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Violencia contra las mujeres

El estado argentino indemnizará a sobreviviente de feminicidios

La policía se negó a dar protección a su madre y a sus hermanas y fueron asesinadas por su padre.

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Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, 21 nov (IPS) – Con 18 años, la argentina Vanina Alderete es una sobreviviente de la expresión más salvaje de la violencia machista. Cuando tenía 11, su padre asesinó a su madre y a sus dos hermanos y la dejó a ella gravemente herida.

Cinco veces había acudido su madre a la policía para denunciar las agresiones y amenazas del marido. «Ellos decían que no estaban para prevenir sino para reprimir, y le sugerían que no metiera a los niños en problemas de pareja» contó la joven.

Ahora Alderete, que vive en la nororiental provincia de Salta, ganó un juicio al Estado argentino que deberá pagarle una indemnización de casi 250.000 dólares por haber faltado a su deber de protegerla de la tragedia.

El gobierno provincial adelantó que apelará la sentencia. «Todo lo que pregonan sobre los derechos de la infancia y la mujer queda en la nada con la apelación», criticó su abogado, Oscar Juárez.

El de Alderete es una expresión dramática de feminicidio, como se denomina a los homicidios cometidos contra mujeres por su condición de tales. El padre, condenado a cadena perpetua, dejó a la joven sin familia.

Con un cuchillo de cocina el agresor mató a su esposa y a sus hijos de ocho y cinco años, y creyó haber asesinado también a la mayor, pero la niña logró huir. Estuvo tres meses hospitalizada con graves heridas y ahora vive con un abuelo.

El triple asesinato ejemplifica contra lo que se lucha en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que el viernes 25 abre 10 jornadas de actividades a nivel mundial para concienciar sobre lo que activistas califican como «un genocidio silencioso», que victimiza a la mitad de la humanidad.

Justamente, para dar visibilidad a estos casos de violencia brutal y forzar políticas que pongan fin a la agresión sistemática de la mujer, en los últimos cinco años la figura del feminicidio está siendo incorporada al código penal de países latinoamericanos.

Pero juristas expertas en derechos de género, convocadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), se manifestaron, en general, escépticas sobre la eficacia de la figura.

Mucho mejor que incorporar una nuevo tipo penal difícil de probar, las especialistas se inclinan por exigir un registro oficial de estas muertes y recomiendan mejorar la respuesta del Estado ante las denuncias de mujeres atacadas.

«Yo quisiera restarle neutralidad a la ley penal, pero el tema es cómo hacerlo porque en cinco países de la región donde existe el feminicidio la figura conduce mas a la impunidad que a la sanción», dijo la abogada Susana Chiarotti.

Chiarotti integra el consejo consultivo de Cladem y el Comité de Expertas en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El tratado, conocido como Convención de Belém do Pará, obliga a los Estados americanos a actuar «con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer». Pero el compromiso se incumple en casos como el de Alderete.

«Es vergonzoso que el Estado en lugar de reparar, apele el fallo», sostuvo la argentina Chiarotti.

El feminicidio fue incorporado a la legislación de Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador y México. «Para algunos estados éste es el camino fácil, crear una nueva figura, pero el derecho penal aparece cuando la mujer ya murió», alertó.

A su juicio, sería mejor avanzar en la prevención, mejorando la participación del Estado desde el momento en que la mujer hace la primera denuncia. Pero no todas las juristas están convencidas de renunciar a tener el nuevo delito en la ley.

En el debate convocado por Cladem en Buenos Aires y publicado en octubre con el título «Contribuciones al Debate sobre la Tipificación Penal del Feminicidio«, algunas sostenían que la figura puede ayudar a crear conciencia entre los jueces.

Los funcionarios aún hoy consideran que los celos pueden ser un atenuante en estos casos, y se siguen utilizando conceptos como el de «crimen pasional», la «provocación» de la mujer o la «emoción violenta» para justificar la barbarie, recordaron.

No obstante, la mayoría de las expertas descree de esta vía. La viceministra de la Mujer de Perú, Rocío Villanueva, analizó en el debate la experiencia de su país, donde no existe el feminicidio pero se trabaja con eficacia para prevenirlo.

Perú creó un observatorio dependiente del Ministerio Público que registra cada año los homicidios por violencia sexista y detalla el proceso previo de denuncias de la víctima para identificar las fallas del Estado en la prevención.

Algunas expertas, por ejemplo, propusieron medidas alternativas como la de arrestar al agresor por desacato, si incumple la orden de exclusión del hogar dictada por la justicia luego de un primer ataque.

En cambio, entre los países que incorporaron el feminicidio, los resultados no son alentadores. Uno de los pioneros fue Guatemala donde organismos internacionales alertan de una epidemia de asesinatos por desigualdad de género.

