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Estados Unidos

EEUU otorga primer asilo político por causa de Peña Nieto

EEUU concede el primer asilo político a Agustín Estrada, víctima de Enrique Peña Nieto por intentar acallar su homosexualidad

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, CA.- El gobierno de Estados Unidos otorgó asilo político a Agustín Estrada Negrete, expareja homosexual del recién impuesto presidente de México, Enrique Peña Nieto. El juicio de asilo ante las autoridades migratorias fue llevado por el abogado Pro Bono, de origen griego, Leonidas Miras. Tuvo una duración de cinco horas y se ganó por las tres causas por las que se pedía el asilo: persecución política, homosexualidad y tortura por parte del Estado mexicano representado por Enrique Peña Nieto.

Estrada mantuvo una relación amorosa durante siete años con el político del PRI, según su propia narración, y el 17 de mayo de 2007 fue agredido físicamente por participar en un desfile vestido de mujer, siendo empleado de gobierno en el Estado de México.

A partir de entonces, Estrada no dejó de denunciar lo que consideró una injusticia y empezó a vivir la pesadilla del acoso gubernamental, al igual que su familia y conocidos que apoyaban su causa y la defendían. Los funcionarios públicos que trabajaban con Peña Nieto, en intento de acallarlo, le construyeron delitos como obstruir las vías públicas o dañar inmuebles como el Palacio de gobierno por manifestarse frente a las instalaciones en reclamo por la suspensión de su trabajo. Estrada fue enviado a la cárcel, sin juicio, por manifestarse, y fue violado por doce personas entre policías y presos.

Pese a sus denuncias ante Ministerios públicos, organismos de derechos humanos y medios de comunicación, Estrada no fue escuchado. Y quien lo ayudaba, sufría el mismo acoso que él. Si algún medio difundía su caso, omitía la responsabilidad contra el exgobernador del estado de México, como fue el caso de Televisa con Denise Maercker, La Jornada o El Universal.

Para el gobierno de Peña Nieto, la táctica era desprestigiar a la víctima por ser homosexual y director de una escuela de atención especial para niños con capacidades diferentes. Para Estrada, la represión y el terror era la forma evidente de acallar la homosexualidad de Peña Nieto, que ya “limpiaba su pasado en busca de la presidencia de la república, como lo hizo con su esposa y los guaruras que sabían de sus relaciones con otros hombres”.

Hace dos años, el 16 de septiembre de 2010, Estrada entró por la garita internacional de Tijuana hacia Estados Unidos. Cruzó la frontera en silla de ruedas, con un parte médico de la Cruz Roja mexicana, y sedado para tolerar el dolor. Había sido violado con un tubo, torturado, y se intentó asfixiarlo con una bolsa de plástico en la cabeza.

La Procuraduría General de la República era el único organismo público que sabía oficialmente del domicilio protegido de Estrada. Fue asignado después de que denunció al estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ésta mandó observar medidas cautelares para su protección y la de su familia. Sin embargo, la misma PGR violó el principio de protección y se perpetró la brutal agresión contra Estrada.

El gobierno estadounidense aceptó su entrada al país, al ver la condición de gravedad y la solicitud de asilo elaborada por una organización de abogados defensores de derechos humanos, quienes le ayudaron también con el costo del boleto de avión. No obstante, aun cuando el gobierno de Estados Unidos autorizó un permiso de trabajo con vigencia de un año, el asilo político estaba condicionado a la investigación sobre la veracidad de su historia y los hechos, por lo que hasta ahora fue otorgado en seguimiento del proceso jurídico.

Durante todo este tiempo, Estrada fue atendido en el Hospital de Sobrevivientes de Tortura en San Diego. Fue asesorado jurídicamente por un abogado Pro bono de origen griego, quien le ha indicado que el asilo será extendido para toda su familia por la situación que se agrava con el nuevo titular del Ejecutivo.

A raíz del tercer ataque del que fue víctima en San Diego, ha cambiado nuevamente de ciudad. Ahora, el estado estadounidense, junto con el asilo, le otorga una ayuda económica por ser sobreviviente de tortura del estado mexicano.

