Connect with us

Estados Unidos

EEUU y Afganisthán, un pacto que no cambiará nada

El pacto se presenta como el medio para que Afaganistán ascienda a democracia y EEUU pueda terminar su guerra. Un análisis de Gareth Porter.

Avatar

Published

on

En la Casa Blanca Foto: Pete Souza

Gareth Porter

Análisis

WASHINGTON, DC, (IPS).-  Los acuerdos firmados entre Washington y Kabul se presentan como el medio para que el pueblo de Afganistán se haga cargo de su propio destino y Estados Unidos ponga fin a la guerra que inició contra ese país hace casi 11 años. Pero una lectura más minuciosa sugiere lo contrario.

Los dos gobiernos firmaron una Asociación Estratégica Duradera con Afganistán y varios memorandos de entendimiento. Pero el único acuerdo sustancial alcanzado, y bien oculto entre esos documentos, es el que autoriza a las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) de Estados Unidos a seguir efectuando redadas nocturnas contra domicilios particulares en territorio afgano, odiadas por la población de zonas pashtunes.

La presentación del acuerdo se hizo en un viaje sorpresa del presidente estadounidense Barack Obama a Afganistán, con un discurso en horario central de la televisión y varias conferencias de prensa que le facilitan presentarse en la reñida contienda electoral de su país como el mandatario que puso fin a una muy impopular guerra.

También el mandatario de Afganistán, Hamid Karzai, puede sostener que logró poner bajo control las redadas nocturnas de las SOF, además de conseguir un compromiso estadounidense de apoyo económico por 10 años.

Pero el texto real del acuerdo y del memorando de entendimiento sobre las batidas nocturnas –incluido en el pacto mediante una referencia– no ponen fin a la guerra en Afganistán, ni dan a Karzai el control sobre esas acciones.

La noticia real es que el gobierno de Obama consiguió disimular estos hechos. Las decisiones de Obama sobre la cantidad de efectivos estadounidenses que permanecerán en Afganistán en 2014 y más allá y sobre la misión que tendrán, solo se tomarán en un Acuerdo Bilateral de Seguridad que todavía no se ha negociado.

Aunque los altos funcionarios no brindan datos específicos sobre esas negociaciones a los medios de comunicación, la Asociación Estratégica señala que se procederá a la firma del documento “con el objetivo de concluirlo en el plazo de un año”.

Eso significa que Obama no tiene que tomar ninguna decisión sobre despliegue de tropas en Afganistán antes de las elecciones presidenciales de este año, lo que le permite enfatizar en la retirada de suelo afgano y eludir la cuestión de un compromiso militar a largo plazo.

Según el texto, el Acuerdo Bilateral de Seguridad sustituirá al “Estatuto de Fuerzas”, firmado en 2003 con Afganistán y que confería inmunidad judicial a los soldados estadounidenses y no imponía limitaciones en cuanto a su despliegue y operaciones en territorio de ese país de Asia central.

El mes pasado, Estados Unidos se vio obligado a firmar el memorando de entendimiento sobre operaciones nocturnas a raíz de las reiteradas amenazas de Karzai de no suscribir la Asociación Estratégica a menos que Obama le diera el control sobre las redadas de viviendas particulares.

La insistencia de Karzai de poner fin a esos ataques nocturnos unilaterales y a la detención de afganos, retrasó varios meses el acuerdo de Asociación Estratégica.

Pero Karzai se puso así en conflicto directo con los intereses de uno de los elementos más influyentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses: las SOF.

Tanto bajo el mando de los generales Stanley A. McChrystal como de David Petraeus, la estrategia bélica de Estados Unidos en Afganistán pasó a depender de la supuesta efectividad de las redadas nocturnas de unidades de las SOF para debilitar al movimiento extremista Talibán.

Los oficiales del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) se negaron a detener estas operaciones y a ceder al gobierno afgano el control de las mismas, como informó IPS en febrero.

Ambas partes intentaron durante semanas redactar un acuerdo del que Karzai pudiera decir que cumplía con su demanda, pero que en realidad cambiaría muy poco.

Al final, Karzai tuvo que ceder. Y lo que se hizo para disimularlo lleva a un nuevo grado de ingenio el engaño sobre el verdadero sentido de un acuerdo internacional sobre operaciones militares de Estados Unidos.

El memorando de entendimiento fue reportado por las cadenas de noticias como un cambio radical de la conducción de las operaciones militares. Pero una lectura minuciosa del texto revela que prácticamente no habrá alteración del statu quo.

