Mexico violento
El Acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia ambiental amenazado por megaproyectos de AMLO

Por Emilio Godoy
MÉXICO – En la zona del municipio de Papantla, en el sudoriental estado mexicano de Veracruz, la no gubernamental Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason) trabaja con comunidades locales en el fortalecimiento organizativo, capacidad de incidencia en políticas y estrategias de litigio.
“Es importante que pueda existir esa participación con organizaciones que tienen trabajo a nivel nacional y una capacidad de incidencia no solo en lo jurídico. Tienen la capacidad para iniciar amparos. Así se ha logrado frenar proyectos mineros, por ejemplo”, dijo desde Papantla, la coordinadora de Corason, Alejandra Jiménez.
En ello consiste la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, entre asociaciones basadas en los territorios y otras de alcance nacional.
Desde su surgimiento en 2015, Corason ha acompañado a organizaciones locales en su lucha contra el uso de la explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking), técnica muy contaminante que requiere de grandes volúmenes de agua y químicos, en Veracruz y Puebla, así como minería e hidroeléctricas en este último estado.
Casos como el de Corason abundan en México, como a lo largo de América Latina, en una región especialmente riesgosa para los defensores del territorio.
Activistas coincidieron en los desafíos que conlleva la aplicación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, proyectado como una herramienta para mitigar los peligros para los defensores de los territorios.
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Ahora, un caso que está desde agosto de 2021 está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, aborda la facultad de las organizaciones para manifestar su disconformidad ante decisiones ambientales y va a perfilar el futuro del activismo ambiental en este país latinoamericano, de unos 130 millones de personas, y de la aplicación del Acuerdo de Escazú.
Su origen radica en dos fallos opuestos de tribunales colegiados mexicanos de 2019 y 2020, en que uno reconoció la facultad de las organizaciones y el otro rechazó esa posibilidad, por lo que la SCJN pasó a dirimir lo que se define como contradicción de criterios.
Primero en agosto último y después el 25 de enero, la SCJN pospuso la resolución del caso, que encierra riesgos legales para los megaproyectos que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, defensor de la industria fósil.
Gustavo Ampugnani, director general de Greenpeace México, consideró el caso una alerta ante el Acuerdo de Escazú y que no debería representar un retroceso para la defensa del ambiente.
“La trascendencia radica en los riesgos que supone una decisión equivocada de la Corte de cómo resolver esta contradicción de criterios existente. Si la Corte resuelve que la constitución legal de una organización ambientalista no es suficiente y que se requieren otros elementos, sería una limitante para la participación ciudadana y el acceso a la justicia”, dijo.
Los ambientalistas esperan a su Godot particular en forma del novel acuerdo, al que aún no pertenecen Brasil y Costa Rica, para mejorar su protección.
El tratado, en vigor desde abril de 2021 y que toma su nombre de la ciudad costarricense donde se convino, garantiza el acceso a la información y a la justicia ambientales, así como la participación pública en la toma de decisiones ambientales. En ese sentido, el tratado estipula la protección de las personas defensoras del territorio.
“Si la Corte resuelve que la constitución legal de una organización ambientalista no es suficiente y que se requieren otros elementos, sería una limitante para la participación ciudadana y el acceso a la justicia”: Gustavo Ampugnani.
La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores (SRE), el punto focal de México ante el acuerdo, ya identificó una ruta legislativa para reformar leyes que posibiliten su aplicación y promueve la integración de un grupo multisectorial con ese mismo propósito.
El aire de Escazú se ha enrarecido debido a los constantes ataques de López Obrador contra las personas defensoras, a quienes tacha de “seudoambientalistas” y “conservadores”, por criticar sus políticas, que califican de antiambientales y extractivistas.
Por ello, un grupo de organizaciones y activistas pidieron en una carta al SRE, difundida este martes 2 de febrero, detalles de los avances en la formación de mesas interinstitucionales, selección de indicadores, creación de mecanismos de protección y capacitación de funcionarios, incluyendo tribunales, así como la demanda de transparencia, inclusión y equidad en el proceso.
Entre disputas
Los activistas ya avizoran la ruta si del seno de la SCJN brota un “no”: acudir al mecanismo de resolución de controversias del Acuerdo de Escazú, aunque el hecho es que aún los países no lo han diseñado.
“Consideraríamos acudir al tratado para resolver el tema. El activismo ambiental es altamente peligroso. Pero eso no debe dejar de lado el derecho de las organizaciones de intervenir en las decisiones. Hay que darle herramientas a los activistas y las organizaciones para que utilicen los acuerdos regionales, porque es gravísimo lo que pasa en el país”, previó Ampugnani, de Greenpeace.
En la línea de la difusión del acuerdo trabaja la organización de Castillo. “Si no se sabe que existe y que están obligados a cumplirlo, ¿cómo le hacemos? Aún hay procesos informativos en los que aún no está el reclamo de su aplicación. Hay que exigir su cumplimiento. Hay condiciones para aplicar el acuerdo. Pero necesitamos la voluntad política para cumplirlo y su difusión”, analizó.
