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Mexico Violento

Las razones del despido de Gregorio Guerrero y la corrupción en el INE

El reciente despido de Gregorio Guerrero como contralor general revela la gran discrecionalidad y corrupción de los consejeros del INE

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Excontralor Gregorio Guerrero Pozas, incómodo para los consejeros. Foto: excelsior.com.mx

Excontralor Gregorio Guerrero Pozas, incómodo para los consejeros. Foto: excelsior.com.mxa

Francisco Bedolla Cancino*

Al recientemente despedido de su cargo como contralor general, Gregorio Guerrero, se le recordará como un funcionario intransigente, a la hora de ejercer las facultades del órgano autónomo que dirigía, y hosco, a la hora de negociar con los consejeros electorales la aplicación de sus medidas y externar sus opiniones en temas delicados.

En el 2008, fue él precisamente quien se opuso terminantemente a que los consejeros electorales, presididos por Leonardo Valdés, se aumentaran a hurtadillas escandalosamente su sueldo, asentados en la disposición legal que los asemeja a los magistrados. La postura del entonces contralor general fue firme en el sentido de apegarse al contenido del mandato legal de que ningún funcionario público puede tener un sueldo mayor al del presidente de la República. El resultado de esa historia es de todos sabido: los consejeros electorales se otorgaron un jugoso aumento de sueldo.

Tiempo después, ante el pleno y en contra del consejo general, Gregorio Guerrero llevó el caso de la compra por parte del IFE de un edificio, sito en la avenida de Acoxpa, que involucra serias irregularidades en los avalúos y en el precio pactado y que, para decirlo sin ambages, exhibe indicios serios de corrupción al más alto nivel. El resultado de esa historia, o al menos de un buen tramo de ella, porque el caso sigue abierto, es también conocida: los consejeros electorales, entre ellos Córdova, Baños y Nacif, no encontraron elementos para avalar el dictamen del contralor ni tampoco consideraron grave el probable desfalco al Instituto por más de 100 millones de pesos.

Quizás por eso, es decir, por llevar sus opiniones expertas al extremo de lo posible, incluso por llevar la contra a los consejeros electorales en funciones, y quizás también por los buenos oficios del ala veterana del actual Consejo General del INE ante las fracciones parlamentarias que los designaron es que el emblemático contralor fue recientemente despedido.

Llama poderosamente la atención la remoción del citado funcionario, sobre todo porque, según se sabe, había revivido el debate de 2008 en torno  a si el sueldo de los consejeros debía ajustarse al precepto legal más reciente de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente o al más antiguo de que los consejeros electorales deben homologarse en trato y salario a los magistrados. Con Gregorio Guerrero, marginado de su cargo, todo apunta a que privará la aplicación del supuesto legal del mega-salario por sobre la hipótesis más racional y republicana de preservarlos por debajo del sueldo de EPN.

Curioso proceder el de los líderes de las principales fracciones parlamentarias, que apostaron por el continuismo institucional, preservando bajo decisiones de dudosa legalidad y racionalidad pública a tres de los cuatro consejeros en funciones y al secretario ejecutivo, incluso a costa de viciar el proceso del proceso de integración del INE, pero que aplicaron la excepción en el caso del Contralor General, probablemente por hacer bien su trabajo.

Y todavía más curioso el proceder del Consejo General que, sin previo análisis de las orientaciones estratégicas a las que deberá atender ni de los perfiles idóneos de sus altos funcionarios o del desempeño exhibido por éstos en el lapso de sus encargos, en apego a su lógica continuista, se haya apresurado a ratificar al secretario ejecutivo y a los directores ejecutivos del ahora INE.

Así las cosas, salvo mejor o más informado argumento, la lección y el mensaje que deja la remoción del contralor general es que la autonomía funcional ha de ejercerse en el marco de un límite infranqueable: no contravenir el interés y la voluntad del Consejo General. Misma lección y mensaje que aplican a la perfección al caso del máximo dirigente de la Unidad de Fiscalización de los partidos políticos, Alfredo Cristalinas, cuyo dudoso e inconsistente pero disciplinado desempeño en el dictamen de la campaña presidencial pasada le ha valido su permanencia al frente de dicha unidad.