El acuerdo fue negociado entre el comando militar estadounidense instalado en Kabul y el Ministerio de Defensa afgano. Abogados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incluyeron una disposición clave que modifica sustancialmente el significado del resto del documento.

En el primer párrafo, sobre la definición de los términos, el memorando plantea que las operaciones especiales son aquellas “aprobadas por el Grupo Afgano de Coordinación de Operaciones y efectuadas por las fuerzas afganas con apoyo de tropas estadounidenses de acuerdo con las leyes afganas”.

Esa frase, cuidadosamente redactada, significa que las únicas redadas nocturnas comprendidas por el memorando son aquellas que el comandante de las SOF decida realizar con previa consulta al gobierno afgano. Por lo tanto, las efectuadas sin consultar a las autoridades afganas quedan fuera del acuerdo.

La cobertura que los principales medios periodísticos sobre el memorando, indicando que la participación de unidades de las SOF dependería del gobierno afgano, simplemente ignoró esa disposición.

Pero el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo el 9 de abril a periodistas que Karzai no tendría poder de veto sobre las redadas nocturnas. “No se trata de que Estados Unidos esté cediendo la responsabilidad a los afganos”, declaró.

Kirby no comentó si esas unidades de las SOF que operan en forma independiente se verían afectadas por el memorando, confirmando de manera implícita que no lo harán.

El portavoz del Pentágono explicó que el acuerdo “codifica” lo que se viene haciendo desde diciembre de 2011: las fuerzas afganas especiales dirigen la mayor parte de las operaciones nocturnas, es decir son las que ingresan a los hogares y recintos de las familias de ese país.

Sin embargo, las fuerzas estadounidenses siguen capturando o matando afganos en esos operativos.

El conflicto entre la realidad de lo acordado y lo expuesto por el gobierno de Estados Unidos recuerda las declaraciones de Obama de 2009 y 2010 sobre el retiro de Iraq y el fin de la guerra en ese país, cuando las unidades de combate permanecieron activas mucho después del 1 de Septiembre de 2010, fecha límite que el mandatario había fijado para el repliegue.

Pasado ese plazo, en 2010 y 2011 murieron 58 militares estadounidenses en Iraq.

Pero hay una diferencia fundamental entre los dos casos de manipulación de la información que llega al público.

El acuerdo de retiro de Iraq de 2008 volvió políticamente difícil, si no imposible, que el gobierno iraquí pudiera mantener soldados estadounidenses en su territorio luego de 2011. En el caso de Afganistán, los acuerdos ahora firmados no imponen ninguna restricción a los militares estadounidenses.

Y aunque Obama promueve su política de terminar la guerra, sus Fuerzas Armadas y el Pentágono han dicho públicamente que esperan mantener miles de efectivos de las SOF en suelo afgano hasta mucho después de 2014.

El presidente esperaba conseguir que los jefes del Talibán aceptaran iniciar negociaciones de paz, lo que hubiera hecho más fácil vender la idea del repliegue, mientras sigue la guerra. Pero el movimiento islamista no cooperó.

En su discurso en Kabul, Obama no podía amenazar a los talibanes con la continuación de la cacería nocturna casa por casa si no aceptaban negociar la paz con Karzai. Eso hubiera revelado lo que en realidad negociaron los dos países.

Pero Obama debe suponer que el Talibán entiende lo que el público estadounidense no: las redadas nocturnas van a seguir más allá de 2014, no importa cuánta resistencia se presente a las odiadas tropas estadounidenses.

* Gareth Porter es historiador y periodista de investigación especializado en seguridad nacional de Estados Unidos. Su último libro, “Perils of Dominance: Imbalance of Power and the Road to War in Vietnam” (Peligros del dominio: Desequilibrio de poder y el camino hacia la guerra en Vietnam), fue editado en 2006.

Estados Unidos

Nancy Pelosi autoriza comisión independiente para investigar a fondo insurrección incitada por Trump

Avatar

Published

on

Dem0cracy Now!

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha autorizado una comisión, al estilo de la que se formó luego de los ataques del 11 de septiembre, para investigar más a fondo la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, así como las acciones que condujeron a ella.

Esto ocurre al tiempo que aumentan los pedidos de iniciar procesos penales contra el expresidente Donald Trump, como uno de los últimos recursos que quedan para responsabilizarlo de la insurrección, en la que murieron seis personas, dos de ellas por los ataques directos, después de que la votación del sábado en el Senado no alcanzara la mayoría de dos tercios necesaria para declararlo culpable.

