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Investigaciones

El 2021 en Guaymas y Empalme, Sonora, un año de extrema violencia

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Reportaje: La violencia en Sonora: anatomía de grupos delictivos. Parte 1

La violencia del grupo armado “La Plaza”

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ha puesto atención en la infraestructura y servicios del puerto de Guaymas, Sonora; sin embargo, aún persiste la violencia traducida en el incremento de homicidios dolosos desde 2018 a la fecha en la región. Pero el 2021 ha sido especialmente un año violento para Sonora, y específicamente para Guaymas y Empalme.

Un recuento anatómico sobre la violencia armada en esta zona lleva ineludiblemente al naroctraficante Sajid Emilio Quintero Navidad, alias “El Cadete”, presunto jefe de la plaza del Cártel de los Beltrán Leyva,  quien fue puesto bajo custodia de autoridades estadounidenses cuando intentaba cruzar de Tijuana (México) a San Diego (California) el 11 de octubre de ese año. Primo de Rafael Caro Quintero, se le responsabiliza del tráfico ilegal de toneladas de droga de Sudamérica a Estados Unidos. Aunque primero se manejó la versión de que había sido detenido, pero meses después trascendió en los medios que había establecido un pacto con la Drug Enforcemente Administration (DEA) y actualmente se encuentra en calidad de testigo protegido para el gobierno estadounidense.

Su hermano Juan Pablo Quintero Navidad lo sustituyó en el mando de la organización delictiva, de la mano de su primo “Tony Navidad”. A ambos se les conoce como el control de la zona, y se destaca la crueldad en sus ejecuciones. Ambos, también originarios de Guadalajara, Jalisco, dirigen las operaciones, con Francisco Javier Espinoza Camacho, “El Fino” o “Picipi”, su lugarteniente que está al frente del grupo denominado “La Plaza”, y originario de San Ignacio Río Muerto.

En diversas narcomantas y mensajes, algunas cubriendo cuerpos de ejecutados, se han atribuido la autoría de no pocos asesinatos en el puerto.

En páginas de redes sociales, se ha revelado que Antonio Castro “El Castro” o “Rábano” es el jefe de ejecuciones y trabaja bajo órdenes directas de Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino”, a quien -se sabe- le pagan comisión por cada persona ejecutada. Incluso, se destaca en la información que, al ser su pago por comisión, se ha dedicado a asesinar personas inocentes, que no están involucradas en el trasiego de drogas ni en La Plaza, pero para darle verosimilitud al por qué de estas ejecuciones, los relaciona como miembros rivales de los grupos delictivos o “chapulines”. Crímenes a los que se le suman varios asesinatos de mujeres y niños.

De acuerdo con fuentes reservadas, la estructura económica que sostiene la narco-red, incluye a policías municipales y a oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. La organización “El Peña” es la que los va reclutando y los sostiene en la nómina. El coordinador es un ex policía municipal que se encarga de hacer los arreglos y pagos.

A mediados de este año, se señaló a Francisco Javier Espinoza Camacho, “El Fino”, de la ejecución del policía municipal Remberto Gastélum Barrios, quien era el encargado de cobros a las narco-tienditas de la región y se menciona que lo descubrieron robando dinero producto de las ganancias. No obstante, en agosto de 2020, en el digital La silla rota se difundió un audio de la conversación entre el capitán de Marina Andrés Humberto Cano y el jefe de la Policía de Guaymas, Jesús Eduardo Manjarrez Covarrubias, sobre quiénes integraban la narco-red y a quién tendrían que eliminar para que se pusieran a temblar.

“¿A quién hay que pegarle para que se pongan a temblar estos hijos de la chingada? ¿A quién hay que romperle la madre, agarrarlo, matarlo, o lo que tenga que hacerse para que se haga un desmadre en esa pinche organización?”, pregunta con énfasis el capitán de Marina.

A lo que respondió el jefe policial con el nombre de Remberto Gastélum Barrios. Un día después, fue asesinado por sicarios que le dispararon más de 30 balas. Todo quedó en un ajuste de cuentas, en “una disputa por la plaza”, entre células de grupos como Los Salazar y el cártel de Caborca, pero ninguno de los dos funcionarios de Seguridad, ni Cano ni Manjarrez, fueron investigados por esta conversación previa al asesinato.

