El Estado mexicano ha sido volcado contra Nestora Salgado, comandante de la Policía comunitaria de Olinalá, en detrimento constiucional y de derechos humanos
«La Justicia sometida», obra mural del artista mexicano Nicolás de Jesús*
Guadalupe Lizárraga
A Nestora, en el día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres
Nestora Salgado García fue encarcelada el 21 de agosto de 2013 como una muestra del terror que es capaz el Estado mexicano. Una mujer joven y fuerte, con una gran consciencia moral y un compromiso solidario por su comunidad, desde adolescente tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos para tener un futuro con calidad de vida. Después de lograrlo, casada y con tres hijas, regresa veinte años más tarde a ayudar a la gente de Olinalá Guerrero, “su gente”. Proveedora incansable, consejera de jóvenes, organizadora de colectivos y con un sentido inflexible de la Justicia, se convierte muy pronto en líder social y en comandante regional de la Policía comunitaria de Olinalá.
Facultada por la Ley local 701, el Artículo 2º. Constitucional y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para protección de los Pueblos Indígenas, la Policía comunitaria comandada por Nestora Salgado y otros líderes, se han enfrentado a funcionarios corruptos, a jóvenes delincuentes, y al crimen organizado solapado en abierta complicidad con las autoridades federales y estateles. Los medios mexicanos han insistido en minimizar el conflicto y circunscribirlo al plano local de Olinalá, como si lo local estuviera desvinculado de la vida nacional y del orbe, y con ello restarle importancia a una grave violación de derechos humanos, propia de un Estado con vocación dictatorial.
Mujer, líder y con sólida legitimidad de su pueblo, Nestora fue criminalizada con falsos delitos y falsas víctimas, han sido violadas sus garantías constitucionales, sobretodo su derecho de presunción de inocencia, no sólo porque fue detenida por el ejército sin orden judicial, sino desde antes fue hostigada por las fuerzas armadas, coartando sus libertades de expresión y asociación, e intimidada por los representantes del Estado mexicano. La han tenido recluida en un régimen de incomunicación en el penal de alta seguridad de El Rincón, Nayarit, donde ha compartido celda con dos mujeres narcotraficantes miembros de los Zetas. Ha sido difamada y calumniada en su honor por altos funcionarios del gobierno del Estado de Guerrero y por los medios de comunicación que se han prestado a manipular la verdad.
El responsable de tutelar nuestras garantías constitucionales es el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. No hacerlo, incurre en una complicidad, con las mismas autoridades que la acusan falsamente, como es el alcalde de Olinalá, Eusebio Rodríguez, y con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Ha sido recurrente de los políticos sin vocación ética utilizar las instituciones políticas y judiciales en flagrante abuso de poder para fabricar crímenes contra luchadores sociales y activistas de derechos humanos incómodos para el crimen, como Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Bernardino García, que son sólo algunos de los casos más recientes.
El ejército y la Marina responden a su comandante en Jefe, el que hoy ocupa la presidencia de la República. Las mismas fuerzas armadas detuvieron contra derecho a Nestora Salgado. En el caso de Gonzalo Molina, de Tixtla, otro hombre honesto, valiente y comprometido con el bien de la comunidad, lo detuvieron policías ministeriales, pero actuando con la misma alevosía y bajo órdenes federales. Con las fuerzas armadas, colaboran en la represión sistemática otras instancias judiciales de nivel federal, desde el Centro de Inteligencia de la PGR hasta sus policías de choque, y los policías de los estados y municipales. Es la estructura judicial y política utilizada contra los pueblos indígenas.
Miembros del ejército han sido denunciados sistemáticamente por su colaboración con narcotraficantes de la localidad, y quienes denuncian son hostigados incluso hasta la muerte como Rocío Mesino Mesino, por mencionar uno de los casos más recientes, dramáticos, manipulado por los medios e ignorado. Podría decirse que los militares o los federales se corrompen a nivel individual y no en representación de la institución. Sin embargo, es la institución la responsable de la corrupción de sus miembros por dejarlos en impunidad. Tampoco la corrupción individual de algunos miembros del ejército debería obstaculizar la política de Estado en el combate al narcotráfico si fuera real y correcta. El mismo titular de la institución debería actuar en consecuencia.
