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Mexico Violento

Dos policías comunitarios torturados y asesinados en Atlixtac Guerrero

En Atlixtac , Guerrero, cinco personas fueron torturadas y asesinadas, de los cuales dos eran miembros de la Policía Comunitaria de Ayutla de los Libres

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Policías comunitarios revisan vehículos en Tlatlauquitepec rumbo a la carretera Tlapa-Chilpancingo luego del asesinato de cinco personas. Foto: Sergio Ferrer

Policías comunitarios revisan vehículos en la carretera Tlapa-Chilpancingo luego del asesinato de cinco personas. Foto: Sergio Ferrer

*Los policías estaban fuera de servicio cuando fueron agredidos

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Cinco personas fueron torturadas y asesinadas en Atlixtla, de los cuales dos eran miembros de la Política Comunitaria, jóvenes de 19 y 25 años de edad. Autoridades y promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) adscritos a la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla de los Libres de tres municipios, informaron que aún no tienen ningún detenido por estos asesinatos cometidos contra pobladores de Atlixtac, pero que el caso seguirá en investigación.

Precisaron sobre los hechos, calificándolos de crueles e inhumanos, que murieron dos policías comunitarios los cuales en ese momento no estaban en servicio. Las víctimas fueron torturadas, maniatadas con la boca tapada, arrojados a una barranca a donde les dispararon con armas de grueso calibre.

A pesar de que el Ejército mexicano se encuentra desde el domingo en el poblado de Tlatlauquitepec realizando acciones de “labor social” que incluye reparación de aparatos electrodomésticos, consultas médicas, al solicitarles la PC de Tlatlauquitepec apoyo cuando encontraron los cuerpos no hubo respuesta. “Esa situación no paró la labor social, no hubo intervención, estamos ajenos a los hechos”, mencionó ayer al respecto un mando del 93 Batallón de Infantería.

Coordinadores, comandantes regionales, promotores de la CRAC-PC en Olinalá, Huamuxtitlán, Atlixtac y Tixtla desmintieron versiones de intermediarios, a cuyos voceadores les pidieron retirarse de la comunidad, al asegurar que no hubo atención del caso por parte de elementos de la Policía Ministerial ni del Ministerio Público.

Una versión de los hechos refiere que las personas partieron el lunes temprano de su comunidad a visitar a familiares o conocidos en San Juan Bautista Coapala cuando fueron atacados con disparos, pero aunque lograron salir del poblado fueron emboscados entre este poblado y Cuixilotepec. Finalmente fueron asesinados los dos comunitarios después de varias horas de padecer agresiones físicas al igual que otra persona más y dos habitantes de Zalpizahuatl.

Hasta la tarde de ayer, familiares de al menos dos de los occisos buscaban a alguna autoridad que pudiera emitir el certificado médico que les permitiera acceder al acta de defunción y poder enterrar a sus familiares.

A un kilómetro del crucero en una sencilla casa una mujer nahua llora y se acerca a los ataúdes de Martín y Carlos, sus hijos que tenían 25 y 19 años. Desconsolada, sus manos se mojan de lágrimas cuando se lleva las manos al rostro.

Dos gorras con las letras de Policía Comunitaria están sobre los féretros, “ellos no tenían problemas, eran campesinos y estaban solteros”, dijo su madre en náhuatl a reporteros momentos antes. Niñas y niños se acercan a escuchar.

Dos habitantes aseguran que no hay marcha atrás con la Policía Comunitaria “porque antes se metían a robar a las casas levantaban gente inocente y la golpeaban por lo que es necesaria la comunitaria”. La madre sólo asiente que quiere que la justicia llegue y detengan a los culpables de la muerte de los jóvenes y pide a los periodistas no decir mentiras en sus periódicos.

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Internos del Cefereso #15, en huelga de alimentos por incumplimiento de autoridad penitenciaria a órdenes de Judicatura

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Por Guadalupe Lizárraga

Internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, en Comaltitlán, Chiapas, harán una huelga pacífica en la que se abstendrán de comer y de realizar actividades en protesta contra el incumplimiento de la directora general Ericka Adriana Tenopala Chaussee ante las controversias judiciales ganadas por los internos.

La huelga en la prisión iniciará el lunes 4 de julio por la mañana hasta que sean atendidas sus demandas y se restituya el trato digno. Entre las principales exigencias, además del cumplimiento de sus controversias, denuncian la falta de atención médica, espacios de visita insalubres, negativa de acceso a amistades en zonas de visita familiar, alimentos en descomposición y pésima calidad, así como el maltrato sistemático por los agentes de seguridad y custodia.

En un comunicado a este medio, los internos señalaron que “con esta directora, el centro se fue en declive”, y el 2 de marzo de este año, a través de un amparo colectivo otorgado a 197 internos, el Consejo de la Judicatura de la Federación le ordenó la suspensión de plano para que cesen de inmediato -“bajo la más estricta responsabilidad” de las autoridades penitenciarias- los actos de tortura, tortura psicológica, coacción, aislamiento, segregación y golpes al solicitar atención médica, u otro pedimento que por derecho constitucional tienen los internos.

Por lo que con esta huelga, los internos quieren poner de manifiesto ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como a la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, y al presidente de la república, que la directora general del cefereso número 15, Ericka Adriana Tenopala Chausse, está cometiendo actos alevosos y premeditados en contra de los internos e incumpliendo las órdenes de la Judicatura. Sus peticiones:

-Dé cumplimiento a todas las controversias que se ganaron, ya que esta servidora pública no cumplimiento a ningún ordenamiento judicial.

-Que se suspenda el maltrato, la tortura y tratos crueles e inhumanos de todo tipo, como lo indica la suspensión de plano de la Judicatura.

-Que se nos dé atención médica.

-Que los alimentos estén en buen estado, sean porciones normales de acuerdo con los reglamentos penitenciarios.

-Que resuelva la falta de oficiales en cada módulo, ya que como no hay personal nos dejan afuera de la celda y tenemos que hacer nuestras necesidades fisiológicas en las regaderas del comedor.

-Que nos entreguen la correspondencia en tiempo y forma, y se envíe de la misma manera la correspondencia a nuestros familiares.

-Que nos den actividades físicas y laborales orientadas a la salud psicológica y física de los internos.

-Que los familiares nos depositen para la tienda sin tantos requisitos que nos obstaculizan el acceso al recurso.

-Que el área técnica haga reclasificaciones en todos los módulos porque nos están juntando procesados y sentenciados, y gente del fuero común y federal. Lo que genera conflictos y extorsiones entre los internos.

-Que nos respeten nuestro derecho constitucional a la información a través de noticieros nacionales.

-Que haya variedad y calidad en los productos de la tienda.

-Que haya higiene en la sala de visitas familiares, en los módulos de locutorios y pasillos.

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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