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El Caso Wallace

El Caso Wallace, caballo de Troya del Yunque

Isabel Miranda de Wallace ha utilizado el falso secuestro de su hijo para infiltrarse en organizaciones políticas del Yunque como el PAN en Ciudad de México

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Isabel Miranda marchando en apoyo a las fuerzas federales junto a José Antonio Ortega Sánchez, miembro directivo del Yunque. Foto: red

Isabel Miranda marchando en apoyo a las fuerzas federales junto a José Antonio Ortega Sánchez (de gorra), miembro directivo del Yunque. Foto: red

Por Antonio Guillén

La relación de Isabel Miranda de Wallace y la organización mexicana llamada El Yunque parece ser muy estrecha. Amistades, ideología, acciones políticas, discurso, son parte de las coincidencias entre la organización panista en México y la autora del falso secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace.

El Yunque es el nombre de esta organización ya no secreta, sino reservada que, según sus críticos, promueve una ideología católica romana de ultraderecha, y tiene la misión de “implantar el Reino de Dios en tierra mexicana”, de luchar contra las “Fuerzas de Satanás”, sea mediante la violencia, o incluso el asesinato si fuera necesario. Sus miembros se llaman así mismos «Soldados de Cristo», se dicen puros, de la raza evangelizadora. Es gente de la Iglesia Católica, del Opus Dei, de altos mandos de la Policía y el ejército mexicano, así como de destacados empresarios y políticos.

Como todas las ideologías y corrientes de pensamiento de derecha, esta sociedad secreta contiene ciertos rasgos de la doctrina nazi u otras parafernalias ideológicas de diferentes credos de iniciación de sectas, auqnue en sus orígenes «proponía defender la religión católica y combatir uan supuesta conspiración judeo-masónica-comunista que pretendía dominar el mundo» (Wiki Yunque).

Es una red de gente encumbrada en la industria y la política mexicana. Muchos de ellos han sido relacionados con horrendos crímenes, y pese a ello son protegidos por la jerarquía eclesial católica. La misma Isabel Miranda se ha mantenido impune de sus crímenes de lesa humanidad, como la detención ilegal, tortura y encarcelamiento de inocentes, gracias al tráfico de influencias de autoridades judiciales y del expresidente Felipe Calderón para sostener la mentira del hijo muerto.

Las miras del Yunque

Definida por uno de sus exmilitantes como «agencia de colocaciones», el objetivo de esta organización es obtener puestos políticos para aplicar su ideología nazi, su programa político. Buscan poder, posiciones,  dinero y complicidades para encumbrar a más gente de su doctrina. Algunos de los más recientes destacados se menciona a Luis Felipe Bravo Mena, Elias Villegas, Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero Hicks, Vicente Fox, y su secretario Emilio Goicochea, Felipe Calderón, entre otros.

El Yunque fue paramilitar en sus inicios, pero con el paso del tiempo, la organización supuestamente evolucionaría y comenzaría a trabajar en el establecimiento de un gobierno fascista en México, buscando sus objetivos por medio de métodos políticos más convencionales.

Cómo opera El Yunque

Según sus críticos, el Yunque opera públicamente mediante el uso de diversas organizaciones de fachada como Provida para impedir la detección y posterior desarticulación de la verdadera organización.

Lograron infiltrar al PAN desde 1987. Diversos empresarios y políticos, principalmente del Partido Acción Nacional, han sido señalados como fundadores o miembros de El Yunque, principalmente por su afiliación a diferentes organizaciones fachadas de El Yunque. Algunas de estas personas han confirmado su pertenencia a la organización. Álvaro Delgado, autor de El Yunque, La ultraderecha en el poder afirma que algunos miembros prominentes del Partido Acción Nacional y del gabinete del ex-presidente mexicano Vicente Fox, entre los que destaca el hoy extinto ex-Secretario del Trabajo y de Gobernación, Carlos Abascal, son miembros del Yunque.

