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Con voz propia

Doce meses y contando: México, un Estado irresponsable

México, en alerta según el índice de estados fallidos en el mundo, con un gran desprecio por los derechos humanos, es lo que se destaca del gobierno de Peña

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El día del informe de su primer año en el gobierno. Foto: cnn.com

Ricardo V. Santes Álvarez (*)

En la vena weberiana el Estado se define como el conjunto de arreglos institucionales que se arrogan el ejercicio exclusivo de la violencia en un espacio geográfico. En ese sentido, es condición que un Estado no permita que sus decisiones y su ámbito de acción se vean interferidos por otro. Es decir, que hacia su interior tiene como compromiso brindar seguridad, estabilidad y bienestar, mientras que hacia el exterior se obliga a mantener soberanía.

En un Estado democrático el quehacer público es realizado en el contexto de un gran acuerdo entre gobierno y sociedad, donde la segunda adquiere un papel relevante en la toma de decisiones: el gobierno no actúa solo, la sociedad también tiene tareas que cumplir. Por tanto, en el Estado democrático el poder se ejerce en corresponsabilidad.

El compromiso de la sociedad para con los fines del Estado no es, por cierto, igual al que tiene el gobierno, dado que el segundo es quien no sólo enarbola el monopolio del uso legítimo de la violencia, sino quien tiene a su arbitrio el manejo de los recursos públicos; entre otros, esos con los que contribuyen los ciudadanos que pagan impuestos. Conducir la vida pública a la luz de un acuerdo de corresponsabilidad gobierno-sociedad remite a un Estado responsable.

La anterior es una perspectiva teórica que en México parece muy lejana. La experiencia acumulada nos dice que más bien ocurre todo lo contrario: vivimos en un Estado irresponsable. Ilustro con algunos ejemplos.

Cerco a la expresión ciudadana

Fue hace ya un año, el 1er. día de diciembre de 2012 cuando, en las inmediaciones del recinto de San Lázaro, en la ciudad de México, grupos de inconformes generaron disturbios que afectaron a ciudadanos que ejercían su derecho de manifestar públicamente su rechazo a Enrique Peña Nieto. Era el momento de toma de posesión del nuevo gobierno federal. Con el pretexto de contener la violencia y el consabido argumento oficial que los guardianes del orden “fueron agredidos primero”, la protesta ciudadana fue acallada mediante un exceso de fuerza pública. Los agresores, luego se supo, fueron grupos autodenominados “anarquistas”.

Diez meses después, diferentes sectores sociales realizaron una manifestación pacífica para rememorar el 2 de octubre de 1968. Nuevamente aparecieron los “anarquistas”, cuyos desmanes fueron excusa suficiente para la agresión de las fuerzas de seguridad hacia los manifestantes. Una semana después, durante su comparecencia ante los diputados, el Secretario de Gobernación afirmó que los agresores estaban identificados: “Sabemos quiénes son, pero también que hay una actuación en el marco del derecho, y cuando los detienen, por las leyes que existen en el Distrito Federal ellos quedan libres”. El funcionario insinuó que las normas del DF obstaculizan el logro de la expresión popular pacífica.

En todo esto se hace patente el desacuerdo, una situación donde el gobierno hace uso arbitrario de la fuerza en contra de una sociedad a la que, se supone, debe proteger. La opinión de Amnistía Internacional, capítulo México, sobre el desempeño de Peña Nieto en su primer año de gestión, no puede ser más contundente: “Un año perdido para los derechos humanos en México”.

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A un año de Peña, los derechos humanos sin respetar. Foto: Mario Castillo/terra

Soslayo a la protección civil

El mes de septiembre en plenos preparativos para la conmemoración de la independencia nacional, el gobierno federal se empeñó en que “El Grito” presidencial fuese todo un éxito. No deseaba que los maestros de la CNTE u otras voces disonantes le alteraran su “mexicana alegría”. Vallas por doquier y un aparatoso despliegue de cuerpos de seguridad para evitar cualquier intromisión en la principal plaza de la República fueron el sello de esa “fiesta popular”. En ese ambiente, el presidente recibió en Palacio Nacional el apapacho de la élite del poder; mientras afuera, Juan Pueblo, ataviado con chamarras, gorras, banderas, globos, etcétera, todos en singular tono tricolor y cortesía del PRI del Estado de México, saludaba a su héroe en las alturas.

