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Justicia pendiente

El Estado, con alta responsabilidad en crímenes contra activistas

Abel Barrera, director de la ong Tlachinollan, denuncia la participación del Estado mexicano en crímenes contra defensores de derechos humanos en Guerrero

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Abel Barrrera Hernández, director de la ONG Tlachinollan. Foto: lajornada.unam.mx

Abel Barrrera Hernández, director de la ONG Tlachinollan. Foto: lajornada.unam.mx

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- “En Guerrero no se investigan los delitos en general, el sistema de procuración de justicia no está funcionando, no garantiza a la ciudadanía el derecho a tener acceso efectivo a la justicia, lo que coadyuva a un clima de impunidad y ajusticiamientos”, denunció Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

En entrevista para Los Ángeles Press sobre el panorama de los derechos humanos de los activistas en la entidad, Abel Barrera alude al asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino en Atoyac de Álvarez, perpetrado este sábado 19 de octubre, con un arma de alto calibre, exclusiva de la milicia mexicana.

Barrera Hernández, recalcó que la oficina de la ONU en México considera a Guerrero como uno de los estados más violentos y peligrosos para las defensoras y defensores de derechos humanos, después de Chihuahua y Coahuila. “sigue imperando la impunidad, incluso cuando víctimas o familiares han aportado pruebas o denunciado, no se castiga a los responsables, al contrario se protege, se premia a los que son señalados como presuntos responsables”, lamentó Barrera Hernández.

Un caso emblemático, señalado incluso por comisiones públicas de derechos humanos, es el caso del asesinato de dos jóvenes normalistas de Ayotzinapa a manos de policías, en el cual el Estado ha sido cómplice y figura con alta responsabilidad en los hechos al proteger a quienes privaron de la vida a los estudiantes.

Además, agregó el antropólogo, ha sido responsable de generar un clima de animadversión hacia los defensores de derechos humanos, usando campañas de desprestigio que han hecho eco en los medios y con declaraciones de autoridades militares, civiles, hasta el propio Ejecutivo estatal para desacreditar el trabajo de los defensores en lugar de legitimar la defensa que hacen de los derechos de la población.

Lo anterior alienta la agresión y afectaciones a la integridad física de quienes luchan por los derechos humanos lo que origina que “vivamos en una situación de zozobra, incertidumbre e incluso temor por este patrón de persecusión y ajusticiamiento”, aseguró Barrera Hernández.

Es por este contexto que la ONU acudió a presentar el informe para colocarlo en la opinión pública al ser una preocupación del sistema universal de derechos humanos frente a la insensibilidad y poco compromiso de las autoridades, lo cual se ve reflejado en un ánimo adverso y nada propositivo hacia el trabajo de las defensoras.

El asesinato de Rocío Mesino se da en un clima de impunidad lo cual muestra que se están creando las condiciones para que se atente contra los defensores en situaciones pacíficas, en situaciones de ayuda humanitaria, de apoyo a la gente de la sierra, concluyó Barrera Hernández.

Crímenes emblemáticos

La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino, en imagen de archivo Foto: Javier Verdín/La Jornada

La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino, en imagen de archivo Foto: Javier Verdín/La Jornada

 

Rocío Mesino Mesino, activista asesinada con una AK-47 el 19 de octubre de 2013 en las inmediaciones de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande. Su agresor huyó en una cutrimoto, y el Ejército no pudo dar con su paradero, según versión oficial.

Estuvo encarcelada sin pruebas ni juicio en 2011, hostigada permanentemente por policías municipales y paramilitares por su activismo y denuncias contra abusos de poder. Desaparecieron a varios de sus familiares en los años 70 y 80. En el periodo de Rubén Figueroa como gobernador, asesinaron a 17 activistas que trabajaban con su organización política.

Su padre fue encarcelado durante 10 meses en Chilpancingo y su hermano fue asesinado en noviembre de 2003. (Con información de La Jornada/Héctor Briseño y Sergio Ocampo).

