Connect with us

Últimas noticias y en vivo

El drama afgano

Published

on

 

Por Mercè Rivas Torres

En primer lugar, voy a hablar de las personas, ya que me parece lo más importante. Todas esas mujeres y niñas que durante los últimos veinte años han podido estudiar, trabajar o pasear solas por la calle, están en estos momentos recluidas en sus casas y unas pocas han podido huir.

Se trata de una o dos generaciones que han conocido otro tipo de vida. Que han podido elegir entre casarse o seguir solteras, a pesar del conservadurismo de la sociedad afgana, que han reivindicado los derechos humanos y muy especialmente de las mujeres. De niñas que han podido ir a la escuela, jugar, escuchar música, ver la televisión, algo que en Occidente nos parece normal.

Pues bien, de la noche a la mañana y nunca mejor dicho, mandatarios que viven a miles de kilómetros decidieron abandonar el país y dejarlo en manos de unos barbudos, armados y violentos que a partir de ahora les van a hacer la vida imposible.

La decisión de Estados Unidos, de la OTAN y de los países que la componen, está basada en intereses occidentales, aunque no sé si saben y controlan lo que puede pasar en el futuro.

Llegaron para acabar con un refugio de terroristas y se van con un país con más violentos todavía. No hay que olvidar que en terreno afgano además de los conocidos talibanes hay numerosos grupos como Daesh, Estado Islámico Levante-Jorasán y alguno más.

Los ocupantes dijeron que iban a terminar con la amenaza terrorista mundial y habría que preguntarse qué piensan hacer si estos grupos comienzan a asesinar mañana en Manhattan o en Londres.

Pero mientras tanto, después de tomar el control parcial del país y digo parcial porque respetaron a muchos “señores de la guerra” durante su estancia, han dejado a una población de cuarenta millones de personas desamparada.

Se ha demostrado que ni formaron a un Ejército afgano ni acabaron con la corrupción. Los militares afganos no dispararon ni un tiro contra los talibanes que tomaron el poder como si fuesen de romería y el último presidente, formado en Estados Unidos, salió corriendo con bolsas llenas de dólares.

Los edificios que construyeron ahora son tomados por los barbudos, el gobierno también y las decisiones tomadas lo único que han hecho es enviar a las mujeres, a las niñas, a los periodistas e intelectuales que tenían el vicio de pensar y opinar, a sus casas en el mejor de los casos, otros han sido detenidos, torturados y los más afortunados consiguieron subirse a un avión para comenzar sus vidas desde cero en otro país.

Los múltiples “señores de la guerra” que controlaban territorios han vuelto a recuperar todo el poder, aunque alguno no lo perdió del todo. Están en el gobierno, en el tráfico de opio, en el control y tráfico de armas. Han vuelto a su cómodo status.

Entonces nos podemos preguntar. De qué ha servido la ocupación, el dinero gastado, los occidentales que perdieron la vida. Todo es un sin sentido.

En escasos días hemos vuelto al año 2000, con la salvedad de que las mujeres y niñas han probado un caramelo, que ya les hemos quitado a golpes, de la boca. Por lo que deberíamos plantearnos que se ha hecho mal para no repetirlo, pero tengo la sensación de que nadie va a hacer esa reflexión y esa forma de actuar se volverá a repetir en Afganistán o en cualquier otra parte del mundo.

La guerra/ocupación de Afganistán le costó al Tesoro estadounidense unos US$2,3 billones, de acuerdo con cálculos del proyecto Cost of War de la Universidad de Brown (Rhode Island), informa la BBC. Una cifra difícil de comprender y asimilar para un ciudadano normal. Pero frente al gasto del Tesoro de Estados Unidos están las empresas privadas que ganaron muchísimos millones de dólares.

Una parte muy importante de los 2.3 billones de dólares sirvieron para pagar los servicios de empresas que apoyaron las operaciones estadounidenses en Afganistán. «Esa guerra contó con unas fuerzas estadounidenses muy pequeñas -todas voluntarias- que estuvieron complementadas por contratistas militares», comentaba Linda Bilmes, profesora de la Universidad de Harvard a la BBC.

