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Ejército mexicano, beneficiado del narcotráfico y su combate

La guerra contra el narcotráfico en México ha convenido a las fuerzas de seguridad y altos funcioanrios, pero sobre todo al Ejército, señala el autor de «Mquiavelo para narcos»

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Militares en Sinaloa Foto: rnl.nl

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES.- “Para que un cartel florezca necesita la protección institucional, y esto es corrupción” inicia enfático el escritor mexicano bajo el seudónimo Tomás Borges en entrevista para Los Ángeles Press, y explica que al que más conviene esta supuesta guerra contra el narcotráfico es al ejército.

Borges, con 13 años de experiencia en inteligencia policial, sus libros Maquiavelo para narcos (2008) y El arte de la guerra para narcos (2011) son radiografías del crimen organizado: qué es y cómo opera en México y globalmente. En cada afirmación, el escritor revela una lógica radicalmente distinta a la que ha sostenido públicamente el gobierno de Felipe Calderón, como por ejemplo considerar que el ejército va a combatir realmente a las mafias, mientras que para Borges el ejército en las calles lo ha corrompido más y ha causado más violaciones de derechos humanos a población civil. “Es como querer quitar un panal de abispas a bazukazos”, dice.

Para Borges, el cártel que ha roto las prácticas y sobreentendidos entre las mafias ha sido el del Joaquín “Chapo” Guzmán. Un cártel que no siguió las reglas no escritas de ellos, “que intentó incursionar en territorios que no eran de él y generó los enfrentamientos directos con sus rivales”, sostiene.

Los sobreentendidos de los que habla Borges es “no matar mujeres, niños ni ancianos y respetar los territorios acordados o convenidos entre ellos”. Incluso sostiene que el gobierno mexicano ha hecho alianzas con cárteles, como con el del Golfo, para combatir a los Zetas, “que se han adueñado prácticamente de esa zona y han incursionado en todo el territorio nacional”.

Vidal Díazleal Ochoa, removido de cargos por corrupción y con nuevos cargos Foto: red

El fracaso de Juárez

A raíz de 2008, año en que se desató la guerra entre cárteles, México experimentó un incremento espeluznante de feminicidios y homicidios de niños y adolescentes, así como se elevó el número de reclutamiento a más 25 mil niños, según cifras de organismos no gubernamentales.

En este contexto, Tomás Borges explica que el programa de “Todos somos Juárez” es un “rotundo fracaso” más de los programas gubernamentales. “¿Por qué? porque tienen a los mismos haciendo lo mismo, sólo cambian los membretes de los programas con nombres rimbombantes”, señala.

Menciona como ejemplo al oficial Vidal Díazleal Ochoa, quien estuvo al frente de este programa en Juárez. Antes fue oficial de la Policía Federal de Caminos, y luego en la Policía Federal Preventiva, donde fue destituido junto con otros cinco agentes federales por las denuncias de haber participado en las narcocaravanas en Cananea, Sonora, donde ejecutaron a 26 personas en 2010. Y pese a que no bajó en ningún momento los índices de delincuencia en Juárez, le dieron la titularidad de la Agencia Federal de Investigación.

“Decía Einstein que sólo un idiota intenta obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, y es el caso de México en el combate al narcotráfico”, cita el escritor, para referirse a que “siempre son las mismas personas las que dirigen esos programas y que han fracasado y les han dado dinero a raudales”.

Sostiene que los cinturones de maquiladoras en la frontera con Estados Unidos, ha sido uno de los factores que explica el incremento de la violencia y no se detuvo a tiempo. “La explotación laboral a madres y padres que necesitan solventar sus gastos familiares, en zonas fronterizas, dejaron por generaciones a sus hijos solos, en las calles, y primero fueron reclutados por pandillas de barrio y de ahí brincaron a la delincuencia organizada, como es el caso más sintomático de Ciudad Juárez, ya que a los jóvenes los convirtieron en extorsionadores para cobrar derecho de piso a comercios y luego en informantes y asesinos”, dice.

Para Borges esta situación tiene que ver directamente con el gobierno mexicano, que no provee fuentes de trabajo ni políticas eficientes para los jóvenes, mientras que miles de ellos generan un sentido de pertenencia entre las bandas delincuenciales.