Según el ex militante de esta organización secreta, Luciano Ruiz Chávez, El Yunque planteó proceder con violencia contra López Obrador y sus simpatizantes en la crisis post-electoral en las elecciones presidenciales de 2006 en México. Otras acusaciones de ataques a la organización surgen al revelarse que el ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo mantenía conflictos con esta organización, acusando a sus miembros de orquestar una campaña de desprestigio en su contra para dejar su puesto como secretario de gobernación. Sin embargo ex militantes afirman que ésta no fue responsable del desplome del avión donde viajaba con otros acompañantes.

El nacimiento de Isabel Miranda de Wallace

Fue así como «nació» Isabel Miranda de Wallace, hasta entonces una perfecta desconocida en la arena política mexicana, y que en el 2006, a raíz del supuesto secuestro de su hijo el 11 de julio del 2005, logró cobrar notoriedad.

  • Le dieron legitimidad inventando el falso secuestro de su hijo (la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad aportó pruebas de vida de Hugo Alberto Wallace en conferencia de prensa el 11 de julio de 2016, pero antes ya había denunciado a medios internacionales la falsedad del secuestro).
  • Se presentó como heroína con el libro El Caso Wallace de Martin Moreno.
  • Y la hicieron Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010 para culminar la tarea de darle legitimidad.

Isabel Miranda de Wallace se transformó en la primera activista de todo México. La única activista relacionada con el gobierno, la única que el gobierno apoya. La «activista mayor» que opaca todo el trabajo de los miles de defensores de Derechos Humanos en México.

Fue utilizada por Felipe Calderón del 2009 al 2013 para el caso de la Banda del Zodiaco: hemos visto a Isabel Miranda atacar a Florence Cassez para impedir su liberación. «¡Qué se quede!» dijo. Hasta llevó las supuestas víctimas de Florence Cassez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar – mediáticamente – a los jueces a no liberar a la francesa.

La hemos visto en el 2014 y 2015 intentando impedir la liberación de Nestora Salgado, a quién –sin conocer– exigió a jueces federales su le inventó 56 secuestros y un homicidio. Nestora salió absuelta de todos los cargos en contra de ella.

El falso secuestro, la bandera de Wallace

En realidad Isabel Miranda de Wallace es el Caballo de Troya del Yunque. El falso secuestro de Hugo Alberto Wallace fue el caballo de madera con el que pudo colarse hasta la candidatura a la alcaldía de la Ciudad de México en el 2012, izando la bandera de «madre coraje».

El Yunque pensaba que esta candidata «ciudadana» iba a lograr ser electa en el Distrito Federal. De haber sido así, ella hubiera tenido que pagarles con puestos políticos a sus aclamadores.

Pero no logró alcanzar su meta. Tal vez porque en abril del 2012, la revista Proceso reveló su pasado delincuencial: en el 1998 fue arrestada por homicidio en grado de tentativa cuando ordenó a sus empleados de matar a los trabajadores de la Ciudad de México que estaban retirando unos anuncios ilegales de su empresa Showcase Publicidad.

Testigos que se encontraban en el área de antropométrico afirmaron haberla visto amenazar a las custodias que le tomaban la fotografía y huellas dactilares, y vociferaba porque no quería usar el uniforme carcelario. Fue absuelta del delito de agresión a particulares pero pagó mucho dinero para salir libre con pena alternativa por homicidio en grado de tentativa. Pagó para que no le hicieran algunos estudios de personalidad y para que mandaran al archivo muerto los que le hicieron. De esto, según la fuente informativa, sólo quedan archivos electrónicos incompletos.

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La batalla es contra derechos humanos

El Yunque la mantiene protegida a Isabel Miranda y la utiliza con la bandera del activismo por «las víctimas» para atacar a los grupos institucionales de Derechos Humanos y organizaciones civiles independientes del Gobierno.

Prueba de ello, en el 2015, Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega Sánchez (del Yunque), organizaron una marcha blanca en el Distrito Federal para mostrar su apoyo a las fuerzas federales de la Ciudad de México.

Miranda y Ortega Sánchez en la marcha.

Miranda y Ortega Sánchez en la marcha.