A esas horas, sin embargo, en el estado de Guerrero el fenómeno meteorológico Manuel nos recordaba una realidad del país: el soslayo de la autoridad a la protección de los vulnerables. En el poblado de La Pintada, familias, casas y demás bienes eran sepultados por toneladas de tierra deslizada desde un cerro. Mientras la desgracia ocurría, en el palacio de gobierno de Chilpancingo el gobernador Ángel Aguirre celebraba también. Como suscribió un conocido medio, “mientras en Guerrero llovía y llovía, el gobernador bebía y bebía”.

Antes de la tragedia, la Conagua había enviado al menos ocho advertencias sobre el inminente peligro. Lo constatan los comunicados de prensa del no. 620-13 al no. 627-13, entre el 13 y el 15 de septiembre. Ninguno de ellos fue considerado con la seriedad necesaria. Por caso, el Comunicado no. 624-13, del 14 de septiembre a las 22:00 hrs, informaba:

“Manuel se fortalece y podría alcanzar la categoría de huracán antes de tocar tierra durante las primeras horas de mañana. La influencia y la interacción entre el huracán Ingrid del Atlántico y la tormenta tropical Manuel […] generan las condiciones para que mañana -domingo 15 de septiembre- se registren lluvias muy fuertes […] La zona de alerta ahora por efectos de huracán se extiende de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a Manzanillo, Colima, mientras que la de tormenta tropical inicia en Acapulco y termina también en Lázaro Cárdenas”.

Naturalmente, luego de conocerse la tragedia siguió el desmarque: El coordinador de protección civil del gobierno federal dijo que había mandado “twits” avisando del riesgo. ¡Ahh, claro!, el problema radicó en los habitantes de La Pintada, quienes tuvieron el “inadmisible descuido” de no revisar su cuenta de Twitter.

El titular de la Segob y el gobernador de Guerrero dijeron que ellos habían cumplido con su responsabilidad. Que los protocolos se habían cumplido… aunque en todo caso… habría que preguntarles a los presidentes municipales y ver quiénes habían fallado. Sí, por supuesto, y éstos dirían que el personal a su cargo en alguna dirección de atención ciudadana no hizo su trabajo; y éste a su vez que… ¿Alguien sabe si hubo indagación y se deslindaron responsabilidades?

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Desprecio al derecho a la vida

El 2 de octubre, en San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, una joven mujer, inminente parturienta acudió al centro de salud de esa localidad con la esperanza de ser atendida. La institución de salud la rechazó. La joven tuvo su parto en los jardines del lugar. Anteriormente, en el mes de julio, en ese mismo lugar otra mujer pasó por la misma situación. Ambas dieron a luz bebés que, desde el primer momento, supieron que llegaron al mundo para ser repudiados como sus madres por no tener los medios para solventar los pagos que demandan administradores, médicos y enfermeras, en ese y en muchos otros centros de salud.

Pero eso no es todo, el 30 de octubre, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca exoneró al personal del centro de salud. El presidente de la comisión afirmó que había sido pura casualidad que esas situaciones ocurrieran. En medios, se recogió esta perla de declaración:

“No hay negligencia médica. Son eventos fortuitos que salen de la competencia, los médicos tienen que dar un servicio eficiente, de calidad, oportuno y profesional; suceden estos detalles, bueno, hay niños que nacen en taxis, en las escaleras, en la puerta del hospital, porque son eventos fortuitos y esperamos que no se repitan”.

El 22 de octubre, a las afueras del Hospital General de Guaymas, Sonora, murió José Sánchez Carrasco, campesino que había acudido a esa institución en busca de atención médica. José no fue atendido y murió precisamente ahí, afuera, esperando ser visible para alguien. En un video que circuló en las redes, el propio José narró su periplo justo un día antes de su muerte.

