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Mexico Violento

Ejército retira protección a Olinalá «cuando más se necesita»

Ciudadanos de Olinalá reclaman la retirada del ejército justo antes de Semana Santa contrario a las promesas del gobernador Angel Aguirre

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Ciudadanos de Olinalá reunidos luego del toque de campanas en el ayuntamiento con el alcalde priísta Eusebio González Rodríguez. Foto: Sergio Ferrer

Acepta alcalde coordinarse con Policía Ciudadana de Olinalá, asegura Concejo

 Por Sergio Ferrer 

OLINALÁ, Guerrero.- Soldados del Ejército Mexicano, adscritos al 93 Batallón de Infantería, abandonaron la cabecera municipal de Olinalá hace unos días a pesar de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometió con ciudadanos de que estarían de manera permanente para su seguridad, luego del levantamiento armado del 27 de octubre en contra de la delincuencia organizada.

Entre un ambiente de preocupación por el clima de inseguridad, amenazas telefónicas a integrantes del Concejo Social Olinalteco e incertidumbre ante la falta de información por parte del ayuntamiento, la población se reunió el pasado martes para exigirle al alcalde una explicación del porqué se retiraban las fuerzas armadas.

Ciudadanos se congregaron en una cancha pública para exigirle al alcalde que diera la cara y ofreciera información del porqué se retiraba el Ejército y, en su caso, la Marina. Luego de varios minutos, un grupo de aproximadamente 250 habitantes decidió ir al ayuntamiento y replicar las campanas de la iglesia.

El alcalde arribó al lugar, y arremetió con un arranque de furia contra un ciudadano que explicaba la información que tenía del Concejo social y solicitó a gritos que no lo calumniaran.

Aunque los ánimos se exaltaron, finalmente integrantes del Concejo solicitaron a la población calmarse y escuchar al alcalde. Fue así que la tarde del martes entraron al estacionamiento del ayuntamiento decenas de personas para escuchar al edil que dio su versión de los acontecimientos.

La Policía Ciudadana y Popular de La Cañada, al conocer los hechos, llamó a representantes del Concejo ratificándoles su respaldo y disposición a plantarse en Olinalá en caso de que fuera necesario realizar acciones conjuntas.

Eusebio González Rodríguez, confirmó los rumores, indicó que luego de una reunión en las instalaciones del Batallón en Tlapa a la que acudieron otros siete alcaldes, le comunicaron que soldados dejarían de resguardar el poblado por 25 días.

Los ciudadanos se quejaron de esta situación en vísperas de las fiestas de semana santa porque acuden muchos vacacionistas y si antes preocupaban los carteristas ahora la situación implica amenazas de otro tipo de delincuencia, “retiran al Ejército cuando más se necesita como si la población no fuera importante cuando se habla de importantes operativos de seguridad en otras partes , se olvida a La Montaña, a Olinalá cuando vinieron y dijeron muchas cosas, parece planeado” protestó una señora.

González Rodríguez aseguró que solo seria temporal la retirada de los soldados, que era una orden federal y que el coronel Luis Ernesto García Serrano comandante del Batallón previó que podrían regresar antes de un mes. Esta acción se dió a dos días de la toma de protesta de la Policia Ciudadana de Olinalá (PCO).

Con la salida del Ejercito se rompe el acuerdo que tanto representantes de las fuerzas castrenses como el gobernador, el senador Sofío Ramírez y el alcalde ratificaron a ciudadanos con tal de que dejaran los retenes, el 8 de noviembre.

González Rodríguez detalló que el coronel le indicó que los soldados se retirarían porque debían tomar una capacitación para que a su vez capaciten a policías municipales luego de la firma del convenio para el Mando Unico Estatal y diversos cambios en el esquema federal de seguridad.

