Inteligencia militar señala a activistas de derechos humanos y funcionarios por notas de prensa

Por Miguel Montesinos León

El crimen organizado controla once rutas de tráfico de personas que atraviesan México. Utiliza vías terrestres, marítimas y ferroviarias. Se aprovecha del acompañamiento, legítimo en unos casos y con fines políticos en otros, de organizaciones no gubernamentales. En total vulnerabilidad, miles de personas de 20 nacionalidades y tres continentes cruzan México, revela un informe confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, basado en notas de prensa, al que este reportero tuvo acceso por los archivos difundidos en el hackeo por Guacamaya Leaks.

El documento Fenómeno Migratorio México-EU y sus afectaciones a la Seguridad Nacional, elaborado por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, IMEESDN, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, advierte que el uso de los trenes que circulan por México, no se circunscribe al, así llamado, La Bestia, que sale de la frontera sur. Prácticamente todo el sistema ferroviario del país es utilizado para llevar personas de la frontera sur y las costas del país a la frontera Norte.

Las once rutas terrestres y marítimas de tráfico de personas, según el estudio, están controladas por el crimen organizado, utilizan en algún momento el sistema ferroviario del país, concesionado a empresas privadas, extranjeras y nacionales. Los cárteles involucrados en el tráfico de personas se valen del trabajo que organismos nacionales e internacionales realizan en favor de los emigrantes que pasan por México rumbo a Estados Unidos. Un número indeterminado de personas, que se cuentan por miles­, atraviesa territorio mexicano con rumbo a los puertos de entrada del vecino país.

Para México, el problema se ha convertido en asunto de seguridad interior, con posibilidades de escalar aún más. Lo anterior, ante la decisión de Estados Unidos de considerar a las olas de migrantes que buscan ingresar a ese país como un atentado a su integridad territorial y una amenaza a su seguridad nacional.

El documento explica que hay cuatro rutas internas independientes al ferrocarril que confluyen a lo largo de la frontera norte. Asimismo, dos rutas marítimas, una por el Océano Pacífico y otra por el Golfo de México, que dan forma a una vasta red con ramales, bifurcaciones y puntos de “descanso”.

La Bestia

En el caso de la red de ferrocarril que inicia en la frontera sur, el tráfico de personas que controla el crimen organizado tiene dos puntos de origen: Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Mérida, Yucatán. La ruta que inicia en Mérida, lleva a los migrantes de Yucatán a Campeche, Campeche; pasa por Tenosique, Tabasco; Palenque, Chiapas, y Coatzacoalcos, Veracruz. La que inicia en Ciudad Hidalgo pasa por Tapachula y Arriaga, Chiapas, y llega a Ocotepec, Oaxaca. Ambos trayectos confluyen en Medias Aguas, Veracruz. Este pequeño poblado, se encuentra a poco más de 15 kilómetros de la frontera con Oaxaca y a 32 kilómetros al sur de la cabecera de Acayucan, Veracruz. Desde ese punto, siguen una misma ruta de poco más de 480 kilómetros, que pasa por Tierra Blanca y Orizaba, Veracruz, hasta llegar a Lechería, en el municipio de Tultitlán, del Estado de México, seis kilómetros al norte de la frontera con Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Del centro del país, los migrantes siguen tres rutas principales. La primera se enfila hacia Guadalajara, Jalisco, y sigue al norte por el corredor del Pacífico. Los puntos de ascenso y descenso de migrantes están en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, en Sinaloa, y Ciudad Obregón y Hermosillo, en Sonora. Ahí, el trasiego de migrantes de esta ruta del Pacífico se divide en dos ramales. Uno sube por Puerto Peñasco, en el mismo estado de Sonora y llega a Mexicali, Baja California, frontera con Estados Unidos. El otro llega directamente a la también fronteriza Nogales, Sonora.

Hay una ruta por el centro, que sale de Lechería, y tiene como destino Ciudad Juárez, Chihuahua. Pasa por “estaciones” en Irapuato, Guanajuato; Aguascalientes, Aguascalientes; Zacatecas, Zacatecas, y distintas ciudades de Chihuahua.