Frente al Consulado, Agustín Estrada, se suma a las manifestaciones contra la imposición de Peña Nieto

Comisión Interamericana frente al caso Estrada

La responsable de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Isabel Rivero, señaló que con el asilo político otorgado a Agustín Estrada Negrete no se suspende la petición de medidas cautelares al estado mexicano, porque aún existe familia de la víctima en ese país. Indicó, que hasta que la víctima lo solicite personalmente podría retirarse esta solicitud enviada a México desde 2009, con el número de expediente MC 222/09.

Ante la pregunta sobre el incumplimiento del estado mexicano en el caso de Estrada, quien fue víctima de dos atentados más, la funcionaria internacional señaló también que la Comisión Interamericana realiza un informe anual ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y queda publicado el contenido como una forma de exhibir el incumplimiento ante los otros estados miembros.

También señaló Rivero que la Comisión, ante reiterados incumplimientos en materia de derechos humanos por parte de los estados, puede considerar el trabajar con el estado en cuestión, de forma directa para buscar medidas efectivas de cumplimientos. Junto con el caso Estrada/México, se encuentran también en similares condiciones de incumplimiento el caso de Guantánamo/EEUU y el de «una familia en Venezuela quien está siendo asesinada por miembros de la policía nacional».

Estados Unidos

Gobierno de EEUU anuncia cierre del centro de detención a migrantes del Condado de Berks, Pensilvania

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En centro de detención de Berks fungía para detener sólo a mujeres migrantes

Como una gran victoria para los activistas por los derechos de las personas migrantes, el Gobierno federal de Estados Unidos anunció que cerrará el Centro de Detención del Condado de Berks, situado en el estado de Pensilvania, que durante mucho tiempo se usó para encarcelar a familias que solicitaban asilo. Más recientemente, la instalación se ha utilizado como prisión para mujeres migrantes.

El Centro Residencial del Condado de Berks, es una instalación del municipio de Berna, donde se ha retenido a los solicitantes de asilo y que ha sido objeto de protestas durante años. Los funcionarios del condado anunciaron el miércoles que el gobierno federal les informó que finalizará su contrato con el condado el 31 de enero.

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Stephanie Weaver, oficial de Relaciones Públicas del condado, emitió un comunicado diciendo que los funcionarios de Berks se reunieron con la gerencia y el personal del centro para informarles sobre la decisión del gobierno federal.

“El condado de Berks desea agradecer al personal, los empleados y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales de BCRC por su servicio y compromiso con este programa”, dice el comunicado. “Los funcionarios del condado también están comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a estos empleados durante esta transición”.

La declaración no especificó si los empleados del condado perderían sus trabajos debido a la decisión de cerrar las instalaciones. Weaver dijo que unas 60 personas actualmente trabajan en el centro.

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El centro, que opera desde 2001, había sido en algún momento uno de los tres lugares de Estados Unidos donde se retenía a las familias que buscaban asilo. A principios de 2022, se convirtió en una instalación que albergaba sólo a mujeres.

El condado de Berks administra la instalación y el gobierno federal le reembolsa. A cambio, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) alquila espacio para oficinas y proporciona alrededor de $1 millón en ingresos anuales al condado.

Durante la última década, la instalación se convirtió en un imán para las protestas, con una variedad de grupos de defensa que han pedido su cierre. Sostienen que la detención de niños es inhumana e hicieron acusaciones sobre el maltrato de los detenidos y las malas condiciones de vida en el centro. Los funcionarios federales y del condado han negado sistemáticamente esas afirmaciones.

El centro permaneció vacío durante la mayor parte del año pasado después de que la administración del presidente Joe Biden decidió que ya no estaba interesado en detener a las familias solicitantes de asilo.

 

En cambio, ICE y los funcionarios del condado forjaron un nuevo contrato para el sitio que lo convirtió en una instalación de albergue a mujeres migrantes. Los comisionados del condado aprobaron el nuevo contrato en el verano de 2021.

Ante la noticia del cierre, la organización Coalición Shut Down Berks dijo ser una gran victoria para la comunidad y una prueba de que la organización y la colaboración pueden generar cambios.

