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El ejército mexicano, próximo a rendir cuentas por la masacre de ‘El Charco’

La CIDH emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al Estado mexicano a rendir cuentas ante la Corte Interamericana por los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en la comunidad mixteca.

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  • Veintidós años después de los acontecimientos ocurridos en la comunidad mixteca de ‘El Charco’, el estado mexicano sigue sin reconocer las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura, entre otras acusaciones de los supervivientes.
  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias a un informe presentado por Red Solidaria Década Contra la Impunidad, emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al ejército a rendir cuentas ante la Corte Interamericana.

Por José Pedro Martínez

Pasada la medianoche, la obscuridad tiñe de negro los cerros más remotos del interior de la Costa Chica del estado de Guerrero, en la Sierra Madre Sur. El sonido nocturno de la naturaleza, rica y exuberante en estas latitudes mexicanas, oculta el despliegue de decenas de soldados del ejército que se acercan, sigilosamente, a una pequeña comunidad Na’ savi aislada por la geografía.

Es la madrugada del 7 de junio de 1998. En ‘El Charco’ -pueblito rural perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres- pobladores y visitantes descansan después de haber celebrado una larga jornada de asamblea. Durante el fin de semana, a esta comunidad mixteca han llegado unos 300 representantes de otras aldeas de la zona, algunos estudiantes universitarios de la Ciudad de México y dos columnas del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI). El propósito de dicha reunión: reforzar la colaboración entre pueblos, organizaciones y académicos para mejorar la producción agrícola, así como la implementación de otros proyectos relacionados con la autonomía indígena y la alfabetización.

“Estábamos durmiendo en el interior de la escuela Caritino Maldonado cuando empezaron a dispararnos”, cuenta Efrén Cortés, entonces un joven treintañero que materializaba su compromiso por la defensa de los pueblos nativos formando parte de la estructura ideológica de la guerrilla. Un batallón de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (conocidos como “GAFES”), surgió de las sombras agarrando por sorpresa a todos los presentes. “Ocultos y con la cara tapada”, recuerda Cortés, rodearon el pequeño edificio para lanzar un ataque sin piedad.

Los militares iban en busca de supuestos integrantes del ERPI, quienes tan pronto brincaron de su letargo trataron de repeler la emboscada. Cortés narra que una granada lanzada al interior de la precaria escuelita logró herir gravemente a una decena de personas; dos guerrilleros entre ellas. Algunas de las que pernoctaban en el lugar, asegura, fueron ultimadas mientras intentaban escapar, “estando heridas, rendidas y desarmadas”.

El asedio del ejército se alargó hasta acabada la noche; unas cinco horas en las que la lluvia de plomo no dio tregua, pese a las advertencias de la presencia de civiles, ancianos y niños atrapados en medio del fuego. Mientras tanto, una cantidad aún incierta de soldados a las órdenes de Alfredo Oropeza Garnica, comandante del  27 Batallón Militar, se desplegaba por todo el lugar -en el que vivían unas 2 mil personas- para establecer un cerco a la insurgencia.

Ricardo Zavala, estudiante de la UNAM que acudió a la asamblea acompañado de Erika Zamora Pardo -otra universitaria- estaba dentro de la escuela donde se centró el ataque. Según cuentan los supervivientes, se ofreció a salir para intentar mediar con los militares, pero éstos le fusilaron sin contemplación.

“A las 7 de la mañana se da la rendición. Ya rendidos y a corta distancia, los soldados empezaron a acribillarlos”, asegura Cortés. Tras finalizar el asalto, la operación del ejército continuó hasta las 6 de la tarde y se extendió a otras comunidades tu’un savi y me’ pah aledañas. El saldo final: 11 muertes, una treintena de detenciones y múltiples heridos, entre ellos algunos niños.

Crímenes de lesa humanidad

Erika Zamora y Efrén Cortés fueron detenidos durante la operación y trasladados a instalaciones castrenses donde, según los testimonios recogidos en el reciente informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron torturados y obligados a firmar declaraciones inculpatorias ante un ministerio militar. Los testigos, que pasaron más de cuatro años en prisión acusados de terrorismo, portación ilegal de armamento exclusivo del ejército e incitación a la violencia, sitúan al general Oropeza Garnica como la persona que encabezó las torturas.

