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Mexico Violento

Don Trino, historia de un secuestro anunciado

Trinidad de la Cruz Crisóforo, líder comunitario de Ostula, Michoacán, fue secuestrado por paramilitares mientras custodiaba el predio recuperado por comunidades nahuas.

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Por Gloria Muñoz Ramírez/ Desinformémonos.org

Foto: www.vocesporlapaz.wordpress.com

Integrantes de la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que acudieron a una misión de observación a la comunidad de Ostula, Michoacán, fueron bajados de su vehículo y amagados con armas largas por un comando cuando salían de las tierras recuperadas de Xayakalan rumbo a la cabecera de Ostula, donde se llevaría a cabo una consulta interna de la comunidad para decidir si aceptaban o no entregar una parte de sus tierras a los pequeños propietarios del municipio de Aquila. Los secuestradores dejaron en libertad al grupo de 18 personas del Movimiento, quienes se encuentran en buen estado, pero secuestraron a don Trinidad de la Cruz Crisóforo, mejor conocido como don Trino o el Trompas, uno de los principales líderes de la comunidad, encargado de la guardia comunitaria desde que el pasado 29 de junio los nahuas recuperaron este predio que durante 40 años estuvo invadido por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita.

Comuneros de Xayakalan entrevistados telefónicamente informan que los integrantes de la caravana fueron interceptados por un grupo armado coludido con el crimen organizado y llevados al monte, los amenazaron y luego los dejaron en libertad. Todos están a salvo, con excepción de don Trino, cuyo paradero se desconoce.

Trinidad de la Cruz Crisóforo, usaba el apelativo de Trompas por cuestiones de seguridad, ante las permanentes amenazas que tenía por parte del crimen organizado y de los paramilitares. Es un hombre mayor, nahua, “valiente y comprometido con su pueblo”, como lo definen sus compañeros. En todas las entrevistas y pláticas informales que sostuvimos con él, advirtió que esas tierras les pertenecían a los comuneros de Ostula y que “solo muertos” los podrían sacar de ahí. Hoy el Trompas está desaparecido y de su secuestro fueron testigos 18 personas del Movimiento por la Paz.

El pasado 14 de noviembre, informan los comuneros entrevistados, don Trino fue “duramente golpeado, en presencia de la comunidad, con un arma R-15 por Priciliano Corona Sánchez, alias Chalano, con la complicidad de Iturbide Alejo, alias Turbinas, y por Margarita Pérez, alias La Usurpadora, personas que habitan en Xayakalan y trabajan para el crimen organizado”.

Los comuneros, quienes se niegan a dar su nombre por temor a represalias, afirman que en junio pasado, “el Chalano amenazó de muerte a don Trino y a Pedro Leyva, quien finalmente fue asesinado el pasado 6 de octubre”.

En ocasión del segundo aniversario de la recuperación de sus tierras, los nahuas de Ostula denunciaron que “la guerra que actualmente vive nuestra comunidad y que es un capítulo pequeño de la guerra que desgarra a la Nación entera, la podemos contar en números: 26 comuneros muertos, cuatro desaparecidos, decenas de viudas y huérfanos y cientos de desplazados”. A esta cifra se suman el asesinato de Pedro y el secuestro de don Trino.

Ostula: “De aquí nadie nos saca”

El 29 de junio del 2009 los nahuas de Ostula recuperaron más de mil hectáreas de tierras, montes y playas “que durante más de 40 años estuvieron en manos de pequeños propietarios de La Placita”. Desde ese momento esas tierras llevan el nombre de Xayakalan.

“Pudimos recuperar nuestras tierras”, señaló el Trompas en entrevista concedida a Desinformémonos en agosto pasado, “gracias a que todos le entramos a reorganizar nuestra policía tradicional. Ahora de aquí no nos vamos, para eso tenemos nuestra policía”, dijo.

A poco más de dos años de haber recuperado estas tierras, el Trompas aseguró: “Todos aquí seguimos puestos. Si el huracán Beatriz no nos sacó, menos el gobierno”.

La policía comunitaria de Ostula está conformada por cerca de 500 integrantes y su función, explica el Trompas y otro grupo de comuneros, “es resguardar el perímetro de las tierras en conflicto”. No están, insisten, “para enfrentar a la delincuencia organizada ni para desarmar a nadie ni intervenir en otras cosas, sino sólo para cuidar el territorio que nos pertenece”.

 La respuesta del gobierno a la organización “no ha sido buena”, insistió don Trino, bajo los escombros de una palapa en Xayakalan. “El gobierno no quiere que tengamos nuestra policía. No le gusta porque no la mandan ellos, pero aquí siempre hemos sido autónomos. Exigimos el reconocimiento de nuestra policía, pero si no llega de todas maneras seguimos”.

 Ostula es una de las tres comunidades nahuas del litoral del Pacífico michoacano. Las otras dos son Pómaro y Coire. Juntas poseen más de 200 mil hectáreas de territorio dentro de la costa y los montes de la Sierra Madre del Sur hasta Guerrero y Oaxaca. En las más de mil hectáreas de Xayakalan actualmente habitan unas 250 personas pertenecientes a 40 familias. Éste es el territorio vigilado.

Los nahuas exigen el reconocimiento de sus tierras y de sus órganos de autodefensa y hasta la fecha no hay nada. Mientras, mantienen la posesión del paraje y la disposición de su policía para defenderlo.

Un dato más es que la asamblea general decidió no participar en las elecciones estatales de Michoacán, del pasado 13 de noviembre. “Los partidos políticos cuando andan queriendo el puesto te platican bonito, pero después ni te conocen. Todo está por demás con ellos y aquí no entran”, señalan los entrevistados.

Enlaces de información:

http://desinformemonos.org

http://vocesporlapaz.wordpress.com

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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