“El narcotráfico es como un ecosistema, tratas de aplicar un operativo en una parte y obtienes como resultado el efecto cucaracha”. Juárez es el ejemplo, explica. Un problema que inició con la explotación laboral de las maquiladoras y con los cinturones de miseria que generaba, se dejó crecer la delincuencia hasta convertirlo en lo que es hoy, “un grave problema aparentemente sin control”.

Narcomanta, imagen tomada de un video de la red.

Los beneficiados del narcotráfico y su combate

La corrupción del ejército es clave en el fracaso de la lucha contra el narcotráfico. Así lo ve el analista, quien sostiene que el fortalecimiento del crimen organizado en México no es una situación que se haya dado como imprevisto o por la sola capacidad organizativa y delincuencial de los narcotraficantes. Hay una participación directa y de conveniencia de las autoridades civiles y militares, “siempre lo he dicho”, afirma el escritor, desde 2008.

La militarización de Juárez y en otras partes de México, ordenada por Felipe Calderón, lo que ha hecho es agredir a la población civil, “porque el ejército es corrupto y muchos mandos no saben de inteligencia y están cobrando en todas partes”, apunta sin miramientos. Borges insiste: “a muchos conviene que no termine el narcotráfico, pero específicamente al ejército”.

“Los militares, con Calderón, se registraron en las instituciones públicas como civiles, y cobran en SEDENA, en la Marina, y aparte cobran en la PGR (Procuraduría General de la República) y la PFP (Policía Federal Preventiva), y son unos sueldos estratosféricos”, denuncia Borges. Estos militares tienen sueldos entre 60 mil y 160 mil mensuales por institución y cobran en al menos tres organismos públicos, según el escritor.

Los Ángeles Press revisó el sitio digital de SEDENA, publicado de acuerdo a la Ley de Acceso y Transparencia, y confirmó por teléfono con comunicación social que un general de División, por ejemplo, tenía, en 2005, un sueldo máximo $8,631 pesos (US$663) y un sueldo mínimo para soldado era $2,051 pesos mensuales (US$157). Con la declarada guerra de combate al narcotráfico los sueldos han tenido aumentos importantes y «sobrehaberes» que son compensaciones adicionales otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del combate al narcotráfico.

En 2007, un general de División ya ganaba mensualmente $153,813 pesos (US$11,831) y un raso soldado ganaba $5,391 pesos (US$414), ambos con  sobresueldos, despensa y becas para hijos, que podía oscilar entre veinte mil pesos más para el general de División y unos dos mil pesos más para el soldado raso. Ahora en 2012, un general de División tiene un sueldo mensual de $196,474.00 pesos (US$15,113), mientras que un soldado gana hoy $10,800 pesos (US$830), con sus respectivos sobresueldos y otras prestaciones.

Tomás Borges denuncia también que en esas instituciones públicas a los militares les dan puestos de mando, y “meten a trabajar a sus familiares, a sus amantes, y a sus hijos”. A toda esta burocracia que proviene de la milicia, no le conviene que termine una guerra contra el narcotráfico.

También menciona Borges que “el Plan Mérida es otra llave abierta”. El plan de Estados Unidos que provee recursos para capacitación, entre otros rubros, para el combate a estos crímenes. Sin embargo, señala el escritor, que los militares lo que hacen es “turismo institucional”. Cada mes van a Washington, Virginia, Arizona, España, Colombia, bajo el pretexto de capacitarse, cuando sólo es turismo institucional, dice. “Los resultados los vemos aquí en México. El narcotráfico no se ha podido erradicar, porque no se quiere erradicar, los hechos hablan por sí mismos”.

Para Borges la falta de eficiencia en el combate por parte del ejército y el resto de los organismos de seguridad, se nota hasta en la lista de los asesinados, porque resulta más conveniente toda esta confusión. “No se ponen de acuerdo ni siquiera en eso”.

Dice no haber una estrategia efectiva y son sólo copias y ensayos de otras latitudes, y que han funcionado en otras partes, “pero en México no funcionan porque hay corrupción de funcionarios involucrados y siempre se están reciclando los mismos mandos pese a ser fracasados en esta lucha”.