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El Yunque reaparece a principios del 2016, después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega Sánchez aprovecharon la visita del GIEI a México para lanzar una campaña mediática en contra, pero también en contra de la ONU, de la CIDH y del entonces secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, de la CNDH y de Juan Méndez, relator contra la tortura de la ONU.

Para el periodista Ricardo Raphael, quien operó de manera visible esta campaña de desprestigio fue José Antonio Ortega Sánchez, «fundador del Yunque, abogado de militares, amigo de la ultraderecha colombiana y colega de Isabel Miranda de Wallace». El Universal, 17/03/2016.

José Antonio Ortega Sánchez se lanza contra las instituciones de derechos humanos en febrero de 2016. Foto: red

José Antonio Ortega Sánchez se lanza contra las instituciones de derechos humanos en febrero de 2016. Foto: red

A todos los funcionarios los acusaron de ser parte de una «mafia», de una red de complicidades cuyo objetivo era liberar a secuestradores.

El Yunque es una organización que se manifiesta abiertamente como anti derechos humanos. Isabel Miranda de Wallace es un claro ejemplo de ello, defiende y legitima la tortura públicamente, e incluso se opone al debido proceso afirmando que las instituciones derechohumanistas buscan y permiten la liberación de secuestradores. Ése es su discurso más combativo. De tal modo que sus apariciones públicas están dirigidas a convencer a las audiencias que repudian la tortura como método de confesión criminal y defienden el debido proceso como derecho de todos los ciudadanos.

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El Caso Wallace

Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

“Yo veía a una persona encapuchada y ya sabía que me iban a torturar; yo me daba cuenta porque los diamantes empezaban a estar todos encapuchados, y yo decía me van a torturar, y sí, era segurísimo, segurísimo que me iban a torturar”.
César Freyre Morales

Con un dictamen médico-psicológico basado en el Manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, conocido como “Protocolo de Estambul”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, certificó que César Freyre Morales, inculpado por el falso secuestro Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, fue sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud.

Bajo la dirección del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, tras la aplicación del protocolo se concluyó “que existe una firme relación entre las lesiones y secuelas físicas y psicológicas documentadas y el relato de los hechos referidos por Cesar Freyre Morales, esto es, las lesiones físicas y psicológicas documentadas son el cuadro que normalmente se observa en personas que han sido sometidos a traumatismos como los referidos en el presente caso”.

Los expertos del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura basaron su dictamen en la revisión de documentos médicos, informes psicológicos, declaraciones, notas de valoración especializada que se encuentran en el expediente penal y en el expediente médico, así como una entrevista a profundidad y la revisión médica y psicológica.

El más torturado del caso Wallace

César Freyre Morales es el principal inculpado por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y fue presentado ante los medios -desde enero de 2006- como “el líder de la banda de secuestradores”, sin más investigación periodística ni judicial que la palabra de Isabel Miranda Torres, quien dio publicidad a la fabricación del secuestro como “el caso Wallace”, con el apoyo de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, y de Eduardo Medina Mora, procurador, ambos bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

De las ocho víctimas, seis acusadas directamente de participar el supuesto secuestro y dos para justificar la existencia de una banda delictiva, César Freyre es el que ha tenido más eventos de tortura. Después de él, le sigue George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobín. En varios de estos eventos, tanto con César Freyre como con Jacobo Tagle, participó personalmente Isabel Miranda Torres, con golpes, escupitajos, amenazas e instrucciones de otras agresiones, al lado de Braulio Robles Zúñiga, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público de lo que era la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), así como su subordinado el agente Osvaldo Jiménez Juárez.

Conclusiones de los expertos que aplicaron el protocolo de Estambul a César Freyre Morales, víctima de la fabricación del caso Wallace.

El papel de Renato Sales en la consigna contra Freyre

El acceso de los victimarios a los centros federales de reclusión fue permitido por Renato Sales Heredia, entonces comisionado Nacional de Seguridad Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. César Freyre lo menciona en la entrevista con la visitadora adjunta del Mecanismo de Prevención de la Tortura, y reproduce las palabras que cruzó con el exfuncionario:

–¿Cómo estás, Freyre?, ¿tú eres el mentado Freyre, no?
–Sí, un poco enfermo, pero bien.
–Vamos a ver si así sigues.

