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Con voz propia

El careo de los inculpados en el Caso Wallace

El careo de los inculpados por Isabel Miranda Torres de Wallace revela las confesiones arrandas bajo tortura por agentes ministeriales

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Luis Vargas*

“La principal lección de la historia  es que no ha sido posible hacer compatible la coerción con la verdad”

John LANGBEIN, Yale University

Análisis

La tarde del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, que preside el Juez  Raúl Angulo Garfias, se llevó a cabo la audiencia pública concerniente al careo entre Brenda Quevedo Cruz y sus co-procesados: Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales. Todos ellos acusados de la supuesta privación ilegal de la libertad de Hugo Alberto Wallace, en la causa penal 35/ 2006, mejor conocida como el “Caso Wallace”.

En la misma, Brenda Quevedo, quien sostiene su inocencia y quien a seis años de proceso no ha sido juzgada aún, confrontó en primer lugar a Jacobo Tagle y luego, a César Freyre. En el careo, tanto Jacobo como César, la deslindaron de toda responsabilidad y además, los dos afirmaron que Brenda ni siquiera conocía a Hugo Wallace. Asimismo, Brenda puso de relieve la tortura y aleccionamiento de sus compañeros por parte de las autoridades a fin de obligarlos a incriminarla en la supuesta privación ilegal de Hugo Wallace. Por último, señaló otras contradicciones en el expediente relativas a la investigación sobre su participación en los hechos.

El careo

A continuación, sintetizaré los puntos más importantes derivados de las preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle y César Freyre durante el careo, las cuales refuerzan la hipótesis relativa a la inocencia de Brenda y la fabricación de acusaciones en su perjuicio. Debemos partir del supuesto que las declaraciones que incriminan a Brenda en la comisión de los hechos delictivos mencionados en las mismas, fueron obtenidas a base de torturas, malos tratos, amenazas y aleccionamientos como puede comprobarse mediante las pruebas existentes y las declaraciones desprendidas del presente careo.

  • Incriminación hecha por Jacobo Tagle y Cesar Freyre en perjuicio de Brenda Quevedo en el supuesto secuestro de Hugo Wallace.

Al respecto, Jacobo expuso que la razón de implicarla en tal crimen es debido a que fue víctima de tortura física y psicológica, amenazas a su familia y maltratos de los que ha sido objeto en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz, tal como lo expresó en su declaración preparatoria. En el mismo sentido, Cesar manifestó que Brenda no fue participe y además, afirma haber sido víctima de tortura física y mental. Asimismo, Cesar señala que ni siquiera solicitó llevar a cabo esa declaración incriminatoria. Por último, Cesar nos remite a una denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana denunciando los actos de tortura y las violaciones a sus derechos humanos en su perjuicio.

  • Exculpación de Brenda Quevedo por parte de los acusados, en su participación en el secuestro de Hugo Wallace.

Ambos acusados concuerdan que Brenda no tuvo nada que ver en los hechos que se le imputan y además, coinciden que ni siquiera conocía o había visto a Hugo Wallace. Asimismo, Jacobo afirma que Brenda nunca recibió dinero por parte de Cesar, o de cualquiera de las personas que formaban parte de la supuesta banda, más adelante el mismo Cesar confirmaría estas aseveraciones. Lo anterior, resulta contrario a lo que Jacobo había señalado en una de sus anteriores declaraciones obtenidas bajo coerción.

  • Exculpación de Brenda Quevedo por parte de los acusados, en su participación en otros secuestros o algún otro hecho delictivo.   

En cuanto a los hechos delictivos anteriores al secuestro de Hugo Wallace de los que Brenda es acusada, cabe señalar que los mismos tuvieron lugar a mediados del año 2004. En este sentido, Jacobo afirma haber conocido a Brenda a finales del 2004, luego Cesar constató esta versión. Asimismo, Jacobo aseveró que Brenda nunca conoció al señor Trevedant, Rugueiro y Gina, personas mencionadas en las declaraciones que incriminan a Brenda. Al igual que Jacobo, Cesar afirma que Brenda no tuvo ningún tipo de relación o comunicación con Trevedant.  Además, Jacobo y Cesar coinciden que Brenda nunca ha participado en algún hecho ilícito, incluso Jacobo agregó que ella es una persona honrada y trabajadora.