Las empresas más beneficiarias de esta forma de actuar fueron: Dyncorp, Kellogg Brown Root (KBR), Raytheon Technologies, Aegis LLC o Raytheon. Estas son las que actuaban sobre el terreno haciendo todo aquello que se atribuye al Ejército Americano.

Casi 20 años después de la llegada a Afganistán, 2.442 soldados estadounidenses y 1.144 de diferentes países de la OTAN, además de al menos 3.846 contratistas, murieron en dicho  país.

Un caos y un despropósito.

 

Fuente original: El drama afgano (nuevatribuna.es)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Con voz propia

Sobre la actualización del Protocolo de Estambul en México

Published

on

 

Por Ramsés Ancira

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la burocracia en México y en el mundo, avanza como paquidermo reumático. Éste es el caso del acuerdo para la liberación de presos víctimas de tortura; con más de dos años en prisión sin recibir sentencia; o que por su edad avanzada corren el riesgo de morir sin volver a conocer la libertad.

Los más optimistas soñábamos que el 15 de septiembre, fecha para la cual ya debían haberse conocido las reglas de operación para el acuerdo;  y  al que prontamente se había sumado el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum, tendríamos a cientos de hombres y mujeres libres, ya sea completamente absueltos o con la posibilidad de esperar su sentencia en arraigo domiciliario o en el mejor de los casos, solo con el compromiso de no salir de la Ciudad, como  es el caso de Emilio Lozoya.

A nivel nacional debió ser la Defensoría Pública Federal, que encabeza el recomendado de López Obrador, Netzaí Sandoval, quien debía elaborar la lista de personas que cumplían con cualquiera de los requisitos para obtener la libertad. No presentó ni un solo caso, a pesar de que, según ex abogados de la misma defensoría, de cada 100 mil personas que se encuentran en cárceles mexicanas, 60 mil son inocentes materiales, ya que están ahí porque confesaron bajo tortura, o no existe ninguna prueba documental contra ellos. Sólo la palabra de los fiscales que los acusan. Ya sabemos lo poco que vale la palabra de estos fiscales en México, en su mayoría sobornados por los acusadores, y delincuentes fabricantes de pruebas y expedientes. ¿Hay excepciones? Pues seguramente serán verdaderamente excepcionales.

Vale aclarar que el único mérito de Netzaí Sandoval para ocupar este cargo por el que recibe más de 300 mil pesos cuatrimestrales, es haberle cargado el portafolio a López Obrador en sus viajes al extranjero. Su especialidad es en derecho electoral, lo cual no lo ayuda en nada a la defensa de presos.

Por otra parte, de esos mismos 100 mil, 80 mil podrían esperar la sentencia fuera de las cárceles, estudiando o trabajando. Esto no sucede porque al igual que en los gobiernos federales del PRI o del PAN, y tal como sucedió con Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, los presos son un excelente negocio. Si cada uno de ellos le cuesta al Estado un promedio de 3 mil pesos por mantenerlos en la cárcel (no valen más los bolillos duros, las tortillas remojadas o los caldos insípidos y los atoles con agua con los que los alimentan) un preso paga en promedio, muchas veces más, entre 3 mil y 50 mil pesos mensuales por el derecho a dormir acostado en el suelo, lejos del excusado de la celda; una cobija para sentarse en el patio de la prisión cuando recibe a sus familiares, la renta de sillas y una mesa para comer con sus visitantes, si es que los tiene, una vez por semana.

El precio aumenta si está consciente, pero pide una revisión del médico de la prisión o necesita una aspirina, que le venderán al mismo precio que en los hospitales Ángeles, cuyo dueño Olegario Vázque Aldirr, por cierto, es también propietario de cárceles federal concesionadas en el gobierno de Salinas de Gortari. Ya en el tema vale mencionar que los propietarios de periódicos como El Financiero, cuyos trabajadores reclaman el cumplimiento de pagos caídos, o de Televisión Azteca, que tiene contratados por outsourcing, con domicilio fiscal en Monterrey, a varios trabajadores que realizan sus tareas en la Ciudad de México, , también son propietarios de reclusorios federales, donde por cada preso, el gobierno federal les paga más que si los hospedara en hoteles de cinco estrellas.