“Al otro día me trasladaron para Matamoros, al 3, después de su visita de él. Cotéjenlo con el ingreso de aquí. Me mandaron a Matamoros, a tratamientos especiales; me traían, pero mal”.

El traslado y estadía de César Freyre del cefereso No. 3, en Matamoros, Tamaulipas, fue el 13 de octubre de 2015 al 5 de noviembre del 2015. Dos meses después de haberlo trasladado, cerraron el penal.

“En el tiempo que estuve ahí, siempre me tuvieron completamente aislado, parte de la tortura psicológica, y con amenazas, las hacía la gente de seguridad. El día 3 de noviembre llegó Renato Sales a Matamoros, y me preguntó que cómo me estaban tratando ahí -prácticamente yo iba ingresando a ese penal-, y me dice «pues se te van a acabar los lujos aquí». Al día siguiente fue que cerraron ese penal”.

 El maltrato en los penales de Ocampo y Ciudad Juárez

Después del cierre del penal de Matamoros, lo trasladaron en jet a él solo, al cefereso de Ocampo, Guanajuato. Allí estuvo del 5 al 19 de noviembre de 2015, aislado, con tratos crueles, y en el área de Tratamientos especiales, que les llaman “pabellones”. De nueva cuenta, fue trasladado en jet, solo al cefereso de Ciudad Juárez, donde iba siendo torturado con toques eléctricos y a su llegada lo volvieron a torturar con golpes y toques.

“…cuando llegué a Juárez todos andaban encapuchados allá, porque allá les pegan y hacían lo que querían con los internos; creo que era el penal más abandonado, y mi enfermedad me tenía muy mal porque no me estaban dando el Cilostazol, entonces el frío contrae los vasos sanguíneos y mis pies se me reventaron allá bien feo. Yo tuve que meter un amparo médico y el amparo que yo metí de traslado, porque le hago de su conocimiento que parte de la tortura psicológica eran los traslados. Porque la incertidumbre del vuelo es de que le van pegando a uno, a mí me iban pegando, me iban chicharrando con el taser ése, y obviamente iban borrando huella alguna de que me estaban torturando en esos penales.”

Renato Sales ordenaba los traslados como parte de la tortura psicológica, y en cada traslado -tanto al salir como al llegar a un penal- era golpeado y le daban toques eléctricos. César Freyre declaró en la entrevista para el protocolo de Estambul que en ese tiempo el sometimiento era absoluto: cabeza agachada, manos esposadas, grilletes en pies, cadena en la cintura, golpes en la espalda y toques eléctricos.

 “Al ingreso de ahí me siguieron golpeando, después de las certificaciones médicas, hay un túnel, en ese túnel me hicieron que me desvistiera y me quedé en pura trusa, me hincaron con las manos esposadas hacia atrás y me gasearon, esa vez me gasearon, me imagino que debe ser gas pimienta, porque era un extintor de esos cromados con una basuca, me daba muchísimo esa sensación de ahogamiento, de no poder respirar, y me golpearon muchísimo.”

Isabel Miranda llegó a visitar a César Freyre en el penal de Ciudad Juárez, acompañada de Renato Sales. De la misma manera que en los otros penales, lo tenían aislado y la mujer participaba del maltrato y las vejaciones.

 

En el Altiplano, bajo amparo judicial

César se encuentra actualmente en el cefereso número 1, El Altiplano, Estado de México. Lo regresaron allí, después de un meter un amparo por las condiciones de su enfermedad provocada por las frecuentes torturas. Narra a los médicos que lo entrevistaron para el protocolo de Estambul, que se encuentra en una estancia donde los presos están aislados, un área de medidas especiales de máxima seguridad. Sin embargo, para él también es un lugar seguro, debido a que su mayor temor es que Isabel Miranda pague por hacerle daño adentro, como sucedió con el caso de Jael Malagón Uscanga, en 2010, también acusado falsamente de participar en la misma banda de secuestradores. Jael fue atacado por los internos, pagados por Miranda, y ellos mismos le dijeron que no era nada personal, solo estaban acatando “las órdenes de la señora”. Fue cuando Jael quedó ciego, al desprenderle la retina del único ojo que tenía.