Adicionalmente, las autoridades políticas se “lavan las manos” y lanzan su coartada a los medios apapachados con su publicidad mensual y sus prebendas para los más exigentes. Justifican los asesinatos y violaciones de derechos humanos atribuyéndoselos a paramilitares o al “crimen organizado”, porque salen encapuchados tras sus presas. Sin embargo, cada vez es menos la diferencia entre un sicario del narcotráfico y un militar con capucha. Mismo uniforme, mismo tipo de armas, y en ocasiones hasta los mismos jefes. Diferentes organizaciones.
Lo mismo sucede con la prensa local. Es utilizada dócilmente para criminalizar y difamar a quienes luchan con la frente en alto por su comunidad, y el grado de manipulación es directamente proporcional al grado de corrupción del medio. Uno de los casos más grotescos para atacar la honorabilidad de Nestora Salgado García es el de la periodista Laura Sánchez Granados quien, desde el gobierno municipal de Acapulco, maquiló la nota de la supuesta recompensa que Salgado García pedía a familiares de sus víctimas para liberarlas. Con una falta absoluta de ética y de profesionalismo periodístico, Laura Sánchez Granados difunde masivamente en la red de digitales e impresos locales, como El Periódico Digital, Ultra Noticias, El diario de Taxco y El diario de Zihuatanejo, entre otros, sus mentiras redactadas a manera de boletín de prensa de la Procuraduría del Estado.
La periodista se firmaba como “Encargada del despacho de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Acapulco”, desde 2005, cuando trabajaba para el entonces presidente municipal Alberto López Rosas, quien después fue procurador de Justicia del Estado, y quien finalmente fue preso por “obstaculizar la justicia” en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, asesinados por policías federales el 12 diciembre de 2011. (Otro caso sin justicia y manipulado por el Estado). La periodista fue también directora de comunicación social con Manuel Añorve Baños en Acapulco, hoy por segunda vez diputado federal. El esposo de Laura Sánchez está vinculado a un amigo cercano de Maricela Ruiz Massieu, hermana del asesinado ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu y familia política de Salinas de Gortari. Todos los personajes a los que hago referencia en relación a la periodista acapulqueña son militantes del PRI, incluyendo al gobernador actual Ángel Aguirre, quien después se mudó al PRD.
Me detengo en mostrar a detalle el entramado de las relaciones políticas de la periodista Sánchez Granados para poner de relieve no sólo su calidad moral como persona y profesional del periodismo al prestarse a dar su nombre para incriminar sin titubeos a una persona inocente, sino para dar cuenta de la calidad moral de los representantes del Estado mexicano que no escatima en retorcer la verdad y garantizar la impunidad de los privilegiados. El daño moral contra Nestora Salgado, es pues, con saña. Y en un juicio, esta periodista también debería ser llamada a cuentas por su difamación e injuria.
Los éxitos de Nestora son los fracasos del Estado
Existe pues un interés específico en criminalizar a la Policía comunitaria de la CRAC por parte del gobierno federal y del gobierno estatal, ambos involucrando al Estado como institución. Mientras, en Michoacán, por ejemplo, las Autodefensas integradas por campesinos y empresarios del pueblo, como la comandada por José Manuel Mireles o Hipólito Mora, combaten frontalmente a los grupos narcotraficantes en ausencia del ejército. Esto es, en ausencia del Estado. Michoacán ha vuelto al estado de naturaleza. Siguiendo la línea del gobierno federal en Guerrero, el gobierno de Aguirre y sus presidentes municipales, mueven cualquier recurso oneroso o no para cumplir el objetivo del descrédito y manipulación informativa, ejecuciones extrajudiciales, tortura o represión. México es un Estado secuestrado por la narcopolítica y la corrupción, que ha dejado de cumplir su razón de ser.
Peña Nieto viene de un grupo político con una trayectoria delictiva liderada desde Carlos Salinas de Gortari, con no pocas evidencias de sus relaciones con narcotraficantes, desde los Carrillo Fuentes hasta El Chapo Guzmán. Peña ha sido represor y no disimula su vocación autoritaria, orquestada por quienes están detrás de él. Tampoco guarda discreción por estas relaciones con políticos evidenciados de corrupción y narcotráfico en su paso por los puestos públicos. Es parte del terror que se quiere imponer. Mientras los policías comunitarios son indígenas que buscan el bien de su pueblo, y están dispuestos a dar su vida por salvar la de sus vecinos porque han creado comunidad. Se llama interés público. Para los indígenas el vínculo comunitario los ha mantenido inmunes a la descomposición que lo que hoy es el Estado mexicano y sus representantes frente a la sociedad. Por eso Peña Nieto, aunque siga echando mano del arca pública para tapar los hoyos en el Sureste mexicano, nunca sabrá lo que es ser un líder legítimo, reconocimiento que Nestora Salgado se ha ganado por su preocupación y atención genuina a su gente, siempre con sus recursos privados, los de su propio bolsillo y el de su familia para lograr un bien público.
