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Con voz propia

El caso Gray: lecciones de Baltimore para México

Las diferencias del tratamiento que da el gobierno de EEUU al caso Freddy Gray y el gobierno de México al caso de Apatzingán, donde la PGR aún no actúa

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Procuradora de Baltimore, Marylin Mosby  presentando cargos contra los oficiales que agredieron a Freddy Gray. Foto: npr.org

Procuradora de Baltimore, Marylin Mosby presentando cargos contra los oficiales que agredieron a Freddie Gray. Foto: npr.org

Ricardo V. Santes Álvarez

It is absolutely vital that the truth comes out on what happened to Mr. Freddie Gray. It is my practice not to comment on the legal processes involved. That would not be appropriate. [J]ustice needs to be served. All the evidence needs to be presented. Those individuals, who are charged, are obviously also entitled to due process and rule of law. So I want to make sure that our legal system runs the way it should. [Truth] is what people around the country expect. And to the extent that it is appropriate, this administration will help local officials get to the bottom of exactly what happened.

Remarks by the President Barack Obama on World Press Freedom Day. May 01, 2015

El 12 de abril, la policía de Baltimore, estado de Maryland, arrestó a Freddie Gray, un joven afro-americano, bajo el cargo de portar “una navaja”. Estando bajo custodia policial, Gray sufrió lesiones graves; tanto, que ocasionaron su muerte siete días después. Iniciada la investigación de rigor, la procuradora Marilyn J. Mosby, declaró que el arma blanca no era una navaja sino un cuchillo, cuya portación no es ilegal bajo las leyes estatales. El viernes 1 de mayo, la fiscal presentó cargos criminales contra los policías involucrados. Además de la imputación de detención ilegal, otras acusaciones fueron homicidio involuntario, asalto en segundo grado, mala conducta en el cargo, y asesinato en segundo grado. Mosby afirmó de manera contundente: “Nadie está por encima de la Ley”.

El caso generó fuerte rechazo hacia la policía local, y tuvo repercusiones en otras geografías del país. No pocos suponían que el desenlace sería similar a otros previos, en que elementos policíacos han ocasionado la muerte lo mismo a afroamericanos que a latinoamericanos (señaladamente, mexicanos), pero donde han resultado absueltos. Si bien en esta ocasión el proceso legal apenas inicia con los cargos levantados, en la ciudadanía renace la expectativa de que, ahora sí, la justicia sea efectiva.

La experiencia del caso Gray puede llevarse a México y presentarse a los ojos de las instituciones formales del Estado; principalmente, porque las declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama y la procuradora Mosby permiten extraer al menos siete lecciones para la circunstancia mexicana.

Primera. El 28 de abril, el presidente Obama se refirió a los acontecimientos de Baltimore y al hecho de que, prácticamente, cada semana aparece una nueva historia sobre personas que pierden la vida a manos de policías. Dijo que eso era algo que ha ocurrido por mucho tiempo “No es nuevo, y no deberíamos pretender que es nuevo”, aclaró.

En México, los excesos de quienes detentan autoridad tampoco son algo nuevo, ni deberíamos pretender que lo son. Más bien, parece que perdimos la capacidad de asombro gracias a las noticias que diariamente recibimos sobre actos criminales de servidores públicos, que acaso nos llevan a preguntar con qué nos encontraremos al día siguiente. Obama no está solo en su apreciación, aunque a diferencia de la claridad de sus palabras, acá se estila justificar la barbarie oficial con eufemismos como “daños colaterales”, “fuego cruzado”, o de plano se viste a las víctimas como peligrosos delincuentes, integrantes de “células criminales”.

Segunda. En la misma fecha, Obama agregó que “la buena nueva es que quizás hay una conciencia redescubierta, debido a las redes sociales, los videos y cosas así, sobre que hay problemas y desafíos cuando se trata de cómo operan el trabajo policíaco y nuestras leyes en ciertas comunidades”. La conciencia ciudadana existente, de antaño conocida, se fortalece con el amplio uso de redes sociales y otros medios alternativos.

Para México, la expectativa es que, de la mano del avance de las redes sociales, se genere una conciencia distinta sobre la imperiosa necesidad de invocar a la responsabilidad ciudadana para dar seguimiento al quehacer de policías, militares, funcionarios y políticos, así como de los encargados de impartir justicia. Son cada vez más los que, con los recursos tecnológicos a su alcance, se atreven a informar eventos que medios y comunicadores orgánicos, paleros de un sistema corrupto, acostumbran callar.

