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Mexico Violento

Ejército retira protección a Olinalá “cuando más se necesita”

Ciudadanos de Olinalá reclaman la retirada del ejército justo antes de Semana Santa contrario a las promesas del gobernador Angel Aguirre

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Ciudadanos de Olinalá reunidos luego del toque de campanas en el ayuntamiento con el alcalde priísta Eusebio González Rodríguez. Foto: Sergio Ferrer

Acepta alcalde coordinarse con Policía Ciudadana de Olinalá, asegura Concejo

 Por Sergio Ferrer 

OLINALÁ, Guerrero.- Soldados del Ejército Mexicano, adscritos al 93 Batallón de Infantería, abandonaron la cabecera municipal de Olinalá hace unos días a pesar de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometió con ciudadanos de que estarían de manera permanente para su seguridad, luego del levantamiento armado del 27 de octubre en contra de la delincuencia organizada.

Entre un ambiente de preocupación por el clima de inseguridad, amenazas telefónicas a integrantes del Concejo Social Olinalteco e incertidumbre ante la falta de información por parte del ayuntamiento, la población se reunió el pasado martes para exigirle al alcalde una explicación del porqué se retiraban las fuerzas armadas.

Ciudadanos se congregaron en una cancha pública para exigirle al alcalde que diera la cara y ofreciera información del porqué se retiraba el Ejército y, en su caso, la Marina. Luego de varios minutos, un grupo de aproximadamente 250 habitantes decidió ir al ayuntamiento y replicar las campanas de la iglesia.

El alcalde arribó al lugar, y arremetió con un arranque de furia contra un ciudadano que explicaba la información que tenía del Concejo social y solicitó a gritos que no lo calumniaran.

Aunque los ánimos se exaltaron, finalmente integrantes del Concejo solicitaron a la población calmarse y escuchar al alcalde. Fue así que la tarde del martes entraron al estacionamiento del ayuntamiento decenas de personas para escuchar al edil que dio su versión de los acontecimientos.

La Policía Ciudadana y Popular de La Cañada, al conocer los hechos, llamó a representantes del Concejo ratificándoles su respaldo y disposición a plantarse en Olinalá en caso de que fuera necesario realizar acciones conjuntas.

Eusebio González Rodríguez, confirmó los rumores, indicó que luego de una reunión en las instalaciones del Batallón en Tlapa a la que acudieron otros siete alcaldes, le comunicaron que soldados dejarían de resguardar el poblado por 25 días.

Los ciudadanos se quejaron de esta situación en vísperas de las fiestas de semana santa porque acuden muchos vacacionistas y si antes preocupaban los carteristas ahora la situación implica amenazas de otro tipo de delincuencia, “retiran al Ejército cuando más se necesita como si la población no fuera importante cuando se habla de importantes operativos de seguridad en otras partes , se olvida a La Montaña, a Olinalá cuando vinieron y dijeron muchas cosas, parece planeado” protestó una señora.

González Rodríguez aseguró que solo seria temporal la retirada de los soldados, que era una orden federal y que el coronel Luis Ernesto García Serrano comandante del Batallón previó que podrían regresar antes de un mes. Esta acción se dió a dos días de la toma de protesta de la Policia Ciudadana de Olinalá (PCO).

Con la salida del Ejercito se rompe el acuerdo que tanto representantes de las fuerzas castrenses como el gobernador, el senador Sofío Ramírez y el alcalde ratificaron a ciudadanos con tal de que dejaran los retenes, el 8 de noviembre.

González Rodríguez detalló que el coronel le indicó que los soldados se retirarían porque debían tomar una capacitación para que a su vez capaciten a policías municipales luego de la firma del convenio para el Mando Unico Estatal y diversos cambios en el esquema federal de seguridad.

Entre los cuestionamientos que lanzaron al edil en la reunión del pueblo integrantes del Concejo cuestionaron al alcalde el porque en cinco meses no regalo ni cinco minutos de su tiempo para sentarse a platicar con el concejo ciudadano y negarse a reconocerlo. Se le preguntaría también el porqué el desinterés de que el Concejo se conforme y sea avalado para trabajar en acuerdos en beneficio de la población por lo que este miercoles tuvieron una reunión

Acuerda ayer el alcalde y el Concejo Social Olinalteco trabajar coordinadamente

Este miércoles representantes del Concejo Social Olinalteco 27 de octubre, siendo el nombre completo ya que dijeron integrantes existe otro consejo alterno, re reunieron con el edil priísta Eusebio González Rodríguez para presentarle una serie de puntos de acuerdo.

Nestora Salgado, presidenta del concejo, indicó en breve entrevista que le solicitaron al presidente municipal el reconocimiento del Concejo así como de la Policía Ciudadana de Olinalá para que trabajan coordinadamente, lo cual aceptaría.

Se trató también el tema de la contralabor existente de denostamiento y mal información contra las acciones que realiza el Concejo emprendida por autoridades por lo que se le exigió al alcalde dar la información real de lo que ocurre.

Salgado indicó que lo que busca esta policía comunitaria es brindar seguridad a la población en coordinación con la Marina, el Ejército, la Policía Estatal y la Preventiva Municipal en coadyuvancia para que el bien y la paz permanezcan en Olinalá.

En cuanto al cuestionamiento sobre el otro consejo, señaló que existe uno alterno que ha realizado acciones diferentes y que aunque era claro que ciudadanos pueden crear su asociación civil porque nadie puede prohibir esas acciones, el Concejo Social Olinalteco 27 de octubre es único y tiene claros sus objetivos en favor de la niñez y la población.

A decir de la representante el alcalde se comprometió a reunir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública para que trabajan en conjunto. También indicó que revisará la petición olvidada por el gobernador de una camioneta que prometió dar esperando que llegue el apoyo del gobierno estatal o en su defecto echarles la mano también con otras cosas como papelería o el uso de barandillas para los retenidos de la PCO, temporalmente.

El Concejo espera que el alcalde cumpla su palabra en un lapso de 15 días y cuente a la población que los ciudadanos y ciudadanas organizadas buscan ayudar a la seguridad del pueblo por lo que se pidió se emita una sola información real y comunique que se debe respetar a la PCO sin que exista contra labor.

En cuanto a la Marina se conoció que a ellos no les habían comunicado alguna orden de retirada por lo que se considera que permanecerán en el poblado.

El Concejo Ciudadano de Olinala 27 de octubre, demandó al gobernador cumplir con su promesa de apoyar a la policia comunitaria de Olinala y el resguardo de fuerzas castrenses minimo los tres años del actual gobierno municipal.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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