Por eso para César Freyre, estar solo le representa más seguridad, además, dice, se ha vuelto muy huraño y desconfiado, por tantos años de aislamiento y el temor a volver a ser torturado.

“Era una zozobra que no podía yo con ella, en COC me tuvieron más de ocho años, y en un COC ningún interno puede estar por más de 30 días porque es un centro de observación y clasificación. César Freyre se refiere al Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico para los presos, un área dentro de la institución penitenciaria a cargo del equipo de médicos, trabajadores sociales y criminólogos para determinar en qué dormitorio y estancia asignarán al interno.

Pero César Freyre especifica que estuvo ocho años allí, y tuvo numerosas visitas de Isabel Miranda Torres para cometer actos de acoso y tortura.

“Aquí tuve muchísimas visitas de Miranda, aquí Miranda entraba como a su casa, se lo juro. De hecho, el señor XXX, el vivía en el pasillo 4 de COC, y en el pasillo 4 de COC él tenía una ventana y estaba rota, y él veía a todo mundo, a todo el personal que entraba al COC, él los veía, y él sabía cuando venía la señora, por eso se lo promocioné como testigo. Él vio muchas cosas, yo viví mucho tiempo en tratamiento especiales junto a él, y llegó el momento en que me aislaron por lo mismo, porque como me sacaban, no querían que hubiera evidencias de que me estaban sacando, entonces no sé si el señor le haya narrado la cuestión de que él se daba cuenta cuando entraba Miranda, ella entraba como en su casa, de verdad. Las veces que me pedía me sacaban y andaba toda la comitiva de seguridad de los altos mandos aquí, estoy hablando de cuando estaba de director el Maestro Aguado, venía con los titulares que estuvieron en el sexenio de Calderón para atrás, todos se prestaron para torturarme, todos.”

También dijo haber estado dos años en el área de Tratamientos especiales, para reos de máxima peligrosidad. Y después tras su traslado al cefereso número 9, de Ciudad Juárez, donde estuvo otros 14 meses, también en el área de Tratamientos especiales.

Actualmente, en El Altiplano, determinaron los expertos de prevención de tortura que César Freyre no está en condiciones vulnerables. Sin embargo, en 2010, tuvo dos eventos de tortura graves en este mismo penal que incluso narró en 2019 a esta periodista por medio de una carta. Las torturas las cometieron agente del Ministerio Público de la SIEDO en colusión con las autoridades penitenciarias el 2 y 22 de octubre de 2010. Como parte de la tortura del 2 de octubre, previo a una audiencia judicial, le pusieron a su madre María Rosa Morales, por llamada telefónica, llorando, mientras la encañonaban dentro de su casa. Hasta ese momento, aceptó inculparse e inculpar a sus coacusados, tras cuatro años de tortura y maltrato. En el protocolo de Estambul, Freyre mencionó entre las autoridades que permitiern su tortura incluso al funcionario público, activo como Fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia.

El siguiente evento de tortura, el 22 de octubre de 2010, fue para que ratificara su declaración incriminatoria, justo la noche en que le informaron del fallecimiento de su hermana Julieta Freyre, a quien le dio un infarto cerebral mientras pedía ayuda en la oficina de la extinta senadora Rosario Ibarra de Piedra.

El protocolo de Estambul, positivo en tortura

El resultado del protocolo de Estambul de 81 páginas muestra los recuadros sobre la sistematización del proceso con los hechos de tortura, con el numeral 372 del acuerdo con el manual, así como la narración de la víctima y lugar, donde se perpetró la tortura.