En otros lados de la geografía nacional el estado de cosas es similar. Los centros de salud, los ministerios públicos, en fin, las autoridades y servidores públicos a los que el ciudadano recurre, se muestran indolentes, omisos y, en el extremo del cinismo, auto-justificantes. El ciudadano espera ser auxiliado, pero solamente recibe el desprecio a su condición y situación.

Banalidad en el tratamiento de la inseguridad pública

El viaje nos lleva a Michoacán, escala ineludible por ser una entidad que por años ha sido nota de primeras planas debido a la interminable violencia que ahí se vive. Los sucesos del 26 y 27 de octubre en Apatzingán, donde policías comunitarios fueron agredidos por un grupo criminal y donde tuvo que intervenir la policía federal, así como los atentados contra instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, tuvieron la intención de desestabilizar aún más la entidad. No obstante, tanto federación como estado minimizaron la situación; para ellos, las balaceras han ocurrido entre “bandas rivales” y los atentados contra instalaciones federales son actos de “vandalismo”… nada más. Al día siguiente, el hecho parecía olvidado; no porque hubiese sido resuelto; para nada; sino porque a ese evento siguió otro, y luego otro más.

Y Michoacán sigue dando lecciones. En lo que podría entenderse como un reconocimiento que los boletines de prensa emanados de oficinas gubernamentales ya no tienen la mínima credibilidad, y a raíz de las declaraciones de la senadora panista Luisa María Calderón (hermana de usted sabe quién), ahora surge la figura de un influyente personaje local quien, mediante un video en YouTube, se propone echar por tierra los dichos de la senadora. La reacción de la señora Calderón no se hizo esperar, pues para ella no hay duda que ese video de tan singular vocero da espaldarazo al actual gobierno michoacano: “se nota que [el singular vocero] está muy cómodo con el gobierno actual”, expresó.

En el colmo de la ingobernabilidad, se informa que en los límites entre Jalisco y Michoacán, aunque también en otras geografías, se descubren cadáveres enterrados clandestinamente; presumiblemente por obra y gracia del crimen organizado. Al momento, son muchos… y contando.

Y hacia el exterior: sumisión y complacencia

Una de las características del Estado es la defensa de su soberanía. La experiencia mexicana, sin embargo, deja mucho que desear. Lo más reciente tiene que ver con las “noticias” del espionaje que la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos ejerció sobre algunos personajes públicos, entre ellos el actual presidente. Con todo, a diferencia de, por ejemplo, la manifiesta indignación y rotundo reclamo del gobierno brasileño (que también fue espiado), el de México apenas se dio por aludido.

Más indignación mostró el que aún se cree presidente, Felipe Calderón, quien mediante su activísima cuenta de Twitter pidió al canciller mexicano demandara a Washington una satisfactoria explicación por haber sido, él también, espiado. Vaya postura de quien, durante su desgobierno, abrió las puertas del país al “socio” del norte para que entrara e instalara toda una red de espionaje, los “centro(s) de fusión”.

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Estado irresponsable vs. Estado fallido

En la pretensión de cercar la libertad de expresión ciudadana, en el soslayo a la protección civil, en el desprecio al derecho a la vida, en el desinterés por procurar la seguridad pública, e incluso de cara a las indignantes actitudes de servilismo hacia el exterior, ocurre una actitud gubernamental reprobable, por decir algo terso. Estamos inmersos en un Estado irresponsable. Prefiero utilizar esta última expresión porque, considero, refleja algo todavía más preocupante que la acepción de “Estado fallido” que otros han utilizado. Veamos.

De acuerdo con la organización Fund for Peace, un Estado fallido es aquel que presenta cierto nivel de desempeño en 12 indicadores; entre ellos, Pobreza y deterioro económico, Criminalización y deslegitimación del Estado, Violación de derechos humanos y del estado de derecho, Aparatos de seguridad que actúan como “un Estado dentro de un Estado”, e Intervención externa. Con esas medidas, la organización construye el famoso Índice de Estado Fallido, donde incluye evaluaciones de 178 países. En ese diseño, quien ocupa la posición número 1 es el más fallido de los estados (en 2013, tocó a Somalia ese escaño nada honroso). En el extremo opuesto, la posición 178 fue para Finlandia.