Justicia pendiente: Asesinan al ambientalista José Luis Álvarez en Chiapas – (losangelespress.org)
Alejandra Jiménez, de Corason, cuestionó la actualidad del tratado. “Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido. Y ni digamos de acceso a la información, incluso hay retrocesos. Hay un ambiente que obstaculiza muchísimo”, criticó.
En su opinión, a los gobiernos no les conviene la aplicación del acuerdo, porque obliga a que en temas ambientales haya participación, información y protección.
En marzo de 2022 tuvo lugar la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú que se centró en sus temas operativos y otros que los países deberán dilucidar en los próximos dos años, hasta la próxima cumbre de 2024.
Aún sin fecha de debate de la demanda, la SCJN baila entre irritar al gobierno si favorece a las organizaciones ambientalistas u obstaculizar el respeto al acuerdo. Por ahora, el tratado está lejos de tierra, tanto como Ciudad de México de Escazú: unos 1 925 kilómetros.
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Fuente: ipsnoticias.net
Mexico violento
Incendio en oficinas de Migración de Ciudad Juárez, donde fallecieron 39 personas, ‘fue avivado con un solvente’

Diarios locales señalan que el incendio pudo ser intencional, al arrojar un solvente, mientras los migrantes protestaban por el maltrato de los agentes del INM
Redacción
CIUDAD JUÁREZ.- Un incendio por la noche en el Centro Migrante de Ciudad Juárez terminó con la vida de 39 personas al fallecer calcinadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, mientras protestaban por los malos tratos de los servidores públicos.
De las víctimas del siniestro, 37 fueron hallados sin vida dentro de las oficinas del INM y 31 lesionados. Más tarde se dio a conocer que otras dos personas habían fallecido dentro del Hospital General.
No se ha informado aún si había niños en el lugar. Tampoco se conoce la causa real del incendio, aunque la versión del diario Reforma señala que el incendio fue poco después de que un grupo de migrantes, la mayoría de Venezuela, protestaban ante los empleados del INM por el maltrato de los agentes. En medio de las protestas, comenzó el incendio en el área de los baños, en un área reservada para hombres. El fuego habría sido avivado por un solvente, se apunta en el diario.
Según la información de los diarios locales de Juárez, los bomberos tardaron en llegar unos quince minutos, y los migrantes quedaron atrapados en la conflagración. Cuando lograron sofocar el incendio, empezaron a sacar decenas de cuerpos que fueron colocados en la zona exterior del Instituto Nacional de Migración.
Ciudad Juárez ya había sido sede de tensión por las protestas de migrantes, principalmente venezolanos, que habían sido reprimidos por la Policía municipal debido a motines e incendios de sus carpas montadas cerca de la línea fronteriza con El Paso, Texas. En esa ocasión se resistían a ser ubicados dentro de albergues, mientras estaban en espera de poder cruzar hacia Estados Unidos.
Justicia pendiente
Lizbeth Victoria Huerta, a dos años de su crimen contra la activista británica, podría quedar en libertad

Jueza María Teresa Quevedo Sánchez modificó sentencias y cargos de todos los implicados
Por Miguel Montesinos León
Ayer 26 de marzo se cumplieron dos años de la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Un crimen ordenado por la entonces presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, del gobierno de la 4T, que podría quedar en impunidad, por la protección de MORENA, que se observó desde el momento que se cometió el crimen.
El entonces senador por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ahora gobernador del estado, trató de proteger desde el senado mexicano a Lisbeth Victoria Huerta, a quien se le veía como su pupila, aunque no pudo evitar fuera detenida y encarcelada con los servidores públicos que actuaron en complicidad con ella.
A tan solo 15 días de asumir el cargo como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara pretendió que fuera liberada la expresidente municipal de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, pese a la sentencia como autora intelectual de la desaparición forzada y asesinato de la activista británica Claudia Uruchurtu Cruz. Para ello, Jara Cruz contó con la colaboración de la juez de control Meria Teresa Quevedo Sánchez con sede en Huajuapan de León.
Al modificar las sentencias a la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, la jueza Quevedo Sánchez también modificó los cargos desaparición forzada y homicidio a «entorpecer búsqueda de persona», y le redujo la pena a cuatro años dos meses de prisión, por lo que Victoria Huerta podría quedar en libertad en poco tiempo, e incluso se cree que podría también ejercer cargos en la administración pública al amparo y protección de Salomón Jara Cruz.
Demanda en el olvido
El 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz se encontraba en la Ciudad de México pidiendo justicia por la corrupción de la presidente municipal. De inmediato, viajó a Nochixtlán en apoyo a la convocatoria para exigir la atención médica y liberar a Alfonso Avendaño, detenido y golpeado por la policía bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta y el fiscal en jefe adscrito al Distrito de Nochixtlán Rey Velasco Carranza.
La demanda de justicia que hacía la activista, quedó en el olvido. También se encuentra en el limbo de la justicia en la Fiscalía Anticorrupción, de Oaxaca donde su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez dice que no existe ningún avance en la carpeta de investigación.
Con esta negativa a concluir la carpeta de investigación iniciada por Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, policías municipales y ministerio público, la justicia en Oaxaca seguirá pendiente.