Entre los cuestionamientos que lanzaron al edil en la reunión del pueblo integrantes del Concejo cuestionaron al alcalde el porque en cinco meses no regalo ni cinco minutos de su tiempo para sentarse a platicar con el concejo ciudadano y negarse a reconocerlo. Se le preguntaría también el porqué el desinterés de que el Concejo se conforme y sea avalado para trabajar en acuerdos en beneficio de la población por lo que este miercoles tuvieron una reunión

Acuerda ayer el alcalde y el Concejo Social Olinalteco trabajar coordinadamente

Este miércoles representantes del Concejo Social Olinalteco 27 de octubre, siendo el nombre completo ya que dijeron integrantes existe otro consejo alterno, re reunieron con el edil priísta Eusebio González Rodríguez para presentarle una serie de puntos de acuerdo.

Nestora Salgado, presidenta del concejo, indicó en breve entrevista que le solicitaron al presidente municipal el reconocimiento del Concejo así como de la Policía Ciudadana de Olinalá para que trabajan coordinadamente, lo cual aceptaría.

Se trató también el tema de la contralabor existente de denostamiento y mal información contra las acciones que realiza el Concejo emprendida por autoridades por lo que se le exigió al alcalde dar la información real de lo que ocurre.

Salgado indicó que lo que busca esta policía comunitaria es brindar seguridad a la población en coordinación con la Marina, el Ejército, la Policía Estatal y la Preventiva Municipal en coadyuvancia para que el bien y la paz permanezcan en Olinalá.

En cuanto al cuestionamiento sobre el otro consejo, señaló que existe uno alterno que ha realizado acciones diferentes y que aunque era claro que ciudadanos pueden crear su asociación civil porque nadie puede prohibir esas acciones, el Concejo Social Olinalteco 27 de octubre es único y tiene claros sus objetivos en favor de la niñez y la población.

A decir de la representante el alcalde se comprometió a reunir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública para que trabajan en conjunto. También indicó que revisará la petición olvidada por el gobernador de una camioneta que prometió dar esperando que llegue el apoyo del gobierno estatal o en su defecto echarles la mano también con otras cosas como papelería o el uso de barandillas para los retenidos de la PCO, temporalmente.

El Concejo espera que el alcalde cumpla su palabra en un lapso de 15 días y cuente a la población que los ciudadanos y ciudadanas organizadas buscan ayudar a la seguridad del pueblo por lo que se pidió se emita una sola información real y comunique que se debe respetar a la PCO sin que exista contra labor.

En cuanto a la Marina se conoció que a ellos no les habían comunicado alguna orden de retirada por lo que se considera que permanecerán en el poblado.

El Concejo Ciudadano de Olinala 27 de octubre, demandó al gobernador cumplir con su promesa de apoyar a la policia comunitaria de Olinala y el resguardo de fuerzas castrenses minimo los tres años del actual gobierno municipal.

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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El CJNG se desplaza a Yucatán con ejecuciones y ‘cobros de piso’ a contratistas y trabajadores del Tren Maya

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El Cártel Jalisco Nueva Generación enfila sus baterías al estado de Yucatán, luego que estar siendo desplazado de Quintana Roo, a sangre y fuego.

Por Alfredo Griz Cruz

YUCATÁN, México.- Tras la presión del Gobierno federal para ceder el control de las plazas del Caribe mexicano a otros grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ve obligado a desplazarse hacia Yucatán, desde hace apenas unos días, justamente cuando el sábado 25 de junio se daba cuenta de ocho ejecutados tirados en los limítrofes del estado de Yucatán.

Sus nombres eran José Luis Villalpando Pat, de 46 años; Édgar Medina Romero, de 19; Heber Crescencio Landeros Vidal, de 40; Flavio César Robledo García, de 24; David Azael Pool Poot, de 22; Moisés Nicolás Cuervo, de 41, y José Ismael Dzul Chan, de 20 años. Todos ellos “levantados” entre el 21 y 23 de junio en el poblado de Xcalac, de Quintana Roo.

El Cartel Jalisco Nueva Generación mandó un mensaje claro a la autoridad yucateca, mostrando fuerza y determinación para entrar a esa entidad; sin embargo, las autoridades policiacas de Yucatán reaccionaron de manera inmediata y blindaron el estado en espera de otro posible golpe.