La tercera ruta, se divide, a su vez en dos que comparten el recorrido de Lechería a San Luis Potosí, luego de pasar por Querétaro, Querétaro. Una de las rutas sigue a Saltillo, Coahuila, y de ahí va a a la fronteriza Piedras Negras, del mismo estado. La otra avanza hacia Monterrey, Nuevo León, donde se bifurca en otros dos ramales: uno tiene como destino Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el otro las también tamaulipecas ciudades de Reynosa y Matamoros.

Las rutas marítimas

Por mar, el tráfico de personas en las costas del Océano Pacífico inicia en El Salvador y Guatemala. De acuerdo con el documento de IMEESDN, en Barra de Santiago, El Salvador, 80 kilómetros al poniente de San Salvador, zarpan embarcaciones que transportan ilegalmente personas. Viajan por la costa del Pacífico más de 700 kilómetros hasta llegar a Huatulco, Oaxaca. Desde ahí continúan y se incorporan a alguna de las rutas por tren o carretera rumbo a Estados Unidos.

Foto aérea de Barra de Santiago, El Salvador. Tomada de Ecured,

Con respecto de Guatemala, los traslados por mar tienen como punto de partida el Puerto Ocós, cinco kilómetros al sur de la frontera con México. Desde ahí ingresa al mar territorial mexicano y la ruta se bifurca en dos ramales. El primero recorre 370 kilómetros, hasta llega a Salina Cruz, Oaxaca. El segundo, se incorpora a la ruta marítima de trasiego de personas que avanza por toda la costa mexicana del océano Pacífico.

La ruta marítima del Pacífico tiene dos destinos: Tijuana, Baja California, y Puerto Peñasco, Sonora. Cuenta con lugares de ascenso y descenso de personas en Puerto Escondido, Oaxaca; Acapulco e Ixtapa, Guerrero; Manzanillo, Colima; Puerto Vallarta, Jalisco; Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, en Sinaloa; Ciudad Obregón y Guaymas, en Sonora; Cabo San Lucas, La Paz, Puerto San Carlos, Punta Chivato, Punta Prieta y Guerrero Negro y Guerrero Negro, en Baja California Sur, sigue a Ensenada y culmina en Tijuana, Baja California.

La ruta de trasiego ilegal de personas que avanza por el Golfo de México inicia en Campeche, Campeche. Bordea las costas de Tabasco y Veracruz, hasta llegar a Matamoros, Tamaulipas. A lo largo del trayecto bajan y suben personas en Coatzacoalcos y Veracruz, Veracruz; y en Tampico, Tamaulipas.

Rutas terrestres

Los puntos de inicio de trasiego de migrantes en el sur de México inician en las ciudades chiapanecas de Tapachula y Comitán y en Chetumal, capital de Quintana Roo.

Las rutas que inician en Chiapas confluyen en Arriaga, del mismo estado. Avanzan como una sola ruta por Ixtepec, Oaxaca, hasta la ya referida Medias Aguas, Veracruz. El trazo se alimenta de migrantes que son trasladados desde Coatzacoalcos. Pasa por Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. En Guanajuato, se distribuyen en ramales semejantes pero no iguales a los ya descritos para la red de trenes. El primero bordea la costa del Pacífico y sin ser la misma ruta del tren, tiene los mismos puntos de descanso e incorporación de migrantes.

El segundo ramal se enfila al norte por el centro de país. Atraviesa Aguascalientes. Esta ruta describe una suerte de círculo o circuito entre los estados de Zacatecas, Durango y Coahuila. En La Laguna, donde coexisten Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango, retoma el rumbo norte. Llega a la ciudad de Chihuahua y de ahí, a Ciudad Juárez, Chihuahua, o hasta Nogales, Sonora.

La tercera ruta sigue por San Luis Potosí y llega a Saltillo, capital de Coahuila. Ahí se desprenden otras tres vertientes. La primera tiene como destino Piedras Negras y Ciudad Acuña, en el mismo estado. Otro grupo asciende por Monterrey, Nuevo León, y llega a Nuevo Laredo o Reynosa, en Tamaulipas. Finalmente, la ruta del Golfo de México, bordea toda la costa de Veracruz. Sin ningún descanso ni conexiones con otros ramales, llega a Tampico, Tamaulipas. De ahí sigue al norte hasta Reynosa, ciudad fronteriza del mismo estado.