“Ha sido un largo viaje de organización desde 2015 para llegar aquí”, se lee en el comunicado. “Estamos más que emocionados de escuchar esta noticia y esperamos ver a todos liberados a sus familias y comunidades. También nos mantendremos atentos para que este sitio nunca más se use para infligir más violencia contra los inmigrantes o encarcelar a más personas a medida que pasa a un nuevo propósito”.

 

 

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Estados Unidos

En Arkansas, un pollo con sangre de explotación laboral

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La pollería Tyson en Arkansas explota a los migrantes y los trata con esclavos

 

En el noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las empresas polleras es equiparable a la época feudal. Algunos trabajadores no saben ni siquiera el monto de su salario, menos pueden organizarse para construir un espacio de trabajo más digno, por el temor de ser detenidos y deportados

Por Kau Sirenio

@Kausirenio 

El estado de Arkansas era de los estados confederados que se oponían a la abolición de esclavitud. De ahí que las calles de la ciudad de Springdale tengan nombres de supremacistas blancos como: Winfield Scott, George B. McClellan, Henry W. Halleck, Ulysses S. Grant. O de los dueños de los fundadores de las trasnacionales como la pollería Tyson y Walmart: John W. Tyson y Sam Walton.

La historia de discriminación y explotación no termina ahí, sino que se extiende en la universidad de Arkansas, donde el departamento de ciencia avícola es el principal referente de la pollería Tyson, que tienen el mayor número de trabajadores migrantes con problemas de movilidad de sus extremidades y en algunos casos de trombosis cerebral.

El rechazo a los otros en esta ciudad se percibe en sus panteones, donde cada población tiene su propio cementerio. El de los negros o esclavos se encuentra en un terreno baldío, unas piedras puntiagudas sirven de lápida. Luego sigue una barda de azulejos que lo divide con la de los blancos, ahí, las tumbas cuentan con cruces de mármol. Al noroeste de la ciudad se encuentra la sepultura exclusiva para militares y miembros del Ejército Confederado. Mientras que los cadáveres de los migrantes latinos son repatriados a sus países de origen.

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Con una población de 69 mil 797 habitantes, Springdale es la ciudad donde llegan los migrantes mexicanos y centroamericanos. A pesar de la política antimigrantes, en esta ciudad es común encontrar comercios con productos mexicanos y centroamericanos. De comida hay de todos los sabores y sazones.

La política migratoria es estandarizada con la Ley federal de Migración en el noroeste de Arkansas. Al igual que en los estados de Georgia, Misisipi, Tennessee, Luisiana y Alabama, no tiene ciudades santuarios, por lo que las policías locales colaboran activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su sigla en inglés.

Esta relación antimigrantes permitió que la policía local colaborara con el ICE para detener a 680 trabajadores de siete plantas procesadoras de alimentos en una redada conjunta en Misisipi el 8 de agosto en 2018. La mayoría de los detenidos son latinos.

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En mayo de 2018, la fundadora y directora de la organización comunitaria Venceremos Magali Licolli, describió la condición en que trabajaban los migrantes: “Cuando vi lo jodido de la situación de los trabajadores de la pollería El Tyson me di cuenta de lo complicado que es la vida de los migrantes indocumentados Arkansas, Estados Unidos”.

Las activista hacía énfasis sobre la explotación de los migrantes en el noroeste de Arkansas. “Venían pacientes a la clínica comunitaria a pedir ayuda para atención médica por sus discapacidades físicas a causa de los accidentes laborales. Era tal la crueldad en que trabajaban que no les permitía ir al baño, tenían que usar pañales desechables porque no se podían mover la cadena de producción”.

Las personas migrantes que trabajan en Tyson cada día están en peligro de perder la movilidad de sus cuerpos debido al trabajo que realizan en la pollería, lo triste de este caso es que los cónsules y el embajador de México en Estados Unidos poco hace por investigar el ambiente laboral en que se encuentran los connacionales.

Mientras que el salario de los migrantes no les alcanza para la renta, alimentación y medicinas. Y lo que es peor, a muchos de ellos les quedan secuelas irreparables, a causa de la presión en las bandas de destazar pollos.