Los éxitos de Nestora Salgado son directamente proporcionales a los fracasos del Estado mexicano. Quien la ha mandado encarcelar es un criminal de derechos humanos. Y el Estado es orquestado y manipulado por este criminal.
Nuestras instituciones, secuestradas por narcopolíticos, han sido usadas de nueva cuenta para “fabricar” un caso donde hay una persona inocente. Basta echar una mirada al expediente 142/2013-11, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, para darse cuenta de todas las irregularidades y mentiras del proceso. Basta seguir a un par de periodistas mercenarios para ver qué hay detrás de sus calumnias contra Nestora Salgado y contra la Policía comunitaria de Olinalá y otros municipios. Pero las irregularidades del proceso de Nestora, o la presión social internacional no debería ser el móvil jurídico para que el gobierno mexicano hiciera lo correcto: ponerla en libertad de inmediato. Sería seguir el juego perverso del gobierno. “Encarcelo a esta persona, la incrimino y la desprestigio, y que el pueblo se mueva a ver si la puede liberar”. Un juego recurrente en los estados totalitarios, con el que México no es reconocido internacionalmente. Tampoco ese extremo de involución es una opción para los mexicanos. Sin embargo, con cada líder comunitario, con cada activista de derechos humanos, detenido contra derecho, así ha sido, y los pueblos se movilizan para liberar a sus líderes, mientras el Estado se fractura como garante de una vida colectiva moral y digna. Perder de vista esta “razón de ser”, en la defensa de Nestora Salgado y de toda persona que hoy padece la cárcel injusta es dejar que una mafia en el poder invada nuestra vida individual y colectiva; pise nuestros derechos y limite nuestras libertades. Ello es propio de una dictadura, y si permitimos eso, México debería ser entonces reconocida internacionalmente como tal.
Nestora Salgado debe salir en libertad porque es inocente. Así de simple. Cada día que pasa, el Estado viola sus derechos humanos por tenerla un día más presa. Las complicaciones jurídicas, los testimonios retorcidos que la incriminan, las supuestas víctimas, todo es fabricado desde el odio, desde la misoginia gubernamental y la ignorancia de quienes prefieren cercenar la única dignidad que sostiene de pie a México, antes que reconocer su responsabilidad criminal en el hundimiento como Nación. El Estado contra Nestora Salgado, es el Estado contra los ciudadanos.
* * *
Sobre la obra «La Justicia sometida»
*La obra mural La Justicia sometida, del artista Nicolás de Jesús ha sido dedicada por el autor «a todos los mexicanos que arriesgan su vida para lograr un México más Digno para nuestros hijos y nietos , quienes vivirán la situación que nosotros estemos dispuestos a transformar». En solidaridad y reconocimiento a la lucha de Nestora Salgado García y la Policía comunitaria de Guerrero.
Sobre cómo un joven se incorpora al CJNG «para tener una vida mejor»
CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La corrupción en México es una incubadora de criminales que ha visto nacer a personajes como Mauricio Hiram Suárez Álvarez, “El Mawicho”, quien con el objetivo de dar a su hija una vida mejor se convirtió en uno de los criminales más sanguinarios e inspiró el libro “Así nació el diablo”, del periodista Emmanuel Gallardo.
En entrevista, este lunes, el escritor mexicano, que ha tenido que exiliarse del país tras investigar las raíces del narcotráfico en México, explica que este fue uno de los principales hallazgos que obtuvo tras redactar el texto, pensado en un principio como un reportaje.
“Lo que más me llamó (la atención) de todo esto durante este proceso fue darme cuenta de que la corrupción en el aparato de Justicia, en específico de la Ciudad de México, pareciera que es una incubadora de criminales, porque en este proceso de intento de impartir Justicia, pareciera que es algo totalmente simulado”, apuntó Gallardo.
“Así nació el diablo”, detalla, es la historia de Mauricio («El Mawicho»), un joven que con el empeño de darle una mejor vida a su hija se fue a un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tiempo después tuvo la plaza de Puerto Vallarta, Jalisco, en el occidente mexicano.