En tal contexto, la pregunta relevante es, ¿para qué está listo y presto el recién creado INE?

Y al plantear la pregunta tengo en mente el excelente estudio Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, auspiciado todavía por el IFE, cuyos datos nos arrojan un diagnóstico crudo y bastante preocupante en torno a los que los mexicanos pensamos en promedio sobre la inoperancia del sistema de justicia y la precariedad del imperio de la ley; la escasísima confianza que se tiene en los partidos políticos (19% confía “mucho” y “algo”, el resto no confía) o en los diputados (17% confía “mucho” y “algo”, el resto no confía); y la aguda desvinculación institucional prevaleciente, cuyos indicadores son que el  46% de los mexicanos nunca ha formado parte de alguna asociación política y el 65% no dispone de ninguna relación o contacto de intermediación para acceder a los servicios que las instituciones políticas proveen.

Si el INE, como parece, se apresta a preservarse en el curso de acción por el que ha venido transitando en los últimos diez años y fungir como una burocracia chata que administra procedimientos de ley, entre los cuales destacan los relativos a admitir y contar votos, pero que ha abdicado de su misión de  fortalecer la democracia y construir ciudadanía, no hay problema con el continuismo, tampoco lo habrá con que los consejeros ratifiquen su alto sueldo menospreciando la hipótesis de ley de que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente, ni mucho menos lo habrá con que sigan procediendo de espaldas a la grave crisis de legitimidad que pesa sobre los representantes populares y la no menos grave crisis de confianza que pesa sobre las instituciones electorales.

Los reveladores datos del estudio mencionado, si una mínima cordura y espíritu autocrítico existiera en el INE, habrían de ser tomados como ilustrativos de la realidad del entorno que rodea al árbitro electoral. Nada bueno puede esperarse cuando el INE, con la complacencia de los consejeros, pierde un funcionario como Gregorio Guerrero, que simbolizaba una postura disidente y un llamado de combate a la corrupción en el seno del Instituto Nacional Electoral.

  • Analista político

@franbedolla

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Justicia pendiente

Alcaldesa de Nochixtlán es internada en penal femenil por desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu

Ignacio García

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La alcaldesa de Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta, fue internada en el penal femenil Tanivet, situado en el municipio de Tlacolula de Matamoros, después de haber sido vinculada a proceso por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu.

La alcaldesa que buscaba la reelección por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue procesada junto con otros dos funcionarios municipales por su presunta responsabilidad en la desaparición de la activista, quien fue vista por última vez durante una manifestación a las afueras del ayuntamiento de Nochixtlán.

El juez determinó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria que se desarrolla en contra de la edil, pues determinó que existen elementos suficientes para dictaminar la medida cautelar contra la munícipe, quien buscaba permanecer en el servicio público de la administración municipal.

La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades contra la alcaldesa de Nochixtlán, por lo que fue detenida el pasado 7 de mayo y ahora será procesada por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu.

La activista se encuentra desaparecida desde el pasado 26 de marzo, cuando participó en una protesta a las afueras de la alcaldía de Nochixtlán por la detención ilegal de un ciudadano que exigía el pago de unos servicios brindados a la presidencia municipal y por lo cual fue aprehendido por policías municipales por órdenes de la alcaldesa.

Los Ángeles Press documentó que familiares de la activista pidieron la intervención de las autoridades federales para localizar a la víctima, por lo que incluso el gobierno de Reino Unido solicitó al gobierno de México atender esta situación para localizar a Claudia Uruchurtu.

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Mexico Violento

Campañas negras pagadas en redes sociales, estrategia electoral de alianza opositora en Quintana Roo

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CDMX Press

La carrera por la sucesión por alcaldías en varios municipios de Quintana Roo ha generado una serie de alianzas que ideológicamente resultan incongruentes y hasta perversas que pagan ataques en redes sociales para simular oposición social, así lo señaló el asistente de prensa de la presidente municipal Laura Beristaín, quien además describió el tiempo electoral como una incansable guerra de ataques y campañas de desprestigio contra los alcaldes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Se trata de la alianza autodenominada “Va por México”, que ha dejado claro que su objetivo en todo el territorio nacional, PRI, PAN, PRD, son los principales artífices de campañas negras, y sus estrategias de “guerra sucia” van mas allá de lo imaginable, rebasando toda moral y toda ética, enfatiza el servidor público, quien se reserva su nombre por cuestiones de seguridad.

