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Mexico Violento

Las razones del despido de Gregorio Guerrero y la corrupción en el INE

El reciente despido de Gregorio Guerrero como contralor general revela la gran discrecionalidad y corrupción de los consejeros del INE

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Excontralor Gregorio Guerrero Pozas, incómodo para los consejeros. Foto: excelsior.com.mx

Excontralor Gregorio Guerrero Pozas, incómodo para los consejeros. Foto: excelsior.com.mxa

Francisco Bedolla Cancino*

Al recientemente despedido de su cargo como contralor general, Gregorio Guerrero, se le recordará como un funcionario intransigente, a la hora de ejercer las facultades del órgano autónomo que dirigía, y hosco, a la hora de negociar con los consejeros electorales la aplicación de sus medidas y externar sus opiniones en temas delicados.

En el 2008, fue él precisamente quien se opuso terminantemente a que los consejeros electorales, presididos por Leonardo Valdés, se aumentaran a hurtadillas escandalosamente su sueldo, asentados en la disposición legal que los asemeja a los magistrados. La postura del entonces contralor general fue firme en el sentido de apegarse al contenido del mandato legal de que ningún funcionario público puede tener un sueldo mayor al del presidente de la República. El resultado de esa historia es de todos sabido: los consejeros electorales se otorgaron un jugoso aumento de sueldo.

Tiempo después, ante el pleno y en contra del consejo general, Gregorio Guerrero llevó el caso de la compra por parte del IFE de un edificio, sito en la avenida de Acoxpa, que involucra serias irregularidades en los avalúos y en el precio pactado y que, para decirlo sin ambages, exhibe indicios serios de corrupción al más alto nivel. El resultado de esa historia, o al menos de un buen tramo de ella, porque el caso sigue abierto, es también conocida: los consejeros electorales, entre ellos Córdova, Baños y Nacif, no encontraron elementos para avalar el dictamen del contralor ni tampoco consideraron grave el probable desfalco al Instituto por más de 100 millones de pesos.

Quizás por eso, es decir, por llevar sus opiniones expertas al extremo de lo posible, incluso por llevar la contra a los consejeros electorales en funciones, y quizás también por los buenos oficios del ala veterana del actual Consejo General del INE ante las fracciones parlamentarias que los designaron es que el emblemático contralor fue recientemente despedido.

Llama poderosamente la atención la remoción del citado funcionario, sobre todo porque, según se sabe, había revivido el debate de 2008 en torno  a si el sueldo de los consejeros debía ajustarse al precepto legal más reciente de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente o al más antiguo de que los consejeros electorales deben homologarse en trato y salario a los magistrados. Con Gregorio Guerrero, marginado de su cargo, todo apunta a que privará la aplicación del supuesto legal del mega-salario por sobre la hipótesis más racional y republicana de preservarlos por debajo del sueldo de EPN.

Curioso proceder el de los líderes de las principales fracciones parlamentarias, que apostaron por el continuismo institucional, preservando bajo decisiones de dudosa legalidad y racionalidad pública a tres de los cuatro consejeros en funciones y al secretario ejecutivo, incluso a costa de viciar el proceso del proceso de integración del INE, pero que aplicaron la excepción en el caso del Contralor General, probablemente por hacer bien su trabajo.

Y todavía más curioso el proceder del Consejo General que, sin previo análisis de las orientaciones estratégicas a las que deberá atender ni de los perfiles idóneos de sus altos funcionarios o del desempeño exhibido por éstos en el lapso de sus encargos, en apego a su lógica continuista, se haya apresurado a ratificar al secretario ejecutivo y a los directores ejecutivos del ahora INE.

Así las cosas, salvo mejor o más informado argumento, la lección y el mensaje que deja la remoción del contralor general es que la autonomía funcional ha de ejercerse en el marco de un límite infranqueable: no contravenir el interés y la voluntad del Consejo General. Misma lección y mensaje que aplican a la perfección al caso del máximo dirigente de la Unidad de Fiscalización de los partidos políticos, Alfredo Cristalinas, cuyo dudoso e inconsistente pero disciplinado desempeño en el dictamen de la campaña presidencial pasada le ha valido su permanencia al frente de dicha unidad.

En tal contexto, la pregunta relevante es, ¿para qué está listo y presto el recién creado INE?

Y al plantear la pregunta tengo en mente el excelente estudio Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, auspiciado todavía por el IFE, cuyos datos nos arrojan un diagnóstico crudo y bastante preocupante en torno a los que los mexicanos pensamos en promedio sobre la inoperancia del sistema de justicia y la precariedad del imperio de la ley; la escasísima confianza que se tiene en los partidos políticos (19% confía “mucho” y “algo”, el resto no confía) o en los diputados (17% confía “mucho” y “algo”, el resto no confía); y la aguda desvinculación institucional prevaleciente, cuyos indicadores son que el  46% de los mexicanos nunca ha formado parte de alguna asociación política y el 65% no dispone de ninguna relación o contacto de intermediación para acceder a los servicios que las instituciones políticas proveen.