Investigaciones
Más de 30 millones de mexicanos trabajan sin beneficios laborales, pese a disminución de desempleo

La informalidad laboral en mujeres, con índices más altos que los hombres
Por Katiuska Serrano y Melisa Murialdo
Lograr tener un trabajo estable y solvente, en donde se puedan recibir todos los beneficios de la ley, es una realidad con la que no cuenta todo el mundo. En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen 31.8 millones de personas trabajando en la informalidad.
Esta cifra, actualizada en diciembre del año pasado, corresponde al 55.9% del total de los empleos. Si bien se debe destacar que este número representó una reducción anual de 1,6%, la situación no deja de ser preocupante, pues son muchos los trabajadores que no tienen la posibilidad de tener acceso a:
- seguridad social
- prestaciones de ley
- incluso créditos o préstamos para la vivienda
- entre otros derechos
A partir del 1 de enero de este año, entró en vigor el decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se amplían los días de vacaciones de 6 a 12, luego del primer año de trabajo, así como el aumento de dos días por cada año adicional.
Sin embargo, los trabajadores del sector informal no pueden gozar de esta medida, ya que la norma establece que solo será aplicable a los contratos individuales o colectivos, situación con la que no cuentan los individuos que carecen de un trabajo formal. En estos casos, normalmente, se deben llegar a acuerdos con sus respectivos patrones.
El desempleo disminuye, la informalidad continúa
Para el INEGI, se considera a la población ocupada en la informalidad:
- “a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan,
- así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo”.
En este sentido, también destacan a quienes laboran en micronegocios no registrados y otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia y quienes trabajan sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.
En el país, según el ente, la tasa de informalidad en las mujeres sigue registrando porcentajes más altos que en los hombres, siendo de 56% y 54.1%, respectivamente.
Respecto a la tasa de desempleo, la encuesta del INEGI mostró una disminución del 3,5% respecto a diciembre de 2021 y se posicionó en 2,8% – 1,6 millones de personas – de la población económicamente activa (PEA), la cual al cierre de 2002 fue de 59,6 millones de personas.
Sólo 4 de cada 10 mexicanos laboran en el sector formal
En base a las cifras de la Población Económicamente Activa, 57,9 millones de individuos estuvieron ocupados durante diciembre, es decir, que se sumaron 1 millón más que en el mismo periodo del año anterior. En tanto, las personas subocupadas – aquellas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas – fueron 4,2 millones, un 7,3 % de la población ocupada.
Por su parte, 25,3 millones de trabajadores (43,7%) están ocupados en el sector formal. En detalle:
- 11 millones realizan actividades en la industria del comercio;
- 9,5 millones en las manufacturas,
- 6,7 millones en labores agropecuarias y
- 4,6 millones en construcción.
- mientras que, en las áreas de minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvieron ocupadas el 0,7 % de la población, o sea, 409 mil personas
Efectos en la economía y estimaciones internacionales
En el 2021, el Banco de México realizó un estudio en el que determinó el impacto de la formalidad sobre el PIB per cápita en las diferentes regiones de México. En este contexto, afirmó que, si no existiera informalidad laboral, el PIB per cápita sería 19.6% más alto en la región norte del país; 28.4%, en el centro norte; 27.2% en el centro y 31.5% en el sur,
No obstante, las últimas cifras de empleo, a su vez, han ido mejorando de a poco la economía en la nación, debido que el Producto Interno Bruto creció de julio a septiembre un 0.9 % trimestral y un 4.3 % interanual, acumulando un alza de 2.9% en los primeros tres trimestres de 2022.
Además, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estima que el crecimiento económico para México este 2023 aumentará de 1.5% a 1.6% y para el 2024 estaría por encima del 2%. Aunque, para que esto sea así, indican que es fundamental implementar medidas dirigidas a:
- que haya más participación de las mujeres en el mercado laboral,
- que se pueda reducir la informalidad y
- a que se mejore la calidad de la educación
En el caso de las expectativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el panorama es otro, pues prevé un crecimiento de 1.1% en el 2023, lo que implicaría una contundente desaceleración para el país. Por ello, el organismo insiste en que se trabaje temas como
- la desigualdad,
- el rezago educativo y
- la falta de inversiones
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entretanto, anunció que el empleo en Latinoamérica crecerá solo 0,9 % en 2023, lo que representaría 2,9 millones nuevos puestos de trabajo.
A su vez, para este año, también prevé un ligero aumento del desempleo a escala mundial de 3 millones de personas aproximadamente, de esta manera, se alcanzaría los 208 millones de ciudadanos sin trabajo.
Finalmente, sobre la informalidad, la OIT la sitúa en 53,7 %, un alza que según el ente es parte de las consecuencias de la pandemia.
Ante esta realidad, si hay algo en que coinciden los organismos internacionales, es en el daño que hace la informalidad no solo a los trabajadores que deben renunciar a recibir derechos laborales, sino también a los propios países, que deben afrontar tener un ingreso per cápita más bajo o una mayor pobreza y desigualdad. Por esto, y mucho más, es importante llevar a cabo políticas que busquen acabar con esta problemática y generen mayor estabilidad económica tanto a la población, como a la nación.
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