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Estados Unidos

EEUU otorga primer asilo político por causa de Peña Nieto

EEUU concede el primer asilo político a Agustín Estrada, víctima de Enrique Peña Nieto por intentar acallar su homosexualidad

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, CA.- El gobierno de Estados Unidos otorgó asilo político a Agustín Estrada Negrete, expareja homosexual del recién impuesto presidente de México, Enrique Peña Nieto. El juicio de asilo ante las autoridades migratorias fue llevado por el abogado Pro Bono, de origen griego, Leonidas Miras. Tuvo una duración de cinco horas y se ganó por las tres causas por las que se pedía el asilo: persecución política, homosexualidad y tortura por parte del Estado mexicano representado por Enrique Peña Nieto.

Estrada mantuvo una relación amorosa durante siete años con el político del PRI, según su propia narración, y el 17 de mayo de 2007 fue agredido físicamente por participar en un desfile vestido de mujer, siendo empleado de gobierno en el Estado de México.

A partir de entonces, Estrada no dejó de denunciar lo que consideró una injusticia y empezó a vivir la pesadilla del acoso gubernamental, al igual que su familia y conocidos que apoyaban su causa y la defendían. Los funcionarios públicos que trabajaban con Peña Nieto, en intento de acallarlo, le construyeron delitos como obstruir las vías públicas o dañar inmuebles como el Palacio de gobierno por manifestarse frente a las instalaciones en reclamo por la suspensión de su trabajo. Estrada fue enviado a la cárcel, sin juicio, por manifestarse, y fue violado por doce personas entre policías y presos.

Pese a sus denuncias ante Ministerios públicos, organismos de derechos humanos y medios de comunicación, Estrada no fue escuchado. Y quien lo ayudaba, sufría el mismo acoso que él. Si algún medio difundía su caso, omitía la responsabilidad contra el exgobernador del estado de México, como fue el caso de Televisa con Denise Maercker, La Jornada o El Universal.

Para el gobierno de Peña Nieto, la táctica era desprestigiar a la víctima por ser homosexual y director de una escuela de atención especial para niños con capacidades diferentes. Para Estrada, la represión y el terror era la forma evidente de acallar la homosexualidad de Peña Nieto, que ya “limpiaba su pasado en busca de la presidencia de la república, como lo hizo con su esposa y los guaruras que sabían de sus relaciones con otros hombres”.

Hace dos años, el 16 de septiembre de 2010, Estrada entró por la garita internacional de Tijuana hacia Estados Unidos. Cruzó la frontera en silla de ruedas, con un parte médico de la Cruz Roja mexicana, y sedado para tolerar el dolor. Había sido violado con un tubo, torturado, y se intentó asfixiarlo con una bolsa de plástico en la cabeza.

La Procuraduría General de la República era el único organismo público que sabía oficialmente del domicilio protegido de Estrada. Fue asignado después de que denunció al estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ésta mandó observar medidas cautelares para su protección y la de su familia. Sin embargo, la misma PGR violó el principio de protección y se perpetró la brutal agresión contra Estrada.

El gobierno estadounidense aceptó su entrada al país, al ver la condición de gravedad y la solicitud de asilo elaborada por una organización de abogados defensores de derechos humanos, quienes le ayudaron también con el costo del boleto de avión. No obstante, aun cuando el gobierno de Estados Unidos autorizó un permiso de trabajo con vigencia de un año, el asilo político estaba condicionado a la investigación sobre la veracidad de su historia y los hechos, por lo que hasta ahora fue otorgado en seguimiento del proceso jurídico.

Durante todo este tiempo, Estrada fue atendido en el Hospital de Sobrevivientes de Tortura en San Diego. Fue asesorado jurídicamente por un abogado Pro bono de origen griego, quien le ha indicado que el asilo será extendido para toda su familia por la situación que se agrava con el nuevo titular del Ejecutivo.

A raíz del tercer ataque del que fue víctima en San Diego, ha cambiado nuevamente de ciudad. Ahora, el estado estadounidense, junto con el asilo, le otorga una ayuda económica por ser sobreviviente de tortura del estado mexicano.

