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EEUU: Los conflictos de intereses en Seguridad Nacional

La seguridad pública de Estados Unidos ha mostrado su lado oscuro en contratos millonarios de funcionarios de gobierno al sector privado

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Empresa que obtuvo más de 5760 millones de dólares en contratos de gobierno.

Empresa que obtuvo más de 5760 millones de dólares en contratos de gobierno.

 Por Guadalupe Lizarraga

WASHINGTON, DC.- El ‘caso Snowden’ ha puesto a Estados Unidos está en la mirada pública del mundo no sólo por abuso de espionaje masivo, sino también por dejar en manos de empresas privadas la seguridad nacional. Desde la administración de George W. Bush y después del aún no esclarecido acto de terrorismo del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de Estados Unidos contrató más de 2 mil empresas privadas para espiar a millones de ciudadanos que sin sospecha alguna de delito sus llamadas telefónicas y actividades en Internet fueron grabadas y recogidas para su supervisión.

Una tarea exclusiva del estado -por cuestiones evidentes de seguridad pública- ha sido encargada al sector privado con costos millonarios a cargo de los contribuyentes. Entre otras implicaciones, la movilidad de ejecutivos de las empresas para ocupar cargos estratégicos en el sector de Inteligencia ha generado controversia ya desde 2007, con la situación del actual director de la Agencia de Seguridad Nacional, James Clapper, quien se desempeñó como alto ejecutivo de la empresa de servicios de inteligencia Booz Allen Hamilton, la cual ha obtenido el 99 por ciento de sus ganancias por contratos otorgados por gobierno.

La controversia del 2007 fue desatada por un periodista independiente de Democracy Now!, Tim Shorrock, al sugerir la ilegalidad por tráfico de influencia en la contratación de servicios a empresas de inteligencia por Clapper, pero también por el Director de Inteligencia Nacional en 2009, John M. McConnell, y el director de la CIA en tiempos de Clinton, Robert James Woolsey, Jr., los cuales «han ido y venido entre el gobierno y la industria» (Booz Allen H, en particular), señaló Shorrok.

A excepción de Woolsey, quien se retiró formalmente del gobierno en 1995, los demás funcionarios han ocupado diversos cargos en las administraciones tanto republicanas como demócratas, pero todos ellos entraron de la mano de George W. Bush.

¿Cuál es el grado de aceptación pública de este espionaje público por empresas privadas?

Los resultados de dos encuestas realizadas por tres empresas independientes de Estados Unidos, Pew Research Center, Rasmussen Reports, y Gallup, en junio de 2013, muestra el nivel de aceptación pública de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en el seguimiento de llamadas telefónicas y la recolección de datos sobre los ciudadanos que no tienen ninguna sospecha de delito. Los resultados se dividen. La mayoría de los que respondieron la encuesta de Rasmussen está en contra de la recolección de datos gubernamentales (59%). La mayor parte de la encuesta de Pew está a favor de la recogida de datos como una medida contra el terrorismo (56%).

Opinion of Americans on whether the NSA's secret data collection is acceptable

La encuesta realizada por la empresa Ramussen Reports arroja resultados más contundentes respecto a la aceptación pública en el espionaje de llamadas telefónicas. La mayoría de los votantes encuestados, una muestra representativa, se opone a la recolección secreta por parte del gobierno de los Estados Unidos de registros telefónicos de millones de estadounidenses y piensan que los agentes federales están espiando “demasiado” a los ciudadanos. Sólo el 26% de los posibles votantes estadounidenses se pronunció a favor de la recolección secreta del gobierno de estos registros telefónicos con fines de seguridad nacional, independientemente de si hay alguna sospecha de mala conducta. Los últimos informes de la encuesta telefónica nacional Rasmussen considera que el 59% se opone a la práctica y el quince por ciento (15%) está indeciso.

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¿Acepta la gente espionaje de Internet por seguridad?