En su explicación de lo que es un Estado fallido, el Fund for Peace dedica unas líneas a México y da al gobierno un fuerte jalón de orejas:

“Un país puede, por ejemplo, experimentar niveles de Estado fallido en ciertas áreas geográficas (territorios desgobernados o pobremente gobernados). México, por ejemplo, está clasificado en el lugar número 97, pero aún así podría decirse que el Estado ha fallado en algunas áreas geográficas, hoy bajo la influencia de los carteles de la droga, más que el Estado en su conjunto”.

Fund for Peace examina más bien el desempeño de los gobiernos de los Estados, de manera que para esa organización uno de los primeros indicios de una falla es la pérdida de control del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. No brinda indicios sobre la relación de responsabilidad mutua gobierno-sociedad en la pervivencia del Estado.

Si bien es cierto que los ejemplos anteriores revelan que el gobierno falla a su responsabilidad de dar seguridad, lo mismo que confianza y certeza jurídica a la ciudadanía, y que hacia el exterior es más vulnerable que una señal WiFi, también nos dicen que la sociedad mexicana (esto hay que subrayarlo) también está fallando. Sin cortapisas, hay que decir que se falla a la responsabilidad de defender y hacer valer derechos de cara a las acciones u omisiones del gobierno.

En un Estado como el mexicano la buena relación entre gobierno y sociedad es prácticamente inexistente; por ello, lo que debe preocuparnos más es el insatisfecho propósito de la corresponsabilidad. Mi planteamiento es que más que el Estado fallido, debe atenderse el Estado irresponsable.

Tal vez la anterior se juzgue como una reflexión por demás exigente, pues ¿qué puede reprocharse a un ciudadano que muestra comprensible temor para manifestar en la calle su inconformidad a sabiendas que puede ser reprimido?; ¿qué se le reprocha a quien desconoce el impacto de un fenómeno natural por carecer de la información necesaria (acaso por no tener una cuenta de Twitter)?; ¿qué se le recrimina a una persona que recurre a instituciones de salud pensando ingenuamente que recibirá la atención que necesita?; ¿qué se exige a quien no percibe interés gubernamental en brindarle seguridad ante la descarada ola de violencia que priva en su entorno?

Combatir la corrupción, el reto mayor

La solución a la crisis de gobernabilidad que vive México no la va a proporcionar el gobierno por sí mismo. Sea del color que sea, las autoridades, los mal llamados “representantes populares”, y los partidos políticos, responden única y exclusivamente a sus intereses. NO a los intereses de la mayoría. Sabiendo esto, toca a los ciudadanos asumir su responsabilidad en la atención de los asuntos. No hay de otra. En tanto eso no ocurra, qué duda cabe que seguiremos viviendo en un Estado irresponsable.

La pregunta que surge es ¿cómo hacerle?

Un principio para la acción consiste en saber dónde estamos ubicados como país (aunque creemos saberlo, siempre es saludable que otro lo diga). El Fund for Peace ya nos da pistas. Abundaré, también con otra instancia orientadora, Freedom House, una organización que, afirma, apoya la expansión de las libertades en el mundo. Su informe más reciente, Freedom in the World 2013, presenta “el estado del mundo” en materia de libertades, mediante un esquema de agrupación de países en tres grandes categorías:

1) PAÍS LIBRE, caracterizado por la existencia de competencia política abierta, clima de respeto por las libertades civiles, vida cívica significativamente independiente, y medios independientes.

2) PAÍS PARCIALMENTE LIBRE: caracterizado por algunas restricciones sobre derechos políticos y libertades civiles, frecuentemente en un contexto de corrupción, estado de derecho débil, conflictos étnicos, o guerra civil.

3) PAÍS NO LIBRE: caracterizado por ausencia de derechos políticos elementales; donde las libertades civiles son negadas sistemáticamente.

Freedom House ubica a México en la categoría de país parcialmente libre. Con las narraciones presentadas arriba, y otras muchas que se han acumulado en 12 aciagos meses (para no forzar la memoria, obvio la “docena trágica azul” y episodios anteriores similarmente deplorables), el lector puede sacar sus propias conclusiones.

