Estados Unidos
El asesinato de George Floyd algo tenía que cambiar en el mundo
El activismo internacional contra el racismo se desató por el asesinato de George Floyd

by Freedom Socialist Party/Anthony Quintano
En todo el mundo, el imperialismo estadounidense toca su clarín para proclamar que es el máximo representante de una sociedad democrática bendecida por el estado de derecho, la libertad de expresión y las oportunidades económicas. Es difícil saber cuántas personas todavía creen esto, ciertamente no aquellos que han sufrido bajo las ocupaciones e invasiones militares estadounidenses o las prepotentes exigencias del Departamento de Estado y los bancos de EE. UU. Pero quizás todavía había unos cuantos crédulos el 25 de mayo de 2020, el día en que George Floyd, un trabajador negro de Minneapolis, fue asesinado por la policía por una cuestión de $ 20.
Todo lo que ha sucedido desde ese fatídico día le ha mostrado al mundo la verdadera cara de la “democracia” estadounidense. Los responsables de hacer cumplir la ley son los delincuentes; la libertad de expresión tiene que ser defendida en las calles; y las oportunidades económicas han sido completamente secuestradas por una élite profesional y bien educada que sirve a un sistema de clase supremacista blanco dirigido por multimillonarios abiertamente o tras bambalinas.
Algo tenía que cambiar
La chispa que encendió el barril de pólvora fue la manera casual y confiada en que Derek Chauvin, un oficial de policía blanco, asfixió a Floyd frente a espectadores mientras que el hombre desarmado suplicaba por su vida.
El hecho de que esta actitud sea rutinaria de costa a costa en muchas comunidades pobres y de clase trabajadora, pero especialmente en los barrios negros, propagó las llamas desde Minneapolis a todo el país. Y los policías locales no son los únicos con esta actitud; al contrario, dicha actitud es normal en un cuerpo policial racista y en sus agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a lo largo de las fronteras, de la Oficina Federal de Investigación (FBI) que espía a los estadounidenses del Medio Oriente, y de las otras 17,983 agencias de policía locales, estatales y federales del país.
El 25 de mayo de 2020, el asesinato de Floyd fue la gota que colmó el vaso. Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) se formó después de los asesinatos policiales de Michael Brown, Eric Garner y Tamir Rice, de 12 años, en 2014. Fueron seguidos por los asesinatos de Freddie Gray en 2015, y Breonna Taylor y Manuel Ellis en 2020. Todos eran negros. También hubo protestas, sobre su muerte y las de otros, pero no hubo ningún cambio fundamental sino hasta que una joven de 17 años tuvo el valor de grabar a Floyd llamando a su madre y gritando “No puedo respirar”, la misma súplica exclamada por Eric Garner en la ciudad de Nueva York.
Para el 27 de mayo, las protestas que proclamaban “Black Lives Matter” se habían extendido por todo el país y el presidente Trump consideró públicamente el uso de la fuerza militar en Minneapolis. Pero el público (y al menos algunos generales de ayer y hoy) no estaban de humor de que Trump violara la Primera Enmienda.
La ira y la frustración se propagan como incendios forestales
En lugar de terminarse, las manifestaciones se hicieron cada vez más grandes después del 27 de mayo. Lo que comenzó como protestas locales se convirtió en un diálogo a nivel nacional dirigido por los negros sobre el racismo estructural y la raza; la alta tasa de muertes de los negros en la actual pandemia de Covid-19; el fracaso de un sistema de salud privatizado para satisfacer las necesidades de los pobres; los posibles métodos de control comunitario sobre la policía, como el establecimiento de concejos de revisión civiles electas e independientes con personal remunerado, fiscales especiales y el poder de investigar los cargos de corrupción o violencia policial; y retirar el financiamiento a la policía o abolirla por completo.
Los negros de todos los extractos sociales comenzaron a revelar sus sentimientos de alienación, temor, agotamiento, ira y aislamiento en una sociedad que durante 400 años los ha linchado y encarcelado, les ha negado sus derechos humanos básicos a una buena educación y vivienda, y no ha podido reconocer el precio que han pagado en sangre, sudor, lágrimas y mano de obra esclava o barata para enriquecer a este país.
De manera crucial, muchos blancos y otras personas de color escucharon con empatía, eliminando las divisiones raciales que son tan importantes para el poder de la clase dominante de los Estados Unidos. Se unieron a las marchas y protestas. Lo que había comenzado como una protesta predominantemente negra se convirtió en una gran rebelión multirracial contra las opresivas fuerzas policiales locales y contra un gobierno federal indiferente, mentiroso y poco profesional y contra su presidente narcisista. En medio del gas lacrimógeno, las bolas de pimienta y las granadas explosivas, el lema “¡Las vidas negras importan!” resonó una y otra vez. Lo que también parecía presente en la forma en que muchos gritaban dicho lema era la sensación de que cuando las vidas de los negros importaran, las vidas de otras personas oprimidas y explotadas también serían importantes. Creció la sensación de que el cambio fundamental es necesario en todos los aspectos de la sociedad.