Así las cosas, en el noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las polleras es equiparable a la época feudal. Algunos trabajadores no saben ni siquiera el monto de su salario, menos pueden organizarse para construir un espacio de trabajo más digno, por el temor de ser detenidos y deportados, porque el Tyson tiene una plantilla de capellanes que persuade a los trabajadores a no quejarse de la situación en que trabajan.

Magali Licolli puso al tanto en la entrevista en mayo de 2018 lo que sucedía en Springdale,  por ejemplo, los trabajadores no podía pedir trato digno, salario justo, aguinaldo y vacaciones a las empresas polleras, porque eso era condenarse a ser despedido.

“Ellos ven a los trabajadores que se organizan como comunistas, los llaman rojos y no permiten que se organicen. Las iglesias, universidades y organizaciones sociales reciben dinero de los empresarios, por eso no apoyan a los jornaleros avícolas”.

La situación de los migrantes en Estados Unidos es cada vez más compleja y nadie hace por revisar estos abusos en las empresas transnacionales. Las organizaciones sociales y religiosas en esta región están más apegadas al poder económico que a la vida humana.

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Lo que duele en esta historia es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presume las remesas que los paisanos que trabajan en el estado de Arkansas envían a México, pero poco hace por acompañar a los migrantes abandonados por la pollería el Tyson.

Mientras usted siga degustando una alita o pierna de una marca transnacional de comida rápida, la situación de los trabajadores del Tyson no cambiará.

 

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Estados Unidos

Gobierno de Biden mantiene postura de deportar sólo a inmigrantes con récord criminal por ‘recursos insuficientes’

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El gobierno de Joe Biden sólo deportará migrantes con historial criminal por falta de recursos

El Gobierno del presidente Joe Biden mantuvo su postura de que es “imposible” la detención y deportación de todos los inmigrantes indocumentados, porque no hay recursos suficientes, por ello defendió su política de enfocarse en personas con récord criminal y que representan un peligro para la seguridad nacional.

Ese y otros aspectos se abordaron en la sesión de argumentos orales ante la Corte Suprema de los procuradores generales Elizabeth Prelogar, de la Administración Biden, y del Judd Stone, de Texas.

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El caso fue aceptado por el Máximo Tribunal luego de una demanda de los gobiernos republicanos de Texas y Louisiana contra el memorando de septiembre del 2021 firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En esa guía se pide a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) priorizar a inmigrantes indocumentados con récord criminal, en lugar de detener y procesar para la deportación a una persona solamente por no tener papeles.

Los jueces cuestionaron a ambos procuradores sobre tres aspectos: 1) si un estado tiene o no el derecho de demandar al Gobierno federal sobre sus políticas –en este caso migratorias—; 2) si las reglas de deportación obedecen la ley de inmigración o no, y 3) si el juez de Distrito de Texas, Drew Tipton, tenía el poder de suspender una orden de este tipo.

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Juez [Brett] Cavanaugh, usted preguntó cuáles serían las consecuencias… si este tribunal realmente dijera que desplazará toda discreción de ejecución [migratoria], entonces el DHS estaría bajo la obligación judicialmente exigible de tomar medidas de ejecución contra cualquier persona”, dijo la procuradora Prelogar. “Eso significa que no tendríamos los recursos o la capacidad para perseguir a las personas que son amenazas para la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza”.

Varios de los jueces, incluidos Samuel Alito, el presidente del Tribunal John Roberts y el juez Kavanaugh expresaron escepticismo sobre las políticas “discrecionales” de la Administración Biden sobre los inmigrantes indocumentados.

“¿No deberíamos simplemente decir cuál es la ley?”, sugirió el juez Roberts, quien luego reconoció que el Gobierno federal no tendría acceso a recursos necesarios para aplicar la norma sin excepciones, es decir, deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados.

La jueza Sonia Sotomayor cuestionó sobre el argumento de los gobiernos demandantes en cuanto a la decisión de deportación, ya que enfatizó que todos los jueces tienen discrecionalidad al respecto, entonces consideró que las guías tenían como base esa discrecionalidad, es decir, que los oficiales de ICE eran instruidos en determinar “varios factores” para el arresto de una persona.

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Con información de La Opinión.

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