Si por claustrofobia o cualquier razón no puede permanecer en las celdas hacinadas, debe pagar por un sello, que en el argot carcelario se llama “bala” para poder deambular en el patio y usar los aparatos de ejercicio que donó Deportes Martí.

Como no hay espacio para la visita conyugal se hacen acuerdos, claro mediante un pago, el preso que tiene el privilegio de tener una celda para él solo o para un máximo de cuatro personas, puede salir al patio, mientras un custodio renta en mil pesos o más el rato que puede pasar un prisionero, con muy relativa intimidad, cubriendo las rejas con cobijas, en compañía de su pareja.

La cortesía carcelaria, por cierto, obliga a todos los internos a bajar la mirada si saben que una mujer va a ingresar a una celda no acondicionada, si se va a usar para visita conyugal.

En la Ciudad de México, la responsabilidad de obtener la lista de personas que deben obtener su libertad, recae en el Secretario de Gobernación local, Martí Batres, quien ocupa ese puesto pese a que nunca se aclaró la distribución de leche con huevos de parásitos, que se realizó cuando él ocupaba un puesto similar en el gabinete de López Obrador, en el entonces Distrito Federal. Los archivos periodísticos tienen esta información, ubicable con el nombre de “Leche Betty”

Pero mientras el “paquidermo reumático” no recibe ni un poco de “Bengué” para aliviar sus dolores;  en el mundo si avanzan los esfuerzos de la sociedad civil para perfeccionar el Protocolo de Estambul y evadir todas las  trampas que ponen los golpeadores para que no quede huell, como la aplicación de corrientes eléctricas que no dejan cicatriz, los ahogamientos en excusados o botes con agua apestosa;  o con bolsas de plástico, torturas que se siguen aplicando en todo el territorio mexicano, (que no es territorio Telcel) porque al  apando no entran las señales que permiten geolocalizar a una persona que está siendo víctima de tortura.

El Protocolo de Estambul tiene nuevas reglas y esto sería una herramienta fabulosa para que un gobierno como el nuestro, que anhela una Cuarta Transformación, siquiera ponga primera en el sistema de reclusorios, mismo que está incluso peor que en 1968, porque por lo menos entonces, los presos políticos de Lecumberri, podían preparar sus propios chilaquiles y estudiar con otros presos políticos como José Revueltas o Eli de Gortari.

Ahora, pobre del preso que quiera leer, pero no tenga lentes, porque le cobraran por ingresarlos hasta “la comodidad” de su jaula.

Existe espacio reservado para 15 periodistas que deseen acudir personalmente a esta conferencia de prensa organizada por el comité médico del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, en el Hotel Benidorm, ubicado en la cuchilla que forma la calle de Frontera al converger con la Avenida Cuauhtémoc, en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Tras la conferencia será posible hacer entrevistas particulares de hasta 15 minutos con el doctor en siquiatría Fernando Valadés, sobreviviente del Halconazo del 10 de junio de 1971 y fundador del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Solo tienen que programarla mediante un correo electrónico a editorialparadigma@gmail.com

Desde otras entidades de la República podrán seguir la transmisión y hacer preguntas a través de la página de Facebook del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

 

Continue Reading

Últimas noticias y en vivo

Fabricación de pruebas en la conjura maestra de la “Cuarta Transformación”

Published

on

Historias para armar la Historia

Por Ramsés Ancira

Cuenta Melchor Ocampo que en una ocasión llegó una pareja de padres indígenas para solicitar al sacerdote del pueblo un espacio del camposanto para enterrar el cuerpo de su hijo. El cura les cobró cierta cantidad, a lo que el matrimonio respondió que no tenían dinero, entonces el prelado les respondió ¿Y por qué no le echan sal y se lo comen? Cosas como éstas, provocaron la Reforma, a la que el presidente López Obrador llama la Segunda Transformación. La encabezó Benito Juárez, quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. El problema es que, en el 2021, en materia penal no hemos tenido siquiera la primera transformación, la pobreza frecuentemente conduce a la cárcel.

