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Estados Unidos

EEUU otorga primer asilo político por causa de Peña Nieto

EEUU concede el primer asilo político a Agustín Estrada, víctima de Enrique Peña Nieto por intentar acallar su homosexualidad

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, CA.- El gobierno de Estados Unidos otorgó asilo político a Agustín Estrada Negrete, expareja homosexual del recién impuesto presidente de México, Enrique Peña Nieto. El juicio de asilo ante las autoridades migratorias fue llevado por el abogado Pro Bono, de origen griego, Leonidas Miras. Tuvo una duración de cinco horas y se ganó por las tres causas por las que se pedía el asilo: persecución política, homosexualidad y tortura por parte del Estado mexicano representado por Enrique Peña Nieto.

Estrada mantuvo una relación amorosa durante siete años con el político del PRI, según su propia narración, y el 17 de mayo de 2007 fue agredido físicamente por participar en un desfile vestido de mujer, siendo empleado de gobierno en el Estado de México.

A partir de entonces, Estrada no dejó de denunciar lo que consideró una injusticia y empezó a vivir la pesadilla del acoso gubernamental, al igual que su familia y conocidos que apoyaban su causa y la defendían. Los funcionarios públicos que trabajaban con Peña Nieto, en intento de acallarlo, le construyeron delitos como obstruir las vías públicas o dañar inmuebles como el Palacio de gobierno por manifestarse frente a las instalaciones en reclamo por la suspensión de su trabajo. Estrada fue enviado a la cárcel, sin juicio, por manifestarse, y fue violado por doce personas entre policías y presos.

Pese a sus denuncias ante Ministerios públicos, organismos de derechos humanos y medios de comunicación, Estrada no fue escuchado. Y quien lo ayudaba, sufría el mismo acoso que él. Si algún medio difundía su caso, omitía la responsabilidad contra el exgobernador del estado de México, como fue el caso de Televisa con Denise Maercker, La Jornada o El Universal.

Para el gobierno de Peña Nieto, la táctica era desprestigiar a la víctima por ser homosexual y director de una escuela de atención especial para niños con capacidades diferentes. Para Estrada, la represión y el terror era la forma evidente de acallar la homosexualidad de Peña Nieto, que ya “limpiaba su pasado en busca de la presidencia de la república, como lo hizo con su esposa y los guaruras que sabían de sus relaciones con otros hombres”.

Hace dos años, el 16 de septiembre de 2010, Estrada entró por la garita internacional de Tijuana hacia Estados Unidos. Cruzó la frontera en silla de ruedas, con un parte médico de la Cruz Roja mexicana, y sedado para tolerar el dolor. Había sido violado con un tubo, torturado, y se intentó asfixiarlo con una bolsa de plástico en la cabeza.

La Procuraduría General de la República era el único organismo público que sabía oficialmente del domicilio protegido de Estrada. Fue asignado después de que denunció al estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ésta mandó observar medidas cautelares para su protección y la de su familia. Sin embargo, la misma PGR violó el principio de protección y se perpetró la brutal agresión contra Estrada.

El gobierno estadounidense aceptó su entrada al país, al ver la condición de gravedad y la solicitud de asilo elaborada por una organización de abogados defensores de derechos humanos, quienes le ayudaron también con el costo del boleto de avión. No obstante, aun cuando el gobierno de Estados Unidos autorizó un permiso de trabajo con vigencia de un año, el asilo político estaba condicionado a la investigación sobre la veracidad de su historia y los hechos, por lo que hasta ahora fue otorgado en seguimiento del proceso jurídico.

Durante todo este tiempo, Estrada fue atendido en el Hospital de Sobrevivientes de Tortura en San Diego. Fue asesorado jurídicamente por un abogado Pro bono de origen griego, quien le ha indicado que el asilo será extendido para toda su familia por la situación que se agrava con el nuevo titular del Ejecutivo.

A raíz del tercer ataque del que fue víctima en San Diego, ha cambiado nuevamente de ciudad. Ahora, el estado estadounidense, junto con el asilo, le otorga una ayuda económica por ser sobreviviente de tortura del estado mexicano.

Frente al Consulado, Agustín Estrada, se suma a las manifestaciones contra la imposición de Peña Nieto

Comisión Interamericana frente al caso Estrada

La responsable de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Isabel Rivero, señaló que con el asilo político otorgado a Agustín Estrada Negrete no se suspende la petición de medidas cautelares al estado mexicano, porque aún existe familia de la víctima en ese país. Indicó, que hasta que la víctima lo solicite personalmente podría retirarse esta solicitud enviada a México desde 2009, con el número de expediente MC 222/09.

