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Mexico Violento

Ejército mexicano, beneficiado del narcotráfico y su combate

La guerra contra el narcotráfico en México ha convenido a las fuerzas de seguridad y altos funcioanrios, pero sobre todo al Ejército, señala el autor de “Mquiavelo para narcos”

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Militares en Sinaloa Foto: rnl.nl

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES.- “Para que un cartel florezca necesita la protección institucional, y esto es corrupción” inicia enfático el escritor mexicano bajo el seudónimo Tomás Borges en entrevista para Los Ángeles Press, y explica que al que más conviene esta supuesta guerra contra el narcotráfico es al ejército.

Borges, con 13 años de experiencia en inteligencia policial, sus libros Maquiavelo para narcos (2008) y El arte de la guerra para narcos (2011) son radiografías del crimen organizado: qué es y cómo opera en México y globalmente. En cada afirmación, el escritor revela una lógica radicalmente distinta a la que ha sostenido públicamente el gobierno de Felipe Calderón, como por ejemplo considerar que el ejército va a combatir realmente a las mafias, mientras que para Borges el ejército en las calles lo ha corrompido más y ha causado más violaciones de derechos humanos a población civil. “Es como querer quitar un panal de abispas a bazukazos”, dice.

Para Borges, el cártel que ha roto las prácticas y sobreentendidos entre las mafias ha sido el del Joaquín “Chapo” Guzmán. Un cártel que no siguió las reglas no escritas de ellos, “que intentó incursionar en territorios que no eran de él y generó los enfrentamientos directos con sus rivales”, sostiene.

Los sobreentendidos de los que habla Borges es “no matar mujeres, niños ni ancianos y respetar los territorios acordados o convenidos entre ellos”. Incluso sostiene que el gobierno mexicano ha hecho alianzas con cárteles, como con el del Golfo, para combatir a los Zetas, “que se han adueñado prácticamente de esa zona y han incursionado en todo el territorio nacional”.

Vidal Díazleal Ochoa, removido de cargos por corrupción y con nuevos cargos Foto: red

El fracaso de Juárez

A raíz de 2008, año en que se desató la guerra entre cárteles, México experimentó un incremento espeluznante de feminicidios y homicidios de niños y adolescentes, así como se elevó el número de reclutamiento a más 25 mil niños, según cifras de organismos no gubernamentales.

En este contexto, Tomás Borges explica que el programa de “Todos somos Juárez” es un “rotundo fracaso” más de los programas gubernamentales. “¿Por qué? porque tienen a los mismos haciendo lo mismo, sólo cambian los membretes de los programas con nombres rimbombantes”, señala.

Menciona como ejemplo al oficial Vidal Díazleal Ochoa, quien estuvo al frente de este programa en Juárez. Antes fue oficial de la Policía Federal de Caminos, y luego en la Policía Federal Preventiva, donde fue destituido junto con otros cinco agentes federales por las denuncias de haber participado en las narcocaravanas en Cananea, Sonora, donde ejecutaron a 26 personas en 2010. Y pese a que no bajó en ningún momento los índices de delincuencia en Juárez, le dieron la titularidad de la Agencia Federal de Investigación.

“Decía Einstein que sólo un idiota intenta obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, y es el caso de México en el combate al narcotráfico”, cita el escritor, para referirse a que “siempre son las mismas personas las que dirigen esos programas y que han fracasado y les han dado dinero a raudales”.

Sostiene que los cinturones de maquiladoras en la frontera con Estados Unidos, ha sido uno de los factores que explica el incremento de la violencia y no se detuvo a tiempo. “La explotación laboral a madres y padres que necesitan solventar sus gastos familiares, en zonas fronterizas, dejaron por generaciones a sus hijos solos, en las calles, y primero fueron reclutados por pandillas de barrio y de ahí brincaron a la delincuencia organizada, como es el caso más sintomático de Ciudad Juárez, ya que a los jóvenes los convirtieron en extorsionadores para cobrar derecho de piso a comercios y luego en informantes y asesinos”, dice.

Para Borges esta situación tiene que ver directamente con el gobierno mexicano, que no provee fuentes de trabajo ni políticas eficientes para los jóvenes, mientras que miles de ellos generan un sentido de pertenencia entre las bandas delincuenciales.

“El narcotráfico es como un ecosistema, tratas de aplicar un operativo en una parte y obtienes como resultado el efecto cucaracha”. Juárez es el ejemplo, explica. Un problema que inició con la explotación laboral de las maquiladoras y con los cinturones de miseria que generaba, se dejó crecer la delincuencia hasta convertirlo en lo que es hoy, “un grave problema aparentemente sin control”.

Narcomanta, imagen tomada de un video de la red.

Los beneficiados del narcotráfico y su combate

La corrupción del ejército es clave en el fracaso de la lucha contra el narcotráfico. Así lo ve el analista, quien sostiene que el fortalecimiento del crimen organizado en México no es una situación que se haya dado como imprevisto o por la sola capacidad organizativa y delincuencial de los narcotraficantes. Hay una participación directa y de conveniencia de las autoridades civiles y militares, “siempre lo he dicho”, afirma el escritor, desde 2008.