Una crisis política en ciernes
Las tensiones sociales generalizadas ya estaban aumentando antes del asesinato de Floyd, por muchas razones tanto recientes como de hace mucho tiempo. Entre ellos estaba el maltrato racista del presidente hacia los inmigrantes, su aprobación pública de la extrema derecha y su descarada hostilidad hacia los defensores de los derechos civiles.
Un sector creciente del electorado ve con creciente escepticismo al presidente y la forma en que funciona la “democracia” en los Estados Unidos. Los ataques a los derechos electorales de los negros se han convertido en un escándalo nacional. El presidente ha defendido a racistas y violadores como “estadounidenses leales” y “muy buenas personas”. El Congreso se encuentra en un punto muerto permanente. Más de 2.2 millones de hombres y mujeres están en prisión, muchos de ellos negros. Y la corrupción gubernamental es una pandemia en sí misma, como en el caso de Alexander Acosta, el ex Secretario de Trabajo y amigo de Trump, quien renunció en desgracia por un acuerdo de culpabilidad que hizo con el multimillonario y financiero pedófilo Jeffrey Epstein.
Había muchas otras razones para desilusionarse. La principal es que la democracia estadounidense se reduce esencialmente a elecciones presidenciales cada cuatro años en las que los votantes pueden elegir entre dos y solo dos partidos defensores del statu quo.
Los jóvenes votantes realmente vivieron en carne propia los límites de la democracia burguesa en torno a la campaña de Bernie Sanders para presidente. Fueron testigos de cómo los poderosos del Partido Demócrata expulsaron a Sanders y lo reemplazaron con Joe Biden, un insípido político veterano cuyo principal atractivo es haber sido el vicepresidente del presidente Obama. Hoy llenan las calles en solidaridad con los jóvenes negros que están liderando un desafío radical a la operación habitual de la política en el centro del imperialismo.
Dada la presencia de las masas en la calle, los demócratas y los republicanos se aferran al poder y esperan que hacer algunas reformas muy débiles a la policía provocará que todos regresen a sus casas. Si no es así, existe la amenaza de enviar militares fuertemente armados y en servicio activo para mantener la paz. Los rumores de una ofensiva emanan regularmente de la Casa Blanca.
Una economía tambaleante es la causa de todo
Las bases para esta expansión de la rebelión en los Estados Unidos han sido establecidas por la crisis estructural del capitalismo. Desde 1971, ha habido una decreciente tasa de crecimiento en los centros capitalistas, así como una crisis climática cada vez más profunda y un enorme crecimiento en la especulación capitalista y el aumento del desempleo.
Estas inclemencias han afectado fuertemente a la clase trabajadora de los EE. UU., sobre todo a la comunidad negra. Debido a siglos de racismo, los negros ocupan el puesto más alto entre los desempleados, sufren de la peor salud y tienen los menores recursos para enfrentar una recesión económica. Las mujeres negras se encuentran en la peor situación, ya que sufren de una discriminación racial y sexual desenfrenada, y por lo tanto se encuentran en la parte inferior de cada grupo salarial. Al mismo tiempo, no reciben asistencia significativa de un gobierno hostil que las ve como vividoras.
Aun así, Trump insiste en que bajo su gobierno a los trabajadores les ha ido muy bien en general, y a los negros específicamente. De hecho, ha habido una erosión lenta y constante de los logros de todos los trabajadores obtenidos en la década de 1960. La enorme brecha de riqueza en los Estados Unidos entre los multimillonarios y los millones de personas sin hogar (muchos de ellos trabajadores negros, desempleados o ambos) habla por sí misma.
Wall Street y la pandemia de Covid-19
Hacia la segunda mitad de 2019, los economistas estadounidenses comenzaron a hablar sobre una próxima desaceleración económica o recesión. Sin embargo, Wall Street seguía acumulando ganancias. Entre el 12 y el 19 de febrero de 2020, el mercado de valores alcanzó un máximo histórico, solo para caer unos días después en el mayor descenso desde 2008. Volvió a caer bruscamente a principios de marzo debido a la pandemia de Covid-19 y a la guerra del precio del petróleo entre Rusia y la OPEP. A nivel mundial, las acciones cayeron un 25 a 30 por ciento a medida que el desempleo en los EE. UU. se disparó.
La sociedad estadounidense estaba al límite. Casi treinta y siete millones de personas habían solicitado el desempleo a mediados de mayo, eliminando los logros laborales desde la recesión de 2008. El sistema de salud estaba en una crisis real y en las noticias se hablaba del número de muertes todos los días, desde la mañana hasta la noche. Asimismo, el sistema de pensiones se vio amenazado por la inestabilidad de Wall Street, y muchos se preguntaban si alguna vez volverían a encontrar trabajo.