Ferromex, SA de CV, subsidiaria de Grupo México, opera en tres rutas. Principalmente la del Pacífico y la del centro. El 75 por ciento de las acciones de esta empresa está en poder de los hombres más acaudalados del país: Carlos Slim y Germán Larrea Mota Velasco. La estadunidense Kansas City Southern de México opera las dos rutas del noreste del país y una parte del centro. Otra es la Union Pacific, con trenes en cuatro rutas. La única donde no operan las privadas es la del Sureste, cuya concesión es del estado mexicano y que será parte del actual proyecto del Tren Maya.

Vulnerables y en alto riesgo

El documento reconoce la precariedad en que las personas migrantes cruzan el país. En las rutas que los migrantes siguen por alcanzar su objetivo final, que es llegar a Estados Unidos, “tienen que afrontar diversas situaciones, como el rechazo de las comunidades que atraviesan, el abuso de autoridades” o ser cooptados “por las bandas del crimen organizado”.

De acuerdo con el análisis del IMEESDN, la propia delincuencia organizada metida en el tráfico de personas aprovecha las actividades que en favor de los migrantes realizan “grupos políticos y religiosos”, organizaciones no gubernamentales y de organismos multilaterales. Ejemplifica con las “oleadas [de personas migrantes] provenientes de Centroamérica”, que han sido apoyadas incluso por “la [Organización Internacional de la] Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El documento señala que estas organizaciones han dado forma a una organización que lleva a los migrantes a puntos de destino. Sin embargo, no cubren toda la ruta. Las organizaciones criminales utilizan dicha estructura para abastecerse, incluso, de más migrantes. En el caso de las organizaciones extranjeras, incurren además, en atentados “a la integridad soberana de los Estados”. Abunda al señalar que organizaciones no gubernamentales se han dedicado al tema de migración porque reciben recursos para ello. Pero el acompañamiento que ofrecen a las personas en tránsito sólo es temporal y no pueden evitar que familias enteras acaben en las manos del crimen organizado.

Migrantes cruzan la frontera entre Guatemala y México. Tomada de Wikipedia.

Organizaciones internacionales de este tipo que actúan en México son, según el documento del IMEESDN, “Sin Fronteras, con apoyo de George Soros, dirigida por Irineo Mujica, además de la Asociación Hermanos en el Camino; todas dedicadas aparentemente a la atención de la población migrante en territorio mexicano”.

También hay otras que, según el estudio, buscan de manera deliberada crear inestabilidad y conflictos en la frontera entre México y Estados Unidos y utilizan la migración para esos propósitos. En esta situación estaría el grupo “que encabeza George Soros a través de entidades como Human Rights Watch, Soros Foundation, el Open Society Institute, y la coalición CARA Family Detention Pro Bono Project, que incluye a Catholic Legal Immigration Network (CLIN), el American Immigration Council (AIC), el Centro de Refugiados e Inmigración para Servicios Educativos y Legales (RICELS) y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA)”.

Peregrinos desde Latinoamérica, África y Asia

Con respecto de los actuales flujos de migrantes centroamericanos que arriban a México, la mayoría procede de Honduras. Representan el 72.2 por ciento de todas las personas que desde América Central buscan llegar a Estados Unidos. De Guatemala son el 12.2 por ciento y de El Salvador el 11.7 por ciento. El restante 3.7 por ciento son de las otras nacionalidades: Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. De la región del Caribe, la mayoría provienen de Haití y Cuba. El documento señala que actualmente hay alrededor de 4 mil haitianos y 3 mil cubanos irregularmente en México.

En su análisis, el IMEESDN de la SEDENA advierte de la responsabilidad de Estados Unidos en la generación de condiciones que propician la migración.

