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El ejército mexicano, próximo a rendir cuentas por la masacre de ‘El Charco’

La CIDH emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al Estado mexicano a rendir cuentas ante la Corte Interamericana por los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en la comunidad mixteca.

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  • Veintidós años después de los acontecimientos ocurridos en la comunidad mixteca de ‘El Charco’, el estado mexicano sigue sin reconocer las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura, entre otras acusaciones de los supervivientes.
  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias a un informe presentado por Red Solidaria Década Contra la Impunidad, emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al ejército a rendir cuentas ante la Corte Interamericana.

Por José Pedro Martínez

Pasada la medianoche, la obscuridad tiñe de negro los cerros más remotos del interior de la Costa Chica del estado de Guerrero, en la Sierra Madre Sur. El sonido nocturno de la naturaleza, rica y exuberante en estas latitudes mexicanas, oculta el despliegue de decenas de soldados del ejército que se acercan, sigilosamente, a una pequeña comunidad Na’ savi aislada por la geografía.

Es la madrugada del 7 de junio de 1998. En ‘El Charco’ -pueblito rural perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres- pobladores y visitantes descansan después de haber celebrado una larga jornada de asamblea. Durante el fin de semana, a esta comunidad mixteca han llegado unos 300 representantes de otras aldeas de la zona, algunos estudiantes universitarios de la Ciudad de México y dos columnas del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI). El propósito de dicha reunión: reforzar la colaboración entre pueblos, organizaciones y académicos para mejorar la producción agrícola, así como la implementación de otros proyectos relacionados con la autonomía indígena y la alfabetización.

“Estábamos durmiendo en el interior de la escuela Caritino Maldonado cuando empezaron a dispararnos”, cuenta Efrén Cortés, entonces un joven treintañero que materializaba su compromiso por la defensa de los pueblos nativos formando parte de la estructura ideológica de la guerrilla. Un batallón de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (conocidos como “GAFES”), surgió de las sombras agarrando por sorpresa a todos los presentes. “Ocultos y con la cara tapada”, recuerda Cortés, rodearon el pequeño edificio para lanzar un ataque sin piedad.

Los militares iban en busca de supuestos integrantes del ERPI, quienes tan pronto brincaron de su letargo trataron de repeler la emboscada. Cortés narra que una granada lanzada al interior de la precaria escuelita logró herir gravemente a una decena de personas; dos guerrilleros entre ellas. Algunas de las que pernoctaban en el lugar, asegura, fueron ultimadas mientras intentaban escapar, “estando heridas, rendidas y desarmadas”.

El asedio del ejército se alargó hasta acabada la noche; unas cinco horas en las que la lluvia de plomo no dio tregua, pese a las advertencias de la presencia de civiles, ancianos y niños atrapados en medio del fuego. Mientras tanto, una cantidad aún incierta de soldados a las órdenes de Alfredo Oropeza Garnica, comandante del  27 Batallón Militar, se desplegaba por todo el lugar -en el que vivían unas 2 mil personas- para establecer un cerco a la insurgencia.

Ricardo Zavala, estudiante de la UNAM que acudió a la asamblea acompañado de Erika Zamora Pardo -otra universitaria- estaba dentro de la escuela donde se centró el ataque. Según cuentan los supervivientes, se ofreció a salir para intentar mediar con los militares, pero éstos le fusilaron sin contemplación.

“A las 7 de la mañana se da la rendición. Ya rendidos y a corta distancia, los soldados empezaron a acribillarlos”, asegura Cortés. Tras finalizar el asalto, la operación del ejército continuó hasta las 6 de la tarde y se extendió a otras comunidades tu’un savi y me’ pah aledañas. El saldo final: 11 muertes, una treintena de detenciones y múltiples heridos, entre ellos algunos niños.

