Federal.

Sandoval cedió a las presiones de Isabel Miranda de Wallace y corrió sin indemnización alguna al abogado defensor de Jacobo Tagle Dobín, Alejandro Garduño Real.

El abogado no sólo sufrió una injusticia laboral, sino que además tendrá que pagar desde el desempleo todos los costos del juicio que se le sigue por demanda de Isabel Miranda de Wallace, ya que, al menos en principio no le dejaron defenderse por sí mismo.

El pretexto de la presidenta de la organización Alto al Secuestro, es que el abogado, en pleno uso de sus derechos como defensor, declaró que Tagle Dobin fue secuestrado en una fecha anterior a la que Isabel Miranda de Wallace lo presentó ante las autoridades judiciales.

El abogado solo cumplió con su deber, el problema es que si el argumento se da por válido demostraría que la presidenta de Alto al Secuestro, fue previamente una secuestradora.

Pero, además, Wallace ha presentado amparos contra la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República que le impiden al presidente López Obrador cumplir con su palabra.

En otro frente, el presidente del Partido Morena, Mario Delgado impuso por dedazo a varios candidatos a puestos de elección popular que están dañando al presidente López Obrador.

El grupo más numeroso es el de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que se registraron como diputados migrantes. Cipriana Jurado, una de sus voceros dijo que en casi todos los partidos se cometieron irregularidades, que esperaban que Morena fuera diferente, pero al igual que los demás postuló a personas que hace mucho tiempo regresaron al país y por lo tanto no podrán hacer nada donde se les requiere, que es en los consulados de México.

También esta el caso de la candidata a gobernadora de Nuevo León, condiscípula de Delgado en Nxivm, quien creyó que no pasaría nada si argumentaba que nunca había visto al líder de la secta, a pesar de que sabía que la habían grabado con él. La intención del voto por Clara Luz se cayó más de 10 puntos y ahora ronda por el 18 por ciento, debajo de los candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, en el norte del país, Mario Delgado eligió como candidatos a integrantes que pertenecen al partido local Unión Democrática de Coahuila, quienes terminaron su gestión con la deuda histórica más alta, este es el caso de Ciudad Acuña en donde se quedan a deber 201 millones 400 mil pesos.

En contraste el Municipio de Saltillo, que está gobernado por el PRI, a quien según Mario Delgado solo le interesa el presupuesto, la deuda es de Cero, igual que en Monclova, donde gobierna el PAN.

No son los únicos, Judas hay en todos lados, pero son los que han destacado últimamente después de que la titular de Notimex, Sanjuana Martínez, usando los recursos del Estado, sólo le diera voz de manera reiterada a la victimaria del falso caso Wallace en perjuicio de las verdaderas víctimas.

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