Los doblemente traidores

En Maquiavelo para narcos, Tomás Borges sugiere a los narcotraficantes publicar la lista de funcionarios involucrados en el crimen, les llama “narcolistas”. Esto a raíz de que muchos funcionarios públicos y militares viven del erario y cobran en las mafias, señala el escritor. “Son doblemente traidores”. Explica Borges que antes siempre detenían al narcotraficante, y que el funcionario que les brindaba protección institucional y los había traicionado quedaba en completa impunidad por ambas partes, por las mafias y por la autoridad. Ahora, al menos una de estas partes actúa contra el funcionario corrupto.

“Parece ser que son los narcotraficantes lo que más han leído mis libros”, dice Borges. Porque después de su publicación empezaron a aparecer las narcolistas de funcionarios públicos que han estado involucrados en la mafia pero jugando el doble papel de autoridad. “Y ahí han caído muchas cabezas y nos hemos dado cuenta quiénes andan dentro”.

Paradójicamente, hay gente que siente más respeto por los narcotraficantes que por los gobernantes, dice el escritor, “porque los gobernantes son mafiosos que se amparan bajo la legalidad para seguir robando y delinquiendo”.

Respecto a los éxamenes de control de confianza para funcionarios y policías como una medida ética, señala Borges, que son una farsa y no sirven para reclutar o depurar las fuerzas de seguridad ni de inteligencia. “Son una atrocidad, porque se gastan cientos de dólares por examen y ya está demostrado que son inútiles y están desfasados. Con una llamada por teléfono pasan los que quieren los jefes”, y no quien realmente tiene vocación de servicio en este campo.

“Mientras el narco recluta a los mejores, la PGR recluta a granel en el metro, y miles de policías tienen títulos universitarios porque ahora se gana más de policía que tener una profesión”.

 

 

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Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

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César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Freno al Acuerdo de Escazú en México incrementa riesgo a defensores del medio ambiente

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Acuerdo de Escazú

 

Por Emilio Godoy

En 2021 se registraron 200 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo, con una ligera disminución de los 227 del año previo, según estadísticas de un informe al respecto de la no gubernamental Global Witness, con sede en Londres. Los ataques están relacionados con la oposición a la explotación forestal, minería, agroindustria a gran escala y represas, y más de 40 % de los ataques tuvieron como objetivo a indígenas.

América Latina encabezó esos crímenes, al ser el escenario de 157 de ellos, con una disminución discreta ante los 165 del año anterior, de los cuales México encabezó la lista mortal, con 54 casos, frente a 30 de 2020. Le siguió Colombia pese a la caída de casos: 33 frente a 65, Brasil (26 frente a 20), Honduras (ocho frente a 17) y Nicaragua (13 frente a 12).

El Acuerdo de Escazú es una herramienta judicial para mitigar los peligros a los defensores del medio ambiente. Sin embargo, se encuentra en espera de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenado por el gobierno mexicano, por medio del decreto de noviembre de 2021 mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró sus megaproyectos “obras prioritarias de seguridad nacional”, con lo que garantiza autorizaciones provisionales, en contravención del tratado.

“Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido”: Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), que trabaja con las comunidades indígenas.

Conoce más: El Acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia ambiental amenazado por megaproyectos de AMLO

 

En México hay actualmente unos 600 conflictos ambientales, según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que el gobierno sigue sin finiquitar.

El caso más reciente es el de la desaparición el 15 de enero del abogado Ricardo Lagunes y el defensor indígena Antonio Díaz, opositor de la explotación minera en el occidental estado de Michoacán, cuyo esclarecimiento urgente ha reclamado días después el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuente: Global Witness.

Qué es el Acuerdo de Escazú

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Se enfoca también en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación con las comunidades.

A un año de su vigencia, el Acuerdo de Escazú enfrenta retos mayúsculos, en especial en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y donde los defensores enfrentan particulares riesgos.

Para Olimpia Castillo, coordinadora de la no gubernamental Comunicación y Educación Ambiental, el contexto arroja una luz de alerta.

“Es un round muy interesante, porque el artículo 10, del Acuerdo de Escazú, hace referencia a resaltar la participación de las organizaciones. Se podría contravenir ese artículo. Significaría una limitación muy grande. Son cosas que como país vamos a tener que enfrentar”, dijo la activista, quien participó en la negociación del acuerdo como parte de la sociedad civil.

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