En el documento, César Freyre refiere reiteradamente a los elementos de Custodia y seguridad en los penales como «encapuchados», quienes eran los perpetradores de las torturas. No obstante, en el protocolo se destaca el terror psicológico que le infundieron tras los eventos de tortura. En Los Ángeles Press, de acuerdo con la evidencia documental, estos eventos de tortura fueron registrados en oficios, amparos, quejas y solicitudes de ayuda, en diferentes años, desde su detención en la que intervino Isabel Miranda Torres.

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El Caso Wallace

Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la medalla al mérito judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha: la causa 80/2012 con la cual vinculó de manera corrupta a tres víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace.

El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez, del fuero común, libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales y George Khoury Layón, tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004.

En ese año ninguno de los tres inculpados había sido relacionado con el homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quiénes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes: “ya que no me percaté de su media filiación”, especificó.

Rivera Ocaña desconocía la edad y características que identificaran al perpetrador de los hechos, según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005, al ser requerido nuevamente a declarar: “yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche… uno de los sujetos era de estatura baja y el otro alto y delgado de quienes no puedo aportar mayores características fisonómicas”.

No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Khoury Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de que Isabel Miranda reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda, y su injerencia en la PGR en los casos de secuestros.

El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho: “que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas, y los mismos recuerdos guarda hasta ese entonces”.

Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes.

Sin embargo, ocho años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa SIEDO/UEIS/575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración, ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común. El testigo inducido por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí “recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro”. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio; por lo que le pusieron a la vista tres fotografías, dos de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de “haber participado para distraer a la víctima mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes”. Veintitrés días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freyre y George Khoury.

La persecución de Margolis, con agentes de la Policía Federal

El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Khoury Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y su suboficial Rolando Mayorga Cordero. El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron, incluso, un millón de pesos para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada.

El 2 de septiembre de 2009, el policía federal Porfirio Sánchez Mendoza regresó al centro comercial donde estaba el gimnasio donde aprehendió a George Khoury Layón para ser visto en las cámaras a las 19:40, cinco horas después.

La agente del Ministerio Público federal María de Jesús Castillo Maldonado fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Bryan Cabrera Castillo, bajo el alias “Zajed”, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como “Zajed”, Cabrera señaló a George Khoury de ser “jefe de la plaza tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos” y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Khoury fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención la agente del Ministerio Público también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo, dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha está vigente.

 

 

Icela Lagunas y Anabel Hernández, en la fabricación

La información fabricada por la agente Castillo Maldonado y el falso testigo Zajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Icela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres, y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los señores del narco publicado en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freyre Morales.

Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Khoury Layón se relacionaba –además de con los hermanos Beltrán Leyva– con Édgar Valdez Villareal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freyre Morales y el de Juana Hilda González Lomelí, entre éstos. Khoury ya había desmentido estas relaciones ante el mismo Juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante el exhorto 499/2009- I, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado veinte días antes.

Después de esas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Khoury también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas, en enero de 2010. Sin embargo, Khoury seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace –de estar relacionados con narcotraficantes– fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón.

En marzo de 2012, Isabel Miranda rechazó públicamente que Khoury Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo, sin embargo para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Artz, diciendo que Khoury pertenecía a la «organización criminal que secuestró a su hijo», y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010.

La consigna Margolis, vincularlos con secuestros

En 2011, se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Khoury ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El Juzgado que se prestaba a librar esta orden era el Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012.

Sin embargo, al salir del CEFERESO, nuevamente fue detenido por policías federales, y puesto en arraigo por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga.

“…al abandonar dicho CEFERESO, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían a la SIEDO para cumplimentar una orden de presentación en mi contra y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de Secuestros, el licenciado Braulio Robles Zúñiga” (causa penal 3/2021).

Khoury Layón había sido absuelto de todos los cargos federales, pero estuvo detenido ilegalmente en la SIEDO durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle en la causa penal del fuero federal, en 2010, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial.