Entre las causas que obligan a las personas a salir de sus lugares de origen, cita “la intensificación de la violencia en los países del Triángulo Norte (integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras), por la presencia de organizaciones locales del crimen organizado como La Mara Salvatrucha”; también contribuye el desplazamiento forzado de miles de familias de “áreas territoriales favorables para la producción hídrica, minera, energética, agrícola”; el trasiego de drogas provenientes de América del Sur, especialmente de Colombia y Venezuela; y “el auge de la muy factible aplicación del criterio de Guerra Híbrida o de inestabilidad política con efectos continentales, como sucede en Venezuela, además de flujos que llegan en menor número desde Medio Oriente, África y Asia”.

En efecto, a México llegan personas migrantes que han hecho largos trayectos. El documento del IMEESDN señala que se han identificado a hombres y mujeres que “llegaron al continente americano vía Brasil, para continuar su ruta por Panamá y seguir hasta a México”.

Agrega que “estos grupos proceden de Afganistán, Eritrea, Bangladesh, Nepal, Pakistán, India, República Popular de China, Nigeria, Camerún, entre otros”. Las nacionalidades de estas personas obligan a México a destinar “mayores recursos humanos y económicos» para deportarlos, aunado a que varias de las naciones de origen de los migrantes no cuentan en México con un consulado o embajada que «apoye la salida de nuestro país”.

El documento advierte que la migración se ha convertido en México en un asunto de seguridad interior, toda vez que el crimen organizado se metió de lleno en el tráfico de personas. Explica que la migración siempre ha sido “un asunto de rispidez” en la relación México-Estados Unidos. Sin embargo, la complejidad del fenómeno en los últimos años motivó que el país vecino lo considerara “peligroso” para su seguridad nacional.

Estados Unidos asume que las olas de migrantes “comprometen” su integridad territorial. Por ello, se asienta en el documento, México no puede evitar que padezca consecuencias de la política migratoria estadunidense.

Raúl Vera, fraile dominico y obispo emérito de Saltillo, reflexiona en este texto sobre su experiencia como jurado del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que condenó la construcción del Tren Maya durante la sesión del 9 al 12 de marzo de 2023 y de cuya sentencia dimos cuenta en Los Ángeles Press, el 13 de marzo.

La ceguera de la ambición: El Tren Maya

La Iglesia nos presenta el capítulo 9 del Evangelio de San Juan para este cuarto Domingo de Cuaresma, cuyo tema es la curación de un ciego de nacimiento.

Cuando van pasando frente a ese ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Quién pecó, éste o sus padres? Ello para saber por qué estaba ciego. A lo que Jesús les dijo que ni él ni sus padres, sino que es así para que se cumpla la obra de Dios.

“Jesús escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió con vista (Jn.9,6-7). La gente preguntaba si era el ciego que se sentaba a pedir en la plaza, a lo que él respondía: «Soy yo». Y cuando le preguntaban qué había pasado, él explicaba lo que había sucedido, afirmando: «Jesús es un profeta». Por ello, porque él decía la verdad y porque los fariseos no querían reconocerlo, los fariseos lo expulsaron del lugar, quitándole con ello la protección y atención.

Quisiera reflexionar con ustedes este Evangelio junto a la experiencia que acabo de tener desde el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado del 9 al 12 de marzo pasado en algunos de los estados por donde atravesará el megaproyecto del llamado Tren Maya. Ahí tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios de las personas que nos dijeron de manera contundente todos los daños que están haciendo a toda la naturaleza y cómo están dañando la vida de ellas y ellos, así como a la cultura maya. Ahí vimos la ceguera del gobierno federal.

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera y Mina Morsán, al visitar las áreas afectadas por la construcción del Tren Maya el 13 de marzo de 2023.

Vimos la ceguera de los encargados de construir este tren, los militares. Vimos la ceguera de quienes están alterando el sistema ecológico y la vida de nuestros hermanos maya. Eso es un ecocidio y un etnocidio y sólo lo pueden hacer personas que no ven, que no tienen la mirada para reconocer la riqueza cultural que el mundo maya tiene, ni el destrozo terrible de la selva, la destrucción de los cenotes, depósitos de agua dulce y casa para una gran cantidad de fauna de la región. ¿Cómo es posible que estén con los ojos cerrados? ¿Cómo es posible que sólo tengan una visión económica y de negocio? Hemos visto la ceguera de la ambición de parte de quienes están conduciendo la construcción de ese tren.

