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Mexico Violento

Ejército mexicano instala campamentos en comunidades indígenas

La Policía comunitaria denuncia intimidación por campamentos del ejército mexicano en Tecamalatzingo Guerrero

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Campamentos de militares en Tecamalatzingo Foto: CRSJ-PCP

Campamentos de militares en Tecamalatzingo Foto: CRSJ-PCP

TECAMALATZINGO, Guerrero.- El ejército mexicano se ha instalado en las comunidades indígenas del área comunal donde tiene presencia la policía comunitaria como una medida de intimidación, denunció la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular con sede en Tecamalatzingo, Guerrero.

En un comunicado público a medios locales e internacionales y a organismos de derechos humanos, la Coordinadora de la seguridad y justicia comunitaria señaló que estas acciones de gobierno federal responden a “una política de intimidación, hostigamiento y represión hacia las comunidades indígenas”, por lo que exigieron retiro inmediato de las tropas federales.

Ante la petición de retirada por parte de la Coordinadora, el teniente Martín Hernández Bautista respondió que “tenían órdenes de arriba” y que instalarán retenes como parte de sus rutinas en la región. Sin embargo, la Policía comunitaria dijo que ya no creen en la supuesta seguridad que ofrece el ejército, y cuestiona “¿A quién quieren engañar? Nos hostigan porque nos hemos organizado”.

Comunicado público:

A la prensa Estatal, Nacional e internacional

A los Organismos de Derechos Humanos

Al pueblo de Guerrero, México y el mundo

A 10 días de que dimos a conocer nuestro Manifiesto Político donde planteamos: La manera en que estamos construyendo la Soberanía Popular. El gobierno Mexicano en respuesta nos envía al Ejército, y éste se instaló en nuestro territorio comunitario sin la autorización de nuestros pueblos. Estas acciones del gobierno las entendemos como una manera de continuar con su política de intimidación, hostigamiento y represión hacia las comunidades donde nos hemos organizado bajo el principio de vida de la Soberanía Popular; formando nuestra Policía Ciudadana y Popular como una forma de autoprotección de las múltiples violencias.

Exigimos respeto a nuestra forma de organización enmarcada en la constitución mexicana. Exigimos al gobierno de Guerrero y México que retire inmediatamente al Ejército de nuestro territorio comunal. Aquí no necesitamos de sus servicios. Aquí nosotros nos cuidamos y autoprotegemos.

Cronología de hechos

El viernes 24 de mayo del 2013 a las 12:00 horas, dos carros del Ejército Mexicano entraron a la comunidad de Santa Cruz Lomalapa y rodearon la casa de Citlali Pérez Vázquez, integrante del Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular (CGSJ-PCP). Se mantuvieron ahí durante varias horas, observando y recorriendo la calle principal donde se localiza su hogar. Uno de los carros del ejército, se estacionó justo en la entrada de su casa, donde sólo se encontraba su madre, quien al ver que su domicilio estaba rodeado por soldados, sufrió un impacto emocional severo, ya que ella sufre de problemas de la presión.

El sábado 26 de mayo, a las 12:00 del día el ejército intentó poner un retén en la carretera que va de Temalacatzingo a San Antonio Coyohuacan; con el pretexto de “mantener la Seguridad”. Ante este hecho se acercó el grupo Tepostototl de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) y hablaron con el teniente del ejército, Martín Hernández Bautista, quién dijo: “que estaban allí para poner un retén y revisar los carros”. A la pregunta de quién los solicito, el teniente respondió: “nadie nos mando traer, estamos aquí por órdenes de arriba”; que el retén “era de rutina, porque ya vamos estar por aquí; ya estamos instalados aquí en Temalacatzingo; y vamos andar consecutivamente”.

Los integrantes de la PCP les pidieron amablemente que se retiraran, les dijeron que no necesitaban de sus servicios y que si los requerían los solicitarían ante quien corresponda. También les dejamos en claro que en nuestro territorio ya nos autoprotegemos, por eso creamos la PCP, integrada por ciudadanos/as de nuestras comunidades quienes nos conocemos. Del ejército sólo sabemos que viene a hacer daño y a violar los principios de paz y armonía que prevalen en nuestras comunidades.

A las 4:00 pm, del mismo día, el ejército volvió a entrar nuevamente a la comunidad de Santa Cruz Lomalapa. Sus intenciones son muy claras: intimidar a la población para que no se organice por el desarrollo de su comunidad.

Desde el día 26 de mayo 2013, el ejército se instaló en el campo de fútbol de la comunidad de Temalacatzingo, sin autorización ni consentimiento de las comunidades indígenas.

¿A quién quieren engañar, a quién quieren cuidar?