Crímenes de lesa humanidad

Erika Zamora y Efrén Cortés fueron detenidos durante la operación y trasladados a instalaciones castrenses donde, según los testimonios recogidos en el reciente informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron torturados y obligados a firmar declaraciones inculpatorias ante un ministerio militar. Los testigos, que pasaron más de cuatro años en prisión acusados de terrorismo, portación ilegal de armamento exclusivo del ejército e incitación a la violencia, sitúan al general Oropeza Garnica como la persona que encabezó las torturas.

“Éste sería el primer caso en la historia de México ante la CIDH en el que el acusado es el ejército y estamos hablando de tortura y ejecuciones extrajudiciales”. La abogada Magda López trabaja desde 2004 en la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, una organización de Derechos Humanos presidida por el obispo Jesús Vera López que trata de elevar ante organismos humanitarios y jurídicos internacionales diversos casos de violaciones y abusos por parte del Estado mexicano. Desde 2011, trabajan por reparación y justicia para las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Charco.

“Que la CIDH admita la petición sobre El Charco supone un gran éxito porque ya hay un informe de admisibilidad previo en diciembre de 2018. Ahora estamos a la espera del ‘informe de fondo’ para que se pueda sancionar al estado mexicano. Que se investigue y se sancione al ejército y a los mandos que estuvieron al frente de esta operación: el general Juan Alfredo Oropeza Garnica y el comandante de la Novena Región Militar, Luis Humberto López Portillo Leal”, explica López.

Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), desfilan en San Luis Acatlán (Guerrero). La CRAC es una de las organizaciones basadas en usos y costumbres amparadas en la ley 701 de la OIT / Foto: José P. Martínez

La abogada da cuenta de las dificultades que tuvieron para instruir el caso. “Nunca pudimos conseguir el informe que el ejército remitió a la CNDH hasta que nos fue filtrado por una organización de derechos humanos en el extranjero. La copia que conseguimos tiene mucha información subrayada en negro y no pudimos saber qué decía. Pero en la que se puede alcanzar a leer, el propio ejército relata cómo rodearon el lugar y que la gente fue cercada mientras dormía en el interior de la escuela Caritino Maldonado”.

Además de este informe escrito por el propio ejército y el elaborado por la relatora de ejecuciones extrajudiciales de la CNDH con las entrevistas a Erika Zamora y Efrén Cortés, otras organizaciones humanitarias como Human Rights Watch también señalaron la necesidad de investigar lo sucedido en El Charco. “Es muy difícil llegar a una resolución sobre éste y otros casos porque se trata de un poder fáctico en México: el ejército.

Durante estas dos décadas, el asunto ha sido opacado tanto por el estado -que siempre ha negado la existencia de grupos guerrilleros- como por los medios de comunicación, explica la abogada. “El único que se hizo eco de la masacre fue el diario local El Sur. Además, al tratarse de víctimas pertenecientes a un movimiento armado, muchas organizaciones de derechos humanos evitaron entrar en el tema”.

“Hoy, que el caso ya se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya son varias organizaciones las que se han ofrecido a ayudar en la defensa. Pero desde que iniciamos, estuvimos solos debido a la relación del caso con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Esperamos que la CIDH, en los próximos días, nos entregue el informe de fondo para presentarlo ante la Corte Interamericana”.

El Estado contra la insurgencia: la guerra de baja intensidad

El primer desaparecido en América Latina no sucede en Chile, Argentina, El Salvador o Colombia. Según el historiador Fritz Glockner, “fue en agosto de 1969 en el estado de Guerrero”, así como el primero de los ‘vuelos de la muerte’, atribuidos en exclusividad -y erróneamente- a las dictaduras argentina, guatemalteca y chilena, se realizó en la costa del Pacífico guerrerense por parte del ejército mexicano.

La “guerra sucia” (o de “baja intensidad”, como prefiere acuñarla el escritor poblano), se practica en México desde la década de los 40 y se acentuó a partir del asesinato extrajudicial de Rubén Jaramillo, en 1962. El líder agrario fue acribillado junto a su familia por cuatro pelotones de soldados a las órdenes del general Gómez Huerta, apoyados por un grupo de pistoleros pagados por caciques morelenses.