  • Otros aspectos en el expediente relativos a la investigación de la presunta participación de Brenda en el secuestro de Hugo Wallace.

César Freyre señaló que nunca fue a la casa de Enriqueta Cruz, madre de Brenda, o a la casa de Brenda, mucho menos haber vivido ahí. También, menciona que el auto Corsa mencionado en sus declaraciones, en realidad nunca fue utilizado para cometer algún hecho delictivo. Asimismo, niega que Brenda haya ido alguna vez a la casa de su padrino. Por último, niega haber visto a Brenda usando algún tipo de peluca.

Las consideraciones finales.

Por último, dado que al final no fue necesario proceder a la fase de los careos procesales, puesto que no los confrontados no incurrieron en contradicción alguna que refutar, el juez procedió a otorgarle la palabra a Isabel Miranda de Wallace y a Brenda Quevedo Cruz para que expresaran sus consideraciones finales.

Isabel Miranda de Wallace señaló al juez “el aleccionamiento que han tenido los inculpados a fin de tratar de evadir su responsabilidad”. Asimismo, negó que Jacobo haya sido torturado, pues según ella en el video en el que se auto-incrimina ante el Ministerio Público “se aprecia la naturalidad con la que confesó todo lo relativo al secuestro y muerte de [su] hijo Hugo Wallace”. Además, Isabel de Wallace asegura que la prueba de la falsedad de tales acusaciones estriba en el hecho de que Jacobo la acusa de haberlo amenazado con meter a su hermano, Salomón Tagle, a la cárcel, sin embargo, remarco, “Jacobo Tagle Dobin se ha perdido en el tiempo ya que se encontraba preso cuando Jacobo fue detenido, por lo cual sería imposible que alguien lo hubiera amenazado con un hecho que ya había ocurrido”.

En cuanto a Brenda Quevedo, Isabel de Wallace alegó que la prueba de que miente es el hecho de que esta “[se haya internado] en otro país con identificaciones falsas a fin de no ser localizada”. En este sentido, menciona que “se tuvo que llevar la extradición durante dos años en la cual hubo causa probable para traerla y responder ante este Juzgado”.

Por su parte, Brenda Quevedo manifestó que ha sido torturada dos veces las cuales ha denunciado ante la PGR e instancias de derechos humanos nacionales e internacionales. Asimismo, solicitó que se investigue la tortura de sus co-procesados Cesar Freyre y Jacobo Tagle, y reiteró, “ya que evidentemente hemos sido de la misma forma amenazados y torturados físicamente para así arrancarnos una declaración, una confesión a base de coerción”.

Conclusiones

Las declaraciones desprendidas del careo se inclinan en la hipótesis del uso de la tortura como medio de incriminación de Brenda Quevedo Cruz, lo cual refuerza lo argumentado en mi artículo “25 razones para dudar del caso Wallace”. En esta misma línea, se deduce que si la mayoría de los acusados fueron torturados y obligados a declarar en perjuicio de Brenda, el resultado final es una nefasta fabricación de pruebas y acusaciones en su contra carentes de credibilidad, cuyo fin es   incriminarlos en el crimen en cuestión.

Asimismo, considero pertinente poner atención en las declaraciones y acusaciones de Jacobo Tagle y César Freyre, puesto que ellos también manifiestan haber sido torturados para auto-incriminarse e implicar a Brenda Quevedo en el secuestro de Hugo Wallace y otros hechos delictivos. Jacobo, al igual que Brenda, sostiene su inocencia, por lo que es prioritario hacer un seguimiento de ambos casos. Contrariamente a Brenda, quien a pesar de haber sido torturada  no aceptó su participación en los hechos, Jacobo y César debido a la brutalidad de los actos de barbarie perpetuados en su contra, aceptaron su implicación en el crimen del cual se les acusa.