Tercera. En su intervención del 1o. de mayo, Obama dijo, “Es vital que se descubra la verdad sobre lo que pasó con el Sr. Freddie Gray”, asimismo, que la verdad es “lo que espera la gente de todo el país”.

Igualmente en México la ciudadanía espera saber la verdad sobre los crímenes perpetrados por fuerzas del Estado en contra de civiles. En nuestro país hay muchos Freddie Gray que no han recibido justicia. Aunque para el esclerótico sistema parezca hartante cantaleta, la sociedad no olvida a los supuestos “delincuentes” ejecutados por el ejército en Tlatlaya, en junio de 2014; a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, arrestados por policías locales en Iguala y luego “desaparecidos por integrantes del crimen organizado” en septiembre de 2014; ni a los civiles masacrados por federales en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015. Tampoco se han olvidado las matanzas de Aguas Blancas, Guerrero, en junio de 1995, o de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997; ni las atroces violaciones sexuales, y muertes, en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.

Cuarta. Dijo el presidente Obama que no acostumbra hacer comentarios sobre los procesos legales involucrados, puesto que eso “no sería apropiado”. No obstante, agregó que la justicia “necesita ser servida”, que “toda la evidencia debe ser presentada”, y que tiene firme interés de que el “sistema legal funcione como debe”.

Cuánta diferencia exhibe este líder de un país democrático respecto a cómo actúan funcionarios y políticos en México de cara al poder judicial. Acá, parece que ya nadie se extraña que en muchos juzgados y tribunales la justicia sea una mercancía, y que muchos juzgadores actúen por consigna, acatando indicaciones de políticos y funcionarios influyentes. Tiene razón Obama en no opinar sobre procedimientos judiciales; mucho menos atreverse a insinuar algún curso de acción; porque allá sí, cualquier interferencia del Ejecutivo en el trabajo de otros poderes tiene consecuencias. Pero NO en México.

Quinta. Siempre en referencia al caso Freddie Gray, el jefe del ejecutivo estadounidense aclaró que, “En la medida en que sea apropiado, este gobierno ayudará a los funcionarios locales a llegar al fondo de lo que sucedió exactamente”. No hay duda que lo “apropiado” es aquello que permite la Ley y aquello a lo que está comprometido un gobierno central para con uno local. No más y no menos. Sobre esto, el gobierno mexicano tiene mucho que aprender; tal vez, algún día, ya no ocurran pifias como el “michoacanazo” y otras estupideces, que han llevado a este país a convertirse en el hazmerreír del mundo.

Sexta. Respecto a los policías a quienes la fiscal Mosby levanta cargos, Obama señaló, “Evidentemente, esos individuos que son acusados también tienen derecho a un debido proceso y al Estado de derecho”.

Diferente a lo que ocurre en el vecino del norte, donde la presunción de inocencia es un aspecto que regularmente va por delante, en México el debido proceso y el Estado de derecho tienen al menos dos varas de medición. Una, para los consentidos del poder en turno, y otra, para los demás.

Muestra de lo primero es la masacre del seis de enero en Apatzingán. En esa ocasión policías federales causaron la muerte a por lo menos 16 personas, e hirieron a muchas más. Sin embargo, el entonces Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”. Contrariamente, el trabajo periodístico de Laura Castellanos demostró que los policías asesinaron con lujo de maldad a civiles indefensos.

En cualquier país democrático, lo procedente era una rigurosa investigación para deslindar responsabilidades y, mientras tanto, separar de cualquier encargo público a los involucrados. Pero NO en México. Luego de su dudoso desempeño, Alfredo Castillo Cervantes fue nombrado director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Todo, según fuentes, por ser amigo del presidente Enrique Peña Nieto.

Sobre la otra vara, ésta para medir a quienes no son allegados al poder, baste ejemplificar con quienes siempre resultan culpables de cualquier imputación: los sectores más vulnerables de la sociedad. Suficiente es ser pobre para ser considerado culpable. Peor, si además de pobre se es indígena. Aunque todavía es peor si amén de pobre e indígena se es mujer… y no se diga si se es estudiante. Si ello no es así, ¿cuál fue entonces la razón de actuar como se actuó en Iguala, Apatzingán, Aguas Blancas, Acteal y Atenco?