En la Revolución, la tercera reforma según el recuento de López Obrador, se aplicaba la Ley Fuga. No se daban el tiempo de celebrar juicios, así que cuando querían acabar con alguien le invitaban a huir corriendo. Acto seguido, y antes de que pudieran tomar distancia, les acribillaban por la espalda.

Desde Porfirio Díaz hasta López Obrador, la tortura y la fabricación de culpables han sido constantes. Un caso emblemático fue el del magnicidio de Álvaro Obregón. El dibujante José de León Toral fue invitado a una comida en el restaurante La Bombilla, en San Ángel, para una celebración. Cuando éste se acercó al presidente para mostrarle su retrato, varios militares dispararon por debajo de la mesa, pero solo el artista fue inculpado.

Con Obregón y Calles se habían cometido terribles homicidios contra católicos. Hubo casos de soldados que quemaron vivas a las monjas que se negaban a ser violadas.

De tal manera que, en la búsqueda de chivos expiatorios del crimen político, encontraron a la Madre Conchita y con pruebas reales o inventadas la culparon de complicidad en el magnicidio, ningún militar fue relacionado con estos hechos.

En 2017 una extensa investigación periodística denominada “La estafa maestra” dio cuenta de un fraude a las finanzas públicas mediante el esquema de encargar estudios a las universidades, con los que se ejecutarían políticas para combatir problemas de hambre y pobreza. El dinero que les pagaban, de acuerdo a las facturas, resultaba mucho mayor al que realmente recibían. Para colmo, las universidades no les encargaban el trabajo a sus expertos, sino que lo subcontrataban a empresas particulares fantasmas.

La investigación periodística del digital Animal Político, ganadora de premios internacionales,  fue realizada con el patrocinio de la sociedad civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, a la que pertenecen entre otras personas, el junior heredero de Kimberly Clark, Claudio X González, las académicas María Amparo Cassar y Denise Dresser y la inclasificable (periodista no es) Beatriz Pagés Llergo, quienes ahora tienen un nuevo proyecto de vida: impedir a toda costa, incluso con la elaboración de listas fascistas (no como la de Schindler, sino como las de Stalin y la Gestapo, que el Movimiento de Regeneración Nacional permanezca en el poder.

En “la estafa maestra”, según la mencionada sociedad civil; el Sistema de Administración Tributaria; y la Auditoría Superior de la Federación, participaron 138 empresas fantasma, once dependencias del Estado, ocho universidades y más de 50 funcionarios públicos, pero la “Cuarta transformación” decidió responder con una conjura maestra y sólo encarcelar a una persona, Rosario Robles Berlanga, la única que se presentó a declarar voluntariamente, cuando fue citada para declarar al respecto y fue detenida en el acto.

Robles, acusada por omisión, no por acción, en este delito, tenía derecho a llevar su proceso en libertad hasta que se deslindaran responsabilidades; pero el gobierno le exigió actuar como “soplona”. Ella se negó, alegando que la investigación de los delitos, presuntos o sin aclarar, correspondía a las autoridades. Entonces el gobierno de la 4T, decidió desempolvar el viejo truco de las administraciones del PRI, el PAN y el PRD, durante la administración de Miguel Mancera en la Ciudad de México: fabricar pruebas.

La licencia de manejo es una identificación que sirve solo para eso, para manejar vehículos. No es válida ni para tramitar un pasaporte, ni para cambiar un cheque en el banco, menos para abrir una cuenta. El problema es las autoridades, cualesquiera que estas fueran, no podían recibir el apoyo del Instituto Nacional Electoral para fabricarle a Rosario Robles, un medio más perfeccionado, por ejemplo, una credencial de elector que demostrara que la ex funcionaria tuviese un domicilio doble.