Como muchos, creo que el principal problema de México es que el quehacer público (y mucho del privado) se desarrolla “frecuentemente en un contexto de corrupción”, como advierte Freedom House. La corrupción es el principal reto para el saneamiento de la vida nacional. En el esquema de corresponsabilidad gobierno-sociedad, es un cáncer que permea ambos universos y debe extirparse lo más pronto posible. La alternativa se ve sencilla, aunque no lo es: que cada uno de nosotros se comprometa a combatir la corrupción en todos los niveles.

El rechazo a la compraventa de favores al margen de la legalidad es apenas una parte de la solución. En adición, deben prohijarse acciones ciudadanas de honestidad y transparencia tanto en el trabajo como en cualquier otra actividad; respeto al derecho de los demás a pensar distinto; disposición al servicio comunitario; rechazo a la discriminación; fomento a la cultura de la denuncia; vigilancia permanente del trabajo de las autoridades; entre muchas otras.

El lamentable estado de cosas en que nos encontramos parece advertirnos que no hay mañana para un Estado tan irresponsable como el nuestro. ¿Quién dice “yo”?

(*) Analista político

Twitter: @RicSantes

 

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Hablemos de la mentira en el periodismo, la columna de Alberto Villa

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Hablemos de la mentira en el periodismo, la columna de Alberto Villa

Por ejemplo, el 30 de octubre de 1938, mientras en Europa Hitler invadía territorios, miles de estadounidenses encendieron su aparato de radio como era costumbre en los hogares. Pasadas las ocho de la noche, como sucedía desde julio de dicho año, el programa Mercury Theater on Air, creado por el prodigioso Orson Welles, que tenía 23 años, iniciaba su transmisión en la que dramatizaba obras literarias. Al principio de la emisión, Welles leyó su mensaje introductorio acostumbrado, anunciando la obra a representar. En este caso lo hizo de manera veloz y, dado que ocupó unos pocos segundos, hubo quien no alcanzó a escucharlo y no se informó que los siguientes minutos de transmisión serían ficción. Puro entretenimiento. Una simulación. Aunque, al parecer, no fue así para todas las personas radioescuchas.

Lee más sobre el autor: Sin datos no hay historia

El tono de la narración y producción, con supuestas conexiones con el exterior de la emisora, tuvieron como efecto acelerar el drama de unos supuestos extraños episodios en el cielo. Al filo de la media hora de transmisión, se reportó que un meteorito con apariencia cilíndrica había hecho contacto con el pueblo real de Grover’s Mill, en Nueva Jersey. No cabía duda, según lo que se decía en los micrófonos, los marcianos invadían la Tierra.

La historia de los efectos del programa, mitificada a lo largo de los años, dice que la transmisión de La guerra de los mundos, que de esa obra se trató, generó un pánico nunca antes visto en las audiencias. Sin embargo, no hubo datos fiables que certificaran dicha afirmación de manifestaciones en reacción al programa radial. De aquí, ¿mintió Orson Welles?, obviamente no. Él informó de que esa transmisión era una ficción. ¿Qué ocurrió entonces?

Debemos describir el contexto social y político que se vivía entonces. Aires de guerra cruzaban los continentes. Los temores sociales se multiplicaban. Desde ese contexto se produjo la creencia por encima del sentido crítico de las audiencias. Para los no informados era posible. Algo estaba ocurriendo. Las personas tienden a buscar indicios que consoliden sus creencias previas. Aunque erróneas. Posibles.

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Ya lo dijo en 1978 Milan Kundera, en El libro de la risa y el olvido:

“Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. se destruyen sus libros, su cultura, su historia. y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación comienza otra vez a olvidar lo que es y lo que ha sido”.

Es lo que el franquismo llevó a cabo en España luego de tomar el poder. Borró la memoria histórica y construyó una nueva historia basada en la mentira.

Cuando esa acción de alterar la realidad es deliberada, no fruto de un error, o de creencias insólitas e infundadas, entonces se está mintiendo. De aquí que sigan ocultándola tras los desproporcionados plazos de la norma propuesta para los llamados secretos oficiales.