Séptima. Cuando la fiscal Marilyn J. Mosby presentó cargos contra los policías involucrados en la muerte del joven Gray, afirmó que “Nadie está por encima de la Ley”. En México, no pidamos a la procuradora general de la República, Sra. Arely Gómez, que resuelva todos los agravios acumulados; sería casi imposible. Pero preguntémosle sobre uno concreto: ¿Qué hará con la evidencia del asunto Apatzingán, que echa por tierra la versión del hoy flamante director de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes? ¿Investigará en estricto apego a Derecho a cualquier individuo señalado de tener responsabilidad en ese crimen, o permitirá que alguno esté por encima de la ley por el sólo hecho de ser cercano al presidente?

Los mexicanos guardamos muchas reservas respecto al vecino del norte. Sobre todo, hacia sus autoridades; tal vez porque, sin mayor reflexión, las percibimos semejantes a las de acá. Sin embargo, considero que las actitudes del presidente Obama y la procuradora Mosby respecto al caso Gray dejan ver otra realidad, y aportan lecciones importantes para la penosa y crítica circunstancia en que nos encontramos.

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@RicSantes

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Con voz propia

Funcionario mexicano ocupa oficinas para hacer “Fiesta COVID”

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En un video compartido por esta redacción, se aprecia cómo el secretario de Cultura de Hidalgo (Méx), José Olaf Hernández Sánchez, usa las oficinas gubernamentales para realizar convivios e incluso causar destrozos junto con sus acompañantes, mismos que posteriormente fueron pagados con dinero del erario

Por Emmanuel Ameth

Mobiliario de las oficinas de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura en Hidalgo (Méx), resultó dañado luego de que al funcionario en compañía de sus subalternos, ocupara el espacio público para realizar un “convivio” durante la pandemia causada por COVID el pasado 30 de octubre (2020), cuando Hidalgo estaba en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Cabe señalar que en la actual administración del gobernador Omar Fayad Meneses al menos una funcionaria que se desempeñaba como subsecretaria de Salud perdió su empleo luego de que difundiera un video donde usaba las instalaciones oficiales para celebrar su cumpleaños, obligando a otros burócratas a participar.

En el video se aprecia a 6 individuos acompañando a Olaf Hernández, quien a sus espaldas tiene enmarcado el retrato de Omar Fayad Meneses como en toda dependencia gubernamental.

Entre los asistentes se encontraban A. G. M., asistente del secretario que también es encargada de organizar eventos; R. O. L., encargada de prensa así como D. R., auxiliar también en el área de prensa.

Aparecen también el secretario Olaf Hernández, Goretti y O. E. C., identificado como su particular. Todos ellos estaban en las oficinas de la cultura ubicadas en El Ferrocarril (Pachuca).

Como saldo del convivio, al menos una mesa resultó rota, misma que posteriormente fue arreglada con presupuesto del erario.

Otros señalamientos

En 2018 este medio documentó desvíos con motivo de la supuesta compra de 300 Instrumentos musicales así como la financiación de 450 Actividades culturales, para lo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo presupuestó un total de 77 millones 962 mil 500 pesos según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP); sin embargo en el Centro Cultural de las Artes de Hidalgo, los trabajadores allí presentes negaron tales adquisiciones pese a estar presupuestadas según la Función Pública.

Un año después, este medio documentó el asunto de la “Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo: timo, fracasos y corruptelas de Olaf Hernández”, dado que lo que se vendió a los actores como uno de los proyectos de mayor envergadura para la entidad, terminó en engaños, penar, desvíos y abandono por parte del funcionario.

Días después, alrededor de 200 artistas hidalguenses pidieron mediante una carta al gobernador Omar Fayad Meneses la renuncia del secretario Olaf Hernández Sánchez “ante los múltiples señalamientos de funcionamiento irregular por parte del organismo que dirige y pone en riesgo el desarrollo de la política cultural del Estado”.

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Arteleaks

El Estado español encarcela al rapero Pablo Hasél por críticas al sistema

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

El español Pablo Rivadulla Duró (1988), conocido en el ambiente musical como Pablo Hasél, es un rapero de izquierda que se asume antifascista y ha adoptado el compromiso con sus composiciones en video y mensajes a través de la red social Twitter en denunciar y poner en tela de juicio a los poderes monárquicos, políticos, jurídicos y policiacos de su país.