“Puedo asegurar con toda certeza que entre 1969 y 1976 se asesinaron a unos 5 mil mexicanos y mexicanas por razones políticas, sociales o ideológicas”, puntualiza Glockner. Comparado a las aterradoras cifras del presente puede parecer pecata minuta, pero sirven para hacerse la idea de la actitud del estado mexicano frente a este tipo de organizaciones en la historia reciente.

La mal llamada ‘Guerra Sucia’, se trata en realidad de una guerra de baja intensidad que incluía el control de la información, la historia y la memoria. El Estado mexicano se ha encargado de enfangar la memoria histórica de los movimientos armados [insurgentes y/o revolucionarios] de México.

El estado de Guerrero tiene dos de los municipios más pobres de Latinoamérica: Cochoapa el Grande y San Martín Peras / Foto: José P. Martínez

Las guerrillas y otros movimientos armados han supuesto para muchas comunidades rurales de Guerrero la única forma institucionalizada de organización social, procuración de seguridad y justicia, y el único frente de defensa de los intereses de la población. Por ello, Magda López considera que en 1998 todavía se practicaba la ‘Guerra Sucia’.

Tras lo ocurrido en ‘El Charco’, el ejército mexicano mantuvo cerrada la comunidad a medios y periodistas, y solo permitió su acceso días después, cuando las evidencias de lo que había ocurrido en aquel lugar ya estaban totalmente alteradas. “Parecía que en Guerrero, el gobierno podía hacer lo que quisiera con la gente. Dejaron pasar a los reporteros cuando ya habían limpiado la escuela donde se produjo la masacre. Incluso ya habían tapado los agujeros de bala”, afirma.

“Esta masacre se da dentro de una estrategia de contrainsurgencia que el gobierno mantenía en esa región durante muchos años”, reconoce también Efrén Cortés. “Había una motivación política: fue un mensaje de lo que iba a pasar si seguía en la resistencia. Así que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. En esta región, el ejército tiene una trayectoria de saqueo, violaciones a mujeres, tortura y asesinatos que ha favorecito a que la gente se organice”.

“Durante 22 años el gobierno mexicano no ha hecho nada por esclarecer lo que sucedió en la comunidad de El Charco, por lo que hemos tenido que recurrir a instancias internacionales para buscar que se sancione al Estado. Que sirva de precedente para que los gobiernos sepan que si hay impunidad, existen organismos internacionales a los que acudir para que no sigan pasando este tipo de cosas contra la población”.

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México de conciencia

Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky dan positivo a Covid-19

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Por Ignacio García 

El diputado federal y aspirante a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, y la exdirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, informaron que dieron positivo a Covid-19, por lo que permanecerán recluidos en sus respectivos domicilios.

Por medio de su cuenta de Twitter, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados dio a conocer que decidió aislarse al presentar síntomas leves y dar positivo a Covid-19, sin embargo, enfatizó que dio seguimiento a la probación del paquete económico de ingresos.

De acuerdo con el aspirante a la dirigencia de Morena, seguirán preparándose para el futuro, por lo que permanecerá aislado durante los siguientes días para evitar contactar a más personas en tanto padece la enfermedad.

Por su parte, la ex lideresa de Morena también dio a conocer que dio positivo a Covid-19, por lo que permanecerá recluida en su vivienda y en breve informará sobre su situación en los próximos días.

Aunque Polevnsky participó en la contienda para la renovación de la dirigencia nacional de Morena, en la encuesta elaborada por el Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo fuera de los primeros lugares entre la militancia, por lo que únicamente la disputarán Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.

La pandemia de Covid-19 ha afectado a diferentes servidores públicos y actores políticos a nivel nacional, sin embargo, las actividades presenciales se mantienen en varios espacios públicos que representan un riesgo de nuevos contagios.

