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El abominable asesinato de Ingrid Escamilla

Un nuevo feminicidio cimbra la consciencia en CDMX, el de Ingrid Escamilla

Alberto Farfán

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Enrique Domínguez Gutiérrez

Ni la letrina más asquerosa que hayamos visto en nuestra vida merece la deposición de un individuo que asesina a sangre fría y comete un acto tan repulsivo como asesinar a su mujer a puñaladas y desollarla. Una realidad en el que una vez más otra joven mujer es víctima por parte de su pareja, un energúmeno, loco, sádico y desquiciado personaje.

El 8 de febrero, Ingrid Escamilla, de 25 años, fue privada de su vida por su propio esposo de la manera más artera y vil que se tenga memoria en los últimos años. Apuñalada, desollada, desmembrada. Una gran consternación e indignación en muchos ámbitos de la sociedad mexicana se manifiestan y piden castigo a Eric Francisco Robledo Rosas, aunque, sea cual fuere la justicia aplicada, nada reparará el daño acontecido tanto para la víctima como para sus familiares.

El problema es muy serio y merece gran notoriedad por tratarse nuevamente de un acto misógino, pues un crimen así no tiene por qué volver a ocurrir. No se trata solo de Ingrid, hay cientos de mujeres que son asesinadas años tras año por el hecho de ser mujeres. Algo que nos debe llevar a plantearnos el papel que tenemos en esta sociedad.

Es de ofrecer una disculpa post mortem a las víctimas por parte de una sociedad que no ha sido capaz de frenar esta situación tan dolorosa que deja a las mujeres viviendo en un mundo de terror e incertidumbre, al tener que cuidarse en todo momento de la violencia, atacantes, violadores y en el peor de los casos; carniceros deshumanizados.

Desollar, desmembrar, descuartizar, arrojar las vísceras por el drenaje y odiar de esa manera no es concebible y resulta increíble en un mundo aparentemente civilizado donde el infierno está más cerca de lo que imaginamos o simplemente estamos inmersos ya en él.

Existe aún el prejuicio y el machismo latente que se mantiene en la sangre como un modo de atentar contra la integridad de una mujer y descargar la ira irracional de psicópatas que no se detienen ante nada. El odio es parte de ellos y establecen como premisa su propio egoísmo para sentirse superiores y enarbolar carencias propias de una mentalidad retrógrada que son desquitadas por decenas de formas en perjuicio de la mujer.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015 se registraron 411 feminicidios, en 2016, 600; en 2017, 736; en 2018, 861 y en 2019, 940, es decir, de 4 años a la fecha el aumento fue del 128 por ciento.

Rabia, encabronamiento e incluso impotencia es un claro ejemplo de justos reclamos para que se tomen acciones inmediatas dejando a un lado la tibieza de las autoridades. Como reacción, la digna manifestación de mujeres tiene que ser mediática.

Es urgente enfocar los reflectores y emprender de inmediato leyes que promuevan la denuncia rápida sin burocratismos ni trabas para la atención efectiva a mujeres que sufren de cualquier tipo de maltrato.

Denunciar y señalar al agresor no es una tarea fácil, sobre todo, si se trata de efectuar dicho trámite en alguna agencia del ministerio público o en una alcaldía. Es necesario que se presenten pruebas físicas de maltrato, en la mayoría de los casos no existe la atención psicológica a la mano y las penurias de una mujer al hacer señalamientos. No es precisamente algo que se caracterice por ser algo sencillo pues la vulnerabilidad, el agobio psicológico y el abatimiento generan la indefensión al aportar datos y sacar a la luz una serie de vejaciones que en ocasiones resultan indignas para la denunciante, ya sea por pena o por temor a actos pendencieros del agresor.

No dejemos que un acto deshumanizado se normalice en nuestras vidas. El juicio ligero a las mujeres que protestan es una mera reacción de insensibilidad. Pero el silencio profundo ante el fenómeno de los feminicidios, es algo que no podemos perdonarnos como sociedad.

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Elecciones México

PRI recupera presencia en Hidalgo y Coahuila

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Por Ignacio García

Tras concluir la jornada electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó presencia en Coahuila e Hidalgo, en donde se renovaron el Congreso local y los ayuntamientos, respectivamente, posicionándose como la principal fuerza política de esas entidades.

En el caso de Coahuila, el PRI ganó los 16 distritos locales electorales en disputa, por lo que recuperará la mayoría del Congreso local para los próximos tres años, ya que en la actualidad sólo tiene diez legisladores, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) sólo cuenta con nueve curules.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se ubicó como la principal fuerza política del país en 2018, no obtuvo ninguna curul, por lo que se ubicó como la segunda fuerza política de Coahuila y desplazó de esos comicios al PAN como el segundo partido con más fuerza.

En el caso de Hidalgo, el PRI también recuperó varios municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Huejutla, por lo que gobernará 32 municipios, superior a los 16 ayuntamientos que administró, mientras que Morena sólo ganó seis ayuntamientos en solitario y cinco demarcaciones más en alianza.

Tanto el PAN como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdieron en los comicios, ya que el blanquiazul pasó de administrar 16 ayuntamientos a sólo cinco, mientras que el sol azteca pasó de 12 a sólo siete demarcaciones de la entidad, por lo que el PRI fue el principal ganador de la contienda.

Aunque Morena se ubicó como la principal fuerza política de México en 2018 ganando todos los distritos electorales federales, en la elección previa a las intermedias el partido guinda perdió presencia en dos estados que históricamente han sido gobernados por el PRI.

 

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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