“Hacen uso de sus más antiguas estrategias para desestabilizar municipios, y ciudades enteras, montan escenas de fraude y delitos electorales, crean demandas penales y civiles para desgastar física y mentalmente a los candidatos de MORENA, tratan de destruir el partido de las mayorías desde sus entrañas, utilizando caballos de Troya dentro de cada estructura”, dijo.

En Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad Quintana Roo, se reúnen ya sin pudor alguno, para crear estrategias y derrocar a la candidata Laura Beristain Navarrete, quien hasta este momento es sin lugar a dudas una líder social que está siendo apoyada por los playenses.

Líder Panista Lili Campos Miranda, Ex lideres de partido Movimiento Ciudadano, Chanito Toledo, Gabriel Mendicuti ex presidiario y hoy candidato de Fuerza por México, el empresario Lennin Amaro quien pretendió ser candidato de Morena para contender por la alcaldía y un grupo de comunicadores  como Jorge Castro Noriega, Julián Santiesteban y algunos  operadores al servicio del Gobierno del Estado son quienes protagonizan esta alianza.

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Mexico Violento

Por violencia en Aguililla, Michoacán, cientos de personas piden asilo político a Estados Unidos

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Debido a la violencia del narcotráfico  y por el control de las minas en el municipio de Aguililla, se estima que unas 55 familias abandonaron sus casas y se trasladaron a otras partes de Michoacán, así como unas 500 personas se trasladaron a la frontera norte del país para pedir asilo a Estados Unidos, porque son muchos los que tienen familia “del otro lado”.

Dos días antes de la visita del nuncio católico, Franco Coppola, el 23 de abril, grupos del crimen organizado cortaron la vía principal que comunica Aguililla con Apatzingán. Cuando se dio la retirada de la autoridad religiosa, un día después, se volvió a hacer otro retén en la autopista. Según versiones, autoridades cubren de tierra las zanjas que fueron abiertas por los delincuentes y horas después vuelven a ser abiertas.

Incluso, entre este 10 y 13 de mayo, ha habido tres cortes en esta carretera “pavimentada” cubierta de baches de arena y chapopote, sobre todo en el tramo El Limón, El Aguaje y el Puente de Fierro. La población tiene salida por brecha y parte pavimentada hacia Coalcomán y Buenavista Tomatlán, pero son al menos dos horas de camino, comentó Juan Reyes, quien vende gasolina porque en Aguililla no hay gasolineras.

Aguililla ha sido escenario de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo Cárteles Unidos de Michoacán, lo que ha provocado el desplazamiento de decenas de familias. En el pueblo de El Aguaje, han abandonado sus hogares 140 familias.

El cura de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Gilberto Vergara, comentó que cerca de 500 personas de la cabecera municipal de Aguililla y de localidades le han pedido una recomendación para solicitar asilo en Estado Unidos, porque muchas de las personas tienen familiares ya en este país. El éxodo no se ha detenido, todo lo contrario, y se debe a grupos criminales por el control de los negocios de las minas, así como el trasiego de drogas, fabricación de drogas sintéticas en la región Sierra-Costa que tiene decenas de salidas para llevar a cabo sus operaciones.

En las últimas semanas ha habido más solicitudes para salir del país, porque además de la inseguridad, la situación económica se ha complicado, no hay empleo y además de la pandemia, decenas de comercios y pequeños negocios familiares han cerrado.

Entre Apatzingán y Aguililla hay 78 kilómetros de distancia, pero la parte más conflictiva es el tramo que comprende El Aguaje – Aguililla, de unos 40 kilómetros aproximadamente. Los policías asignados a esta zona son insuficientes, prácticamente no hay vigilancia, sin contar que los grupos delictivos se encuentran distribuidos en toda esa región.

 

Fuente.- La Jornada

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