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Fabricación de culpables

Fabricación de delitos: el riesgo de combatir la corrupción

Susana Enríquez Silva

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Jorge López vivió dos años recluido en un centro penitenciario acusado de un delito que no cometió; fue torturado por las autoridades que lo detuvieron, dejándole secuelas físicas y psicológicas. En México, el 64% de personas encarceladas sufre algún tipo de violencia al ser arrestada*.

Por Susana Enríquez Silva

Jorge López Pérez inició su carrera en 1982 cuando ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, años después lo comisionaron al Estado Mayor Presidencial donde laboró cuatro años en el sexenio de Ernesto Zedillo y otros cuatro en el sexenio de Vicente Fox. En el 2007 lo nombraron Director de la Policía Ministerial de Tabasco y en el 2014 lo invita el entonces Comisionado Estatal de Seguridad, Orlando May Zaragoza, a trabajar en Tlaxcala como director de la Policía Estatal Acreditable.

La situación en dicho estado era preocupante, tan sólo del año 2011 al 2013 había más de 150 denuncias por delito de trata de personas con fines de prostitución y únicamente tres sentencias respecto a esos casos. Además, un mes antes de que Jorge López iniciara su periodo, el narcomenudeo ya era considerado uno de los delitos con mayor incidencia delictiva.

La tarde del 21 de enero del año 2015 transcurría de manera normal para Jorge López, después de 30 años de servicio era común recibir avisos sobre asaltos, robos, detenciones, y como en esa ocasión, linchamientos. Se encontraba comiendo en su casa cuando recibió una notificación por radio en la que se solicitaba su presencia en el poblado de Santa Apolonia Teacalco en el municipio de Nativitas. Fue a las cinco de la tarde que junto a elementos de la Policía Estatal Acreditable comenzaron la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado robar un auto.

Horas más tarde, la vida del exdirector de la PEA cambió de manera drástica cuando fue llamado a la oficina de la que en ese entonces era la Procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez. Al llegar al lugar, Fragoso Sánchez ordenó que fuera detenido sin tener orden de aprehensión; fue en ese momento que comenzó una historia de impunidad y corrupción, historia que hoy en día no ha terminado, pues Jorge López continúa exigiendo al estado de Tlaxcala que le reparen el daño causado por la fabricación de un delito que jamás cometió.

«Somos oficiales que nos debemos al ciudadano»

Jorge López sabe la razón por la que lo detuvieron: intentó cambiar el sistema de policía en Tlaxcala. Desde que obtuvo su puesto en la Policía Estatal Acreditable, López Pérez notó que algunos de sus elementos estaban involucrados en los delitos como narcomenudeo o corrupción, e incluso que recibían órdenes de autoridades de rango mayor por lo que comenzó una estrategia para homologar el sistema de policía y poder garantizar la seguridad al ciudadano.

Su objetivo era transformar la estructura y comenzó a dar cursos propedéuticos a cada municipio, pues había notado que, además, los protocolos de actuación eran ineficientes. Sabe también que los aseguramientos que realizó desde que comenzó su labor al día de su detención, pegaron en el ámbito de autoridades corruptas lo cual molestó a los altos mandos. “Somos oficiales que nos debemos al ciudadano, servimos, no nos servimos de él, desafortunadamente toqué fibras que nunca se habían tocado en el estado y pagué con la cárcel”, afirma con un tono de voz seguro de que él hizo lo que correspondía a su labor.

El día de la detención del director, también fueron acusados por el delito de secuestro exprés, el exdelegado de Apizaco y cinco elementos más de la policía, quienes además fueron obligados a firmar una declaración que jamás dieron. Jorge López fue el único que se negó a hacerlo y asegura que fue el detonante para que en todo el proceso sufriera tortura y maltrato por parte de las autoridades. “Desde el momento que me detuvieron comenzaron a agredirme, me decían de todo: a ver hijo de tu pinche madre, aquí mandamos nosotros”, narra. Lo único que podía hacer era esquivar los golpes y cubrirse la cabeza: “me sentía impotente, no sabía cómo responder”.