La militarización de Juárez y en otras partes de México, ordenada por Felipe Calderón, lo que ha hecho es agredir a la población civil, “porque el ejército es corrupto y muchos mandos no saben de inteligencia y están cobrando en todas partes”, apunta sin miramientos. Borges insiste: “a muchos conviene que no termine el narcotráfico, pero específicamente al ejército”.

“Los militares, con Calderón, se registraron en las instituciones públicas como civiles, y cobran en SEDENA, en la Marina, y aparte cobran en la PGR (Procuraduría General de la República) y la PFP (Policía Federal Preventiva), y son unos sueldos estratosféricos”, denuncia Borges. Estos militares tienen sueldos entre 60 mil y 160 mil mensuales por institución y cobran en al menos tres organismos públicos, según el escritor.

Los Ángeles Press revisó el sitio digital de SEDENA, publicado de acuerdo a la Ley de Acceso y Transparencia, y confirmó por teléfono con comunicación social que un general de División, por ejemplo, tenía, en 2005, un sueldo máximo $8,631 pesos (US$663) y un sueldo mínimo para soldado era $2,051 pesos mensuales (US$157). Con la declarada guerra de combate al narcotráfico los sueldos han tenido aumentos importantes y “sobrehaberes” que son compensaciones adicionales otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del combate al narcotráfico.

En 2007, un general de División ya ganaba mensualmente $153,813 pesos (US$11,831) y un raso soldado ganaba $5,391 pesos (US$414), ambos con  sobresueldos, despensa y becas para hijos, que podía oscilar entre veinte mil pesos más para el general de División y unos dos mil pesos más para el soldado raso. Ahora en 2012, un general de División tiene un sueldo mensual de $196,474.00 pesos (US$15,113), mientras que un soldado gana hoy $10,800 pesos (US$830), con sus respectivos sobresueldos y otras prestaciones.

Tomás Borges denuncia también que en esas instituciones públicas a los militares les dan puestos de mando, y “meten a trabajar a sus familiares, a sus amantes, y a sus hijos”. A toda esta burocracia que proviene de la milicia, no le conviene que termine una guerra contra el narcotráfico.

También menciona Borges que “el Plan Mérida es otra llave abierta”. El plan de Estados Unidos que provee recursos para capacitación, entre otros rubros, para el combate a estos crímenes. Sin embargo, señala el escritor, que los militares lo que hacen es “turismo institucional”. Cada mes van a Washington, Virginia, Arizona, España, Colombia, bajo el pretexto de capacitarse, cuando sólo es turismo institucional, dice. “Los resultados los vemos aquí en México. El narcotráfico no se ha podido erradicar, porque no se quiere erradicar, los hechos hablan por sí mismos”.

Para Borges la falta de eficiencia en el combate por parte del ejército y el resto de los organismos de seguridad, se nota hasta en la lista de los asesinados, porque resulta más conveniente toda esta confusión. “No se ponen de acuerdo ni siquiera en eso”.

Dice no haber una estrategia efectiva y son sólo copias y ensayos de otras latitudes, y que han funcionado en otras partes, “pero en México no funcionan porque hay corrupción de funcionarios involucrados y siempre se están reciclando los mismos mandos pese a ser fracasados en esta lucha”.

Los doblemente traidores

En Maquiavelo para narcos, Tomás Borges sugiere a los narcotraficantes publicar la lista de funcionarios involucrados en el crimen, les llama “narcolistas”. Esto a raíz de que muchos funcionarios públicos y militares viven del erario y cobran en las mafias, señala el escritor. “Son doblemente traidores”. Explica Borges que antes siempre detenían al narcotraficante, y que el funcionario que les brindaba protección institucional y los había traicionado quedaba en completa impunidad por ambas partes, por las mafias y por la autoridad. Ahora, al menos una de estas partes actúa contra el funcionario corrupto.

“Parece ser que son los narcotraficantes lo que más han leído mis libros”, dice Borges. Porque después de su publicación empezaron a aparecer las narcolistas de funcionarios públicos que han estado involucrados en la mafia pero jugando el doble papel de autoridad. “Y ahí han caído muchas cabezas y nos hemos dado cuenta quiénes andan dentro”.

Paradójicamente, hay gente que siente más respeto por los narcotraficantes que por los gobernantes, dice el escritor, “porque los gobernantes son mafiosos que se amparan bajo la legalidad para seguir robando y delinquiendo”.

Respecto a los éxamenes de control de confianza para funcionarios y policías como una medida ética, señala Borges, que son una farsa y no sirven para reclutar o depurar las fuerzas de seguridad ni de inteligencia. “Son una atrocidad, porque se gastan cientos de dólares por examen y ya está demostrado que son inútiles y están desfasados. Con una llamada por teléfono pasan los que quieren los jefes”, y no quien realmente tiene vocación de servicio en este campo.

“Mientras el narco recluta a los mejores, la PGR recluta a granel en el metro, y miles de policías tienen títulos universitarios porque ahora se gana más de policía que tener una profesión”.

 

 

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Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

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Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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