“En abril del mismo año (2012) al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente de la SIEDO, fui nuevamente asegurado pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la Juez del Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal dentro de la causa penal 80/2012” (causa penal 3/2021)

Braulio Robles Zúñiga, de nuevo

Para marzo de 2012, George Khoury llevaba tres detenciones arbitrarias, 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba dos años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010, y presentado a los medios de información al día siguiente, directamente por Isabel Miranda en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo: “el último que faltaba por capturar”, según la versión de ella.

César Freyre llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo tres días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En seis años de prisiones federales de máxima seguridad, Freyre había sido torturado varias veces, y su madre María Rosa Morales y hermana Julieta Freyre habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores y la muerte de su hermana Julieta.

Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freyre y a George Khoury del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada, para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de tres ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012 ante una instancia federal, siendo el caso del fueron común, sostuvo lo contrario: dijo reconocer plenamente al agresor que “por un momento logró verle el rostro” y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura incriminó a Khoury y a Freyre del homicidio.

Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los tres.

El 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal del Fuero Común, la representación legal de Khoury Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña, y éste respondió:

 “El señor de la SIEDO (en referencia a Braulio Robles Zúñiga) me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía, según yo le entendí al oficial que pues si él había dado esa declaración pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes” (causa penal 3/2021).

Ante la pregunta de la representación legal de George Khoury al testigo sobre “¿Durante cuánto tiempo, conversó el declarante con el señor de la SIEDO que ha referido?” En respuesta, el testigo especificó:

“Como unas tres horas, yo sólo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor es en las oficinas de Reforma en la PGR; el señor de la PGR; el señor de la SIEDO me dijo que Jacobo Tagle Dobin, había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes, y que esto había ocurrido por un negocio de antros y platicando me dijo que este chavo Dobin ya no salía ni confianza ni nada, y al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y preguntarle a su conductor si se iban a quedar o no”.

Una siguiente pregunta de la representación legal de Khoury fue la de que especificara el testigo Rivera Ocaña “cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló la SIEDO cuando el sujeto llegó en la motocicleta al lugar de los hechos”. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insiste:

“Repito, no le vi el rostro, me fui con las declaraciones que me hizo el de la SIEDO, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías, por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta”.

No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la Juez Vigésimo Quinto de lo Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez dictó sentencia contra George Khoury, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado el 50 por ciento.

En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Khoury Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR.

El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales “por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes” aún están pendientes.

***

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George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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El Caso Wallace

Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

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Por Guadalupe Lizárraga

“Después de haber vivido 16 años en proceso sin sentencia, con 12 jueces diferentes, traslados a diferentes reclusorios, golpizas y mi economía empobrecida por pagar a las autoridades carcelarias la manutención de mi ppl, definitivamente no creo en la justicia que pondera el presidente López Obrador”, señaló Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, una de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, acusadas falsamente de secuestro.

Jael Malagón fue detenido en diciembre de 2006, directamente por Isabel Miranda Torres, después de que policías de la Ciudad de México le hablaron y ella respondió trasladándose a la colonia Polanco, donde lo retenían ilegalmente, plantándole droga por órdenes de ella.

Ha sido uno de los casos más ignorados por los medios de comunicación, por no estar acusado directamente por Miranda de haber perpetrado el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace, pero fue señalado por Miranda de formar parte de la supuesta banda de secuestradores. Sin embargo, pese al cúmulo de pruebas que revelaron la falsedad del caso Wallace y las declaraciones falsas de Miranda ante autoridades judiciales, Jael sigue en prisión después de 16 años sin sentencia y con un severo deterioro de su salud.

Acusado falsamente por terceros de secuestro y con la consigna de Isabel Miranda, Jael Malagón Uscanga fue atacado dentro del penal en mayo de 2010, una de las agresiones más graves, cuando lo dejaron parcialmente ciego, al golpearlo en el único ojo con el que podía ver, desprendiéndole la retina.

Elena Uscanga enfatizó recientemente en las redes sociales sobre la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Hizo públicamente la declaración de que se haría justicia en el caso Wallace y no pasa nada. Recomendaciones de la ONU no se aplican, los abogados defensores son perseguidos e incluso encarcelados. ¿Qué se puede hacer contra este sistema podrido y corrupto?».

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