Frente al Consulado, Agustín Estrada, se suma a las manifestaciones contra la imposición de Peña Nieto

Comisión Interamericana frente al caso Estrada

La responsable de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Isabel Rivero, señaló que con el asilo político otorgado a Agustín Estrada Negrete no se suspende la petición de medidas cautelares al estado mexicano, porque aún existe familia de la víctima en ese país. Indicó, que hasta que la víctima lo solicite personalmente podría retirarse esta solicitud enviada a México desde 2009, con el número de expediente MC 222/09.

Ante la pregunta sobre el incumplimiento del estado mexicano en el caso de Estrada, quien fue víctima de dos atentados más, la funcionaria internacional señaló también que la Comisión Interamericana realiza un informe anual ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y queda publicado el contenido como una forma de exhibir el incumplimiento ante los otros estados miembros.

También señaló Rivero que la Comisión, ante reiterados incumplimientos en materia de derechos humanos por parte de los estados, puede considerar el trabajar con el estado en cuestión, de forma directa para buscar medidas efectivas de cumplimientos. Junto con el caso Estrada/México, se encuentran también en similares condiciones de incumplimiento el caso de Guantánamo/EEUU y el de «una familia en Venezuela quien está siendo asesinada por miembros de la policía nacional».

Estados Unidos

Comunidad Tohono O’odham celebra libertad para indígena que protesta contra construcción del muro fronterizo

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En Tucson, Arizona, tras el dictamen de una jueza federal en favor de la activista indígena Amber Ortega determinando que no es culpable por la protesta que realizó en 2020 para impedir la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, la comunidad de Tohono Oodham celebra su libertad.

La activista, de 35 años de edad, enfrentaba hasta seis meses de prisión luego de ser arrestada en septiembre del 2020 en una protesta contra el muro. Ortega y otros manifestantes bloquearon el tránsito de camiones de la construcción cerca de donde se erigía el muro en la frontera de Arizona con México.

“La opresión en contra de mi pueblo tiene un largo historial, tenemos que seguir luchando para que nuestra voz sea escuchada”, señaló la activista quien espera que algún día sea derrumbado el muro fronterizo.

La juez federal Leslie A. Bowman aceptó el argumento de la defensa presentada durante el juicio que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre donde se argumentó que Ortega solo defendía sus creencias religiosas al protestar en contra de la construcción que estaba afectando sitios ceremoniales de la tribu Tohono O’odham, asentada originalmente en la línea divisoria de ambos países.

Los partidarios de Ortega la saludaron con vítores cuando salió del juzgado de la ciudad de Tucson. Ortega, integrante de los pueblos indígenas Hia Ced y Tohono O’odham, argumentó con éxito que el muro fronterizo y su construcción violaban sus creencias y prácticas religiosas y espirituales.

Agencias

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Estados Unidos

Gobierno de Biden dará 400 millones de mascarillas N95 de forma gratuita

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La Casa Blanca anunció hoy miércoles que pondrá a disposición 400 millones de mascarillas N95 de forma gratuita, esto como parte de una serie de acciones destinadas a combatir la creciente variante Ómicron.

Las mascarillas N95 estarán disponibles para las personas en decenas de miles de farmacias locales, así como en miles de centros de salud comunitarios, según dijo la comunicación de la Casa Blanca.

Los cubrebocas comenzarán a enviarse a estos centros de recolección a finales de esta semana y estarán disponibles a fines de la próxima semana.

El programa estará en marcha a principios de febrero

Que las personas en Estados Unidos tuvieron acceso a las mascarillas N95 era una de las acciones más apremiantes para el presidente Joe Biden, ya que el senador Bernie Sanders y más de 50 legisladores demócratas ya habían presentado un proyecto de ley la semana pasada para que se envíe tres mascarillas N95 a cada persona del país.

De acuerdo con The Hill, los expertos dicen que la administración del presidente Joe Biden debería haber llevado a cabo estas acciones desde hace meses para que estas mascarillas de alta calidad estuvieran más disponibles actualmente; pero que ya se haya hecho es un progreso.

Cabe señalar que las mascarillas N95 escaseaban a inicios de la pandemia. Estos cubrebocas se llaman N95 porque pueden filtrar el 95% de todas las partículas que hay en el aire,

Las mascarillas se están repartiendo de la Reserva Nacional Estratégica, la reserva de emergencia de la nación, que actualmente tiene más de 750 millones de cubrebocas N95, el triple de lo que tenían en enero de 2021, según dijo comunicación de la Casa Blanca.