Si el INE, como parece, se apresta a preservarse en el curso de acción por el que ha venido transitando en los últimos diez años y fungir como una burocracia chata que administra procedimientos de ley, entre los cuales destacan los relativos a admitir y contar votos, pero que ha abdicado de su misión de  fortalecer la democracia y construir ciudadanía, no hay problema con el continuismo, tampoco lo habrá con que los consejeros ratifiquen su alto sueldo menospreciando la hipótesis de ley de que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente, ni mucho menos lo habrá con que sigan procediendo de espaldas a la grave crisis de legitimidad que pesa sobre los representantes populares y la no menos grave crisis de confianza que pesa sobre las instituciones electorales.

Los reveladores datos del estudio mencionado, si una mínima cordura y espíritu autocrítico existiera en el INE, habrían de ser tomados como ilustrativos de la realidad del entorno que rodea al árbitro electoral. Nada bueno puede esperarse cuando el INE, con la complacencia de los consejeros, pierde un funcionario como Gregorio Guerrero, que simbolizaba una postura disidente y un llamado de combate a la corrupción en el seno del Instituto Nacional Electoral.

  • Analista político

@franbedolla

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Justicia pendiente

Familiares de activistas desaparecidos en Colima exigen justicia a gobierno federal

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Familiares y amigos de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán, exigieron justicia al gobierno federal para localizarlos con vida.

Los parientes del abogado y del líder comunal reclamaron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria federal en la Ciudad de México para localizarlos, después de casi 15 días después de su desaparición y cuyo paradero desconocen.

De acuerdo con los familiares de los activistas, su desaparición ocurre en un contexto de injusticia agraria y la forma de no respetar y cuidar los procesos de los pueblos para elegir a sus autoridades.

Asimismo, consideraron que los activistas fueron desaparecidos por un grupo cercano a la empresa minera Ternium, la cual ha utilizado diferentes estrategias para evitar que haya una representación comunal elegida democráticamente.

También demandaron impulsar una reforma agraria avanzada que complemente a la actual Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, pues actualmente no garantizan la protección de los derechos colectivos frente a intereses privados, lo que origina conflictos.

Desde el pasado 15 de enero grupos de activistas defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes habían realizado una defensa de las comunidades para la protección del medio ambiente, por lo cual habían recibido diferentes amenazas de grupos criminales

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Justicia pendiente

México, responsable por violar libertad y presunción de inocencia en caso Tzompaxtle Tecpile

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cidh

Las violaciones se dieron al aplicar el arraigo y la prisión preventiva en 2006

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de enero de 2023.- En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada.

Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la Sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas.

El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada.

Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.

Comunicado
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH_CP-08/2023 Español

En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a
los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.

En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.

El Tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal, y que la requisa del vehículo en el que se encontraban vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia.

En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.
***
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente (Uruguay); Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente (Colombia); Nancy Hernández López, Jueza (Costa Rica); Verónica Gómez, Jueza (Argentina); Patricia Pérez Goldberg, Jueza (Chile), y Rodrigo Mudrovitsch, Juez (Brasil).

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.
***
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

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Mexico Violento

Sujetos disparan contra periodista Rubén Darío en Cancún

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Sujetos armados atacaron al reportero Rubén Darío del diario Por Esto

Esta tarde sujetos armados dispararon contra el periodista Rubén Darío Cruz, reportero del periódico Por Esto, en Cancún, Quintana Roo, aunque resultó ileso, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de la entidad.

El reporte estatal reveló que el comunicador salió de su fuente de trabajo para dirigirse a bordo de un automóvil y sujetos en otra unidad se acercaron y dispararon en varias ocasiones en su contra para posteriormente huir del sitio.

No te pierdas: ‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

La fiscalía estatal abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, mientras que el comunicador cuenta con protección del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, logró resguardarse y mantenerse a salvo.

El periodista atribuyó el ataque a un grupo de delincuentes de tarjetahabientes, pues había visto a esos sujetos en varias ocasiones cerca de un cajero automático que se encuentra cerca de las instalaciones del medio de comunicación local donde labora.

El diario digital refirió que al sitio arribaron elementos de la policía estatal a resguardar el lugar, pero ninguno de los agresores fue detenido, aunque anteriormente el periodista había recibido distintos atentados en su contra.

Lee también: Cada cuatro días es asesinado un periodista en el mundo: Informe Unesco

México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, que ha referido que se mantiene la elevada impunidad contra los profesionales de la información en reiteradas ocasiones.

Apenas el 20 de diciembre pasado, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) para los Derechos Humanos pidió al gobierno de México garantizar la seguridad a los periodistas y no atacarlos.

El organismo internacional refirió que los periodistas necesitan protección, por lo cual no deben ser atacados desde el poder presidencial como ha sucedido en las últimas conferencias de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

 

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