A la crisis económica se sumaba la evidencia diaria de la crisis política en Washington, D.C.
La pandemia expuso a Trump en su peor momento: no estaba preparado en absoluto ni tenía interés en dirigir al país para enfrentarse a una verdadera crisis. Sus peligrosas y poco científicas recomendaciones en las conferencias de prensa diarias demostraron una vez más que es completamente incompetente. Como de costumbre, lanzaba muchas amenazas y hacía promesas vacías. Ni siquiera fingió ser el presidente de todos. El eslogan “estamos todos juntos en esto” perdió su sentido debido a la escasez de equipos de protección personal para trabajadores médicos y otros trabajadores esenciales, agravado por el fracaso del gobierno federal para crear un plan nacional de acción contra la propagación de Covid-19.
La cuestión de usar o no usar cubrebocas se politizó hasta el punto de que los populistas de extrema derecha, animados por los medios y grupos políticos de derecha, organizaron manifestaciones en frente de los edificios del Capitolio de varios estados portando descaradamente pistolas y armas semiautomáticas y exigiendo que se abrieran los negocios de nuevo a pesar de la pandemia.
Todos estos factores encendieron el fuego que continúa ardiendo en todo el país, especialmente dado que aún persisten los asesinatos por parte de la policía y que se supo que dos hombres negros, que se encontraron colgados de unos árboles en el sur de California, han sido clasificados como suicidios en lugar de ser investigados como posibles linchamientos.
Seattle: estudio de caso de un movimiento cambiante
Las protestas en Seattle, Washington, han sido de las más fuertes. Los manifestantes cierran regularmente el tráfico de la principal autopista norte-sur que se extiende desde México hasta Canadá desde la explosión de Black Lives Matter. La ciudad y los pueblos circundantes son la sede de docenas de protestas, a veces casi diarias.
En las primeras manifestaciones pacíficas, la policía de Seattle respondió con mano extremadamente dura, lo que llevó al consejo de la ciudad a prohibir el uso de la asfixia y del gas pimienta. Posteriormente, un juez federal dictó una prohibición hasta el 30 de septiembre sobre el uso de granadas explosivas, gas pimienta y gas CS (un arma química ampliamente utilizada por el ejército estadounidense en la Guerra de Vietnam).
La ira de los manifestantes hacia la policía se centró en la estación del Recinto Este en Capitol Hill, un barrio históricamente gay. La policía finalmente se retiró de la estación y se estableció en las calles una comunidad alternativa que se conoció como la Protesta Organizada de Capitol Hill (CHOP, por sus siglas en inglés), en un radio de seis cuadras que incluía un parque donde mucha gente acampó. Los manifestantes mantuvieron a raya a la policía y mantuvieron reuniones periódicas para discutir políticas.
El liderazgo de CHOP ha estado mal definido y ha cambiado con el tiempo. La población mayoritariamente juvenil de CHOP es una mezcla de razas y tendencias políticas, entre ellas radicales como el Partido de Libertad Socialista y Mujeres Radicales, anarquistas, organizadores negros independientes, representantes de negocios negros y muchas de las personas sin hogar de Seattle. Se celebran debates abiertos regulares, pero no se ha definido un objetivo final, aunque una larga lista de demandas comunes incluye la reducción del presupuesto policial a la mitad; el reencauzamiento de esos fondos a las necesidades sociales, particularmente en la comunidad negra; y la anulación de los cargos contra todos aquellos que han sido arrestados durante las protestas.
Dada la falta de liderazgo responsable de CHOP y la creciente irritación de la comunidad que lo rodea, no es difícil imaginar cuál puede ser el futuro de esta ocupación utópica, a pesar de la pasión y el compromiso de muchos de sus miembros. Al momento de escribir este artículo, parece posible que el final esté cerca. Los representantes autonombrados que negociaban con los funcionarios de la ciudad ya habían cedido parte del territorio de CHOP cuando el área se convirtió en escenario de cinco tiroteos, dos de ellos mortal, durante 9 días a partir del 20 de junio. Muchas personas comenzaron a marcharse voluntariamente después de la violencia armada, y la alcaldesa anunció su intención de recuperar el control del área y reinstalar a la policía en el cuartel general del recinto. La hora final llegó el 1 de julio. Después de otro tiroteo que mató a un chico de dieciséis años e hirió a uno de catorce, la policía entró, arrestó a los 20 defensores restantes de CHOP y prometió reabrir el cuartel del recinto.
Mientras tanto, una noticia positiva de Seattle es que una de las discusiones públicas celebradas en la comunidad se centró en un esfuerzo de colaboración para expulsar al sindicato de policía de Seattle del Consejo Laboral del Condado Martin Luther King. Entre los iniciadores de la acción están los Trabajadores Organizados para la Solidaridad Laboral (OWLS, por sus siglas en inglés), un bloque socialista del consejo y el Partido de Libertad Socialista. La resolución fue aprobada con el 55 por ciento de los votos, la primera acción de protesta en todo el país. Es un acto justo que hace mucho que debería haber ocurrido.