Lo estuvieron paseando por horas, primero con el fiscal, pero al no querer declarar lo trasladaron a los separos y lo metieron en un cuarto donde fue violentado física, emocional y psicológicamente. “Me pidieron que me encuerara, me aventaron al suelo y me echaron agua. Yo tenía los ojos vendados pero veía como bolas rojas, me ordenaron que abriera las piernas y es cuando me dan toques en el cuerpo, en todas partes, y yo sólo gritaba el nombre de mi hijo que falleció, ese momento se me hizo eterno”.

«Se te acaba el mundo»

En Tlaxcala no está tipificado el delito de secuestro exprés, así que se buscó meter a la demanda la legislación federal para que procediera. En el momento de la detención no existía ninguna denuncia en contra de Jorge López ni de las otras seis personas detenidas, estas se hicieron hasta las 22:35 y 23:45 de ese día, otra el 26 de enero, después el 27 de enero, y la última el 3 de febrero. “¿Cómo es posible que me detuvieran por algo que nadie había denunciado?”; pregunta López Pérez, todavía sorprendido por lo absurdo de la situación que vivió.

«¿Cuándo acaba la tortura?». Audio: .Susana Enríquez.

Fue ingresado a la zona de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Apizaco. La celda en la que lo metieron era pequeña, con un baño, la cama de piedra y un pedazo de zotehuela. “Estuve dos meses incomunicado, lo poco que entraba de luz era por unos barrotes que había pero estaban muy altos, y no los alcanzaba”, narra mientras su voz cambia de tono al recordar los hechos.

El trato que vivió fue inhumano, le pasaban la comida en bolsas de plástico y lo mantuvieron sin tener comunicación con sus familiares hasta por dos meses. “Estar ahí era la muerte para uno, de los barrotes alcanzaba a ver unas como cuerdas y yo decía no pues me voy a ahorcar, se te acaba el mundo al estar ahí, yo pensaba lo peor”. Solamente cuando Jorge López salía a audiencias es cuando veía a su esposa, quien siempre estuvo acompañando el proceso y luchando por su libertad.

Sin embargo Jorge López no fue la única víctima, su madre, y su esposa Sandra Reyes, también sufrieron vejaciones cuando iban a visitarlo al CERESO; las hacían desvestirse, hacer sentadillas para hacer revisión y las tocaban, todo con la justificación de ser necesariopara poder accesar a realizar las visitas. Sandra Reyes siempre estuvo presente buscando pruebas para demostrar la inocencia de su esposo, “yo tampoco me la creía, mi hijo llegó con el licenciado, amá, ahora tú te vas a hacer cargo, yo tengo que trabajar, me puse a llorar pero yo sabía que así no iba a resolver nada”.

En las declaraciones que fabricaron hubo muchos errores, en una de ellas la persona afirmó que reconocía a los detenidos por haber estado presentes en el secuestro, sin embargo el director Jorge López junto al delegado que también fue detenido arbitrariamente, estuvieron juntos en el conflicto de linchamiento que se dio en Santa Apolonia Teacalco. Así que al darse cuenta de que con esa declaración se iba a caer la denuncia, cambiaron la versión de los hechos y acusaron a López Pérez de ser el líder de la banda.

Fotografía que muestra al delegado Juan Carlos Yáñez, el 21 de enero de 2015 en el poblado de Santa Apolonia Teacalco, lugar donde se encontraba con el ex director de la Policía Estatal Acreditable, Jorge López, realizando la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado un auto.

“Una vez hablé con una de las personas que llamaron a notificar, me dijo que había firmado su denuncia por un robo a su casa y que vio un espacio en blanco pero le dijeron que era para otras firmas, yo tenía copia de la denuncia porque en ese espacio en blanco habían puesto el nombre de mi esposo y los demás acusados”, cuenta la señora Sandra.