“Éste sería el primer caso en la historia de México ante la CIDH en el que el acusado es el ejército y estamos hablando de tortura y ejecuciones extrajudiciales”. La abogada Magda López trabaja desde 2004 en la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, una organización de Derechos Humanos presidida por el obispo Jesús Vera López que trata de elevar ante organismos humanitarios y jurídicos internacionales diversos casos de violaciones y abusos por parte del Estado mexicano. Desde 2011, trabajan por reparación y justicia para las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Charco.

“Que la CIDH admita la petición sobre El Charco supone un gran éxito porque ya hay un informe de admisibilidad previo en diciembre de 2018. Ahora estamos a la espera del ‘informe de fondo’ para que se pueda sancionar al estado mexicano. Que se investigue y se sancione al ejército y a los mandos que estuvieron al frente de esta operación: el general Juan Alfredo Oropeza Garnica y el comandante de la Novena Región Militar, Luis Humberto López Portillo Leal”, explica López.

Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), desfilan en San Luis Acatlán (Guerrero). La CRAC es una de las organizaciones basadas en usos y costumbres amparadas en la ley 701 de la OIT / Foto: José P. Martínez

La abogada da cuenta de las dificultades que tuvieron para instruir el caso. “Nunca pudimos conseguir el informe que el ejército remitió a la CNDH hasta que nos fue filtrado por una organización de derechos humanos en el extranjero. La copia que conseguimos tiene mucha información subrayada en negro y no pudimos saber qué decía. Pero en la que se puede alcanzar a leer, el propio ejército relata cómo rodearon el lugar y que la gente fue cercada mientras dormía en el interior de la escuela Caritino Maldonado”.

Además de este informe escrito por el propio ejército y el elaborado por la relatora de ejecuciones extrajudiciales de la CNDH con las entrevistas a Erika Zamora y Efrén Cortés, otras organizaciones humanitarias como Human Rights Watch también señalaron la necesidad de investigar lo sucedido en El Charco. “Es muy difícil llegar a una resolución sobre éste y otros casos porque se trata de un poder fáctico en México: el ejército.

Durante estas dos décadas, el asunto ha sido opacado tanto por el estado -que siempre ha negado la existencia de grupos guerrilleros- como por los medios de comunicación, explica la abogada. “El único que se hizo eco de la masacre fue el diario local El Sur. Además, al tratarse de víctimas pertenecientes a un movimiento armado, muchas organizaciones de derechos humanos evitaron entrar en el tema”.

“Hoy, que el caso ya se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya son varias organizaciones las que se han ofrecido a ayudar en la defensa. Pero desde que iniciamos, estuvimos solos debido a la relación del caso con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Esperamos que la CIDH, en los próximos días, nos entregue el informe de fondo para presentarlo ante la Corte Interamericana”.

El Estado contra la insurgencia: la guerra de baja intensidad

El primer desaparecido en América Latina no sucede en Chile, Argentina, El Salvador o Colombia. Según el historiador Fritz Glockner, “fue en agosto de 1969 en el estado de Guerrero”, así como el primero de los ‘vuelos de la muerte’, atribuidos en exclusividad -y erróneamente- a las dictaduras argentina, guatemalteca y chilena, se realizó en la costa del Pacífico guerrerense por parte del ejército mexicano.

La “guerra sucia” (o de “baja intensidad”, como prefiere acuñarla el escritor poblano), se practica en México desde la década de los 40 y se acentuó a partir del asesinato extrajudicial de Rubén Jaramillo, en 1962. El líder agrario fue acribillado junto a su familia por cuatro pelotones de soldados a las órdenes del general Gómez Huerta, apoyados por un grupo de pistoleros pagados por caciques morelenses.

“Puedo asegurar con toda certeza que entre 1969 y 1976 se asesinaron a unos 5 mil mexicanos y mexicanas por razones políticas, sociales o ideológicas”, puntualiza Glockner. Comparado a las aterradoras cifras del presente puede parecer pecata minuta, pero sirven para hacerse la idea de la actitud del estado mexicano frente a este tipo de organizaciones en la historia reciente.