Desde la votación en el consejo laboral, OWLS dirigió una protesta multisindical y multirracial en apoyo a empleados públicos negros que se enfrentan a un racismo arraigado en el servicio de transporte del condado. Su lema “La vida de los trabajadores negros importa” ubica a la lucha contra el racismo donde se puede ganar: en la clase trabajadora.
La situación de Seattle, como la de otras ciudades, muestra tanto las fortalezas como las debilidades de un levantamiento masivo espontáneo, así como el papel clave que el movimiento laboral puede desempeñar para brindar enfoque, definición y el peso de sus cientos de miles de trabajadores organizados para luchar.
Una lucha que resuena en todo el mundo.
Cuando las personas más oprimidas de los Estados Unidos se levantan dentro del país más violento y fuertemente armado del mundo, las personas oprimidas se unen a la lucha y la hacen suya.
Al igual que durante la lucha por los derechos civiles de los negros en la década de 1960, las personas marginadas se han convertido en los protagonistas de sus propios países. Están protestando tanto en solidaridad con los negros de los EE. UU. como para exigir justicia y el fin a la violencia policial y el racismo estructural por su propia cuenta.
Algunos cuantos de los lugares en los que han estallado protestas son la Gaza y Cisjordania, el Reino Unido, Siria, Brasil, Argentina, España, Francia, Japón, Corea del Sur, Puerto Rico, República Dominicana, Nueva Zelanda y Australia, mientras que los Dalits super oprimidos protestan contra el sistema de castas de la India.
Reforma policial: ¿es posible?
La movilización de Black Lives Matter comenzó como una lucha monotemática dentro de los límites de la reforma capitalista, para poner fin a la brutalidad policial. Sin embargo, está creciendo para convertirse en un movimiento de múltiples asuntos que plantea demandas que tienen que ver con todos los aspectos de la realidad. Estos incluyen, entre muchos otros temas, buenas escuelas públicas, educación gratuita hasta la universidad, el derecho de los prisioneros a votar, el restablecimiento de la acción afirmativa y el fin del “camino de escuela a prisión”, así como el encarcelamiento masivo. No obstante, el movimiento aún debe reconocer el capitalismo estadounidense como el vínculo que conecta el racismo estructural, el sexismo, la homofobia, la xenofobia, etc., en nuestro país y en el resto del mundo.
Puede ser posible “eliminar el financiamiento de la policía”, si lo que se quiere decir es recortar el presupuesto de la policía y asignar parte de ese dinero a los servicios sociales. Es posible lograr un nivel modesto de control comunitario de la policía a través de concejos de revisión civiles electas e independientes. Tal vez se pueda presionar al Congreso para que apruebe una prohibición de asfixia a nivel nacional en este momento debido al asesinato de Floyd. (Reglas como esta se han instituido a nivel local en el pasado y luego se han ignorado). Es posible que se pueda obtener la aprobación para recortar la cantidad de equipo militar excedente que se envía a las fuerzas policiales locales bajo varios programas federales (esos programas deberían incluir el requisito de usar dicho equipo, ¡al menos una vez al año para poder mantenerlo!). También podría establecerse una base de datos nacional de agentes agresivos y el fin de la inmunidad calificada, doctrina que impide responsabilizar a los policías en ciertos casos de brutalidad.
Sin embargo, la aplicación estricta de estas reformas, en caso de que de alguna manera fueran aprobadas, es difícil de imaginar bajo el sistema político y económico actual, el cual no satisface las necesidades básicas del pueblo. La realidad es que la inestabilidad y la rebelión están creciendo aquí y en todo el mundo, y que la función básica de la policía es ser la vanguardia de defensa del capitalismo contra las masas.
Un aparato represivo es absolutamente esencial para mantener el orden capitalista y el gobierno de una diminuta clase dominante sobre la sufrida mayoría de la clase trabajadora de todas las razas y condiciones. La amenaza para la clase capitalista gobernante es demasiado grande como para que ésta desmantele el poder policial del estado.
Una lucha internacional fundamental
Hoy se habla de “reinventar la policía”, pero a pesar de lo que las personas oprimidas puedan imaginar para mantener a las comunidades seguras, uno tiene que darse cuenta de que la seguridad de la comunidad no es el propósito de la policía bajo este sistema.
La vigilancia capitalista tiene como propósito proteger la propiedad, expandir los mercados y mantener seguros a los ultra-ricos, en todas partes y en todos los países. Y si eso significa encarcelar a millones de personas y matar a otros para mantener una fuerza de trabajo barata y obediente, que así sea.
El capitalismo y la policía están confabulados en un sistema de distribución desigual de la riqueza, lo cual crea escasez para gran parte de la población mundial, y la incesante competencia que es inherente al sistema de lucro.