Y debido a 64 tuits (de 2014 a 2016) y una canción (publicada en YouTube), en donde pone de manifiesto su rechazo a los excesos del poder, ha sido sentenciado a prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, por lo que deberá someterse a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de casi 30,000 euros de multa (es decir, más de 700 mil pesos mexicanos).

Por ello, más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música, entre ellos Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, emitieron un manifiesto en favor de Hasél, rechazando de manera tajante su reclusión en prisión y planteando la solicitud de eliminar del Código Penal ese tipo de delitos, “que no hacen sino cercenar el derecho, no sólo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, tal y como sucede en países como Turquía o Marruecos

Pero van más allá los firmantes al argumentar lo evidente bajo un Estado autoritario:  “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.

Más aún, la organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en el sentido de que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es una injusticia, y hace un enérgico llamado al Estado español para que realice una reforma al Código Penal con respecto a ciertos artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, subraya Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Incluso en favor del cantante y también poeta se expresó asimismo la diputada del Parlamento Europeo para Dublín, Clare Daly: “Mañana, el rapero catalán Pablo Hasél irá a la cárcel por sus letras. ¿Dónde está el llamado a sancionar a España?” Todo lo cual en el marco de la discusión por amonestar a Rusia debido al arresto de un disidente de ese país, en donde Daly evidencia la hipocresía de los congresistas de ser rígidos contra Rusia pero blandos con países como España o Estados Unidos al violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En definitiva, Pablo Hasél no es más que una víctima del autoritarismo de Estado que rige en España, en donde los excesos del poder son públicos y evidentes, basta revisar algunos medios de comunicación para corroborarlo. Él no miente, sólo dice la verdad de manera visceral.

Y este martes, 16 de febrero, ha sido consumada la ignominia. Ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) en la Universidad de Lleida, en donde se resguardó acompañado de un centenar de simpatizantes, quienes fueron dispersados con gases.

 

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Con voz propia

En Materia de Justicia, en México, estamos en la Edad Media

Ramses Ancira

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

A pesar de todas las dificultades, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que puede y donde puede para conseguir vacunas para atender el problema del COVID, pero hay otro gran tema en el que no se ha avanzado un ápice en la administración de Olga Sánchez Cordero, éste es el de la corrupción en los reclusorios federales y locales de todo el país, algunos de los cuales, tal y como sucede en Estados Unidos han sido concesionados a particulares.

Y mencionamos a la carismática, aunque despistada Secretaria de Gobernación, porque como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ella sabe que como responsable de la seguridad interna, de lo que pase en los centros de detención del país, ella es la última responsable. En el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes de Literatura testimonial, escribía en 2016, que las cárceles en México se parecen a las encomiendas que se daban en La Nueva España a los conquistadores. Estos hacían una especie de redadas, se apoderaban de los indios y los obligaban a trabajar para ellos, muchas veces de por vida, sobre todo si los llevaban a las minas, donde vivían muy poco tiempo, por eso iniciaron con la trata de esclavos africanos.

Sólo por poner un ejemplo de lo que ocurre en todo el país, vamos a citar el Centro Federal de Reclusión Social de Buena Vista, Tomatlán, en Michoacán. Aunque lo dirige un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, los dueños de la prisión le cobran al gobierno más de 5 mil pesos al día por cada interno.

A este precio, el gobierno se ahorraría varios cientos de millones de pesos, si en lugar de tener a los presos en la cárcel los mantuviera retenidos en un hotel de cinco estrellas; pero ése no es el punto. El tema es que no es suficiente, además los reclusos tienen que pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para poder adquirir en la tienda, galletas, café, agua potable, jabón o pasta de dientes. No es opcional, porque el director de la prisión les cierra las llaves para que no puedan tomar agua y obligarlos a comprarla embotellada.

Algunos de los detenidos ya han obtenido el beneficio de la libertad anticipada por buen comportamiento o por haber cumplido la mayor parte de su sentencia, sin embargo no la obtienen porque cada uno de ellos que salga en libertad, conforme a derecho, representa una pérdida económica de por lo menos 150 mil pesos mensuales para la empresa PRODEMEX, que tiene el negocio y para los custodios que extorsionan a los familiares, no solo con la renta mensual, sino con los materiales que tienen que comprarles para que puedan trabajar dentro de la prisión.