De 2000 a 2010 más de 5.200 mujeres fueron asesinadas en ese país según la policía. No obstante, desde que en 2008 se incorporó la observación del feminicidio, el crimen persiste y la figura no parece efectiva ni para prevenir ni tampoco para sancionar.

«La mayoría de los agresores en Guatemala son condenados por homicidio agravado, porque es difícil probar el feminicidio que exige mostrar las relaciones desiguales de poder, la misoginia, o el odio de género», advirtió Chiarotti.

Familiares de las víctimas saben de estas dificultades. En julio, Cristina Siekavizza, una administradora de empresas, desapareció de su casa.

Un mes después, su esposo, Roberto Barreda, huyó con los dos hijos de ambos y se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de su mujer. Una empleada del hogar familiar atestiguó entonces que el hombre había golpeado a la mujer hasta matarla.

«La justicia de este país se mueve lenta cuando se mueve», dijo Juan Siekavizza, padre de la mujer presuntamente asesinada cuyo cuerpo aún no apareció. «Llevamos meses y seguimos igual», se quejó el hombre.

La madre de Barreda, Beatriz de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, está ahora presa por obstrucción de la justicia, por haber movido sus influencias para impedir la captura de su hijo y la ubicación de los nietos, en otro ejemplo de actuación del Estado contra las víctimas de delitos sexistas.

Siekavizza reconoció que Guatemala cuenta con una ley progresista que condena el feminicidio «pero que se apliquen es otra cosa», ironizó.

La argentina Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, intentó una respuesta. «Las leyes, en las que se avanzó mucho en América Latina, no son la respuesta a los problemas».ombres que golpean a las mujeres hasta desfigurarlas y las ultimen con cuchillos,  armas de fuego, con sus propias manos o quemándolas con alcohol?

«Está claro que los estados no son indiferentes a esta forma extrema de violencia y que hay una condena bastante homogénea en la región, pero hay deudas pendientes que no pasan por el plano normativo», remarcó.

Gherardi mencionó la necesidad de contar con estadísticas sobre violencia. Hoy, salvo contados países, la mayoría de los registros de feminicidios están bajo responsabilidad de organizaciones de mujeres que recogen los casos que se publican en diarios. «Una mejor información nos permitiría mejores políticas», concluyó.

También señaló que hay una segunda deuda del Estado con las mujeres que es el de garantizarles el acceso a la justicia. «La ley penal no es para prevenir, el derecho tiene que dar otras respuestas para que las muertes no sigan ocurriendo», advirtió.

* Con el aporte de Danilo Valladares (Guatemala).

Composición gráfica: Juan Monseico /IPS

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Justicia pendiente

Agresores de la activista Claudia Uruchurtu confirman su ejecución, sin revelar ubicación de su cuerpo

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Por Miguel Montesinos León

Concluye la etapa de búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, con la confirmación de su muerte, después de 89 días de su desaparición forzada, ocurrida el 26 de marzo pasado. No obstante, sin haber hallado el cuerpo de la activista, también se confirmó que la ejecución de la activista se dio por órdenes de la entonces presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, actualmente recluida en el penal femenil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros Oaxaca.

Desde la misma noche de la desaparición de Uruchurtu se difundió información en el mismo momento de su desaparición que revelaba que la activista había sido golpeada por sus captores con la cacha de la pistola en la cabeza, y momentos después, el reporte realizado por personas de la comunidad de San Pedro Coxcaltepec Cantaros apuntaba que habían encontrado un cuerpo en inmediaciones de esta comunidad.

El reporte fue minimizado por el equipo de investigación y pese a que estuvieron enterados desde los primeros días de la desaparición sobre el asesinato de la activista, hasta la fecha no se ha encontrado su cuerpo.

El mismo presidente de México Andrés Manuel López Obrador manifestó en su conferencia mañanera del 11 de mayo de 2021 que la activista México-Británica había sido asesinada por órdenes de la presidenta municipal de Nochixtlán, según la declaración del testigo protegido, al día siguiente –12 de mayo– nuevamente hizo alusión al asesinato de la activista. Sin embargo, las autoridades y personal encargado del esclarecimiento de la desaparición y asesinato de Claudia Uruchurtu, el cuerpo de la activista sigue siendo un enigma difícil de resolver.

El fiscal general de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por su parte, señaló recientemente en entrevista a medios de información, que se encuentran detenidos casi todos los involucrado en la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu, tanto los autores intelectuales, como los homicidas materiales. No obstante, reiteró que se desconoce la ubicación del cuerpo.

Justicia pendiente por agresión al empresario que involucró a la activista

De la agresión de la que es responsable también la presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta en contra del empresario Alfonso Avendaño Rodríguez, y su detención arbitraria en contubernio con el ministerio público de Nochixtlán Rey Velasco Carranza, no se han dado a conocer los avances en la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el presidente López Obrador señaló que no se quedaría nada pendiente de este caso, por lo que la edil ya estaba en prisión.