La mayor fuerza policial internacional es el ejército de los EE. UU., cuyo trabajo es mantener la estabilidad y las altas ganancias en todo el mundo, hecho que coloca a la lucha negra contra el abuso por parte de las fuerzas del orden en la agenda mundial.
La lucha de hoy es revolucionaria e internacional. No podemos poner fin a la militarización de la policía de los Estados Unidos sin poner fin a la militarización del mundo por parte de Estados Unidos. No podemos acabar con el racismo institucionalizado sin eliminar al capitalismo, sistema que surgió de la riqueza creada por un acaparamiento de tierras indígenas y por la esclavización del trabajo negro. Podemos y debemos luchar por reformas de supervivencia, pero estas siempre serán transitorias y sufrirán un ataque constante hasta el día en que la clase trabajadora internacional esté en el asiento del conductor.
La lucha de Black Lives Matter en 2020 está acelerando la llegada de ese día.
Fuente: socialism.com
Estados Unidos
Autoridades de Wisconsin culparon falsamente a trabajador inmigrante en una granja lechera por no saber inglés

Investigación de ProPublica demuestra cómo las barreras del idioma contribuyeron a que las autoridades culparan erróneamente al inmigrante
Por Melissa Sánchez y Maryam Jameel
Funcionarios estatales y locales en Wisconsin dijeron que estaban horrorizados al enterarse de las condiciones que en 2019 condujeron a la muerte de un niño nicaragüense de 8 años en una granja lechera, así como la investigación policial defectuosa que siguió. Ahora dicen que quieren abordar algunos de los temas destacados por una investigación de ProPublica, publicada el mes pasado, sobre la muerte de Jefferson Rodríguez.
“Lo que sucedió nunca debería haber sucedido”, dijo la representante estatal Sylvia Ortiz-Velez, una demócrata de Milwaukee cuya familia materna laboró como trabajadores agrícolas migrantes en Wisconsin en la década de 1960.
Jefferson fue atropellado una noche de verano de 2019 por un trabajador que operaba un minicargador en una granja en el condado rural Dane, aproximadamente media hora al norte de Madison, la capital del estado. Era el primer día de trabajo del obrero y nos dijo que había recibido solo algunas horas de capacitación. Nuestra investigación mostró cómo las autoridades que investigaron la muerte de Jefferson concluyeron erróneamente que su padre lo había atropellado.
La falla se debió en gran medida a la barrera del idioma entre José María Rodríguez Uriarte, el padre del niño, y la agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Dane que lo entrevistó. Rodríguez no habla inglés; la agente se consideró versada en español, pero no con dominio del idioma. Cuando entrevistamos a la agente, supimos que cuando le preguntó a Rodríguez en español sobre lo que sucedió, sus palabras no significaban lo que ella pensaba y probablemente resultarían confusas para un hispanohablante.
La muerte de Jefferson fue catalogada como un accidente. Nadie fue acusado penalmente.
“Ser versado en una crisis no es suficiente”, dijo Dana Pellebon, miembro de la Junta de Supervisores del Condado Dane. “Desafortunadamente, hasta que ocurre una situación como esta, a veces no vemos las brechas en el servicio”.
Pellebon y varios otros supervisores dijeron a ProPublica que estaban buscando medidas que pudieran mejorar el acceso al idioma para las personas que no hablan inglés y que interactúan con la oficina del sheriff. Según estimaciones del censo de EEUU, más del 10% de los residentes del Condado Dane hablan en casa un idioma distinto al inglés.
“El tema de las barreras del idioma para que las personas ejerzan y hagan valer sus derechos, desde la aplicación de la ley hasta los servicios humanos y nuestro sistema judicial, está muy extendido”, dijo Heidi Wegleitner, supervisora del condado. “Realmente debe haber un examen exhaustivo de estas barreras en todo el condado, porque no es justo”.
La Junta de Supervisores establece el presupuesto y puede hacer recomendaciones a la oficina del sheriff. Pero tiene una capacidad limitada para establecer políticas.
En un comunicado, una portavoz de la oficina del sheriff dijo que la agencia cuenta con un personal calificado y diverso que está equipado con las herramientas que necesita, incluido el «acceso sin restricciones» a los servicios de traducción de idiomas. El departamento “siempre está buscando formas de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad, que incluyen la evaluación de las prácticas actuales y la consideración de las recomendaciones recibidas”, dijo la vocera.
A nivel estatal, Ortiz-Velez hizo referencia a un proyecto de ley que permitiría a los beneficiarios de DACA convertirse en agentes de policía o ayudantes del sheriff. (La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA por sus siglas en inglés, es un programa federal que brinda protección temporal contra la deportación a algunos indocumentados que llegaron a EEUU cuando eran niños). Actualmente, sólo los ciudadanos estadounidenses pueden trabajar como oficiales de policía o ayudantes del sheriff en Wisconsin. “Para nosotros, tener oficiales que hablen con fluidez, que hayan nacido en otros países y puedan hablar el idioma, creo que podría ser de gran ayuda”, dijo Ortiz-Velez.