Hubo un movimiento que se organizó mientras Jorge López se encontraba privado de la libertad. Su esposa realizó dos marchas para exigir justicia y buscó a medios de comunicación de Tlaxcala como Radio Universidad o Línea de Contraste, con el objetivo de dar a conocer todas las irregularidades que estaban sucediendo en el caso. “Por eso digo que mi esposa es una guerrera, porque creyó en mí, sabe quién soy y empezó su lucha desde afuera”, afirma Jorge López mientras presume que lleva más de 30 años en matrimonio con Sandra Reyes.

Después de muchos meses de no presentarse a las audiencias la ministerio público, Jorge López y sus compañeros fueron absueltos de todas las averiguaciones previas: “eran nueve averiguaciones,todas las personas que llamaron a declarar dijeron que no sabían porque estaban ahí o que las habían obligado a firmar, es inverosímil lo que fabricaron, de verdad inverosímil”, narra el ex director de la PEA.

«Los derechos humanos no existen en Tlaxcala«

Es hasta dos años después, el 2 de febrero del 2017, que un juez decide dar la libertad a Jorge López, sin embargo eso no significó el fin, sino el inicio de una lucha para obtener justicia por lo que vivió, pues además de la tortura física, fue exhibido en medios nacionales e internacionales, y perdió la oportunidad de continuar con su carrera laboral. “Yo lucho por reparar el daño moral que nos hicieron a mí ya mi familia, quedé estigmatizado y eso te destruye, pierdes todo”, cuenta.

En el lapso de tiempo que López Pérez estuvo privado de su libertad, encarcelaron a un agente de la policía ministerial, quien le confirmó que las personas que lo torturaron lo hicieron por orden de la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez. Es el 2 de abril de 2018, que el ex director de la Policía Estatal Acreditable, presentó una denuncia penal en contra de Fragoso Sánchez y del ex subprocurador, Víctor Pérez Dorantes, además de integrar a elementos policíacos que participaron en los actos de tortura; un año más tarde de haber ratificado la denuncia, no hay detenidos, los policías continúan laborando para la PEA en Tlaxcala y Fragoso Sánchez no ha sido siquiera llamada a declarar por los hechos.

Jorge López también interpuso una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones que sufrió desde su detención, y fue el 30 de abril de 2018 que se emitió la recomendación 02/2018 contra el Estado de Tlaxcala. El 29 de mayo fue acatada por el Estado sin embargo hasta la actualidad no ha sido cumplida de manera idónea siendo que el artículo 51 de la ley de la CEDH se establece que una vez aceptada, se deberá realizar su total cumplimiento. Por causa de esto ha realizado dos huelgas frente al Palacio de Gobierno para exigir que le sea reparado el daño realizado. La recomendación emitió que se debía dar una disculpa pública, pagar los sueldos correspondientes que no recibió debido a su detención, recibir tratamiento psicológico para él y su familia, así como ser indemnizado por el tratamiento médico que hasta ahora lleva debido a las lesiones que le dejaron por la tortura, sin embargo únicamente se le otorgó la disculpa pública y el pago de su sueldo por los dos años que estuvo privado de la libertad.

“Para mí los derechos humanos no existen en Tlaxcala, pero creo en la justicia, siempre confié en las leyes y sé que México ya debe de cambiar”, afirma López Pérez quien lucha por algo más que dinero, busca recuperar lo perdido, re dignificar su nombre y el de su familia. Él sabe que sólo un juez podrá determinar quiénes son los responsables por su detención pero su exigencia es que su historia no quede sólo en una más de impunidad. «Quiero encontrarme nuevamente con mi familia y recuperar todo lo que perdimos, pero no voy a dejar pasar esto, voy a seguir luchando para que se reconozca que también existimos policías que somos víctimas de un sistema corrupto. Soy un servidor público que sirvió a su país por 35 años y no permitiré ser pisoteado”, afirma con la mirada fija, seguro de que no descansará hasta lograr su objetivo.

 

Esta historia periodística es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), auspiciado por USAID. 

Nuevo Periodismo para la Justicia

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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