La opinión pública estadounidense también está dividida sobre el seguimiento del gobierno de la actividad en Internet con el fin de evitar posibles actos de terrorismo. El Pew Research Center comparó los resultados de una encuesta realizada en julio de 2002, bajo la administración de George W. Bush con una encuesta reciente ahora en junio 2013, bajo la administración de Obama.

El resultado arroja que el 45% de los entrevistados en julio de 2002 señaló que el gobierno debía ser capaz de «hacer el seguimiento de correos electrónicos de todo el mundo y otras actividades en línea, si los funcionarios aseguraban que esto podría prevenir futuros ataques terroristas». Sin embargo, después de 11 años, el 52% sostiene que el gobierno no debería hacer esto.

Podría interpretarse que esa diferencia no es relevante, y que la sociedad estadounidense sigue aceptando de cualquier manera que el gobierno espíe sus actividades en Internet. No obstante, los ciudadanos no cuentan con toda la información que deberían de recibir por parte del gobierno de Estados Unidos, tal como los costos reales del espionaje a ciudadanos libres de sospecha de delito, los beneficios millonarios a empresas privadas, y la movilidad de empleados del sector privado a cargos públicos estratégicos para la seguridad nacional, así como los resultados efectivos de dichas políticas.

 

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Estados Unidos

Trump demanda a CNN por ‘difamación’ y exige más de 500 millones de dólares por ‘daños’

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Donald Trump demandó a la cadena CNN por realizar acusaciones sin fundamentos cuando era presidente de Estados Unidos

Por Juan Vázquez / Nueva York

Ayer en la tarde, en una corte en Florida, el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, ingresó una demanda civil contra la cadena de noticias CNN por presuntamente difamarlo “en la mente de sus televidentes y lectores con el propósito de derrotarlo políticamente”.

Como daños punitivos está exigiendo 475 millones de dólares y otros 75 mdd de daños compensatorios además de un juicio con jurado y todos los costos procesales imponibles que se deriven del mismo.

Dicha campaña de difamación, calumnias y disuasión de CNN, según la queja, «se ha intensificado en los últimos meses porque la cadena teme que “el Demandante se postule para presidente en 2024”.

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Durante los recientes lustros, Donald Trump ha llevado una relación tormentosa con esta organización de noticias a la que acusa de ser una organización que «no es que haga un mal trabajo al informar, sino que transmite ‘noticias falsas’ que terminan siendo ‘enemigas del pueblo’”.

La demanda insiste que CNN ha tratado de manchar la imagen de Trump usando lenguaje difamatorio como parte de un “esfuerzo concertado para inclinar el equilibrio político hacia la izquierda”. Redactada por los abogados del expresidente Lindsey Halligan y James M. Trusty, la queja alega que CNN ha etiquetado a Trump con una serie de adjetivos «cada vez más escandalosos, falsos y difamatorios como ‘racista’, ‘lacayo ruso’, ‘insurreccionista’ y hasta ‘Hitler‘».

En otro punto dicen que la cadena usa términos como «la gran mentira de Trump», para referirse a las afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron robadas, “con un desprecio imprudente por la verdad o falsedad y actuando con verdadera malicia”.

Lee más: Trump mantenía en su poder 200 mil páginas de documentos federales, según informe judicial

CNN tiene barras matutinas, vespertinas y nocturnas de noticias en las que sus conductores suelen criticar al presidente, aunque siempre buscan apoyarse con argumentos de expertos en asuntos legales, electorales y políticos, llevando muy seguido a miembros del Partido Demócrata. También suelen entrevistar a muchos de los escritores que en los dos años recientes han publicado libros sobre el accionar de Trump durante sus 4 años como presidente.

La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege de manera profunda la libertad de expresión y este tipo de demandas suelen ser muy difíciles de probar. El último caso se dio en febrero cuando la exgobernadora republicana de Alaska y Sarah Palin perdió una querella por difamación contra el diario The New York Times luego de que un juez desestimó la queja.