Ante la pregunta sobre el incumplimiento del estado mexicano en el caso de Estrada, quien fue víctima de dos atentados más, la funcionaria internacional señaló también que la Comisión Interamericana realiza un informe anual ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y queda publicado el contenido como una forma de exhibir el incumplimiento ante los otros estados miembros.

También señaló Rivero que la Comisión, ante reiterados incumplimientos en materia de derechos humanos por parte de los estados, puede considerar el trabajar con el estado en cuestión, de forma directa para buscar medidas efectivas de cumplimientos. Junto con el caso Estrada/México, se encuentran también en similares condiciones de incumplimiento el caso de Guantánamo/EEUU y el de “una familia en Venezuela quien está siendo asesinada por miembros de la policía nacional”.

Estados Unidos

Cruce masivo de miles de haitianos a Texas en espera de asilo

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Washington, 16 sep (EFE).- Más de 8.000 inmigrantes irregulares, en su mayoría de nacionalidad haitiana, están retenidos por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado en el sur de Texas tras un cruce masivo en la frontera.

Los migrantes han estado cruzando desde este martes a Estados Unidos por la zona de Del Río (Texas) y han desbordado a las autoridades migratorias, que han improvisado el campamento debajo del puente internacional que conecta con Ciudad Acuña (México) a la espera de ir procesando solicitudes de asilo.

Estos más de 8.000 migrantes, según cifras de las autoridades locales, duermen al raso y carecen de servicios básicos, unas condiciones que amenazan con crear una nueva emergencia humanitaria en la frontera sur.

La frontera entre Texas y México ha registrado cifras récord en las llegadas de inmigrantes irregulares desde que Joe Biden asumió el poder en enero pasado y ya ha sido foco de una crisis política para el nuevo presidente.

Según The Washington Post, muchos de los migrantes haitianos que han llegado a Texas emigraron de sus país tras el terremoto de 2010 a naciones suramericanas como Brasil o Chile, pero la crisis creada por la pandemia les ha impulsado ahora hacia Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha enviado refuerzos al sector de Del Río para gestionar el campo y ante la incertidumbre de que más migrantes puedan cruzar en los próximos días.

“Para prevenir enfermedades relacionadas con el calor, el área con sombra debajo del Puente Internacional Del Río está sirviendo como un puesto temporal de para mientras los migrantes esperan a estar bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza”, explicó en un comunicado este cuerpo.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció este jueves el cierre de seis puntos de cruce fronterizo con México para “impedir que las caravanas de migrantes infesten” el estado, aunque posteriormente dio marcha y dijo que los agentes estatales solo harán acto de presencia para disminuir las llegadas.

El alcalde de Del Río, el demócrata Bruno “Ralphy” Lozano, urgió por su lado al Gobierno de Joe Biden a “reconocer que hay una crisis fronteriza ocurriendo en tiempo real en este momento con graves consecuencias para la seguridad y la salud”.

Lozano, que calificó el campamento de “favela”, también alertó de que si los agentes se concentran en este punto, el resto del sector, de unas 240 millas (400 kilómetros), está quedando desatendido.

“¿Quién está vigilando al resto del sector?”, dijo, en declaraciones recogidas por el Post.

Washington ha reducido los vuelos de deportación a Haití desde la crisis provocada por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio. Unos 30.000 haitianos habían cruzado a EE.UU. en el último año según datos oficiales.

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Estados Unidos

Ex preso de Attica, Nueva York, narra la masacre racista dentro del penal en 1971

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Por Guadalupe Lizárraga

Han pasado cincuenta años de la rebelión de los prisioneros en la cárcel de Attica, Nueva York, uno de los episodios más sangrientos en las cárceles de los Estados Unidos, en la que fueron acribillados 43 reclusos y 11 rehenes, todos -excepto cuatro- fueron víctimas de la policía y la Guardia Nacional. Quien dio la orden de ataque fue el gobernador Nelson Rockefeller. Entre las víctimas, Tyrone Larkins sobrevivió a la masacre con tres disparos y es entrevistado por el digital Democracy Now.

El 9 de septiembre de 1971, inició el motín de los prisioneros cuando tomaron la dirección del centro penitenciario en protesta por las torturas y malos tratos, así como las condiciones insalubres en los que los mantenían, narra Larkins. Para entonces, la prisión albergaba a 2300 hombres, muy por encima de de su capacidad máxima, y el motín duró cinco días.

A los presos les permitían ducharse una vez a la semana, y les daban un jabón y un rollo de papel al mes. Les entregaban sólo dos litros de agua al día, para beber y para usarla en su higiene personal. Las raciones de comida eran raquíticas y el Estado gastaba 63 centavos de dólar por preso al día para la comida. No se les permitía comunicación con el exterior, sus cartas eran destruidas y no se permitía la práctica de la religión musulmana.