Ahora se está pidiendo con mayor urgencia a las personas que usen mascarillas de mayor calidad como son las N95, ya que los expertos dicen que ofrecen una protección mucho mejor que los simples cubrebocas de tela, especialmente frente a la variante Ómicron.

El miércoles también fue el día de lanzamiento oficial de covidtests.govel nuevo sitio web de la administración que permite a los estadounidenses solicitar pruebas de coronavirus en el hogar de forma gratuita.

 

Agencias

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Estados Unidos

Relatores de la ONU condenan violaciones de DDHH en la cárcel de Guantánamo

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GINEBRA – Relatores de las Naciones Unidas condenaron este lunes 10 las violaciones de derechos humanos y la impunidad que privó en la prisión estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba, a 20 años de la llegada de los primeros detenidos a ese enclave.

Guantánamo “es un sitio de notoriedad sin precedentes, definido por el uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cientos de hombres llevados ahí y privados de sus derechos más fundamentales”, dijeron en su declaración los expertos en derechos humanos.

Para los especialistas, “20 años de práctica de detenciones arbitrarias sin juicio, acompañadas de tortura o malos tratos, es simplemente inaceptable para cualquier gobierno, en particular para uno que tiene el reclamo declarado de proteger los derechos humanos”.

“Como miembro recién elegido del Consejo de Derechos Humanos, los expertos piden nuevamente a Estados Unidos que cierren esta instalación y cierren este feo capítulo de implacables violaciones de los derechos humanos”, agregaron.

Los expertos independientes trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en esta ciudad suiza.

Se trata de Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Nils Melzer, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y Siobhán Mullally, sobre la trata de personas.

Con ellos, Morris Tidball-Binz, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Tlaleng Mofookeng, sobre el derecho a la integridad física y salud mental; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

En su base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba, el gobierno del presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) estableció en enero de 2002 un centro de detención para prisioneros acusados de terrorismo, tras la invasión de Afganistán, que siguió a los atentados en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.

Estados Unidos encarceló a un total de 780 hombres musulmanes en Guantánamo, con 39 que aún permanecen detenidos sin cargo y sin juicio. Muchos fueron liberados y al menos nueve murieron en la prisión, de ellos siete por suicidio.

Además de señalar a Guantánamo como centro de torturas y otras violaciones de derechos, los relatores dijeron que es un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas, así como de la impunidad de la que gozan los responsables.

“Cuando un Estado no responsabiliza a quienes han autorizado y practicado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, envía una señal de complacencia y aquiescencia al mundo”, declararon los expertos en su comunicado.

Una vez más, los relatores pidieron al gobierno estadounidense que cierre el centro carcelario, regrese a los detenidos a sus hogares o a terceros países seguros respetando el principio de no devolución, y brinde remedio y reparación a quienes hayan sido torturados y detenidos arbitrariamente por sus agentes.

También, que obligue a que los responsables de los actos de tortura rindan cuentas en línea con las leyes internacionales de derechos humanos.

Expresaron especial preocupación por la población carcelaria enferma y envejecida que ha sufrido atropellos durante todo este tiempo, y repudiaron la falta de asistencia médica adecuada, así como la inexistencia de rehabilitación por tortura a la que obliga el derecho internacional.

También denunciaron los procedimientos previos al juicio que realizan las comisiones militares para eliminar las pruebas de tortura y remarcaron la necesidad de transparencia e imparcialidad en los procesos.

Acentuaron las fallas del sistema judicial de Estados Unidos para proteger los derechos humanos y defender el estado de derecho, que dan lugar con su apoyo a un limbo legal en Guantánamo.

Para concluir, los expertos encomiaron la valiente y ardua labor de los abogados defensores que han luchado para proteger el estado de derecho y que han revelado las violaciones de los derechos humanos por parte de las comisiones militares.

Recientemente, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado (cancillería) en Washington, dijo que Estados Unidos mantiene el plan de cerrar esa prisión.

“Seguimos decididos a deliberar y a un proceso exhaustivo centrado en reducir de forma responsable la población de detenidos en la bahía de Guantánamo y, en última instancia, a cerrar las instalaciones”, dijo Price.

A-E/HM

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