También la Corte Suprema se ha negado a revisar el estándar de difamación que se estableció justamente en el caso New York Times v. Sullivan que data de 1964.

«Es un preciado privilegio americano poder expresar, aunque no siempre con buen gusto, las propias opiniones sobre las instituciones públicas, y ese privilegio debe acordarse no sólo para los debates abstractos sino también frente a la defensa vigorosa de las ideas», escribió el juez William J. Brennan en el dictamen que aún prevalece.

 

 

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Estados Unidos

Trump mantenía en su poder 200 mil páginas de documentos federales, según informe judicial

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documentos federales en casa de trump

Los más de 11.000 documentos propiedad del Gobierno que el expresidente Donald Trump almacenaba en su propiedad de Palm Beach (Florida) suman más de 200.000 páginas de registros, según una nueva presentación judicial del equipo legal del expresidente.

Los abogados de Trump hicieron esta impactante revelación en una carta dirigida al juez Raymond Dearie, el jurista con sede en Nueva York al que Aileen Cannon, la jueza de Florida nombrada por Trump, designó como maestro especial para revisar los documentos, y que previamente ordenó al Departamento de Justicia que dejara de utilizar cualquiera de los registros incautados en el registro del 8 de agosto de la propiedad de Trump para avanzar en su investigación penal sobre el expresidente.

Para saber más del tema: Fiscal de Nueva York demanda a Trump por fraudes que le dieron ganancias de 250 millones de dólares

Aunque la Corte de Apelaciones del 11º Circuito revocó la decisión de la jueza Cannon para permitir que el Departamento de Justicia utilizara unos 100 documentos altamente clasificados en su investigación en curso, el juez Dearie todavía está encargada de revisar los registros restantes para determinar si alguno puede ser protegido del Departamento bajo el privilegio abogado-cliente o ejecutivo.

En la presentación, que contiene las objeciones de Trump a un calendario de revisión acelerado establecido por el juez Dearie, los abogados de Trump argumentan que un plazo de principios de octubre para escanear y revisar los documentos no es realista porque los proveedores no pueden procesar los documentos con la suficiente rapidez.

“El problema se agrava por el hecho de que cuando el abogado del demandante se refirió a las 11.000 páginas o incluso a los 11.000 documentos durante la conferencia de estado (todavía estamos esperando la transcripción), el Gobierno optó por no intervenir con un número exacto. En las conversaciones entre el abogado del demandante y el Gobierno con respecto a un proveedor de datos, el Gobierno mencionó que los 11.000 documentos contienen más cerca de 200.000 páginas”, escribieron.

Lee más: Departamento de Justicia acepta a Raymond Dearie como perito para examinar documentos clasificados incautados a Trump

Los abogados de Trump también argumentaron que un plazo de mediados de octubre para procesar los documentos sería más aceptable.

La selección de un proveedor de tratamiento de documentos se ha visto dificultada por el hecho de que el juez Dearie ha ordenado a la parte de Trump que pague todo el proceso, y no todos los proveedores que podrían satisfacer las necesidades del complejo caso han estado dispuestos a presentar ofertas para el proyecto.

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Al vuelo de Los Ángeles

Supervisores del Condado de Los Ángeles deciden cerrar Cárcel Central de Hombres y liberar a 4500 internos

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carcel de hombres en LA

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó 4-1 el martes para establecer un equipo para implementar el cierre prometido durante mucho tiempo de la Cárcel Central de Hombres.

La supervisora ​​Hilda Solís dijo que era hora de dejar de estudiar el tema y tomar acción, coescribiendo una moción que determina que el decrépito centro debe ser demolido y que no se necesita una cárcel de reemplazo.