Oliver Esquivel Hernández, “El Oliver”, es señalado como jefe de plaza en Empalme y el Valle. A él se le suma toda la corporación de policías municipales. Y han sido denunciados reiteradamente de realizar detenciones ilegales y secuestros, conocidos en el argot delictivo como “levantones”, además de imputarles de hacer los cobros del narcomenudeo usando sus patrullas oficiales. Entre las notas rojas de los digitales de la región sobre “El Oliver” se destaca que en el Valle de Guaymas y Empalme opera una célula de sicarios que se hacen llamar «Los xS», señalados como un brazo armado de la organización de «La Plaza» y lo dirige «El 70» y el «Chapo Pelón o 40».

Algunos de los principales hechos de violencia

24 de marzo de 2021

El periodista Pablo Romero Chávez fue detenido por varios sujetos armados cuando llegaba a su domicilio en la colonia Las Palmas, del puerto de Guaymas, el 24 de marzo de 2021, día en que perdió contacto con su familia. Romero Chávez laboraba en la Radiodifusora FM 105 y se desempeñaba como corresponsal del periódico El Vigía. Había sido amenazado por integrantes de «La Plaza» semanas antes, amenazándolo le habían advertido que no siguiera cubriendo los hechos violentos que se registraban en el Valle de Empalme y Guaymas.

29 de marzo de 2021

El periodista Ricardo López, dueño del medio Info Guaymas, fue amenazado a través de las redes sociales por parte de policías municipales disfrazados de troles, según lo que él mismo denunció, vinculándolo con grupos delictivos y afirmando sin pruebas de recibir 15 mil pesos para darles el “pitazo” a narcotraficantes locales de cuando el gobierno realiza sus operativos en la zona.

Este periodista denunció los hechos ante la Fiscalía del Estado y realizó un video de denuncia sobre quiénes estaban detrás de esas amenazas.

1 de abril de 2021

En la comunidad de Ortiz, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, localizaron siete crematorios clandestinos, con innumerables restos óseos. Al frente del colectivo estaba Aranza Ramos, de 27 años, quien buscaba a su esposo desaparecido desde diciembre de 2020.

24 de junio de 2021

Tres jornales fueron quemados vivos en un campo agrícola. Sus victimarios los grabaron en video y lo circularon en redes sociales, sin ocultar sus rostros, donde se aprecia cómo le prenden fuego a los jornaleros y celebran gritando: «pura gente del Fino, putos», en referencia a Francisco Javier Espinoza Camacho, jefe de organización delictiva «La Plaza».

15 de julio de 2021

La integrante del colectivo Madres y Guerreras Unidas de Sonora, Aranza Ramos fue sacada por varios sujetos armados de su domicilio en la comunidad de Ortiz, Valle de Guaymas. Fue ejecutada y su cuerpo tirado a la entrada de la comunidad. La mujer se había unido al colectivo debido a que su esposo Brayan Omar Celaya había sido secuestrado el 6 de diciembre de 2020, hechos ocurridos en el mismo poblado. El crimen fue atribuido al grupo de los «xS», brazo armado de «La Plaza».

22 de julio de 2021

Fue ejecutado en la ciudad de Guaymas, el periodista Ricardo López Domínguez, de 47 años, dueño de Info Guaymas. Tres meses antes había sido amenazado y señalado por el narcotraficante Raúl Álvarez, alias “El Licenciado”, de ser colaborador de «La Plaza «. Lo que el periodista desmintió en video, poco antes de su asesinato. Trascendió que la orden de su ejecución la había dado Antonio Castro Valenzuela, alias «El Rábano», ya que el reportero se había negado a colaborar en la difamación a grupos contrarios.

25 de noviembre de 2021

Un ataque armado fue perpetrado contra la alcaldesa del Ayuntamiento de Guaymas, en el que murieron tres personas, entre éstas la joven activista Marisol Cuadras, quien se manifestaba frente al edificio contra la violencia hacia las mujeres por los feminicidios de la región. Tras el atentado, se militarizó la región, con noventa elementos de la Guardia Nacional, sumados a los 130 que ya había, más cien de la Marina y 60 de la Policía estatal, aparte de los miitares. Aún así, termina el año sin conocerse los avances sobre el origen del atentado y grupo que lo perpetró, pese a la detención de once personas por posesión de droga, que presuntamente estarían relacionados.

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Mexico Violento

Autoridades penitenciarias secuestradas por pandilleros internos del Cefereso 17, de Michoacán

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El sábado 8 de enero a las 5 de la mañana, internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17 CPS, de Michoacán, secuestraron al director general del penal Jorge Isaac Neri García, a la directora jurídica Angélica María Ramírez y a un oficial, del que nos reservamos su identidad por su seguridad, dentro de los dormitorios Eco-9 y Delta-9.