Así que se fueron por la fácil, elaborar una licencia de manejo falsa. De esta manera se “comprobó” que, si Rosario tenía dos direcciones, significaba que “podía escapar”. Así se le mantuvo en el penal de Santa Martha Acatitla, que se supone es para presas sentenciadas, lo cual no es su caso. Ahí comparte cárcel con Alejandra Cuevas, sobrina política del fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, quien la acusó de negligencia en la muerte del padrastro, a pesar de que ella no vivía en el mismo domicilio.

El juez que negó la libertad bajo fianza a Rosario Robles es, casualmente, sobrino de Dolores Padierna y sobrino político de René Bejarano.

Carlos Ahumada, ex pareja sentimental de Rosario Robles, entregó a Bejarano, en 2004, un portafolio con fajillas de billetes. El acto fue grabado clandestinamente y proyectado a nivel mundial a través del programa que conducía Víctor Trujillo, en el canal 4, en su caracterización de Brozo.

Ya desde entonces Brozo y Loret trabajaban en equipo, pues por el mismo tiempo que el autodenominado “payaso tenebroso” entrevistaba a Bejarano en canal 4, Loret presentaba otro video, en el canal 2,  de un funcionario de la administración capitalina apostando en Las Vegas.

En este montaje, se supo después, colaboraron Carlos Salinas de Gortari, el diputado panista Federico Doring y Diego Fernández de Cevallos. Así lo reveló el propio Ahumada, mientras estuvo preso en La Habana.

Años antes, el empresario de origen sudamericano, condujo a Rosario Robles a otra trampa, la llevó a una cena en la casa del ex presidente. El socarrón ex mandatario sacó de una vitrina una banda presidencial, se la colocó a la ex jefa del gobierno capitalino cruzándole el pecho y le dijo que se le vería muy bien, sugiriéndole que podría ser la primera mujer presidente de México. Obvio, todo en el marco de acciones para denostar a López Obrador, que como vemos, ya era parte de la vocación de los hoy conductores estelares de Latin Us.

La “prueba maestra”               

Y ya que hablamos de estafas maestras, es importante detenerse en la que fue considerada como prueba maestra de la Fiscalía General de la República para mantener tras las rejas a Rosario Robles (pese a que ya cumplió dos años en prisión y la ley establece que debería estar en libertad porque no la han sentenciado) Una licencia de manejo falsificada, pero no por ella.

El pequeño espacio que se emplea para colocar las fotografías en las licencias de manejo que expide la Secretaría de Movilidad del gobierno de la Ciudad de México, así como las máquinas fotográficas usadas, hacen que las imágenes de este documento sean bastante desfavorecedoras para cualquiera que las tenga, sin importar el color de su piel, la edad o la posición económica.

Sin embargo, en la licencia que se supone identificaba a Rosario Robles Berlanga, ésta luce atractiva, maquillada y con el rostro grande; mientras que en las licencias que expide el gobierno de Ciudad de México, la foto del rostro muy alejada. Al parecer fue pirateada de una fotografía de Facebook, así que aprovechamos para recomendarle que cuide lo que publica, no lo vayan a encarcelar con un documento falsificado.

Por otra parte, y no es necesario ser detective para saberlo. La casa de Rosario Robles se encuentra en donde se ubicó el pueblo prehispánico de Axotla, en la delegación Álvaro Obregón, una calle empedrada que alguna vez visitó el hoy presidente López Obrador.

Sin embargo, en el juicio se dijo que, en efecto, el domicilio de Rosario Robles se encontraba en Axotla, pero en la calle de Tennyson. La única calle con ese nombre en la Ciudad de México, junto con la de otros filósofos de fama mundial, está en Polanco, una colonia fraccionada en el Siglo XX para que la ocuparan principalmente españoles y judíos, los cuales hicieron fortuna en la industria y el comercio de México, tras refugiarse en este país por la persecución, principalmente de Franco y Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial.

Se necesitaría ser extranjero o completamente estúpido para ubicar la calle de Tennyson en Axotla, y sin embargo así la gestionó el falsificador, todavía no se sabe si a sueldo de la Fiscalía General de la República o del Gobierno de la Ciudad de México.