El anuncio de Pelosi se hizo en momentos que aumentan los pedidos para que se inicie un proceso penal contra el expresidente Donald Trump, tras su absolución en el segundo juicio político del Senado. El corresponsal de temas judiciales de la revista The Nation, Elie Mystal, afirma que los representantes que actuaron como fiscales en el juicio político presentaron “argumentos que dan cuenta con bastante claridad de la responsabilidad penal” de Donald Trump por la insurrección del 6 de enero en el edificio del Congreso de Estados Unidos. “Creo que hay argumentos para la acusación. Al menos deberíamos intentarlo”, dice.

Siete republicanos votaron con los demócratas para condenar al expresidente, entre ellos el senador del estado de Carolina del Norte, Richard Burr. El lunes, el Partido Republicano de Carolina del Norte censuró formalmente a Burr por su voto, al igual que los senadores Bill Cassidy de Luisiana y Pat Toomey de Pensilvania, quienes han sido sometidos a votaciones de censura similares por parte de sus colegas republicanos.

Los dirigentes del Partido Republicano de los estados de Maine y Utah también están considerando censurar a la senadora Susan Collins y al senador Mitt Romney por haber votado a favor de condenar a Trump.

Continue Reading

Estados Unidos

Fiscales de Nueva York entregan pruebas contra García Luna por operaciones de droga desde 2002, siendo titular de la AFI

Emmanuel Ameth

Published

on

Por Emmanuel Ameth

Los fiscales encargados del caso de Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, Nueva York entregaron al Juez Brian M. Cogan 974 mil páginas con pruebas sobre operaciones de tráfico de droga a Estados Unidos que datan desde 2002 y 2003, recién nombrado titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como un ’voluminoso’ expediente con comunicaciones interceptadas del acusado, para que sean tomados en cuenta en la audiencia que se celebrará dentro de 60 días.

El expediente es una “garantía” de que la defensa no podría llevar a cabo estrategia alguna a favor del inculpado. La razón, que incluso si un abogado analizara 100 fojas diariamente durante 60 días para realizar una estrategia jurídica eficiente, se necesitarían al menos de 167 profesionales de las leyes, a todas luces, una labor imposible.

De acuerdo con el documento, dado a conocer por el reportero Keegan Hamilton de Vice News desde su cuenta de Twitter, los fiscales se encuentran en espera de la réplica de las empresas de García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a las cuales les han pedido información.

De acuerdo con el documento, la audiencia programada para el 17 de febrero será pospuesta para dentro de dos meses, estando de acuerdo ambas partes, sin embargo los fiscales que representan a Estados Unidos adelantaron al Juez Cogan que esperan respuestas a las citaciones realizadas tanto a los abogados defensores como a los representantes de las empresas de García Luna.

En la carta al Juez Brian Cogan, que está disponible en el sistema electrónico de las cortes federales, los fiscales dijeron que seguirán presentando pruebas, a medida que las reciben, en las próximas semanas.

Por su parte, la periodista Dolia Estévez resaltó en redes sociales que el expediente en el caso de García Luna no ha mencionado la petición de extradición presentada por el Gobierno de México.

El pasado 2 de diciembre, los fiscales estadounidenses solicitaron al Juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra García Luna para proteger la identidad de los testigos.

“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, escribieron los fiscales.

En una carta dirigida al Juez, también solicitan que los documentos se mantengan como clasificados hasta el 1 de marzo de 2021.

“Una orden de protección que permita plazas la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican”, dice la carta firmada por el Fiscal federal Seth DuCharme.

La misiva añade que dichos materiales “proveen de información que podría se usada para identificar a testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público”.

Dentro de los documentos que se solicita se mantengan reservados están comunicaciones grabadas, registros financieros y de propiedad pública, fotografías y “otros que revelarían la fuente del material”.

Añadió que tanto los testigos como sus familias “enfrentarían riesgos de seguridad serios si su cooperación con el Gobierno [de Estados Unidos] y su calidad como posibles testigos de juicio, fuera revelado”.

García Luna está acusado en la Corte del Distrito este de Nueva York de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína, así como falsedad de declaración a agentes migratorios estadounidenses en 2018 y aceptación de sobornos.

Los cargos también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003.