El empresario oaxaqueño Alfonso Avendaño Rodríguez que fue víctima de detención arbitraria, privación ilegal de la libertad y sufrió lesiones dolosas que pusieron en riesgo su vida no ha tenido respuesta de la fiscalía ni se le ha resarcido el daño. La presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta, los elementos de la policía municipal, el guardaespaldas de la presidenta Lizbeth Victoria Huerta, y el ministerio público Rey Velasco Carranza siguen sin ser responsabilizados por estas arbitrariedades.

No es de olvidarse que los hechos que originaron la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz se derivó de esta agresión física y detención arbitraria al empresario, y extrañamente no se ha determinado la responsabilidad penal por la carpeta de investigación abierta debido a la denuncia de Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de los señalados.

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Mexico Violento

Parlamento británico pide al Gobierno mexicano intervenga en la búsqueda de Claudia Uruchurtu, desaparecida en Nochixtlán

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Por Miguel Montesinos León

Integrantes del Parlamento de Gran Bretaña firmaron una petición dirigida al Primer Ministro Británico solicitándole su intervención urgente para que el Gobierno Mexicano intensifique la búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz, de 48 años, activista mexico-británica, desaparecida el 26 de marzo, en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, y sea presentada con vida.

Entre las 22 y las 24 horas, del 26 de marzo, se registró la desaparición de la ciudadana mexico-británica Claudia Uruchurtu Cruz, mientras se dirigía a un llamado de la comunidad de Asunción Nochixtlán para exigir la liberación y atención médica de Alfonso Avendaño Rodríguez, ciudadano que acudió a cobrar a la presidencia municipal materiales propios de su giro de negocio, y fue agredido por policías municipales bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta, y detenido arbitrariamente por parte de la Fiscalía de Nochixtlán.

La desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, de acuerdo con familiares y activistas, apuntan a la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, ya que Claudia Uruchurtu desde los inicios de su administración denunció diversas irregularidades ante las instancias de fiscalización en contra de la edil emanada del partido MORENA.

Las hermanas de la activista Sara y Elizabeth Uruchurtu Cruz, la primera con domicilio en Salford and Eccles, localidad situada en el condado de Gran Manchester, y la segunda en Sheffield, del condado de Yorkshire, señalaron que su hermana Claudia también tiene su domicilio y trabajo en Inglaterra, pero había decidido una estancia temporal en Nochixtlán.

Hasta ahora, los policías ministeriales que han acudido en la búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz no han reportado ningún avance en la investigación, pese a que activistas de la región señalan que la mujer fue “levantada” en una camioneta roja, propiedad del municipio al servicio del área de alumbrado público, y que esa misma camioneta desapareció el mismo día en que desaparecieron a Claudia.

En el escrito del Parlamento británico también se señala que el activismo de Claudia se ha enfocado en la comunidad contra los abusos de la autoridad local y ha sido muy crítica con la administración municipal de Nochixtlán, por lo que ha puesto varias quejas al gobierno estatal y federal sobre presuntas corrupciones de la alcalde.

Sin embargo, después de 17 días de la desaparición forzada de la ciudadana mexico-británica y de testigos que dieron parte de los hechos, no se ha investigado a la Policía municipal, personal del ayuntamiento de Nochixtlán, ni a la edil Lizbeth Vitoria Huerta, a quien reiteradamente la comunidad ha señalado de estar implicada en el crimen como represalia por las denuncias.

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Principal I

Mando policiaco de la CDMX renuncia por señalamientos de acoso sexual

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José Arturo Blanco Hernández renunció a la dirección de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Ciudad de México por presuntos actos de abuso sexual contra una mujer, aunque la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, ordenó su cese por la detención arbitraria de policías capitalinos.

El ex funcionario capitalino envió un documento al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, en el que decidió separarse de sus funciones como responsable de la PBI, luego de las acusaciones en su contra por abuso sexual.

Apenas ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó el cese del ex funcionario por la detención arbitraria de fotoperiodistas que cubrían la marcha de las mujeres el lunes pasado con motivo del día internacional de la mujer.

José Arturo Blanco fue director de Seguridad del Metro y posteriormente en noviembre de 2019 ocupó la titularidad de la PBI, además de haber sido director de Seguridad Ciudadana de la entonces delegación Tlalpan, cuando Sheinbaum era jefa delegacional.

Al frente de la PBI se encuentra como encargado del despacho, Elpidio Cruz, hasta que las autoridades capitalinas determinen quién será el nuevo responsable de la institución para hacerse cargo de las indagatorias correspondientes en el interior de la policía industrial.

La mandataria capitalina aseguró que no se permitirá en su administración casos de abuso o acoso sexual en el interior del gobierno de la Ciudad de México, por lo que habrá tolerancia cero contra cualquier servidor público que atente contra una mujer.

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