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Mexico Violento

Ejército mexicano instala campamentos en comunidades indígenas

La Policía comunitaria denuncia intimidación por campamentos del ejército mexicano en Tecamalatzingo Guerrero

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Campamentos de militares en Tecamalatzingo Foto: CRSJ-PCP

Campamentos de militares en Tecamalatzingo Foto: CRSJ-PCP

TECAMALATZINGO, Guerrero.- El ejército mexicano se ha instalado en las comunidades indígenas del área comunal donde tiene presencia la policía comunitaria como una medida de intimidación, denunció la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular con sede en Tecamalatzingo, Guerrero.

En un comunicado público a medios locales e internacionales y a organismos de derechos humanos, la Coordinadora de la seguridad y justicia comunitaria señaló que estas acciones de gobierno federal responden a “una política de intimidación, hostigamiento y represión hacia las comunidades indígenas”, por lo que exigieron retiro inmediato de las tropas federales.

Ante la petición de retirada por parte de la Coordinadora, el teniente Martín Hernández Bautista respondió que “tenían órdenes de arriba” y que instalarán retenes como parte de sus rutinas en la región. Sin embargo, la Policía comunitaria dijo que ya no creen en la supuesta seguridad que ofrece el ejército, y cuestiona “¿A quién quieren engañar? Nos hostigan porque nos hemos organizado”.

Comunicado público:

A la prensa Estatal, Nacional e internacional

A los Organismos de Derechos Humanos

Al pueblo de Guerrero, México y el mundo

A 10 días de que dimos a conocer nuestro Manifiesto Político donde planteamos: La manera en que estamos construyendo la Soberanía Popular. El gobierno Mexicano en respuesta nos envía al Ejército, y éste se instaló en nuestro territorio comunitario sin la autorización de nuestros pueblos. Estas acciones del gobierno las entendemos como una manera de continuar con su política de intimidación, hostigamiento y represión hacia las comunidades donde nos hemos organizado bajo el principio de vida de la Soberanía Popular; formando nuestra Policía Ciudadana y Popular como una forma de autoprotección de las múltiples violencias.

Exigimos respeto a nuestra forma de organización enmarcada en la constitución mexicana. Exigimos al gobierno de Guerrero y México que retire inmediatamente al Ejército de nuestro territorio comunal. Aquí no necesitamos de sus servicios. Aquí nosotros nos cuidamos y autoprotegemos.

Cronología de hechos

El viernes 24 de mayo del 2013 a las 12:00 horas, dos carros del Ejército Mexicano entraron a la comunidad de Santa Cruz Lomalapa y rodearon la casa de Citlali Pérez Vázquez, integrante del Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular (CGSJ-PCP). Se mantuvieron ahí durante varias horas, observando y recorriendo la calle principal donde se localiza su hogar. Uno de los carros del ejército, se estacionó justo en la entrada de su casa, donde sólo se encontraba su madre, quien al ver que su domicilio estaba rodeado por soldados, sufrió un impacto emocional severo, ya que ella sufre de problemas de la presión.

El sábado 26 de mayo, a las 12:00 del día el ejército intentó poner un retén en la carretera que va de Temalacatzingo a San Antonio Coyohuacan; con el pretexto de “mantener la Seguridad”. Ante este hecho se acercó el grupo Tepostototl de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) y hablaron con el teniente del ejército, Martín Hernández Bautista, quién dijo: “que estaban allí para poner un retén y revisar los carros”. A la pregunta de quién los solicito, el teniente respondió: “nadie nos mando traer, estamos aquí por órdenes de arriba”; que el retén “era de rutina, porque ya vamos estar por aquí; ya estamos instalados aquí en Temalacatzingo; y vamos andar consecutivamente”.

Los integrantes de la PCP les pidieron amablemente que se retiraran, les dijeron que no necesitaban de sus servicios y que si los requerían los solicitarían ante quien corresponda. También les dejamos en claro que en nuestro territorio ya nos autoprotegemos, por eso creamos la PCP, integrada por ciudadanos/as de nuestras comunidades quienes nos conocemos. Del ejército sólo sabemos que viene a hacer daño y a violar los principios de paz y armonía que prevalen en nuestras comunidades.

A las 4:00 pm, del mismo día, el ejército volvió a entrar nuevamente a la comunidad de Santa Cruz Lomalapa. Sus intenciones son muy claras: intimidar a la población para que no se organice por el desarrollo de su comunidad.

Desde el día 26 de mayo 2013, el ejército se instaló en el campo de fútbol de la comunidad de Temalacatzingo, sin autorización ni consentimiento de las comunidades indígenas.

¿A quién quieren engañar, a quién quieren cuidar?

Muchos años nos excluyeron del servicio de seguridad; y hoy que ya hicimos nuestra seguridad vienen con el pretexto de “darnos seguridad”. ¿A quién quieren engañar, a quién quieren cuidar? Más bien, a quién pretenden intimidar y hostigar. Para los que habitamos en estas comunidades lo tenemos claro: el mal gobierno sólo ha venido para intimidarnos, hostigarnos y reprimirnos. Así, lo han hecho siempre. Así lo hicieron en 1996. Señores del mal gobierno, es una falta de respeto para nuestras comunidades; es una violación a nuestros derechos como pueblos indígenas.

Con estas acciones una vez más se muestra que la política del gobierno es de represión, violencia y hostigamiento contra los pueblos indígenas. Así lo estamos viviendo nosotros/as los nahuas de la Montaña de Guerrero. Nos hostigan sólo porque nos hemos organizado; porque nos autoprotegemos; por decir nuestra palabra; por cuestionar las políticas de violencia, de exclusión, de marginación, de destrucción de la vida, de los malos gobiernos que por más de 500 años han hundido a los pueblos de la montaña y de México en la pobreza; por exigir que haya servicios básicos en nuestras comunidades. Por todo lo anterior nos envían al ejército.

La coordinadora Regional de Seguridad y Justicia (CRSJ) hace un llamado al gobierno del Estado para que cese el hostigamiento y la violencia que ha desatado en contra de los pueblos que luchan para autoprotegerse y velar por la seguridad de nuestras familias. También los hacemos responsables de cualquier agresión física y emocional que ponga en riesgo la vida de las personas de estos pueblos. Seguiremos exigiendo:

    1. Respeto a nuestro Sistema de Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular, sustentado en la Ley 701, en el artículo 2° de la constitución, el artículo 39, el convenio 169 de la OIT.
    2. La salida inmediata del Ejército que instaló su cuartel en la comunidad de Temalacatzingo, porque está demostrado que su interés no es proteger a la población, sino intimidar a los ciudadanos/as.

Soberanía Popular, Justicia y Libertad

Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular

(CRSJ-PCP)

El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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