Nuestra historia sobre la muerte de Jefferson es la primera de nuestra serie Peligro en las granjas, que tiene como objetivo explorar las condiciones laborales, de vivienda y otras condiciones para los trabajadores inmigrantes en las granjas lecheras en Wisconsin y en todo el Medio Oeste. Les presentamos tres conclusiones de nuestros esfuerzos informativos hasta el momento:
1. En todo Wisconsin, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se enfrentan a barreras idiomáticas cuando responden a incidentes en las granjas lecheras.
Según la Ley de Derechos Civiles, las agencias que reciben fondos federales deben garantizar que sus servicios sean accesibles para las personas que hablan un inglés limitado. El Departamento de Justicia, que hace casi dos décadas redactó directrices para los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre este tema, ocasionalmente investiga a los departamentos que no cumplen con este requisito.
El año pasado comenzamos a solicitar registros de las respuestas de las agencias de policía a incidentes que van desde lesiones relacionadas con el trabajo hasta agresiones en granjas lecheras en todo Wisconsin. Lo que esos registros nos muestran es que los funcionarios rutinariamente encuentran barreras del idioma cuando interactúan con los trabajadores de esas granjas. Con frecuencia confían en los supervisores o empleados de la finca para que sirvan como intérpretes; a veces recurren al traductor de Google o a los niños.
La Oficina del Sheriff del Condado de Dane no tiene una política escrita sobre cómo deben responder los agentes a los incidentes que involucran a personas que no hablan inglés, o cuándo llamar a un intérprete. El departamento no evalúa las habilidades lingüísticas de los empleados, sino que ellos mismos informan sobre su competencia. Pero como práctica general, los funcionarios del departamento han dicho que cuando los agentes necesitan comunicarse con los residentes que hablan un idioma que no sea inglés, se supone que deben hacer una llamada para preguntar si alguno de sus colegas habla ese idioma y, si no hay ninguno disponible, piden ayuda a otras agencias cercanas.
2. Es un secreto a voces que la industria láctea de Wisconsin depende de la mano de obra indocumentada.
Debido a que los trabajadores son indocumentados, a menudo les resulta más difícil hablar sobre condiciones injustas o inseguras.
Rodríguez y su hijo emigraron a Estados Unidos desde Nicaragua a principios de 2019 en busca de oportunidades económicas. Como solicitante de asilo, Rodríguez no tenía permiso de trabajo. Usó papeles falsos para conseguir un trabajo en D&K Dairy. (En una declaración, el dueño de la finca dijo que no estaba al tanto del estatus migratorio de Rodríguez).
Rodríguez ganaba $9.50 la hora y, como otros obreros, trabajaba habitualmente de 70 a 80 horas a la semana. El trabajo agrícola está excluido de muchas de las protecciones laborales de Estados Unidos, por lo que no había pago de horas extras por trabajar más de 40 horas. Al igual que muchas granjas lecheras de Wisconsin, D&K Dairy proporcionó alojamiento gratuito. Pero la vivienda que ocuparon Rodríguez y su hijo no fue en una casa; vivían en un apartamento en la parte superior de la sala de ordeño, el establo donde día y noche llevaban a cientos de vacas para ser ordeñadas por maquinaria pesada y ruidosa.
Durante años, la industria láctea, quejándose de la escasez de mano de obra, ha cabildeado sin éxito para acceder al programa federal de trabajadores invitados H-2A, que permite a los empleadores traer temporalmente trabajadores extranjeros cuando no pueden encontrar obreros locales. Actualmente, el programa se limita al trabajo agrícola estacional; la industria láctea es un trabajo de todo el año.
Quienes critican el programa de trabajadores invitados aseguran que se presta al abuso y la explotación, ya que la capacidad de los inmigrantes para permanecer en EEUU está ligada a un solo empleador, lo que ha dado lugar a varios casos importantes de trabajo forzado, robo de salarios, viviendas deficientes y altos costos de contratación, entre otros problemas.
3. Las granjas pequeñas no siempre reciben una inspección de seguridad después de una muerte o lesión.
Cuando Jefferson murió, una investigadora de la Oficina del Médico Forense del Condado Dane alertó a la Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacional, que es responsable de la seguridad en el lugar de trabajo. Pero OSHA no investigó porque el niño no era un empleado.
Incluso cuando los trabajadores mueren o se lesionan en granjas pequeñas, la capacidad de respuesta de OSHA es limitada. Las granjas con menos de 11 trabajadores a menudo están exentas de supervisión. (Algunos estados con sus propios planes OSHA hacen más, pero Wisconsin no es uno de ellos). Y la agencia federal tiene pocas normas de seguridad para los sitios de trabajo agrícola.