EL DATO:
  • 4.500 personas serán puestas en programas de rehabilitación
  • Se necesitarán entre 18 y 24 meses para cerrar la cárcel

Para saber más del caso: Activistas de Los Ángeles demandan a empresas de Rick Caruso por suprimir críticas a su campaña para alcalde

“Hemos hablado durante mucho tiempo sobre por qué tenemos que cerrar esta cárcel”, dijo Solís. “La cárcel se ha visto contaminada por la mala gestión, la corrupción [y] el maltrato de las personas encarceladas en sus celdas”.

Solís, quien defendió una votación en julio para cerrar la cárcel dentro de un año, dijo que varios estudios, incluido un informe de marzo de 2021 del MCJ Closure Workgroup, proporcionan la hoja de ruta necesaria.

Hasta dos años, necesarios

El informe del grupo estima que se necesitarán entre 18 y 24 meses para cerrar la cárcel. Con el tiempo, prevé redistribuir parte de la población reclusa en otras instalaciones correccionales, mientras se libera a unas 4.500 personas tras las rejas a programas residenciales o al tratamiento comunitario.“Hemos identificado … todo lo que necesitamos para cerrar MCJ”, dijo Solís. “Ya es hora de que nos remanguemos y lo hagamos”.

Barger se opone

La supervisora ​​Kathryn Barger, quien emitió el voto en contra, rechazó la idea de que era hora de actuar y advirtió que el condado no tiene suficientes recursos de tratamiento comunitario para acomodar a los reclusos vulnerables que padecen enfermedades mentales o luchan contra la adicción.

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Barger dijo que el condado tuvo que devolver $ 6 millones en fondos estatales destinados a tales programas comunitarios porque no había encontrado una manera de distribuir el dinero.

“Si no podemos gastar el dinero que se nos entrega por estos servicios, ¿cómo podemos esperar construir las camas necesarias?” Preguntó Barger. “Durante los últimos cinco años, hemos dicho que vamos a construir 4.000 camas más y aún no lo hemos hecho. ¿Cómo vamos a hacer esto en los próximos 24 meses?”

“Estamos listos”, dice Kuehl

Barger advirtió que las autoridades federales podrían obligar al condado a construir una nueva cárcel en contra de la voluntad de la junta y predijo que el Departamento de Justicia sería crítico con la decisión de los supervisores.

Ofreció una enmienda pidiendo un informe en 60 días, sugiriendo que un equipo elabore un cronograma para desarrollar la capacidad de la comunidad antes de cualquier votación de la junta sobre el cierre.

La supervisora ​​Sheila Kuehl, quien coescribió la moción de cierre, dijo que apreciaba el sentimiento de Barger, pero temía que la enmienda propuesta simplemente ralentizaría el inevitable proceso de cierre de la Cárcel Central de Hombres. “Estamos listos ahora de una manera que nunca antes habíamos estado”, dijo Kuehl.

Villanueva se opone

El alguacil Alex Villanueva también advirtió a la junta en contra de seguir adelante con el plan.

“Liberar a 4.500 reclusos en las calles no es una opción legal para el condado… y tratar de amontonar a 12.500 reclusos en 8.500 camas es… inconstitucional”, dijo Villanueva.

Los partidarios del cierre de la cárcel argumentan que la población de reclusos se puede reducir drásticamente liberando a las personas que esperan juicio por delitos no violentos y tratando a quienes padecen enfermedades mentales en un entorno comunitario. Muchos señalan la dramática reducción de la población carcelaria lograda durante el apogeo de la pandemia de coronavirus como prueba de esta posibilidad.

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Considerar la pandemia

La supervisora ​​Janice Hahn también le recordó a la junta que más de 3,000 presos en las cárceles del condado están detenidos allí debido a una moratoria relacionada con la pandemia en las transferencias a las cárceles estatales.

El alguacil, que durante mucho tiempo ha tenido una relación antagónica con la junta, afirmó su autoridad.“La sección 22605 del código de gobierno establece claramente que el alguacil dirige la cárcel del condado y que tengo la plena intención de llevar a cabo mi mandato”, dijo.

 

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