La mal llamada ‘Guerra Sucia’, se trata en realidad de una guerra de baja intensidad que incluía el control de la información, la historia y la memoria. El Estado mexicano se ha encargado de enfangar la memoria histórica de los movimientos armados [insurgentes y/o revolucionarios] de México.

El estado de Guerrero tiene dos de los municipios más pobres de Latinoamérica: Cochoapa el Grande y San Martín Peras / Foto: José P. Martínez

Las guerrillas y otros movimientos armados han supuesto para muchas comunidades rurales de Guerrero la única forma institucionalizada de organización social, procuración de seguridad y justicia, y el único frente de defensa de los intereses de la población. Por ello, Magda López considera que en 1998 todavía se practicaba la ‘Guerra Sucia’.

Tras lo ocurrido en ‘El Charco’, el ejército mexicano mantuvo cerrada la comunidad a medios y periodistas, y solo permitió su acceso días después, cuando las evidencias de lo que había ocurrido en aquel lugar ya estaban totalmente alteradas. “Parecía que en Guerrero, el gobierno podía hacer lo que quisiera con la gente. Dejaron pasar a los reporteros cuando ya habían limpiado la escuela donde se produjo la masacre. Incluso ya habían tapado los agujeros de bala”, afirma.

“Esta masacre se da dentro de una estrategia de contrainsurgencia que el gobierno mantenía en esa región durante muchos años”, reconoce también Efrén Cortés. “Había una motivación política: fue un mensaje de lo que iba a pasar si seguía en la resistencia. Así que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. En esta región, el ejército tiene una trayectoria de saqueo, violaciones a mujeres, tortura y asesinatos que ha favorecito a que la gente se organice”.

“Durante 22 años el gobierno mexicano no ha hecho nada por esclarecer lo que sucedió en la comunidad de El Charco, por lo que hemos tenido que recurrir a instancias internacionales para buscar que se sancione al Estado. Que sirva de precedente para que los gobiernos sepan que si hay impunidad, existen organismos internacionales a los que acudir para que no sigan pasando este tipo de cosas contra la población”.

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Mexico Violento

Gobernador y fiscal de Quintana Roo, responsables de violencia y corrupción: empresario Mimenza Novelo

Ramses Ancira

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Por Ramsés Ancira

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una serie de denuncias de corrupción, expropiaciones de terrenos y violencia en Quintana Roo, el empresario y activista Carlos Mimenza Novelo, expuso la situación de crisis en seguridad que vive el estado, a manos del gobernador Carlos Joaquín González y de su fiscal Óscar Montes de Oca.

Una de las denuncias fue que integrantes del grupo delictivo Los rojos, que de acuerdo con la versión oficial participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, han sido uniformados como policías en Quintana Roo, mientras que las víctimas de delitos en la entidad, incluyendo turistas, tienen que pagar para poder presentar denuncias que no son investigadas por la fiscalía, así lo denunció el empresario en rueda de prensa, en la Ciudad de México.

Mimenza Novelo dijo haber presentado denuncias por el genocidio perpetrado desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, y en su entidad, Quintana Roo, responsabilizó directamente al gobernador Carlos Joaquín González de la violencia, la inseguridad y la corrupción del estado.

Señaló el empresario que “es mejor negociar con narcos, que son empresarios ilegales, que con los secuestradores, asesinos y cobradores de piso que se escudan dentro del gobierno de Quintana Roo”. Advirtió que daba 48 horas al gobierno mexicano para destituir al fiscal de este estado, antes de iniciar operaciones de grupos de autodefensa en los municipios de Quintana Roo, debido a la corrupción de este funcionario.

Recordó Mimenza que durante el gobierno de Roberto Borge, por medio de la fiscalía del estado y de Roberto Palazuelos, estafó y expropió decenas de propiedades de Tulum. El exgobernador hizo denuncias falsas a Conciliación y Arbitraje, y coludido con el fiscal, despojaron a muchos propietarios e inversionistas por millones de dólares. Enfatizó que todavía hasta el día de hoy, Roberto Palazuelos sigue manejando esas propiedades con la protección del fiscal del estado Óscar Montes de Oca.