En años recientes, los intentos de inspección de OSHA fueron inferiores a una docena cada año de las miles de granjas lecheras en Wisconsin. El año en que murió Jefferson, seis de las nueve inspecciones que OSHA inició terminaron por no llevarse a cabo porque las granjas eran demasiado pequeñas para estar bajo la jurisdicción de la agencia; tres de esas seis inspecciones involucraron muertes.
“Las operaciones lácteas en estos días son básicamente grandes fábricas”, dijo Michael Engelberger, supervisor del Condado Dane. “No deberían estar exentos de ninguna regulación de OSHA o leyes laborales agrícolas especiales. Para mí eso está mal”.
Wegleitner dijo que espera convocar a un grupo de supervisores, defensores de la comunidad, personal del condado y otros para hablar sobre los pasos a seguir en las próximas semanas.
“El acceso al idioma es sólo una parte”, dijo. “Tenemos viviendas inseguras, falta de inspecciones y supervisión, y todas esas cosas pueden no ser asuntos que el condado pueda legislar. Pero si estamos hablando y propugnando con los legisladores y grupos estatales y federales, y trabajando en coalición, creo que esto debe abordarse en múltiples niveles”.
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Fuente: propublica.org
Estados Unidos
Biden promueve Cumbre por la Democracia con invitaciones a 120 mandatarios del mundo

Se extiende invitación a ocho países que no fueron ausentes en la cumbre de 2021
Por Aamer Madhani /AP
El gobierno de Estados Unidos ha enviado invitaciones a 120 dirigentes de diversas partes del mundo para la Cumbre por la Democracia de la próxima semana, incluidos representantes de ocho países que no fueron invitados a la cumbre inaugural de la Casa Blanca en 2021.
Ello de acuerdo con un funcionario de alto rango del gobierno que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las invitaciones que aún no se han hecho públicas. Bosnia y Herzegovina, Gambia, Honduras, Costa de Marfil, Liechtenstein, Mauritania, Mozambique y Tanzania recibieron invitaciones para la cumbre de este año después de haber quedado fuera de la lista de invitados a la reunión de 2021.
La cumbre de este año se celebrará el miércoles y el jueves de la próxima semana. Estará copatrocinada por los gobiernos de Costa Rica, Holanda, Corea del Sur y Zambia. El primer día de la cumbre tendrá un formato virtual y le seguirán reuniones híbridas en cada uno de los países anfitriones en las que participarán representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado.
Está previsto que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, participe el martes en un acto previo a la cumbre enfocado en Ucrania con el secretario de Estado Antony Blinken.
El mundo ha experimentado grandes cambios desde la cumbre de diciembre de 2021, luego de que los países emergieron de la pandemia de coronavirus y en medio de la invasión rusa a Ucrania.
Leer más: Control de daños y diplomacia provinciana – (losangelespress.org)
Según funcionarios de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden tratará de defender que los acontecimientos del último año han dejado claro que un gobierno democrático basado en el Estado de derecho y la voluntad de los gobernados sigue siendo el mejor sistema para promover la prosperidad y la paz, a pesar de sus frecuentes desórdenes.
Biden propuso inicialmente la idea de una cumbre sobre la democracia durante su campaña presidencial de 2020 y ha defendido en repetidas ocasiones que Estados Unidos y aliados afines necesitan mostrar al mundo que las democracias son un mejor vehículo para las sociedades que las autocracias.
Información: The Asociated Press
Estados Unidos
En juicio, Criterios de Fianza de Emergencia para delitos menores en Los Ángeles

Los fallos del juez Riff tendrán importantes consecuencias para la ciudad
Por Rodolfo Soriano Nuñez
Mañana, miércoles 22 de marzo, el juez Lawrence Riff decidirá una serie de casos con consecuencias inmediatas para la manera en que se establecen las fianzas por delitos menores en el condado de Los Ángeles, California. Uno de los posibles resultados de los fallos que el juez Riff emitirá es el regreso de los Criterios de Fianza de Emergencia (Emergency Bail Schedule), por los que para faltas y delitos menores (misdemeanors y low-level felony offenses), se fijan fianzas equivalentes a cero dólares.
El condado de Los Ángeles cuenta con el sistema carcelario más poblado de todo Estados Unidos y se caracteriza por sus condiciones marcadamente injustas e inhumanas. La Cárcel Central de Hombres, Men’s Central Jail, llega a encarcelar hasta 17 mil personas. Este sistema carcelario, además, está marcado por notables injusticias basadas en la raza y el ingreso de los arrestados.

Entrada de la MCJ en Los Ángeles. De la cronología en Twitter de @LApubdefunion
Los afroamericanos, además de los latinos e hispanos están marcadamente sobrerepresentados en las cárceles. En la MCJ, el 21 de marzo de 2023, estaban encarceladas un total de 14 mil 25 personas. De ellas, siete mil 657, poco más del 50 por ciento, eran latinas o hispanas, además de que poco más de cuatro mil se identificaban como afrodescendientes, poco menos de un tercio del total. Ello contrasta con el hecho que, de acuerdo a los datos de la Oficina del Censo, 70 por ciento de la población en el condado se identifica como blanca o caucásica, 49 por ciento lo hace como latina o hispana y sólo el nueve por ciento se ve a sí misma como afrodescendiente.