Años más tarde, «El Mawicho» regresó a capital convertido en un pistolero con experiencia en enfrentamientos armados y traumatizado por los asesinatos, los descuartizamientos y la tortura que él mismo ejerció desde el primer día que llegó al rancho del CJNG a las afueras de Puerto Vallarta.
Ineficiencia de las autoridades
Para Gallardo, la corrupción que existe en el sistema judicial del país ha provocado que muchas personas que son recluidas en un penal vivan castigos, hagan conexiones criminales y se especialicen como delincuentes, por lo que al salir corren el riesgo de convertirse en sicarios.
“La verdadera maldad que existe en la Ciudad de México se arrastra en los penales donde existe la corrupción y se desborda la violencia”, comenta.
En ese sentido, asegura, el libro relata las vivencias de » El Mawicho», quien en el reclusorio aprendió todo lo que le llevó a ser un peligroso criminal, lo que resulta un panorama desesperanzador para la sociedad.
Y es que después de salir del penal, «El Mawicho» asesinó a dos israelíes en la Plaza Artz Pedregal en el sur de Ciudad de México, y tras su detención declaró que cometió el crimen porque esperaba ser nombrado jefe de sicarios.
“No solamente es la historia del Mawicho y la corrupción que cada vez se hace más grande, como una bola de nieve, sino que son varias historias y esta bola de nieve, alcanza todas estas historias”, afirma.
El libro, escrito en forma de reportaje, muestra la verdad en cada palabra, personaje, persecución y sinsentido, que terminan retratando el rostro más real del México de balas y desesperación, según el autor.
“En la primera parte (del libro) yo me encuentro con un muchacho con una preocupación absoluta por su familia, por su gente cercana. Un muchacho que, cuando me despedía de él, decía ‘que Dios lo bendiga’, y cuando lo vuelvo a ver en 2019, a un mes antes de que cometiera lo que cometió, ya veo a una persona traumatizada”, relata.
Gallardo comenta que el seguimiento que dio a «El Mawicho» le dejó un impacto psicológico, por lo que previo a escribir su libro tuvo que tener acompañamiento psicológico.
“Este libro lo que significó para mí fue un proceso largo psicológico, para mí sí, mi familia se rompió, no he visto a mi mamá y a mi papá en tres años”, lamenta.
Estado inoperante
El periodista reconoce que una de las cosas que evidencia su texto es que en México la violencia se ha normalizado llevando a que personas como él tengan que huir del país y no los criminales.
“Eso me hace sentir muy frustrado, me hace sentir muy encabronado (enojado). Esto es una prueba más de un Estado mexicano inoperante, incapaz de proteger a sus periodistas y nos están matando, van 13 periodistas asesinados en lo que va del año, son 13 seres humanos muertos”, lamenta.
Por ello, dice, este libro es un “esfuerzo” por mostrar la realidad en México y poner sobre la mesa la necesidad de encontrar mecanismos que saquen al país de toda esta violencia, “comenzar procesos de paz, porque son urgentes en México”, concluye.
El único anuncio halagüeño que podrá hacer AMLO en los próximos días, será la participación de Los Tigres del Norte en los festejos patrios del 16 de septiembre. Pan y circo, la receta.
El accidente en la mina “Las Conchas”, en Coahuila, amenaza convertirse en otra piedra en el zapato de la 4T, debido a las graves implicaciones que hay en el fondo.
Se trata de una desgracia anunciada, que viene de antes, pero que no se resolvió y, de hecho, empeoró con el actual régimen pues, para empezar, el citado “pocito” no contaba con bitácora de funcionamiento actualizada.
El gobierno no ha aclarado ni desmentido este dato. Tampoco tenía la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y, lo peor: pese a estas irregularidades, la Comisión Federal de Electricidad otorgó contratos por 70 millones de pesos a la empresa que la operaba.
Se trata de la Compañía Minera El Pinabete, que aparece como responsable de la operación desde hace 10 años. Al menos la CFE no ha desmentido tampoco esta información publicada en El Universal.
De acuerdo con datos de El País, “en la región se extrae el 99% del carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), uno de los pilares de la reforma eléctrica del presidente, López Obrador.
“Unas 3 mil familias de la zona dependen directamente de la explotación del mineral, y otras 11 mil de empleos indirectos».