La peor parte la llevaban los afroamericanos, quienes eran relegados a los puestos de trabajo con salarios más bajos y víctimas de torturas y la discriminación racial por los empleados blancos de la prisión.​

La Vanguardia Española daba seguimiento a la masacre

El periódico La Vanguardia Española, en septiembre de 1971 daba seguimiento a la masacre de Attica, y revelaba en español -en coordinación con The New York Times-, que los informes oficiales sobre los hechos eran falsos, y alegaban que los reclusos habían degollado y castrado a los custodios rehenes. Sin embargo, la investigación periodística daba cuenta de los hallazgos del Comité de Observadores, integrado por 18 profesionales, entre éstos periodistas y abogados, que confirmaron con las autopsias de los custodios asesinados que las causas de muerte habían sido por armas de fuego, después de que el gobernador diera la orden de ataque a los prisioneros rebeldes.

También argumentaron que la causa de la rebelión eran las malas condiciones en las que los mantenían y las torturas sistemáticas infligidas. Así mismo, el comité declaró que la matanza se había perpetrado por la intransigencia oficial y que el informe había sido preparado de antemano a la orden de ataque.

Tyrone Larkins, sobreviviente

En este contexto, Tyrone Larkins, ex preso sobreviviente, que fue herido de gravedad en la represión, el 13 de septiembre de ese año, describe Attica como “el lugar más brutal que conocí en mi vida” y recuerda por qué se produjo el motín el 9 de septiembre de 1971, día en que los presos redujeron a los guardias y tomaron gran parte de las instalaciones de esa penitenciaría ubicada en el norte del estado de Nueva York, en señal de protesta contra las condiciones de vida en ese lugar.

En aquella época, los presos pasaban la mayor parte del tiempo en las celdas y se duchaban una vez por semana. Larkins explica cómo se desarrollaron las tensas negociaciones con los prisioneros politizados y dice que el motín iba camino a resolverse a través del diálogo cuando el gobernador Nelson Rockefeller ordenó a la Policía estatal que atacara las instalaciones. La policía abrió fuego y mató a veintinueve reclusos y diez rehenes.

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Estados Unidos

Jueza federal ordena al Gobierno de Biden deje de impedir que inmigrantes soliciten asilo en la frontera con México

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La jueza federal estadounidense Cynthia Bashant falló en contra de la práctica del Gobierno de Joe Biden de impedir que los inmigrantes soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. La política, conocida como “dosificación”, fue aplicada por primera vez durante la presidencia de Obama y limita la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en los pasos fronterizos de entrada al país y permanecer en Estados Unidos mientras se tramitan sus solicitudes.

El expresidente Trump amplió más tarde la política a la frontera sur, lo que obligó a que miles de solicitantes de asilo fueran colocados en largas listas de espera y tuvieran que permanecer durante meses en ciudades fronterizas mexicanas, donde corrían riesgo de ser secuestrados, sufrir agresiones sexuales o ser asesinados.

El abogado Stephen Medlock, quien argumentó el caso en nombre de los solicitantes de asilo, dijo en un comunicado: “Los mismos funcionarios gubernamentales que deberían haber dado la bienvenida y asistido a las víctimas de persecución y tortura tenían la orden de alejar a los solicitantes de asilo de Estados Unidos. El tribunal de distrito determinó que eso era claramente ilegal”.

La regla no escrita de rechazar a solicitantes de asilo en la frontera viola la Constitución de Estados Unidos, dijo el jueves una jueza federal de Distrito de San Diego (California), en respuesta a la demanda presentada por la organización sin fines de lucro Al Otro Lado y 13 inmigrantes.

La cuestionada política, basada en la discrecionalidad otorgada a los agentes federales por el Department Homeland Security (DHS), viola la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda, dijo la jueza Cynthia Bashant.

En la práctica, la regla vigente deniega a los inmigrantes una oportunidad de pedir asilo en la frontera hasta que haya espacio para procesar una solicitud formal, siendo que el asilo se trata de un recurso legal disponible aprobado por el Congreso.

Si bien el dictamen no tiene un impacto inmediato, la decisión del tribunal puede impedir al gobierno, en este caso a los agentes del DHS, limitar o coartar el ingreso de solicitantes de asilo bajo el amparo que no existen recursos disponibles.

“¡La política de la era Trump que hizo retroceder a miles de solicitantes de asilo ha sido declarada inconstitucional!”, dijo la organización Al Otro Lado en su cuenta de la red social Twitter.

Con información de Democracy Now!
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