Ha habido indicios de que ya se tenía presencia de ese cartel en la ciudad de Mérida. Un evento a lo referido es cuando la empleada de la Comisión Federal de Electricidad, Circe Viridiana Palma Martínez, intentó medrar con información confidencial que revelaba la corrupción de los servidores públicos de esta institución y tras su fracaso denunció ante la FGR a este reportero a petición de la paraestatal. En consecuencia, fue colocada una narco-manta en el domicilio de quien escribe con amenazas a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicha empleada que filtró información confidencial de las obras del Tren Maya y de sus jefes directos, Marco Antonio Flores y Víctor Manuel Tziu Sosa, fue coaccionada a denunciar a este periodista bajo supuestos delitos de extorsión para no ser despedida. La empleada, cuyo número de control es RPE: DB483, señaló que los desvíos de recursos de esa paraestatal se hace entre amigos y grupos del del crimen organizado. De ahí se deriva la narco-manta que fue colocada en el domicilio de este reportero y de la cual, la autoridad estatal se mantiene al margen, ignorando el asunto, y dejando el caso al Ministerio Público Federal.

Narcomanta del CJGN con amenazas al reportero.

Recapitulando los hechos

  • El día 22 de abril fue detenido en Progreso, Yucatán, un lugarteniente del CJNG en el más completo sigilo, lo que obra en diversas notas periodísticas regionales y nacionales.
  • El 7 de mayo, este reportero es amenazado por el CJNG, como respaldo a la empleada de la Comisión Federal de Electricidad que le filtró información, y luego lo denunció en la Fiscalía General del Estado por supuesta extorsión, para deslindarse de su responsabilidad ante el delito de revelación de secretos.
  • El 25 de junio, ejecutaron a ocho personas que fueron tirados en el municipio de Chikindzont, localizado al oriente de Yucatán, adjudicándose los hechos el CJNG.
  • El martes 28, en el barrio de San Sebastián, en pleno centro de la ciudad, se desplegó un intenso operativo para detener a ocho personas pertenecientes al CJNG quienes tenían a personas privadas de su libertad en un domicilio de esa céntrica colonia, lo que provocó activar el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, con vuelos constantes en las colonias, Campestre, Pedregales de Tamlun, Chuburna, Chichi Suárez, entre otras.

Tras el operativo de persecución y detención de los presuntos criminales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República; sin embargo, en un golpe de timón mediático, las autoridades estatales deslizaron la información de que fueron detenidas personas que se dedicaban a estafar a través de un call center. Lo que resulta inverosímil, ya que no se justifica ni la persecución por todo el norte de la ciudad ni el accionar de un helicóptero policial, por lo que es evidente que se está ocultando la información, para no poner en evidencia la fragilidad de la seguridad pública de Mérida.

A decir de Circe Viridiana Palma Martínez, quien filtró la información sobre la corrupción del Tren Maya y quien ahora es imputada en una denuncia federal, señala que los contratistas que laboran en los tramos del tren de Campeche a Quintana Roo, deben de dar su cuota a los residentes y también a los grupos del crimen organizado que tengan control sobre las zonas de construcción. De ahí se deriva la férrea lucha en la zona de Quintana Roo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación fue desplazado de las zonas turísticas, y ahora se quiere abrir paso en esos tramos de construcción del Tren Maya. Que de acuerdo con la información recibida, uno de los motivos del CJNG para establecer una base de operaciones en Yucatán es tomar el control de las obras del Tren Maya, donde normalmente se mueve la droga con los trabajadores y se hacen cobros de piso a los contratistas.

La ahora imputada servidora pública, quien ha mantenido silencio ante este medio de comunicación, pero vierte información sobre la denuncia federal en su contra, deja entre ver acuerdos no transparentes de la paraestatal y el Ministerio Público Federal en una clara obstaculización de la justicia.

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