El oficial fue el primero en ser retenido contra su voluntad y herido con un arma punzocortante en una pierna, por los internos Demetrio de la Luz Rosales, José Luis Burgos Salazar, Jesús Rafael López Evangelista y Ramsés Alejandro Lugo, quienes se ostentan como líderes de las pandillas dentro del Cefereso.

El director general y la directora jurídica, cuando llegaron a ver la situación, también fueron retenidos de la misma forma. El entrevistado señaló que la Guardia Nacional estuvo en las puertas del Cefereso en espera de la instrucción para entrar a poner orden. Pero los internos que retenían a las autoridades dijeron que si entraban los militares iban a matar primero al oficial, y seguirían con los otros servidores públicos.

Los internos se han organizado en pandillas dentro de los dormitorios mencionados y afirman responder a las órdenes de César Iván Casarín Molina, alias El Tornado, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Diferentes oficiales de seguridad denunciaron que las pandillas ya superan unos 300 internos siendo mayoría, porque son ocho módulos por dormitorio y los custodios han sido amenazados en varias ocasiones, incluso se enfatizó que es la segunda vez que secuestran a los directores del penal por las mismas órdenes del CJNG.

“Ya no podemos controlarlos, y nos han amenazado con la familia”, dice otro de los oficiales. Según el entrevistado, el motivo del secuestro fue para obligar al director del penal Jorge Isaac Neri a que mueva a todas las pandillas para estar juntas en el patio de población, lo que les permite mantener el control del penal y extorsionar o coaccionar a internos que no pertenezcan a sus grupos.

De acuerdo con la información, las pandillas son patrocinadas por César Iván Casarín Molina, pero también trascendió que el mismo narcotraficante ha dado dinero al director del penal y otras autoridades como el director técnico Librado Carmona García, entre otros. Por lo mismo se mantuvo con discreción la información del atentado del oficial y las retenciones ilegales de los directivos.

Durante todo el sábado estuvieron suspendidas las actividades para la población penitenciaria.

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Fabricación de culpables

Militares torturaron y usaron a falso testigo protegido Romeo para fabricar culpables en gobierno de Calderón

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Por Guadalupe Lizárraga

El 9 de septiembre de 2009, Ana Georgina Domínguez Macías fue detenida de manera arbitraria sin una orden judicial frente a sus dos hijos menores por miembros del Ejército mexicano. Para su incriminación usaron al falso testigo protegido Romeo, una mujer que cobraba por incriminar de narcotráfico y delincuencia organizada a personas inocentes ante el Ministerio público de Federación.

Eran las 4 de la mañana, de ese 9 de septiembre, cuando los militares irrumpieron con ostentosa violencia en el departamento de Ana Georgina ubicado sobre la calle Francisco Téllez, de la Colonia Vista Mar, a tres cuadras del Ministerio Público PGR en Coatzacoalcos Veracruz. Sin embargo, pese a la cercanía de la PGR, Ana Georgina fue presentada 13 horas después, en la Ciudad de México.

Durante ese tiempo los militares la llevaron a la base militar donde la torturaron con abuso sexual. Y posteriormente, la presentaron ante el Ministerio Público de la SIEDO, donde los agentes la acusaron de ser contadora del Cártel de Golfo, y de trabajar para el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. No obstante, en su testimonio, Ana Georgina señaló que ella trabajaba en la Plataforma Marina de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su sueldo era de diez mil pesos mensuales. Incluso su pareja sentimental trabajaba en el mismo lugar bajo contrato que fue parte de su evidencia ignorada.

Sus cargos judiciales fueron de lavado de dinero y delincuencia organizada, cargos que tienen una sentencia de 8 años, y que de haber sido sentenciada culpable ya hubiera concluido su tiempo de prisión. Sin embargo, Ana Georgina lleva 12 años en prisión sin sentencia.

Los miembros de la SEDENA le pusieron un alias, y difundieron el boletín en todos los medios de comunicación con los que tiene alianza para exhibirla como delincuente, y simular un gran golpe al narcotráfico.

En SIEDO le fabricaron una declaración en la que se incriminaba, aceptando ser parte del Cártel del Golfo, que después de varios días de negarse a firmarla porque no le permitían leer su contenido, tuvo que firmarla cuando le mostraron fotos de sus dos hijos menores.

La testigo protegido Romeo, quien también había declarado contra otras personas en acuerdo con la SIEDO, se desistió por el incumplimiento de pagos de la PGR, pero otras dos personas fueron torturadas para incriminar a Ana Georgina, quienes se identificaron como Raúl Gutiérrez Jiménez y Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, ambos también acusados de pertenecer al mismo cártel, y que sostuvieron no conocer a Ana Georgina.

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