“En su determinación clásica, la mentira no es el error. Se puede estar en el error, engañarse sin tratar de engañar y, por consiguiente, sin mentir”… “pero la mentira es un acto intencional»: mentir será dirigir a otro u otros un enunciado o más de un enunciado, que el mentiroso sabe, en conciencia explícita, que constituyen aserciones total o parcialmente falsas…”. De Jacques Derrida, en Historia de la Mentira. Prolegómenos.

 

Cuando el periodista emite mensajes de este tipo, no ejerce el periodismo.  A lo sumo el de publicista o propagandista, pero no el de periodista. El periodista tiene un compromiso con la búsqueda de la verdad, desde sus creencias genuinas. Máxime cuando en el mundo de la política se considera a la mentira como una herramienta más de la gestión.

Repitamos lo definido por Kapuscinski:

“Creo que, para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas.”

Quién miente a sus lectores, o audiencias, no es una buena persona. No lo olvidemos.

***

El autor Alberto Vila es economista y consultor en Marketing político. Columnista en medios de Madrid y Barcelona. 

Fotografía: CordonPress

Fuente: luhnoticias.es

 

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Foro Público: La narco violencia sepulta la política de seguridad de López Obrador

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Foro Público: La narco violencia sepulta la política de seguridad de López Obrador

Foro Público

La semana pasada la violencia se volvió a desatar de la forma más visible posible, pues se suscitaron narcobloqueos y quemas de vehículos y establecimientos comerciales en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, lo que evidenció que la política de seguridad implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la pacificación del país.

El mandatario federal que ha reiterado que implementará una política “abrazos no balazos” contra el crimen organizado ha sido cuestionado por la falta de resultados en materia de reducción de la violencia, pues en octubre de 2019, unos meses después de rendir protesta se presentó el primer gran desafío de su gobierno en materia de inseguridad en Culiacán, Sinaloa, donde los integrantes del Cártel de Sinaloa mostraron el músculo armado con el que cuentan para dejar en jaque al Estado mexicano con la detención de Ovidio Guzmán Loera, el hijo del líder de esa agrupación criminal, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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En esa ocasión el gobierno federal decidió replegar las fuerzas armadas para liberar al hijo del capo, bajo la justificación de garantizar la integridad de la población civil, ya que se habían presentado distintos hechos violentos que provocaron el pánico entre los habitantes de esa ciudad por la organización y coordinación de este grupo criminal.

López Obrador refirió que se priorizó la seguridad de las personas sobre la detención del hijo del narcotraficante, sin embargo, en términos generales se mostró la debilidad del Estado al ceder a los chantajes de una organización criminal, lo que también derivó en la inconformidad del gobierno de Estados Unidos que amagó con enviar militares al territorio mexicano ante la ineficacia de las autoridades locales.

Sin embargo, ese episodio no fue el único que ha generado caos y pánico social, pues organizaciones como la DEA han advertido sobre el enfrentamiento por el control territorial del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), siendo este último el que mayor crecimiento tuvo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Con los hechos ocurridos en esta semana se mostró nuevamente la capacidad de organización de los grupos criminales que han retado abiertamente al Estado mexicano, luego de que el presidente anunció que la Guardia Nacional se incluiría al modelo administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los bloqueos en Jalisco y Guanajuato que se desarrollaron casi de forma simultánea evidenciaron que los cárteles de la droga son capaces de atentar contra la población civil, por lo que desmitifica la versión de falsa protección que brindan a los habitantes y se reflejan como delincuentes sin escrúpulos.

Esta situación de violencia que se ha profundizado en diferentes regiones del país han provocado que exista un malestar general sobre las acciones de combate a la inseguridad y violencia que ha emprendido el gobierno federal y cuyo discurso cada vez parece más obsoleto y rebasado ante agrupaciones armadas que no están dispuestas a seguir una política pacífica, sino que por el contrario han tratado de armarse mejor.

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Si bien es cierto que la responsabilidad total de la violencia no recae exclusivamente en López Obrador, pues es la herencia de una estrategia fallida de seguridad que emprendió Felipe Calderón en 2006 y que ha dejado cientos de miles de muertos, situación que continuó con Enrique Peña Nieto y que se ha mantenido en el actual sexenio, es la responsabilidad del gobierno actual tratar de reducir los niveles de violencia en el país y demostrar que el Estado mexicano puede garantizar la gobernabilidad.