El presidente López Obrador se deslindó de la negativa del poder judicial para otorgar la libertad de Rosario Robles. Incluso dijo que, si hay sospecha de corrupción, se debe denunciar al juez.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum, actualmente jefa de gobierno de la Ciudad de México justificó que Rosario Robles se encuentre en la cárcel y argumentó que no es el Estado, sino una investigación periodística la que dio cuenta de sus presuntas actividades delictivas.

Y aquí cabe recordar que no fue solo Bejarano, sino también el ex esposo de Claudia Sheinbaum, Carlos Imaz, quien fue entrampado por Ahumada grabándole cuando recibía dinero.

De esto surgen preguntas pertinentes:

Rosario es la única en la cárcel por un presunto delito en el que participaron más de medio centenar de funcionarios de alto nivel. La primera interpretación de los enemigos del régimen es que esto demuestra que López Obrador es muy vengativo, pero ¿es así, o se trata de fuego “amigo”? En caso de que la licencia fuera fabricada por las autoridades de la Ciudad de México ¿Quién la ordenó? ¿Quién tiene el poder para hacerlo? No fue el titular de la SEMOVI, Andrés Lajous, porque él respetaba a Rosario desde que convivieron en la creación del partido Alternativa. ¿Sería entonces el socio de René Bejarano en la distribución de la leche Bety? Se llama Martí Batres, y hoy es el hombre de más poder en el gabinete de Claudia Sheinbaum, es ni más ni menos que su secretario de Gobernación.

Bitácora Suplementaria: Secreto en la Montaña, 24/10/ 2021.

Forma parte de los usos y costumbres de las comunidades rurales desde por lo menos 3 mil años de Cristo. Para dar a una mujer en matrimonio, muchas veces menor de edad, bajo los criterios actuales de protección a la infancia, se le exige al marido una dote.

Sin embargo, en muchas ocasiones no se trata simplemente de una tradición, en efecto, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas aún se venden niñas, sea para realizar trabajos domésticos o para explotación sexual.

El presidente López Obrador realizó una gira por Guerrero para inaugurar el mandato de Evelyn Salgado. Llegar a San Luis Acatlán normalmente requiere transitar por una carretera paralela a la costa del Pacífico. Llovía, sin embargo, en el trayecto se formaron más de 30 grupos que cerraron la carretera a la vera de los pueblos, no para obstaculizarle el camino: querían saludarlo, abrazarlo, tomarse una foto con él.

Hace 50 años, durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez se ordenó el asesinato de Genaro Vázquez Rojas. Le habían ofrecido 10 millones de pesos para que dejara de pelearse con los caciques, no los aceptó. Lázaro Cárdenas del Rio, expresidente de México le advirtió: “Genaro, vete al Balsas con mi hijo Cuauhtémoc. Ahí también vas a poder luchar por los niños”. Tampoco quiso, le aplicaron la sentencia en la que podía elegir plata o plomo. No aceptó el dinero, y en consecuencia…

A medio siglo de distancia el presidente López Obrador visitó San Luis Acatlán y se reunió con Consuelo y con Genarito, como le dicen a la maestra viuda y al hijo de Vázquez Rojas. Ahí le regalaron un poncho, vestimenta típica de las autoridades indígenas.

El racismo estalló en las redes sociales. Compararon al presidente con Chabela Vargas. Mientras tanto varios medios de información privilegiaron otra nota: “El presidente no quiso hablar de la venta de niñas”, luego los mismos comunicadores, entre los que destaca el inefable Javier Lozano Alarcón, presunto nexo entre el narcotráfico y el presidente Felipe Calderón, se colgó de la etiqueta #Miserable para calificar a López Obrador.

Así la cólera, así la bajeza de la lucha política en México. Pese a ello el presidente dice que afortunadamente no hay que preocuparse porque a diferencia de lo que ocurrió en Chile con el golpe de estado a Pinochet, parafraseando al publicista Eulalio Ferrer, aquí “la lucha de clases, no pasa de ser una guerra de frases”.