No todos los presos, por supuesto, son personas de bajo nivel adquisitivo. Hay otros casos muy mediáticos como George Khoury Layón, víctimas de Isabel Miranda, a quien además el mismo director del CEFEESO le intentó extorsionar con 500 mil pesos para “protección” y dejar de ser acosado y golpeado en prisión.

Este personaje es de especial mención porque la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano su liberación en el año 2017. La propia Secretaría de Gobernación, ya durante la administración de López Obrador le dio calidad de preso político en reconocimiento a su inocencia, el 1 de noviembre de 2019, con el oficio número UASJ/MJ/094/2019.

Sin embargo, Khoury Layón no ha obtenido el dinero necesario para que se cumpla la decisión que le otorga la libertad.

Según la versión de Khoury, la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del Narco, se entrevistó con él, le pidió disculpas por las calumnias, y le dijo que la jueza Hermelinda Silva Meléndez había recibido instrucciones del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para sentenciarlo por el homicidio de Hugo Alberto Wallace. Este crimen no fue probado, existen todas las evidencias de violación al debido proceso, entre las cuales figura: el hecho de que se hayan expedido dos actas de defunción para la misma persona; un peritaje que asegura que la víctima fue asfixiada, aunque nunca se encontró el cadáver, una gota de sangre misteriosamente encontrada meses después del supuesto crimen, cuando se sabe que por más que se lave con cloro o lejía una escena del crimen, los peritos disponen de químicos que pueden revelar presencia hemática, sobre todo cuando se trata de litros de sangre como debe ocurrir cuando un cuerpo es descuartizado.

A esto se agrega que la gota de sangre tenía el ADN, la huella genética, de Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace Díaz, que no era padre biológico de la supuesta víctima, por lo tanto, no tenía ninguna razón para portar ese Ácido Desoxirribonucleico, que es la molécula que identifica entre sí todos los seres vivos, e incluso a algunos virus como el que provoca el COVID-19. Ésa es la razón de que casi todas las vacunas que se han producido hasta ahora para atacar la pandemia tengan como objetivo evitar la replicación de ese virus en particular.

Para colmo, el ADN de la gota de sangre encontrada era de mujer. Para dar una idea al lector de la enorme diferencia que hace el Acido Desoxirribonucleico, femenino o masculino, o de una y otra persona, es como si quisieran prevenir el coronavirus, aplicando vacunas contra la polio, la viruela o el tétanos.

Sin embargo, Khoury era propietario de negocios. Ha recabado 70 testimonios de otros tantos presos del CEFERESO de Michoacán, que atestiguan las extorsiones que ha sufrido para que lo dejen usar tenis que permitan la transpiración o para no ser golpeado por otros presos. Para los demás, culpables inventados o reales, pero que ya cumplieron su sentencia o los requisitos para obtener su libertad, las condiciones son mucho peores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, literalmente sirve, como dice el refrán mexicano, “para lo que se le unta al queso”, es decir, para nada. Cuando se le concedió el beneficio de la libertad, a uno de los detenidos, cuyo nombre nos reservamos para evitarle represalias, sus familiares acudieron a esta. De ahí los enviaron a la Comisión del Estado de México, debido a que ahí se encuentra el juzgado, aquí declinaron y les dijeron que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, porque ahí estaba el prisionero y de ahí los enviaron de vuelta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata de un asunto federal. En la CNDH la titular también tiene el mismo valor que un florero porque la señora Rosario Piedra Ibarra no tiene idea de cómo trabajar.

Prueba de ello es que hace unas semanas convocó a un concurso que hubiera significado mucho si se hubiera tratado de exponer videos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, pero en lugar de eso se pedía a los participantes que presentaran guiones que hablaran bien de la CNDH, y solo si era así les darían 20 mil pesos para producir los cortometrajes, pero además con la vigilancia de un censor de la propia Comisión.

Si la ciencia y el arte tienen un valor tan pobre en la 4T. Si las leyes que emitió el Estado para conceder la libertad a presos políticos y personas que ya cumplieron con los requisitos, no son respetadas por el poder judicial, y el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de injusticia en México? ¿Cuándo va a haber 4ta transformación en materia de Derechos Humanos?

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