Nota aparte: El gobierno federal debe dejar a un lado delegar responsabilidades a sus antecesores o acusar a la oposición, pues lo cierto es que el problema de la inseguridad será uno de los grandes pendientes que también heredará a la siguiente administración.

 

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Militarización, terrorismo y el uso politiquero de la desgracia

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Militarización, terrorismo y el uso politiquero de la desgracia

 

TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

Politiquería. Es la palabra que resume la actitud de López Obrador ante la grave crisis que vive ya, en todos los órdenes, el país.

Su anuncio de dejar al Ejército y la Marina en las calles, más que una bofetada, es una traición al “pueblo bueno”, a sus principios ideológicos, a su palabra, a la Constitución y, por ende, a la patria.

El pretexto de la militarización, será este ambiente de terror que viven varios estados de la república.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pisotea la Constitución, pulveriza la división de Poderes y se brinca grotescamente al Congreso, para apuntalar una decisión que ni siquiera llega a decreto.

Para leer más del autor: ¡Menos días, presidente AMLO!

 

A partir del 15 de septiembre, anunciará el traslado de todas las responsabilidades de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma:

¿Por cuál fuero va a ser regulada la actuación de la Guardia Nacional, el civil o el militar? Esos uniformados de gris, que usted ve pasar por las calles ahora con tanta profusión, serán los encargados de resguardar el orden y la paz pública.

¿Qué pasará si hay un abuso o un exceso en el uso de la fuerza contra civiles? ¿El caso será ventilado en una corte militar, ya muy lejos de los juzgados del fuero común, o cómo va a ser el asunto?

Pueden darse violaciones a los derechos humanos. La pregunta viene al caso porque, aunque no nos guste a la mayoría, la militarización es casi un hecho ante una Suprema Corte convertida en un muro de lamentos.

AMLO no ha aclarado este punto. Evadió la pregunta el pasado miércoles y hasta la fecha guarda silencio al respecto. ¿Bajo qué fuero serán regidas las acciones de la Guardia Nacional?

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Una cosa es la popularidad y otra la eficacia. Las encuestas no corresponden, ni de lejos, a la calificación que tiene la 4T en materias como: Seguridad Pública, Seguridad Nacional, Salud, Educación, Economía, Comunicaciones, etc, etc, etc.

El país ya se encuentra en la mira de los principales organismos internacionales no sólo por el caos interno que se vive, sino por las políticas que pretende aplicar el gobierno federal, como es el caso de la militarización.

¿Un traidor en Palacio? 

Lo más grave aquí, insistimos, es que el mandatario ha abjurado y literalmente nos ha traicionado. Su primer acto jurídico al asumir la Presidencia fue: jurar “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Hoy, abiertamente ha violado ese juramento.

Como aspirante presidencial nos dijo: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertía en Guardia Nacional. Declararía que México es un país pacifista…”. Incluso declaró que “el Ejército y la Marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar a los mexicanos su seguridad”.

 

En entrevistas expresó: “No se resuelve nada con el uso del Ejército, de la Marina”; “no necesitamos un Ejército para la defensa”; “nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego”.

Fue más allá. Al principio de su sexenio prometió: “Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia atendiendo las causas”.

Hace 12 años, con rostro de buen hombre, ante reporteros o en mítines públicos gritoneaba: “No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Que no se utilice el Ejército para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”. “Que regresen los soldados a los cuarteles. Se tiene que profesionalizar a las policías”.

Hace 10 años lo reiteró: “tenemos que ir sacando al Ejército de las calles”. Pero en 2020, dos años después de asumir el poder, su discurso cambió radicalmente: “Aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar (sic) las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.

No me vengan con que la constitución  

Este año, sin haberse discutido en el Congreso la reforma constitucional respectiva, anuncia el decretazo: “Les adelanto que la Guardia Nacional pasa, completa, a la Secretaría de la Defensa”. Esto lo confirmará el 16 de septiembre, durante el desfile militar.