El presidente López Obrador con la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado y la viuda e hijo de Genaro Vázquez Rojas. Foto: cortesía.

Continue Reading

Mexico Violento

Nuevas detenciones en Puebla contra asistentes a mesas de diálogo y protestas en Palacio de Gobierno

Published

on

By

 

Por Claudia Martínez Sánchez

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta ordenó nuevamente detenciones contra quienes protestaran de las comunidades. Ahora fueron habitantes del municipio de Quecholac, uno de los 217 que integran el estado.

Yolanda Beristain, de 70 años, fue detenida de manera arbitraria por protestar frente a Casa Aguayo, actual sede de Palacio de Gobierno del Ejecutivo del estado, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. La mujer de la tercera edad, entró acompañada con una comisión de cinco habitantes procedentes del municipio de Quecholac bajo el engaño gubernamental de que se iba a realizar una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación.

En esta mesa de diálogo se trataría el caso del  alcalde de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, detenido el 28 de septiembre por los supuestos delitos de peculado y abuso de autoridad.

Luego de estas detenciones, un grupo de habitantes viajaron hasta Casa Aguayo para manifestar su inconformidad por la aprehensión de su gobernante municipal. Ya dentro de las oficinas de Gobernación, la mujer de la tercera edad Yolanda Andrade fue detenida por elementos de la policía estatal y ministerial con una supuesta orden de aprehensión.

En reiteradas ocasiones se ha señalado a Viliulfo Ramos González como unos de los principales actores represores de los movimientos sociales, quien opera con supuestos periodistas que no escriben en ningún medio de comunicación y se acreditan con identificación de Prensa para infiltrarse en las marchas y protestas, y en las mesas de diálogo.

Viliulfo Ramos González, funcionario de gobierno que infiltra a periodistas en las protestas de las comunidades poblanas. Foto: perfil de FB.

Cabe recordar que las últimas violaciones a los derechos humanos en contra de defensores en Puebla fue en el Ajalpan, cuando Gobernación del estado, simuló una mesa de diálogo para resolver la persecución política, amenazas de muerte  y despojo de tierras en Coyomepan, por parte de Araceli Celestino Rosas y su hermano David Celestino. En dicha mesa de Gobernación fueron arrestados de manera violenta Basiliza Montaño, Eruviel Aguilar Gómez, Anastacio González Sanguinez y, días después, Gonzalo Martínez en su domicilio.

En la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha denunciado recientemente la criminalización de las protestas, las fabricaciones de delitos y detenciones arbitrarias en contra de indígenas defensores en Coyomepan.

Miembros del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas denunciaron en diferentes foros públicos al gobernador Miguel Barbosa de los agravios a periodistas, además de espionaje y señalamientos en los que públicamente el funcionario evidencia a reporteros que son críticos con este gobierno.

Lista de detenciones y persecución por parte del gobierno de Puebla

  1. a) Detención y persecución judicial del ambientalista Miguel López Vega, el 23 de enero del 2020.
  2. b) Detención de 14 integrantes del movimiento social “Amozoc Seguro” y persecución judicial, el 23 de junio de 2020.
  3. c) Criminalización y desestimación en la toma del Congreso del Estado de Puebla por parte de feministas, el 28 de noviembre de 2020.
  4. d) Criminalización, persecución judicial y denuncias contra feministas en la marcha del 8M, 9 de marzo de 2021.
  5. e) Criminalización, persecución judicial y detención de 43 normalistas de Teteles, Tiripetío, Ayotzinapan (Puebla) y otras Normales Rurales, el 1 de junio de 2021.
  6. f) Criminalización, persecución judicial y detención de pobladores de Coyomeapan, septiembre de 2021.
  7. g) Criminalización y persecución judicial contra 50 integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental.
  8. h) Criminalización de maestros el 14 de septiembre en la Secretaría de Educación Pública con lujo de violencia y con presencia de granaderos.
  9. i) Criminalización, persecución judicial y detención de 4 defensores indígenas  de Coyomeapan, el 1 de septiembre 2021.
Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: