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Migración

EEUU libera bajo palabra a mil migrantes diariamente, dando hasta un año para pedir asilo

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Por Elliot Spagat/Los Angeles Times

Adentro, cientos de migrantes comen, cargan sus teléfonos, se bañan y usan los baños. En cuestión de horas, un guardia los escoltará a un descampado cruzando la calle donde se montarán en autobuses que los llevarán desde Eagle Pass hasta el Aeropuerto Internacional de San Antonio por 40 dólares.

La Patrulla Fronteriza libera hasta mil migrantes diariamente a través de Mission: Border Hope, una organización sin fines de lucro surgida en una iglesia que en abril se trasladó al depósito. El traslado fue en respuesta a una creciente práctica del gobierno de Joe Biden de liberar migrantes bajo palabra, sobre todos los que no están sujetos a normas de la pandemia que les impiden pedir asilo.

La Patrulla Fronteriza liberó bajo palabra a más de 207.000 migrantes que ingresaron ilegalmente desde México entre agosto del 2021 y mayo del 2022, incluidos 51.132 en mayo, lo que representa un aumento del 28% respecto a abril, según documentos judiciales. En los siete meses previos había liberado a solo 11 migrantes.

La libertad bajo palabra evita que los migrantes sean deportados durante cierto tiempo, pero no ofrece otros beneficios. Por ley, el Departamento de Seguridad Nacional puede liberar a los migrantes bajo palabra “por razones humanitarias” o porque su liberación representa “un beneficio público significativo”. Una vez liberados bajo palabra, los migrantes tienen un año para solicitar asilo.

La Patrulla Fronteriza apeló a este recurso porque no tiene espacio para alojar a tantos migrantes, según documentos legales. Se trata de un giro poco publicitado respecto a las políticas seguidas por los predecesores de Biden, Donald Trump y Barack Obama.

Cuando no se pudo procesar las presentaciones de los migrantes ante un juez lo suficientemente rápido el año pasado, miles de ellos fueron retenidos debajo de un puente en el Rio Grande Valley de Texas. En el 2019, las celdas estaban tan colmadas que algunos migrantes se pararon en inodoros.

A los migrantes liberados en el depósito se les dice que se presenten ante las autoridades inmigratorias del sitio donde vayan dentro de dos meses. Deben llevar un aparato que permite monitorear sus movimientos.

“El trato estuvo bien”, dijo Anthony Montilla, un venezolano de 27 años. “No nos trataron como ladrones”.

Montilla llegó con su familia tras un viaje que incluyó un paso por el temido Tapón de Darién, donde bandidos violaron a muchachas jóvenes delante de sus padres y había cadáveres a lo largo del camino. Luego de ser liberada por la Patrulla Fronteriza, la familia se encaminó a la casa de un amigo en Washington.

José Castillo, de 43 años, llegó desde Nicaragua con su esposa y un hijo de 14 años tras superar el miedo a cruzar el río Bravo. Se dirigían a Miami, donde vive un primo. Dicen que su oposición al gobierno nicaragüense los expone a represalias.

Castillo dijo que el día que pasaron bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza fue “fácil”, pero que no le recomienda a nadie que siga sus pasos por el peligro que se corre de pasar hambre o ser secuestrado en México.

Mission: Border Hope, una iniciativa apoyada por la Iglesia Metodista Unida, opera en un sector que ahora se ofrece como una ruta de cruces ilegales casi tan popular como la del Rio Grande Valley. Sus servicios son modestos comparado con los de otras agrupaciones a lo largo de la frontera, que ofrecen albergues y transporte a un aeropuerto.

Comenzó a funcionar en el 2000, atendiendo a entre 25 y 50 migrantes por semana en otro sitio, según Valeria Wheeler, su directora ejecutiva, quien supervisa las operaciones con la efectividad de un capataz de fábrica.

En los días de más trabajo, los voluntarios no dan abasto para registrar migrantes, comprar pasajes en autobús y atender otras cuestiones logísticas, de acuerdo con Wheeler. En un día típico atienden a 500 migrantes, pero a veces han llegado a mil.

El depósito cuenta con una cocina improvisada en la que hay amontonadas cajas de salsa de tomate, sopa de pollo, carne de cerdo y frijoles. Los migrantes esperan sentados en bancos de metal y sillas de plástico. Se da instrucciones por un altoparlante cuando la Patrulla Fronteriza lleva gente y cuando llegan los autobuses que irán al aeropuerto.

Se pide a los migrantes que se vayan rápido para permitir la llegada de otros. Uno de cada diez, no obstante, terminan durmiendo en el piso de cemento porque no tienen adónde ir.

“No estamos preparados para ser un albergue”, dice Wheeler, quien en el pasado trabajó como asistente legal, mientras recorre el edificio sin ventanas. A menudo es interrumpida por migrantes que le hacen preguntas.

A los migrantes se les concede la libertad bajo palabra sin analizar sus pedidos de asilo ni preguntarles por qué vinieron a Estados Unidos. Se les da un paquetito sellado con una estampilla azul que dice cuándo vence su libertad bajo palabra.

Este trato contrasta con el de muchos otros migrantes que son expulsados del país sin que se les dé la oportunidad de pedir asilo al amparo de la Title 42, una norma que usó el gobierno de Trump para impedir los pedidos de asilo por razones de salud pública, para evitar la propagación del COVID-19. Un juez federal dispuso hace poco que la norma siguiese en efecto a pesar de las objeciones del gobierno.

La Title 42 es aplicada en forma despareja, sobre todo a los migrantes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, porque México aceptó recibirlos de vuelta.

El comisionado del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus, dijo que se concede la libertad bajo palabra a migrantes sin antecedentes penales, que generalmente llegan con sus familias y tienen gente que los reciba en Estados Unidos.

“Tratamos de manejarnos de una forma inteligente, reconociendo que hay gente que ha sido estudiada cuidadosamente, que representa un riesgo mucho menor y que puede recibir un trato distinto al de otros”, indicó Magnus en una entrevista.

Hay quienes dicen que esto alienta a que vengan más migrantes y que el gobierno no cumple con el requisito de que se analice “caso por caso”.

Pero Magnus dijo que es “mucho más eficiente” y tan efectivo como liberarlos con citas para que se presenten ante los tribunales de inmigración. Ese proceso, que lleva tiempo, queda ahora en manos del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que intervendrá en el destino final de los migrantes.

La Patrulla Fronteriza sigue procesando unos 25.000 migrantes por mes a los que envía a tribunales de inmigración, un procedimiento que según sus agentes toma más de una hora.

La libertad bajo palabras, en cambio, toma minutos.

Hace poco, una hondureña en el octavo mes de embarazo fue liberada con la orden de presentarse ante un juez de inmigración en Cleveland, donde la esperaba un tío.

Wheeler dice que no sabe por qué algunos migrantes reciben la libertad bajo palabra mientras que otros son enviados a los tribunales de inmigración, y que tampoco pregunta por qué sucede eso.

“Nuestro objetivo es dar seguridad”, manifestó.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.

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Estados Unidos

Autoridades de Wisconsin culparon falsamente a trabajador inmigrante en una granja lechera por no saber inglés

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Investigación de ProPublica demuestra cómo las barreras del idioma contribuyeron a que las autoridades culparan erróneamente al inmigrante

Por Melissa Sánchez y Maryam Jameel 

Funcionarios estatales y locales en Wisconsin dijeron que estaban horrorizados al enterarse de las condiciones que en 2019 condujeron a la muerte de un niño nicaragüense de 8 años en una granja lechera, así como la investigación policial defectuosa que siguió. Ahora dicen que quieren abordar algunos de los temas destacados por una investigación de ProPublica, publicada el mes pasado, sobre la muerte de Jefferson Rodríguez.

“Lo que sucedió nunca debería haber sucedido”, dijo la representante estatal Sylvia Ortiz-Velez, una demócrata de Milwaukee cuya familia materna laboró como trabajadores agrícolas migrantes en Wisconsin en la década de 1960.

Jefferson fue atropellado una noche de verano de 2019 por un trabajador que operaba un minicargador en una granja en el condado rural Dane, aproximadamente media hora al norte de Madison, la capital del estado. Era el primer día de trabajo del obrero y nos dijo que había recibido solo algunas horas de capacitación. Nuestra investigación mostró cómo las autoridades que investigaron la muerte de Jefferson concluyeron erróneamente que su padre lo había atropellado.

La falla se debió en gran medida a la barrera del idioma entre José María Rodríguez Uriarte, el padre del niño, y la agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Dane que lo entrevistó. Rodríguez no habla inglés; la agente se consideró versada en español, pero no con dominio del idioma. Cuando entrevistamos a la agente, supimos que cuando le preguntó a Rodríguez en español sobre lo que sucedió, sus palabras no significaban lo que ella pensaba y probablemente resultarían confusas para un hispanohablante.

La muerte de Jefferson fue catalogada como un accidente. Nadie fue acusado penalmente.

“Ser versado en una crisis no es suficiente”, dijo Dana Pellebon, miembro de la Junta de Supervisores del Condado Dane. “Desafortunadamente, hasta que ocurre una situación como esta, a veces no vemos las brechas en el servicio”.

Pellebon y varios otros supervisores dijeron a ProPublica que estaban buscando medidas que pudieran mejorar el acceso al idioma para las personas que no hablan inglés y que interactúan con la oficina del sheriff. Según estimaciones del censo de EEUU, más del 10% de los residentes del Condado Dane hablan en casa un idioma distinto al inglés.

“El tema de las barreras del idioma para que las personas ejerzan y hagan valer sus derechos, desde la aplicación de la ley hasta los servicios humanos y nuestro sistema judicial, está muy extendido”, dijo Heidi Wegleitner, supervisora del condado. “Realmente debe haber un examen exhaustivo de estas barreras en todo el condado, porque no es justo”.

La Junta de Supervisores establece el presupuesto y puede hacer recomendaciones a la oficina del sheriff. Pero tiene una capacidad limitada para establecer políticas.

En un comunicado, una portavoz de la oficina del sheriff dijo que la agencia cuenta con un personal calificado y diverso que está equipado con las herramientas que necesita, incluido el «acceso sin restricciones» a los servicios de traducción de idiomas. El departamento “siempre está buscando formas de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad, que incluyen la evaluación de las prácticas actuales y la consideración de las recomendaciones recibidas”, dijo la vocera.

A nivel estatal, Ortiz-Velez hizo referencia a un proyecto de ley que permitiría a los beneficiarios de DACA convertirse en agentes de policía o ayudantes del sheriff. (La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA por sus siglas en inglés, es un programa federal que brinda protección temporal contra la deportación a algunos indocumentados que llegaron a EEUU cuando eran niños). Actualmente, sólo los ciudadanos estadounidenses pueden trabajar como oficiales de policía o ayudantes del sheriff en Wisconsin. “Para nosotros, tener oficiales que hablen con fluidez, que hayan nacido en otros países y puedan hablar el idioma, creo que podría ser de gran ayuda”, dijo Ortiz-Velez.

Nuestra historia sobre la muerte de Jefferson es la primera de nuestra serie Peligro en las granjas, que tiene como objetivo explorar las condiciones laborales, de vivienda y otras condiciones para los trabajadores inmigrantes en las granjas lecheras en Wisconsin y en todo el Medio Oeste. Les presentamos tres conclusiones de nuestros esfuerzos informativos hasta el momento:

1. En todo Wisconsin, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se enfrentan a barreras idiomáticas cuando responden a incidentes en las granjas lecheras.

Según la Ley de Derechos Civiles, las agencias que reciben fondos federales deben garantizar que sus servicios sean accesibles para las personas que hablan un inglés limitado. El Departamento de Justicia, que hace casi dos décadas redactó directrices para los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre este tema, ocasionalmente investiga a los departamentos que no cumplen con este requisito.

El año pasado comenzamos a solicitar registros de las respuestas de las agencias de policía a incidentes que van desde lesiones relacionadas con el trabajo hasta agresiones en granjas lecheras en todo Wisconsin. Lo que esos registros nos muestran es que los funcionarios rutinariamente encuentran barreras del idioma cuando interactúan con los trabajadores de esas granjas. Con frecuencia confían en los supervisores o empleados de la finca para que sirvan como intérpretes; a veces recurren al traductor de Google o a los niños.

La Oficina del Sheriff del Condado de Dane no tiene una política escrita sobre cómo deben responder los agentes a los incidentes que involucran a personas que no hablan inglés, o cuándo llamar a un intérprete. El departamento no evalúa las habilidades lingüísticas de los empleados, sino que ellos mismos informan sobre su competencia. Pero como práctica general, los funcionarios del departamento han dicho que cuando los agentes necesitan comunicarse con los residentes que hablan un idioma que no sea inglés, se supone que deben hacer una llamada para preguntar si alguno de sus colegas habla ese idioma y, si no hay ninguno disponible, piden ayuda a otras agencias cercanas.

2. Es un secreto a voces que la industria láctea de Wisconsin depende de la mano de obra indocumentada.

Debido a que los trabajadores son indocumentados, a menudo les resulta más difícil hablar sobre condiciones injustas o inseguras.

Rodríguez y su hijo emigraron a Estados Unidos desde Nicaragua a principios de 2019 en busca de oportunidades económicas. Como solicitante de asilo, Rodríguez no tenía permiso de trabajo. Usó papeles falsos para conseguir un trabajo en D&K Dairy. (En una declaración, el dueño de la finca dijo que no estaba al tanto del estatus migratorio de Rodríguez).

Rodríguez ganaba $9.50 la hora y, como otros obreros, trabajaba habitualmente de 70 a 80 horas a la semana. El trabajo agrícola está excluido de muchas de las protecciones laborales de Estados Unidos, por lo que no había pago de horas extras por trabajar más de 40 horas. Al igual que muchas granjas lecheras de Wisconsin, D&K Dairy proporcionó alojamiento gratuito. Pero la vivienda que ocuparon Rodríguez y su hijo no fue en una casa; vivían en un apartamento en la parte superior de la sala de ordeño, el establo donde día y noche llevaban a cientos de vacas para ser ordeñadas por maquinaria pesada y ruidosa.

Durante años, la industria láctea, quejándose de la escasez de mano de obra, ha cabildeado sin éxito para acceder al programa federal de trabajadores invitados H-2A, que permite a los empleadores traer temporalmente trabajadores extranjeros cuando no pueden encontrar obreros locales. Actualmente, el programa se limita al trabajo agrícola estacional; la industria láctea es un trabajo de todo el año.

Quienes critican el programa de trabajadores invitados aseguran que se presta al abuso y la explotación, ya que la capacidad de los inmigrantes para permanecer en EEUU está ligada a un solo empleador, lo que ha dado lugar a varios casos importantes de trabajo forzado, robo de salarios, viviendas deficientes y altos costos de contratación, entre otros problemas.

3. Las granjas pequeñas no siempre reciben una inspección de seguridad después de una muerte o lesión.

Cuando Jefferson murió, una investigadora de la Oficina del Médico Forense del Condado Dane alertó a la Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacional, que es responsable de la seguridad en el lugar de trabajo. Pero OSHA no investigó porque el niño no era un empleado.

Incluso cuando los trabajadores mueren o se lesionan en granjas pequeñas, la capacidad de respuesta de OSHA es limitada. Las granjas con menos de 11 trabajadores a menudo están exentas de supervisión. (Algunos estados con sus propios planes OSHA hacen más, pero Wisconsin no es uno de ellos). Y la agencia federal tiene pocas normas de seguridad para los sitios de trabajo agrícola.

En años recientes, los intentos de inspección de OSHA fueron inferiores a una docena cada año de las miles de granjas lecheras en Wisconsin. El año en que murió Jefferson, seis de las nueve inspecciones que OSHA inició terminaron por no llevarse a cabo porque las granjas eran demasiado pequeñas para estar bajo la jurisdicción de la agencia; tres de esas seis inspecciones involucraron muertes.

“Las operaciones lácteas en estos días son básicamente grandes fábricas”, dijo Michael Engelberger, supervisor del Condado Dane. “No deberían estar exentos de ninguna regulación de OSHA o leyes laborales agrícolas especiales. Para mí eso está mal”.

Wegleitner dijo que espera convocar a un grupo de supervisores, defensores de la comunidad, personal del condado y otros para hablar sobre los pasos a seguir en las próximas semanas.

“El acceso al idioma es sólo una parte”, dijo. “Tenemos viviendas inseguras, falta de inspecciones y supervisión, y todas esas cosas pueden no ser asuntos que el condado pueda legislar. Pero si estamos hablando y propugnando con los legisladores y grupos estatales y federales, y trabajando en coalición, creo que esto debe abordarse en múltiples niveles”.

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Fuente: propublica.org

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Estados Unidos

Crisis de migrantes en Texas, decisión del gobernador Greg Abbott para desestabilizar frontera

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Fernando García, activista por los derechos humanos en la frontera entre México y EU, denunció que el gobernador de Texas tiene una crisis humanitaria en su estado

Despacho 14
El violento oficio de escribir.

Gobernador Greg Abbott señalado de racista y supremacista

La de los migrantes es una crisis generada por el mismo Gobierno de Texas

Por Alfredo Griz Cruz

«El gobernador de Texas literalmente ha dejado sentir todo su odio y su racismo en la política migratoria dentro de su estado«, así lo declaró el activista Fernando García, Director Ejecutivo de la Organización no Gubernamental, Red Fronteriza por los Derechos Humanos, quien sin cortapisas ni aspavientos, acusó de manera directa al gobernador de Texas, Greg Abbott, de racismo y de ser un supremacista, al generar la crisis migratoria de manera intencional para sacar beneficios electorales y políticos.

Mencionó el activista que a todas luces y sin reconocerlo de forma oficial el Gobierno de los Estados Unidos, lo que está pasando en toda la frontera, pero muy en específico en la Ciudad de El Paso Texas, es una crisis humanitaria, que ya reunió todos los ingredientes para eso, y lo que sigue para una tragedia es que se reporten muertos por hipotermia, debido a las gélidas temperaturas que se están dejando sentir en la ciudad.

Para saber más del tema: Migrantes en Estados Unidos, bajo vigilancia oculta

El entrevistado le dijo a Los Ángeles Press que hay un «sistema roto», una política federal rota que no tiene solución, pero agregó que, aunado a eso, se está estigmatizando a los migrantes, llamándolos criminales, ya que su estrategia es una estrategia de guerra, cuando el estado de Texas no tiene la facultad para eso ni utilizar el ejército ni otro tipo de fuerzas estatales para reprimir la migración.

Mientras hoy en la Ciudad de México, el tema migratorio también está en la agenda binacional, en la que recién ha anunciado el presidente de los Estados Unidos que el plan es incrementar tanto el número de visas temporales que podría dar ese país como el de migrantes expulsados por la frontera común. En el mismo tenor el activista de derechos humanos recalcó que «no hay la capacidad ni la voluntad política ni la sensibilidad humana para solucionar lo que está pasando, realmente, en lugar de tener estrategias claras y soluciones, tenemos centros de detención y deportación».

«Los migrantes son el botín político para el gobernador de Texas; ya que su estrategia ha sido dejar entrar masivamente a cientos de migrantes de forma ilegal pero también intencionalmente, con el propósito de desestabilizar políticamente la frontera y generar disturbios con impacto electoral.

Para leer más del autor: Migrantes demandan a ICE y empresas de envíos de dinero por ‘vigilancia extrema’ y recaudación de datos personales

Fernando García, quien no puede ocultar el dolor, la desesperación y la tristeza de ver a cientos de migrantes en la calle, entre ellos mujeres y niños, advierte que esto no se va a terminar pronto, porque hay muchos migrantes en tránsito y también miles aún varados en la ciudad de Juárez, en Chihuahua.

“Al Gobernador Greg Abbott y al país se le olvida que este país es un país forjado y formado por migrantes, ésta es la historia de este país y pareciera que se les está olvidando”, concluyó.

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Estados Unidos

EEUU impedirá a solicitantes de asilo de Cuba, Haití y Nicaragua ingreso por la frontera con México

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Biden dijo que ya no se recibirán solicitantes de asilo de Haití, Nicaragua o Cuba en la frontera con México

Se concederán permisos temporales para vivir y trabajar en EEUU si solicitan el asilo desde sus países de origen de forma legal: Biden

El presidente Joe Biden anunció este jueves que Estados Unidos comenzará a impedir que personas migrantes procedentes de Haití, Nicaragua y Cuba soliciten asilo en el país si son detenidas al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Deben solicitar su ingreso a Estados Unidos desde su país de origen, dijo.

Estos solicitantes de asilo serán expulsados a México sin el debido proceso de acuerdo con una ampliación de la controvertida política migratoria basada en el Título 42 del Código de Regulaciones Federales que se inició durante la presidencia de Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá en su próxima sesión el destino de dicha política.

La editora recomienda: Miles de venezolanos atrapados en diferentes países sin poder cumplir propósito de llegar a EEUU

“Mi mensaje es éste, dijo Biden, si usted está intentando salir de Cuba, Nicaragua o Haití o tiene planeado comenzar un viaje hacia Estados Unidos, no se presente simplemente en la frontera. Quédese donde está y haga la solicitud desde allí de forma legal. A partir de hoy, si no presenta la solicitud a través del proceso legal, no podrá acogerse a este nuevo programa de permisos”.

Biden también anunció que un pequeño número de personas haitianas, nicaragüenses y cubanas podrán acogerse a un programa que les concederá permiso temporal para vivir y trabajar en los Estados Unidos si solicitan el asilo desde sus países de origen y si ya cuentan con patrocinadores financieros en Estados Unidos.

El anuncio se produce antes de la visita de Biden a la ciudad de El Paso, estado de Texas, para reunirse con las autoridades locales este domingo. Será su primer viaje a la frontera desde que asumió la presidencia. En los comentarios que realizó este jueves, Biden no hizo ninguna mención sobre las duras sanciones de Estados Unidos contra Nicaragua y Cuba que han contribuido a agravar la pobreza en esos países, así como tampoco reconoció las devastadoras consecuencias que las intervenciones estadounidenses han tenido en Haití.

Lee también: Migrantes demandan a gobernador de Texas por trasladarlos a otro estado con ‘promesas falsas’

La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles declaró en un comunicado: “Las expulsiones amparadas en el Título 42 ya constituían un uso indebido e injustificable de las leyes sobre salud pública. […] Seamos claros: no se justifica que el Gobierno amplíe [la política basada en] el Título 42 mientras [al mismo tiempo] afirma estar preparándose para su finalización. No hay ninguna razón para que los beneficios del nuevo programa de permisos para cubanos, nicaragüenses y haitianos dependan de la ampliación de estas expulsiones peligrosas”.

 

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