Es una abierta amenaza, para lucir los tanques y aviones, e intimidar a todo aquel que se quiera oponer. De hacerlo, López Obrador habrá consumado la traición a la patria. No sólo habrá cometido perjurio. Habrá traicionado el legado juarista al que él se había sometido cuando decía:

“El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista…”

Como opositor, cuando Peña Nieto intentaba promulgar una Ley de Seguridad Interior, decía que cuando se habla del gabinete de seguridad, los gobiernos “de antes” sólo pensaban en que estuvieran ahí el secretario de la Defensa, el de Marina, de Gobernación, Seguridad Pública, el Procurador”.

Daba lecciones de política, moral y buen gobierno, al precisar que en el gabinete de Seguridad deberían estar los secretarios de Desarrollo Económico, Educación, Salud… Pero ya en el poder, nada de esto se cumplió. López Obrador mintió y están las evidencias a flor de piel.

En plena pandemia, como señalamos la semana pasada, hubo un subejercicio de 25 mil millones de pesos en materia de Educación y también un criminal subejercicio en materia de salud. Sólo ha gastado el 27% de los recursos presupuestados en este rubro.

Se desplomaron dramáticamente los programas de vacunación a menores durante este régimen. No ha gastado, por ejemplo, en prevención y control de enfermedades, vigilancia epidemiológica, obesidad, salud materna, salud sexual. Todo el dinero se ha ido al AIFA, Tren Maya, Dos Bocas.

Los programas de política social, traducidos en becas y pensiones, tampoco han dado resultado. El empleo para 32 millones de jóvenes cada día es más precario y mal pagado. De los 15.5 millones de jóvenes que trabajan en México, 10.8 millones no tienen ingresos suficientes y 9.4 millones carecen de acceso a la salud y seguridad social.

Desastroso pues, el mandato del hombre que buscó tres veces la presidencia de la república y que ahora, en medio de la guerra entre cárteles del crimen organizado, admite púbicamente su patética gestión, su fracaso como estadista y su traición a los mexicanos.

Existen sospechas de que los hechos de violencia y terror fueron armados desde el propio gobierno. De lo contrario, los capos se burlaron nuevamente de él y de la Defensa.

Si te lo perdiste: T-MEC y seguridad nacional: ¿Confusión mental o esquizofrenia?

 

Otro operativo para intervenir en una reunión de narcos y detenerlos, terminó en fracaso. El “doble RR” y el “Apá”, se les fueron, se les pelaron, como dicen en el barrio. Ése es el resumen de su sexenio: armisticio para Ovidio Guzmán, e impunidad a los demás.

López Obrador arrastra hoy a sus ideólogos a un discurso dialéctico fallido; a tragarse sus palabras y enderezar alocuciones inentendibles y nada creíbles. La autoridad moral que presumían se desfondó: El camino de la 4T está lleno de abrojos. Sólo los fanáticos no lo pueden ver.

El odio del pueblo: Gracias por tomarse la foto con mi dolor 

AMLO empieza a probar, a fuego lento, el sinsabor, la amargura y el odio de un pueblo que se siente engañado, que le reprocha aquello que él mismo reprochó cuando fue candidato. Le darán la espalda tarde o temprano, tal y como ahora él lo hace.

“Gracias por tomarse la foto con nuestro dolor…” Una frase que resulta simbólica y que resume los resultados de un sexenio perdido, no sólo por las desgracias naturales e imponderables externos, sino por mentir, manipular y traicionar.

Demagogia, blasfemia, es lo que se ve en el pequeño discurso que sobre Juárez alguna vez enderezó cuando aspiraba a gobernar. Ese gabinete “social” que tanto preconizaba, hoy solo transpira soberbia e incapacidad, con una Luisa María Alcalde Luján, que dice no ser la encargada del rescate de mineros.

La misma desfachatez con que la señora Beatriz Gutiérrez Muller contestó, cuando un ciudadano le preguntó: ¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer?, a lo que la escritora contestó: «yo no soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos».

Sólo falta la risotada, luego de aquella frase: “Ahí están las masacres”; y una leyenda final en la lápida: “tengan, para que aprendan”, pero no en la de los tecnócratas, sino en la de sus fans.

 

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