Mimenza fundó un albergue para niñas violadas y víctimas de tráfico de blancas. Proporciona una comida al día a 100 personas en condición de extrema precariedad económica y tiene una reserva ecológica para cuidar de primates que la gente compra y abandona adultos.

Dijo que ya se acercó el PRI a “comprarlo” con una candidatura a la presidencia municipal de Cancún, pero que les respondió: “primero perro que priista”. Señaló que también MORENA se interesó en incorporarlos en su filas, a lo que les respondió que no eran los tiempos, “pero en el hipotético caso de que aceptara no permitiría que me impusieran a una sola persona de más de 500 aviadores, cuyos cerebros juntos no tienen el tamaño de una nuez”.

Ante la prensa, Mimenza Novelo dio a conocer la notificación de una demanda penal en su contra que le hicieron llegar por WhatsApp, y tiene una semana trabajando con autodefensas en Cancún con resultado de un detenido que se hacía pasar por Guardia Nacional y cobraba derecho de piso. El próximo grupo de autodefensas que se organizará será en Playa del Carmen, anunció.

Dijo para Los Ángeles Press que no se necesitaba ser Carlos Slim para organizarse como ciudadanía, y que varios empresarios de los que no puede dar el nombre están ayudando a organizar las autodefensas.

Mimenza dijo haber apoyado a los zapatistas en su momento, y a Mireles, enfatizó que había votado por por López Obrador, y que le mandó diariamente un reporte de ilícitos en Quintana Roo, a través de vocero Jesús Ramírez Cuevas, “por lo que no puede decir que no sabe lo que ocurre”.

Organizará en abril de 2021, (dice que porque es su cumpleaños y espera que antes de que lo maten el mundial de futbol 7 para atraer recursos para Quintana Roo. Con calumnias le hicieron suspender su visa a Estados Unidos pero viaja a Nueva Zelanda y ha tratado de escalar el Everest.

Que como activista llegará hasta sus últimas consecuencias. Aunque el gobernador tiene a la prensa comprada y que incluso Carmen Aristegui le cerró el espacio después de hablar sobre el tráfico sexual de niñas.

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Justicia pendiente

Interpol busca a exsecretarios de la Policía Federal por lavado de dinero

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detener a los exsecretarios generales de la extinta Policía Federal, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El organismo internacional busca a los exfuncionarios federales que laboraron en la gestión de Enrique Peña Nieto, y por lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una orden de aprehensión.

De acuerdo con la indagatoria que realiza la FGR, se desviaron cerca de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta Policía Federal por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha interpuesto también la denuncia penal correspondiente.

Frida Martínez Zamora fue colaboradora del ahora senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, mientras que Jesús Orta Martínez fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la actual gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Asimismo, la FGR emitió otras 17 órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos de la Policía Federal que se desempeñaron en la administración de Enrique Peña Nieto, luego de que la Policía Federal dependió directamente de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

La FGR investiga diferentes irregularidades cometidas en la Policía Federal desde la administración de Felipe Calderón, luego de haber sido detenido Genaro García Luna, cuando fue titular de la SSP, enjuiciado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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México de conciencia

Claudia Sheinbaum da positivo a Covid-19

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Por Ignacio García

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio positivo a Covid-19, por lo que continuará con sus actividades en su domicilio y aseveró que no ha presentado complicaciones.

Por medio de su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina dio a conocer que se siente “bien, fuerte y con seguimiento médico” por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, por lo que seguirá coordinando acciones a distancia.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo de la capital del país, no ha presentado síntomas de la enfermedad, por lo que se suma a los gobernadores de otras entidades del país que también se han contagiado como el de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; Francisco Domínguez, de Querétaro, Héctor Sandoval, de Guerrero, Adán Augusto López Hernández, de Tabasco.

De la misma manera, otros funcionarios federales se han contagiado de la enfermedad como el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera; la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval; el secretario de la Marina (Semar), Rafael Ojeda, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheifeld, entre otros.

Asimismo, los aspirantes a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado y Gibrán Ramírez, aunado al ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya.

La Ciudad de México es una de las regiones más afectadas por la pandemia de Covid-19, por lo que se mantiene en color naranja del semáforo epidemiológico, aunque se permitió la apertura de diferentes actividades públicas.

 

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