Muchos años nos excluyeron del servicio de seguridad; y hoy que ya hicimos nuestra seguridad vienen con el pretexto de “darnos seguridad”. ¿A quién quieren engañar, a quién quieren cuidar? Más bien, a quién pretenden intimidar y hostigar. Para los que habitamos en estas comunidades lo tenemos claro: el mal gobierno sólo ha venido para intimidarnos, hostigarnos y reprimirnos. Así, lo han hecho siempre. Así lo hicieron en 1996. Señores del mal gobierno, es una falta de respeto para nuestras comunidades; es una violación a nuestros derechos como pueblos indígenas.

Con estas acciones una vez más se muestra que la política del gobierno es de represión, violencia y hostigamiento contra los pueblos indígenas. Así lo estamos viviendo nosotros/as los nahuas de la Montaña de Guerrero. Nos hostigan sólo porque nos hemos organizado; porque nos autoprotegemos; por decir nuestra palabra; por cuestionar las políticas de violencia, de exclusión, de marginación, de destrucción de la vida, de los malos gobiernos que por más de 500 años han hundido a los pueblos de la montaña y de México en la pobreza; por exigir que haya servicios básicos en nuestras comunidades. Por todo lo anterior nos envían al ejército.

La coordinadora Regional de Seguridad y Justicia (CRSJ) hace un llamado al gobierno del Estado para que cese el hostigamiento y la violencia que ha desatado en contra de los pueblos que luchan para autoprotegerse y velar por la seguridad de nuestras familias. También los hacemos responsables de cualquier agresión física y emocional que ponga en riesgo la vida de las personas de estos pueblos. Seguiremos exigiendo:

    1. Respeto a nuestro Sistema de Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular, sustentado en la Ley 701, en el artículo 2° de la constitución, el artículo 39, el convenio 169 de la OIT.
    2. La salida inmediata del Ejército que instaló su cuartel en la comunidad de Temalacatzingo, porque está demostrado que su interés no es proteger a la población, sino intimidar a los ciudadanos/as.

Soberanía Popular, Justicia y Libertad

Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular

(CRSJ-PCP)

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Playa del Carmen destaca obras de remodelación con inversiones de 107 millones de pesos para reactivar economía

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PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Todo se encuentra listo para que este miércoles 24 de febrero, en el marco del Día de la Bandera, la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, entregue las obras de modernización de la Quinta Avenida, calles perpendiculares y el Parque Fundadores, en las que se invirtieron 107 millones de pesos, dando inicio a la reactivación económica de Playa de Carmen luego de más de 11 meses de pandemia por Covid-19.

Estas obras dieron inicio en junio pasado, aprovechando la parálisis económica generada por la emergencia sanitaria, permitiendo la reactivación gradual del sector de la construcción con la generación de 558 empleos directos al tiempo que comenzó la remodelación completa de esta arteria ícono de Solidaridad y del Parque Fundadores, que contempló la obra subterránea y la superficial.

El secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de SustentabilidadDavid Duarte Castilla informó que, por la calidad de los materiales, la obra tendrá una durabilidad de al menos 30 años; además, se logró que todos los locatarios se conectaran al drenaje sanitario evitando que las aguas negras no vayan a parar a la zona costera, que es el principal atractivo del destino.

En esta remodelación el gobierno de Solidaridad invirtió poco más de 107 millones de pesos que contemplaron: mejorar la imagen urbana y el mobiliario de esta calle peatonal, en la que se retiraron adoquines para cambiarlos por baldosas y adocreto que le darán mayor durabilidad; también está la introducción de los servicios subterráneos como el drenaje, cableado de energía eléctrica, cablevisión, Internet, cámaras del C-4, alumbrado con tecnología LED, reforestación con más de 4 mil árboles y plantas nativas; así como rampas, pozos de absorción, jardineras, bancas, entre otros.

Con estas obras, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete cumple con impulsar la reactivación económica para beneficio de los solidarenses, generando condiciones favorables para el sector turístico al recibir a los visitantes con una imagen renovada y mejores servicios.

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán arrestada por tráfico internacional de drogas en EEUU

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De acuerdo con un boletín de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.

Coronel Aispuro, de 31 años, es ciudadana estadounidense, con doble nacionalidad mexicana, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles, en el condado de Virginia. Su comparecencia inicial será en un tribunal federal mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia.

Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con funcionarios mexicanos para ayudar a Guzmán en su escape del penal del Altiplano, Estado de México, el 11 de julio de 2015.

Después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros detenidos antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

Guzmán Loera fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

La acusación de Coronel Aispuro está basada en los cargos de conspiración y distribución de un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo, en Washington, del FBI, dieron el anuncio.

La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso.

El subdirector interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso.

Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

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