Les doy un abrazo,

Fr. Raúl Vera López, O.P.
Obispo Emérito de Saltillo

Lecturas del domingo 19 de marzo del 2023, Cuarto Domingo de Cuaresma:

1Sam.16,1b.6-7.10-13a;

Sal.22,1-3a.3b-4.5.6;

Ef.5,8-14;

Jn.9,1.6-9.13-17.34-38.

Este fin de semana, el régimen de Daniel Ortega decidió poner su relación con la Santa Sede en una suerte de limbo. No habla de romper relaciones, pero es un paso adicional que agrava una crisis que recuerda a una enfermedad crónica. En el corazón de la crisis en Nicaragua yace una profunda y profunda contradicción, una paradoja si se quiere, de la Iglesia Católica.

A pesar de que los obispos, sacerdotes, monjas y laicos católicos se encuentran hoy en día en las mismas trincheras de la oposición al régimen de Ortega, y lo hacen con un gran riesgo personal, la propia Iglesia jugó un papel clave en la configuración del régimen que ahora los persigue, como en el caso del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.

El antiguo arzobispo de Managua, Manuel Obando Bravo fue, hasta su muerte en 2018, un invitado frecuente de los mítines políticos y otras actividades públicas del régimen de Ortega. Lo hizo, contra la voluntad de otros obispos y a pesar de que—según las reglas de la Iglesia—renunció a su cargo de arzobispo de Managua en 2005, cuando cumplió 75 años.

El papel de Obando revela una serie de rasgos del comportamiento público de los obispos católicos. Uno de ellos, probablemente el más importante, es la obsesión que tienen muchos obispos por encontrar un socio confiable en la política con quien puedan recrear el modelo de Iglesia protegida, preferida o incluso oficial, más comúnmente asociado con el relato de la conversión al cristianismo del emperador romano Constantino, en el año 312. Ese relato hace ver el ascenso del cristianismo como una suerte de feliz coincidencia con un gobernante que estuvo dispuesto a ya no perseguir e incluso a hacer oficial a la “nueva” religión. El asunto, sin embargo, es que ese relato es bastante ingenuo y engañoso, pues era una religión ya con más de 270 años de práctica.

Las implicaciones de este tipo de comportamiento de los obispos católicos romanos van mucho más allá de Nicaragua. Es una de las características de la Iglesia que se puede ver hasta hoy en Europa Central y Oriental, sobre todo en Hungría y en la relación entre el cardenal Péter Erdő y el primer ministro Viktor Mihály Orbán; en algunas naciones africanas, donde el cristianismo y más precisamente el catolicismo juega un papel clave en la vida pública; en diferentes momentos de América Latina e incluso de Estados Unidos, donde surgieron huellas de este modelo en la relación que algunos obispos norteamericanos desarrollaron y sostienen, hasta el día de hoy, con Donald Trump y su movimiento. La idea general es que un político ofrece algún tipo de protección a la Iglesia que, a cambio, proporciona un sentido de unidad, de propósito común, de solidaridad a la política.

La clave de la paradoja que revela la actual crisis de Nicaragua es la noción misma de intercambio y la medida en que dicho intercambio mutila la capacidad de la Iglesia para cumplir una función básica del liderazgo religioso: el ejercicio de la parresía, es decir, de su propia capacidad de decir la verdad al poder. La parresía es clave para el liderazgo religioso, como lo enfatiza Jesús en el pasaje del Evangelio de “dar al César lo que es del César”. Es una calle de doble sentido que requiere la capacidad de los líderes religiosos para hablar y actuar libres de la influencia de los compromisos políticos que surgen de los intercambios en los que se vieron envueltos el difunto cardenal Obando y Ortega.

¿Qué se intercambió? Al igual que en los Estados Unidos con Trump y ya antes con el Partido Republicano y en muchos países latinoamericanos, los políticos y los obispos utilizaron las leyes contra el aborto como un factor clave de esos acuerdos. Ortega, allá por 2005, completó el largo camino de una conversión bastante falsa al catolicismo. Lo hizo al casarse por la Iglesia con su compañera de mucho tiempo, Rosario Murillo, y luego de una serie de escándalos en su vida privada y pública que incluyeron las acusaciones de Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra de Daniel Ortega, de abuso sexual allá por 1998.