Cabe señalar que en el caso de Brenda Quevedo y César Freyre, existe una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a sus derechos fundamentales. Existen pruebas contundentes que demuestran el uso de tortura, malos tratos, humillaciones, amenazas y aleccionamiento, tales como el “Protocolo de Estambul” en el caso de Brenda y Jacobo. Si esta denuncia es admisible, en unos años, las autoridades mexicanas podrían ser juzgadas a la reparación integral de los daños y a la investigación de los responsables de haber llevado a cabo tales actos de brutalidad en perjuicio de Brenda y los demás acusados.

En cuanto a las declaraciones finales de Isabel Miranda de Wallace,  las considero irresponsables y carentes de argumentos sólidos, incluso absurdas. Procedamos a hacer un análisis minucioso.

careo 3

Copia del careo entre Jacobo Tagle y Brenda Quevedo en la audiencia del 5 de marzo de 2014.

a) El aleccionamiento que han tenido los inculpados a fin de tratar de evadir su responsabilidad.

En palabras de un ciudadano ejemplar esta acusación puede traducirse como la facultad de emprender nuestro derecho a una defensa adecuada, un derecho fundamental en el sistema acusatorio que nos permite ejercer el principio del contradictorio, cuya finalidad es refutar los dichos de la contraparte en un proceso justo e imparcial. Sin embargo, en la visión retrograda de Isabel Miranda de Wallace, los acusados deben de ser tratados como objetos y no sujetos del proceso. Isabel quiere ser juez y parte en el proceso. En su enfoque punitivista e inquisitorio, los acusados deben de ser tratados como terroristas, no deben tener ni voz ni voto, mucho menos ejercer su derecho a la defensa adecuada. Para Isabel, todo esto es mera formalidad carente de trascendencia en el proceso,  así lo declaró ante las cámaras respecto a la absolución de Florence Cassez, en donde también declaró que “los derechos constitucionales son diferentes a los derechos humanos”. Isabel desconoce que el principio pro persona otorga el rango constitucional a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en la materia firmados por México. Isabel desconoce que los derechos fundamentales están dotados de contenido axiológico, de ahí la importancia del debido proceso, que por cierto es un derecho humano, fundamental y constitucional.

b) «La naturalidad de la confesión de Jacobo Tagle ante las cámaras»

Es evidente que después de haber sido torturado, amenazado y aleccionado, Jacobo actúe con naturalidad frente a las cámaras y medios de comunicación presentes. Al respecto, surgen las siguientes incógnitas ¿Quién nos puede asegurar que cuando no veíamos a Jacobo alguien lo estaba torturando?  ¿Cómo podemos saber que Jacobo no fue drogado para parecer tranquilo? ¿Por qué Jacobo declaró su crimen en ausencia de un abogado? Para muestra basta un botón, en el “Caso de Cassez”, tanto Florence Cassez como Israel Vallarta acusaron a las autoridades de haber sido coaccionados, aleccionados y forzados contra su voluntad para admitir su participación en los hechos frente a los medios de comunicación que transmitían a nivel nacional. En el caso de Israel existe el “Protocolo de Estambul” como prueba que fue sometido a tortura. Posteriormente, se destaparía el montaje y la falsedad del caso. Unos años después Florence Cassez sería liberada por las violaciones a su derecho a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada y a la asistencia consular inmediata. En el caso en cuestión, estamos frente a una violación flagrante a los derechos fundamentales de Jacobo, tales como el derecho a la presunción de inocencia y a la defensa a adecuada, lo que  implica contar con un abogado, no declarar, no auto-incriminarse y a la prohibición de la tortura, así como el respeto de la regla de tratar al acusado como inocente durante todo el proceso. Tal parece que Isabel Miranda y las autoridades olvidaron los derechos Miranda, ¡que ironía!

c) El éxito en el proceso de extradición y el internamiento de Brenda Quevedo con identificaciones falsas en los Estados Unidos.