Lo que es peor, casi la mitad de las 14 mil personas en la tercera semana de marzo de 2023 en la MCJ están ahí en la etapa llamada de “pre-juicio”, es decir, los preparativos antes de que su caso sea resuelto por un juez y/o jurado. Además, siete de cada diez personas en la MCJ están ahí porque no cuentan con los recursos para poder pagar una fianza.
El 14 de noviembre de 2022, seis reclusos y la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (Clergy and Laity United for Economic Justice, CLUE), presentaron una demanda que cuestiona los criterios por los que establecen las fianzas luego de que se desahoga la etapa de la audiencia de arraigo. Esos criterios son especialmente dañinos para las personas pobres, los afrodescendientes y los latinos e hispanos, pues esas audiencias de arraigo ocurren entre dos y hasta cinco días después del arresto. La gran mayoría de las personas bajo arresto, además, no pueden recibir la ayuda de un abogado o hablar con un juez hasta que se les presenta para esa audiencia de arraigo. Sólo quienes pueden contratar los servicios de un abogado privado pueden consultarlo. Quienes dependen de los abogados de oficio (Public Defenders), no.
Lo que resulta de ese modelo es que se encarcela a las personas que no pueden pagar un abogado privado o no tienen el dinero o las propiedades para pagar una fianza. Ello hace que la población en las cárceles crezca sin límite. El propio condado de Los Ángeles lo admitió cuando respondió a un señalamiento de la American Civil Liberties Union, ACLU, como parte del caso Rutherford vs. Luna, caso que actualmente se encuentra en la etapa de litigio, pero del que es posible derivar conclusiones importantes.
Entre las más notables, Leslie Bailey, la directora del proyecto Justicia Pública para los Deudores de las Prisiones, Public Justice Debtors’ Prison, que forma parte del equipo que litiga los casos que el juez Riff decidirá mañana señala, en este sentido, que “la política del condado de Los Ángeles de encarcelar personas porque no pueden pagar una fianza, no sólo es inconstitucional. Es devastadora para las personas, para sus familias y sus comunidades. Nadie debería sufrir las condiciones inhumanas que existen en las cárceles o perder su empleo o su patrimonio porque no pueden comprar su libertad.
Ello es más importante pues, como ella misma explica, “las fianzas en efectivo no reducen los índices de crímenes ni ofrecen alguna garantía de seguridad”. Y concluye: “los angelinos merecen algo mejor que esto y seguiremos apoyando a nuestros valientes clientes en su lucha por un sistema justo, uno en el que el derecho fundamental a la libertad no dependa del tamaño de la cuenta de banco”.
Salil Dudany, abogado y miembro del equipo que litiga algunos de los casos que resolverá mañana 22 de marzo el juez Riff, hace ver que existen mejores soluciones al problema de la seguridad pública: “el condado de Los Ángeles sabe, gracias a sus propios datos, que los Criterios de Fianza de Emergencia, aprobados al inicio de la pandemia fueron un éxito. La severa sobrepoblación y las condiciones inhumanas que existen en las cárceles del condado son también una crisis de derechos humanos y reformar los criterios para establecer las fianzas es fundamental para resolver el problema».
Dudany se dice confiado en que «los líderes de la ciudad de Los Ángeles darán respuesta a este problema de las políticas sin sentido de fianzas e inviertan en alternativas que la ciudad necesita desesperadamente para encontrar una solución que de verdad ofrezca seguridad pública a las comunidades».
El pastor metodista Gary Williams, que además de promover estas reformas ha sido afectado por las políticas de fianzas, hace ver que encerrar a miles de personas porque no tienen dinero es absurdo e injusto y destaca la oportunidad que tiene el sistema judicial en Los Ángeles para resolver el problema.
Como señala el Vera Institute of Justice en uno de sus documentos de trabajo, la evidencia está ahí: «luego de décadas de lucha de distintas organizaciones sociales, la Junta de Supervisores (Board of Supervisors) del condado se comprometió a realizar cambios y a disminuir el uso del encarcelamiento mediante una estrategia de apoyo primero. Cuando comenzó la pandemia del COVID-19, la población encarcelada se redujo en un 30 por ciento, inspirando aún más interés de la Junta de Supervisores en reducir el número de personas en la cárcel y cerrar la MCJ».
El jueves 23 de marzo, una vez que se conozcan los fallos del juez Riff, la Coalición por la Justicia en Los Ángeles (JusticeLA Coalition), el Civil Right Corps y Public Justice, ofrecerán una conferencia de prensa en la que, además de discutir los resultados darán cuenta de los siguientes pasos en este proceso.
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