 

Estudiantes asesinados por policías federales en Ayotzinapa, 11 de dic. de 2011. Foto: novedadesacapaulco.mx

Estudiantes asesinados por policías federales en Ayotzinapa, 11 de dic. de 2011. Foto: novedadesacapaulco.mx 

Los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados por policías federales y del estado de Guerrero, el 11 de diciembre de 2011. La demanda de los jóvenes a través de un bloqueo de carretera era que reanudaran las clases después de varias semanas de suspensión, y por rechazar la imposición de Eugenio Hernández como director del plantel.  El bloqueo lo decidieron los estudiantes después de la cuarta ocasión que el gobernador Ángel Aguirre los dejara plantados para acordar soluciones.

 

Justicia pendiente

Senado aprueba eliminar el fuero presidencial

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Por Ignacio García

El Senado de la República aprobó en lo general la eliminación del fuero presidencial, por lo que serán enviados los dictámenes a los Congresos locales de los estados y se requieren que sea aprobado por 17 para que entren en vigor en el país y se establezca en la Constitución.

Los senadores de la bancada mayoritaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acordaron con la oposición impulsar la reforma para la eliminación del fuero presidencial, así como retirar la inmunidad procesal de los legisladores federales.

La minuta de la Cámara de Diputados que en el artículo 108 señala que el presidente de la República podrá ser juzgado en sus funciones por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales, así como cualquier otro delito.

Con esta nueva modificación, también se contempla imputar por los mismos delitos a los diputados federales y senadores para que puedan ser castigados por cualquier irregularidad en sus servicios públicos.

La medida contempla la posibilidad de iniciar los procedimientos penales contra el jefe del Ejecutivo federal en caso de que se compruebe su presunta participación en actos ilícitos durante su ejercicio en la función pública, así como a los legisladores federales.

Con esta modificación se contemplan iniciar procedimientos contra el jefe del Ejecutivo federal en la actualidad, así como a los expresidentes de la República que han sido señalados por actos de corrupción como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

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Justicia pendiente

UIF investiga a Luis Videgaray por corrupción

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Por Ignacio García

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, por presunta corrupción durante su gestión en el gobierno federal.

Luego de las acusaciones del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sobre la presunta responsabilidad del exfuncionario federal en los actos de corrupción con la empresa Odebrecht, así como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

La UIF, encabezada por Santiago Nieto, investiga las presuntas responsabilidades de Videgaray como principal orquestador de la triangulación de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las que participó Rosario Robles, y quien ha manifestado su intención de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR).

La unidad financiera busca determinar las irregularidades en las cuentas de Luis Videgaray, ya que ha sido señalado como uno de los principales responsables de los actos de corrupción cometidos en la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que la FGR integra una indagatoria correspondiente.

La UIF realiza indagatorias de los manejos financieros de Luis Videgaray desde hace diez años, periodo en el que el exfuncionario federal formaba parte de la administración de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México para posteriormente situarse como uno de los personajes más cercanos a la gestión federal.

Luis Videgaray es uno de los personajes más cercanos a Enrique Peña Nieto y quien presuntamente fue el que ordenó sobornar a los legisladores federales para aprobar la reforma energética en 2013, para permitir el ingreso la empresa brasileña Odebrecht.

 

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Justicia pendiente

Rosario Robles acepta colaborar con la FGR para obtener beneficios

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Por Ignacio García

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener beneficios en una sentencia condenatoria.

De acuerdo con la defensa legal de la exfuncionaria federal, busca acogerse a la figura legal de criterio de oportunidad que implica la extinción de la persecución penal a cambio de información.

La exservidora pública es señalada por su presunta responsabilidad en el ejercicio indebido del servicio público por el desvío de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos en el esquema denominado como “La Estafa Maestra”.

Un juez giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que este delito amerita prisión preventiva oficiosa y por ello pretende permanecer menos tiempo tras las rejas.

Según la defensa legal de Robles, no desea permanecer toda su vida en la cárcel y por ello manifestó sus intenciones de colaborar con la FGR para delatar a las personas que también estuvieron involucradas en el lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Los abogados de Rosario Robles aseguraron que tanto el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, abandonaron a la exfuncionaria federal, por lo que accedió a convertirse en testigo colaboradora.

Rosario Robles fue responsable de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, luego de haber militado en la izquierda con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que encabezó y también fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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