Como suele ser el caso, el abuso sexual es casi imposible de probar en los países latinoamericanos, por lo que la acusación terminó convirtiéndose en un callejón sin salida, pero Zoilamérica, la hija de Rosario Murillo de una relación anterior con Jorge Narváez Parajón, ha reiterado consistentemente su denuncia contra Ortega y sigue siendo hasta el día de hoy una de las más duras críticas de Ortega.

A diferencia de Obando, quien estaba más que dispuesto a recibir a Ortega con los brazos abiertos en la Iglesia Católica, para presidir y bendecir su matrimonio de 2005 con Rosario, Chayo, la actual vicepresidenta y Primera Dama de Nicaragua, Zoilamérica es la única hija del matrimonio Ortega-Murillo que ha hecho sonar todas las alarmas sobre la verdadera naturaleza del régimen y carácter personal de Ortega. El resto de sus hijos e hijas se parecen más a las familias reales saudí o jordana que a sus homólogos europeos o a las familias de otros presidentes latinoamericanos. Son una red numerosa de familiares del líder que se benefician de su relación privilegiada con el gobierno a diferentes niveles. Lo que es peor. Recuerda en todo a las formas, la manera de ejercer el poder de la “dinastía” Somoza.

El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez (Izq.) y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

Las formas de ejercer el poder de Ortega fueron evidentes desde su primer mandato como Jefe de Estado (1985-1990) y desde entonces ha utilizado el poder derivado de su posición como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (1990-?). Nadie puede decir que le sorprenda la forma en que estuvo dispuesto a emular a Enrique IV de Borbón, cuando decidió convertirse del protestantismo al catolicismo para poder convertirse en rey de Francia.

Si París valió una misa para el rey Enrique, Managua valió su conversión del marxismo ateo para Ortega. Además de dicha conversión y el matrimonio católico presidido por el mismo cardenal Obando, Ortega ofreció una de las leyes antiaborto más duras de América Latina, que impide ese procedimiento incluso en casos de riesgo para la salud de la madre.

Al hacerlo, Ortega no estuvo solo. Desde finales de la década de 1990 hasta principios de la de 2010, en diferentes países de América Latina se reformaron leyes más bien “liberales” que permitían algunas formas de aborto, especialmente cuando se percibía un riesgo para la salud de la madre. En Nicaragua estas leyes fueron aprobadas por el Congreso con Ortega como líder de la oposición en 2006. Dos años después, Ortega cierra el trato cuando, ya como presidente tras las elecciones de 2007, promulga el  Código Penal de 2008  que incluía severos castigos para las mujeres y el personal médico involucrado en estos procedimientos.

Como puede verse, la agenda del “izquierdista” Frente Sandinista de Liberación Nacional parece indistinguible de la del muy “conservador” Partido Republicano de Estados Unidos, más aún después de los nombramientos de Trump a la Corte Suprema. Otro elemento clave del intercambio Obando-Ortega fue la emisión de los permisos requeridos para que la Iglesia poseyera y operara estaciones de radio y televisión desde donde pudo transmitir su mensaje de que, en este momento, a mediados de los años pasados, era más que acoger con Ortega. Fue un elogio abierto de su voluntad de entregar lo que una comprensión más bien miope e ingenua del catolicismo y el cristianismo exigía a cambio de su apoyo. En ese asunto, el comportamiento del régimen de Ortega es indistinguible, por ejemplo, de los gobiernos supuestamente de derecha que igualmente dieron concesiones de radio y TV a la arquidiócesis de Tegucigalpa, en Honduras.

Ortega entregó las concesiones y/o permisos mientras preparaba lo que ahora muchos obispos llaman una “dictadura”. Y no hay duda de que es una dictadura que tiene como objetivo censurar lo que los obispos pueden hacer o decir. Pero es, y no hay forma de evitarlo, una dictadura que felizmente contribuyeron a construir.