Por los cargos anteriormente mencionados el extitular de la SSP recibiría una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. A ello se suma la falsedad de declaraciones para acumular cinco imputaciones.

Su caso fue abierto después del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, donde el capo Jesús Reynaldo Zambada García (hermano de Ismael Zambada, el Mayo que ahora quedó al frente del Cártel de Sinaloa), declaró que él personalmente entregó una maleta con USD 3 millones, cuando estaba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante el Sexenio de Vicente Fox.

Con información de sinembargo.mx

Continue Reading

Estados Unidos

Agente retirado de la DEA desmiente al presidente López Obrador sobre proceso de Cienfuegos en EEUU

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

El agente retirado de la DEA, Mike Vigil desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que este organismo de combate al narcotráfico en los Estados Unidos haya fabricado delitos a Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la supuesta debilidad de los elementos de prueba para vincularlo a proceso por conspiración y narcotráfico.

En entrevista para Los Ángeles Press, Vigil reiteró que las evidencias de Cienfuegos fueron recogidas durante diez años de seguimiento, pero que además se presentaron ante un equipo de expertos de la fiscalía de Nueva York, y después a un gran Jurado en Estados Unidos.

Dijo que en la DEA no se fabrican delitos ni evidencias como en México, porque ningún elemento de la DEA va a arriesgar su carrera de por vida por fabricar una evidencia, explicó Vigil.

“La DEA va desarrollando la evidencia, y luego el archivo completo se va a la fiscalía federal para su revisión, y entonces los fiscales federales -que son muy conservadores-, determinan si la evidencia no es sumamente fuerte, nunca, pero nunca, van a seguir adelante con una acusación formal”.

Continuó el agente, que después “el fiscal lleva el caso a un gran Jurado que consiste en 20 o 25 personas, y se presenta en un juicio para deliberar si la evidencia es fuerte o no, por lo que no nada más es la DEA la que interviene, y cuando el fiscal presentó el caso de Cienfuegos, el gran Jurado determinó que la evidencia era sólida”.

Vigil reiteró que es un proceso largo, no nada más es la DEA, como institución, la que interviene, ni es un agente o dos, es el gobierno de Estados Unidos en su conjunto, incluyendo al Departamento de Justicia, por eso nosotros no fabricamos evidencia, no fabricamos casos como en México”.

Otro de los desmentidos que hace el agente retirado de la DEA al presidente López Obrador es sobre la solicitud de este país para que el gobierno de Estados Unidos retirara los cargos a Cienfuegos. El presidente mexicano dijo en su conferencia matutina que debido a la debilidad de las evidencias en el caso de Cienfuegos, el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos. Sin embargo, el agente retirado de la DEA, Mike Vigil enfatizó que tampoco había sido así.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard fue quien solicitó el regreso del general Cienfuegos bajo la promesa de ser investigado y juzgado en México, explicó Vigil que “si no hubiera sido así, el general Cienfuegos habría sido juzgado aquí en los Estados Unidos”, y cuestionó Vigil que “no sabía por qué tantas mentiras del gobierno mexicano”.

Así también, señaló Mike Vigil que el gobierno de los Estados Unidos no entregó a México los informes que ellos catalogan como DEA 06, que contiene todo la información sensible recabada para armar el caso que va desde testimonios, vigilancia, interrogaciones de detenidos, información de inteligencia, “todo lo que se lleva a cabo en una investigación, y eso no estaba incluido en lo que se le mandó a México, porque en el envío, siempre ha habido fuga de información, y puede poner en riesgo a agentes, a informantes, y a la misma investigación, y esto es lo que dio otra vez, con la publicación del expediente con el registro de mensajes y llamadas”.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que él mismo había dado la instrucción de que se publicara el expediente enviado por el gobierno de Estados Unidos, y que todavía circulaba en las redes sociales. No obstante, para el agente retirado de la DEA esta instrucción presidencial “fue una violación al Acuerdo de Asistencia Legal entre ambos países firmado en 1991, y se sigue con la desinformación de que Estados Unidos le quitó los cargos a Cienfuegos porque no había evidencia sólida, y esto tampoco es cierto”.

Concluyó Vigil que “los comentarios del presidente López Obrador están haciendo daño a las relaciones bilaterales, y favoreciendo a los carteles, que se sienten muy confortables con su gobierno”; porque lo que se está haciendo es destruir la cooperación en información entre ambos países sobre el combate al  narcotráfico”.

Continue Reading

Trending