“Siete trabajadores murieron en junio del año pasado. En 2006, 65 obreros murieron por una explosión de gasen Pasta de Conchos, en la que es hasta el momento la mayor tragedia minera de la historia de México”.
Hace ocho años, existía un Fondo Minero al que las empresas del sector pagaban el 7.5% de sus ganancias netas. Este dinero supuestamente se utilizaba para mejoras en los municipios de las zonas mineras.
Pero ya sabemos la historia: López Obrador dijo que había corrupción en el manejo de ese fondo y determinó que los recursos ya no irían a parar a estados y municipios sino a la federación.
Lejos de mejorar la situación, los pocitos siguieron sin regulación, casi nulas visitas de inspectores y, como decíamos, sin manifestación de impacto ambiental. No sabemos si los trabajadores tenían seguridad social.
Pero la Comisión Federal de Electricidad, esa que López Obrador quiere imponer como monopolio paraestatal, sigue inyectando millonarios recursos para la compra del carbón.
¿Qué va a hacer sin las mañaneras?
Aquí, la pregunta que empieza a surgir es: ¿Qué va a hacer López Obrador cuando ya no tenga las mañaneras? ¿Cuál será su ánimo cuando empiecen a menudear las traiciones?
La historia nos demuestra que ningún presidente electo voltea a ver a su antecesor, salvo que sea para pintar su raya con el pasado y abrir expedientes criminales que le abonen simpatía popular.
Cada sexenio tiene sus chivos expiatorios. Éste seguramente no será la excepción. Por eso ahora AMLO empieza a pedir “treguas”, mundiales o nacionales, porque los bombazos vendrán de todas partes.
Para nadie es un secreto que la crisis que vive México se acrecentó en proporción directa con las inversiones fallidas en el AIFA, Dos Bocas, Tren Maya. Todas ellas, reflejo de una pésima administración de los recursos públicos.
A ello se suma la desastrosa política de salud asumida por el gobierno de López Obrador desde que empezó la pandemia. Ahora tenemos, además, toda una crisis en los esquemas de vacunación, sobre todo infantil.
El “ogro filantrópico” de la política mexicana que mencionaba Octavio Paz, renació con toda su fuerza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El estatismo, el presidencialismo feroz, la burocracia más corrupta se ha reinstalado.
Regresa en medio de manotazos autoritarios, expropiaciones y promesas populistas., como en los viejos tiempos de Luis Echeverría o López Portillo.
Pero, como en todos los anteriores sexenios, alguien tendrá que pagar los platos rotos, de una u otra manera.
Delfina ¿el principio del-fin?
En medio de esta reflexión, resulta curioso observar la candidatura de Delfina Gómez al gobierno del Estado de México. Al margen de las encuestas dudosas, ella resulta ser la más débil, por decirlo de la manera más amable.
La cola que le pisan es más visible que los kilómetros del fallido aeropuerto hasta el centro de Texcoco. Ella tiene un expediente abierto por el Tribunal Electoral y una multa por más de 4 millones de pesos.
Literalmente esquilmó parte de 72 quincenas de los trabajadores de ese municipio, para entregarlo a campañas del partido en el poder: Morena, que hoy la premia con la posible gubernatura.
Así, el “delfín” o Delfina de AMLO podría ser una especie de sacrificio para los dioses, porque si la oposición se une, no habrá nada que impida una derrota en toda la línea a Morena y el inicio de la debacle morenista.
Ese es el tamaño de lo que se juega en el Estado de México, donde el PRI también apuesta su futuro. Sus días están contados. Quedará sólo como partido marginal, como ocurre con el PRD.
Todo está en manos de la oposición, pero el país en general puede darse un respiro. La salida de Delfina de la SEP es una buenísima noticia. Los relevos en dicho sector hacen insostenible la intentona ideologizante de López Obrador.
Junto con Esteban Moctezuma, Delfina Gómez deja un verdadero hoyo negro de rezagos y desvíos financieros que tarde o temprano se tendrán que ventilar. Sus logros son = a 0.0
Tras la pandemia, más de 1.4 millones de niños y jóvenes abandonaron los estudios y buscarán reacomodarse en los próximos ciclos escolares, en medio de un rezago educativo abrumador.
Lo peor es que, de acuerdo con datos preliminares, bajo la férula de Delfina Gómez, la Secretaría de Educación Pública registró un subejercicio por 25 mil millones de pesos ¡tan sólo en un semestre!