La razón por la que Brenda Quevedo se refugió en los Estados Unidos, es porque antes de notificársele presentarse ante la autoridad por medio de algún tipo de orden judicial, Isabel Miranda de Wallace ya tenía montados en las partes más importantes de la Ciudad de México, una serie de espectaculares que la acusaban de haber secuestrado a su hijo. Isabel pasó por alto el hecho de que los ciudadanos mexicanos tenemos derechos, puesto que ordenó levantar esos murales en perjuicio del derecho al respeto a la honra y dignidad de Brenda, difamándola de secuestradora y afectando su imagen y reputación -quizás para toda la vida. Isabel de Wallace usó los mismos métodos empleados en la época de la inquisición para influenciar a las autoridades a la captura de Brenda; la diffamatio, la delación por rumores o sospechas. Ante tal situación, Brenda decidió exiliarse en el país vecino.

Tiempo después, Brenda se encontraba trabajando en un restaurant en Louisville, Kentucky, cuando fue detenida por el FBI. Durante el proceso de extradición, el abogado defensor de Brenda, Stanley Horn, alegó la posibilidad de que Brenda Quevedo fuera torturada a su llegada a México, al igual que lo habían sido los demás acusados. El motivo de la amplia duración del proceso es el hecho de que la defensa solicitó el asilo político de Brenda y el juez analizó esta posibilidad. Para su mala suerte, el juez de la causa denegó su petición pero mostró interés en conocer más a fondo el caso, en donde además, relució el hecho de que las autoridades mexicanas encubrieron la existencia de antecedentes penales del hijo de Isabel de Wallace.

En conclusión, se puede apreciar claramente como Isabel de Wallace intenta tergiversar y manipular las declaraciones, los hechos y la información contenida en los expedientes con la finalidad de ¿confundir?, ¿engañar?, ¿enredar?, al juez y a la sociedad. Isabel Miranda de Wallace carece de una formación en Derecho, y aun así, se permite hacer declaraciones que implican un pleno conocimiento de la ley, los derechos fundamentales y la misma Constitución. Si Isabel Miranda de Wallace hubiera leído nuestra Carta Magna se daría cuenta que lo único que intentan hacer los acusados es ejercer su derecho a defenderse. Para Isabel de Wallace, los acusados de delincuencia organizada no tienen derechos, porque su pensamiento es el mismo que el de Montiel “los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas”. Isabel Miranda de Wallace se vio cegada por el poder que obtuvo en el mandato calderonista y ahora le cuesta trabajo aceptar que está equivocada y mando encerrar a personas inocentes. Isabel Miranda de las Wallace contempla como el asunto se le está yendo de las manos y como la verdad está saliendo a la luz. Isabel de Wallace arruinó la vida de Brenda Quevedo Cruz y de las familias de todos los acusados. Isabel de Wallace es un peligro para la democracia y el Estado de Derecho. Isabel de Wallace “se ha perdido en el tiempo”, ya que el derecho en México ha evolucionado y personas con su mentalidad no podrán parar esa evolución. Isabel Miranda de Wallace, como le gusta que le llamen porque suena más chic, desde ahora es Isabel Miranda Torres, punto y final.

Para concluir, no debemos perder de vista que la finalidad del proceso es la obtención de la verdad material y la impartición de justicia para todas las partes implicadas en el mismo. Los argumentos que justifican la tortura a personas acusadas de delincuencia organizada en detrimento de sus derechos fundamentales, es un argumento peligroso, puesto que  los derechos humanos son para todos y el día menos esperado podemos vernos envueltos en un asunto de esta naturaleza, tal como le paso a Florence Cassez, Alberto Patishtán y ahora a Brenda Quevedo. Muy acertadamente afirmó el Ministro Zaldívar en su obiter dictum del “Caso Cassez” cuando reprendió a los tribunales recordándoles que “el fin no justifica los medios”.  Cabe señalar que en sistemas como el británico, ni siquiera es tomada en cuenta la confesión del inculpado. Los jueces tienen la obligación de velar por el respeto de los derechos humanos, la justicia, la verdad y la implementación del sistema acusatorio en México. Al final de cuentas, lo único que podemos pedirle al Juez, es lo que humildemente Brenda le solicitó al final de la audiencia “que la ley sea imparcial en este juicio”, amén.

*El autor es especialista en abogado de la Asociación contra la Fábrica de Culpables y por la Defensa de los Derechos Humanos. Posee una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Montreal.

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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