El régimen de la 4T no sólo no apostó nada para enfrentar la emergencia sanitaria, simplemente, no invirtió. Hay subejercicios por más de 900 millones de pesos en Ciencia y Tecnología; por 5 mil millones en La Escuela es Nuestra.
También hay subejercicios por más de mil millones en la producción y distribución de libros. Así que, cambiar los libros de texto gratuitos, para ideologizar a las juventudes, hoy ya sólo se ve como otra de las quimeras de López Obrador.
La realidad lo ha atascado, por eso hoy empieza a pedir treguas, para apaciguar a ese ogro, que él mismo despertó y alimentó.
En la crisis de agua potable que vive en Monterrey sale a relucir la corrupción del mismo gobierno federal, que sostiene que en esta era de la 4T se combate la corrupción. Abundemos en ello.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha otorgado concesiones a empresas no sólo mexicanas sino a extranjeras. Pero entre esas concesiones mexicanas, se destaca las de la senadora Olga Sánchez Cordero, asunto que ningún medio corporativo retomó para su investigación.
Ahora que se agudizó la escasez de agua en Nuevo León, el presidente de México anunció la implementación de un decreto en torno a que el agua es un derecho humano y que se encuentra en la Constitución Mexicana. Ya sabemos que es letra muerta, pero ahora el derecho al agua no sólo es un derecho humano, sino que el agua es un asunto de seguridad nacional, por lo que las empresas refresqueras, las distribuidoras de agua embotellada y las cerveceras, en un gesto de solidaridad están apoyando a Nuevo León.
Ese apoyo no es en realidad un apoyo al pueblo neoleonés, es más bien una estrategia para no perder sus concesiones, y de esa manera impunemente seguir saqueando el agua no sólo de Nuevo León, sino de todo el país donde tienen establecidas sus empresas.
Lo peor que se vive en el saqueo del agua en México es que los productos como son la cerveza y los refrescos son exportados a otros países, lo que significa un saqueo a México, obteniendo millonarias ganancias a costa de la escasez para los mexicanos. No sólo se trata del desabasto del agua potable para uso doméstico, también la escasez de agua para la agricultura y con ello abastecer la red alimentaria.
La alimentación de los mexicanos no se compone sólo de granos básicos, por lo que se requiere agua para las verduras, las frutas, las legumbres y en el cuidado de animales para consumo humano.
Así que las empresas que se dicen apoyar a Nuevo León en realidad se burlan del pueblo mexicano y aun con el decreto firmado por el presidente de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación no impide que los saqueadores del vital líquido lo sigan haciendo sin importarles el sufrimiento de millones de personas, además de causar la muerte de hortalizas, de siembras de maíz, frijol y demás productos de la canasta básica.
Ahora se puede demostrar que el petróleo no es el energético más codiciado. En un futuro no muy lejano será el agua y ya se inició la guerra por este vital líquido; sólo falta que la ciudadanía concientice que podría no tener gasolina, gas y electricidad; pero, no obstante, si no tiene agua para lo más elemental en sus hogares, en sus parcelas en el caso de los campesinos, la vida se irá extinguiendo, de tal manera que lo que se está viviendo en Nuevo León es el inicio de la alerta por el agua.
Los gobiernos federal y estatales tendrían que tomar medidas más severas en cuanto a la instalación de empresas depredadoras del agua potable de México. El único problema es que son los mismos funcionarios públicos que participan de este acaparamiento, como en el caso mencionado de la senadora Olga Sánchez Cordero.
El medio independiente lacoperacha.com.mx elaboró un mapa en Google con las concesiones de agua a la senadora Sánchez Cordero y a su esposo. Olga Sánchez Cordero obtuvo 18 concesiones para un total de 1,224,500 metros cúbicos al año desde 1997, la mayoría habiendo sido obtenidas en noviembre de 2018, cuando su esposo, Eduardo Alejandro Francisco García Villegas obtuvo también una concesión para 1,420,000 metros cúbicos al año. Este acuífero es vedado y sobreexplotado. Al ser todas para uso agrícola, el aprovechamiento de estas aguas es exento del pago de derechos. Se notará que las dos concesiones más grandes de Olga Sánchez para uso agrícola se encuentran en medio de una zona urbana. Aquí el enlace:
Pingback: Diciembre 10: Exigirán libertad de Nestora Salgado ante consulados mexicanos en Estados Unidos – IJPP