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Fabricación de culpables

Discriminación y aislamiento a familia de Nestora Salgado en Olinalá

Niegan educaión a nietos de Nestora Salgado por órdenes de autoridades municipales de Olinalá Guerrero, denuncia su hija Saira Rodríguez

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Por Sergio Ferrer

OLINALÁ, Guerero.- Saira Rodríguez Salgado, hija de la líder comunitaria de Olinalá Nestora Salgado, denunció que bajo aparente instrucción de autoridades municipales, les ha sido negado el derecho a la educación a sus dos hijos al prohibirles la entrada al colegio y aislarlos en la comunidad por el caso de su madre.

Rodríguez Salgado se ha dedicado a la defensa de su madre, Nestora Salgado García, presa desde el 21 de agosto de 2013 en el penal federal El Rincón, Tepic, Nayarit, por delitos fabricados después de denunciar a funcionarios municipales de corrupción y narcotráfico.

En octubre de 2014, Saira Rodríguez viajó a Estados Unidos por amenazas de muerte contra su familia radicada en Olinalá Guerrero, pese a que contaba con vigilancia por parte del gobierno del Estado que incluía dos policías custodiando la entrada de la escuela de sus hijos.

El 11 de noviembre decidió regresar a México, a pesar del riesgo constante en el que está expuesta su familia.

“Hay un gran riesgo, pero regresé, porque me niego a huir de mi casa, mi hogar, de mi familia y confundir a mis hijos, porque no soy una criminal. Soy una mujer de mi hogar, me dedico al cuidado de mis hijos, y ahora por la injusticia en la que está sometida mi madre, también me dedico a su defensa, a sus visitas y luchar por sus derechos humanos”, dijo.

Rodríguez Salgado, recordó que Nestora Salgado García, está encarcelada en represalia por denunciar la corrupción en Guerrero y los presuntos nexos del presidente municipal de Olinalá, Eusebio González Rodríguez con el crimen organizado, así como el desinterés del gobierno estatal para atender la situación en dicho municipio.

En cuanto a la discriminación hacia sus hijos de 5 y 6 años, dijo que a pesar de haber pagado las colegiaturas en el Colegio María Almazán de Andrew, les negaron la entrada, al parecer bajo la orden de la presidenta del DIF, Dulce María Franco de González, quien argumenta que los niños de esa escuela “se espantan”. La única vez que fue a recoger a sus hijos le cuestionó de manera prepotente los privilegios de los que gozaba para tener seguridad como la de ella.

El periódico El Montañero difundió una nota en la cual se leen las acusaciones de la presidenta del DIF y comentarios ofensivos de los padres que supuestamente tienen temor. El medio no cita fuentes ni aparece el nombre del reportero que hizo la nota.

Rodríguez Salgado dijo que no considera un privilegio recibir la protección del Estado.

“Las amenazas que recibí no se las deseo ni a mi peor enemigo, el temor de no saber si hoy vendrán por mí, si hoy será el último día que duermo a gusto en mi casa, si hoy será el día que mi mundo se me vuelva al revés. Si recurrí a tener escoltas del Estado, fue porque la seguridad no puede ser garantizada por el gobierno local”.

“Regresé, regresé donde mi vida corre peligro, porque no puedo dejar abandonada a mi mamá en esta situación horrible”, expresó Rodríguez Salgado y mencionó “yo soy su única visita cada quince días, su único contacto humano, ya que hasta la fecha se le niega el derecho de convivir en una plática con las demás reclusas, siendo una persona inocente”.

La protección del gobierno federal, no se le pudo brindar eficazmente y a la velocidad que lo necesitaba estando en el Distrito Federal, por lo que decidió salir del país. Ahora que vuelve a México para continuar luchando por la liberación de su madre, se encuentra en proceso de recibir la atención del Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero en su comunidad está siendo estigmatizada y sus hijos discriminados por las autoridades educativas

Nestora Salgado recibió un año después de haber solicitado protección al gobierno federal, el reconocimiento como defensora de derechos humanos. Actualmente se le han realizado visitas técnicas por parte de funcionarios del Mecanismo en el CEFERESO ubicado en Nayarit, para que sean evaluados sus riesgos a la salud, porque como han denunciado sus abogados y familiares, al estar recluida se le ha negado el tratamiento necesario sobre la lesión permanente que tiene en la columna.

El proceso jurídico de Nestora Salgado García ha estado cargado de irregularidades, continúa presa sin respetarse el debido proceso y sin seguimiento por parte del gobierno de Guerrero, pese a que un juez federal le dictó auto de libertad al no encontrarla responsable de los delitos de secuestro y delincuencia organizada, fabricados por el exprocurador del Estado, Iñaki Blanco, quien ha sido obligado a renunciar a su cargo por corrupción y vínculos con el grupo narcotraficante Los Rojos.

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Fabricación de culpables

Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

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Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de víctimas de fabricación de culpables y organizaciones de derechos humanos se manifestaron frente a Palacio Nacional, para exigir atención a los casos de las personas privadas de su libertad con delitos fabricados, confesiones bajo tortura o procesos irregulares, muchos desde la administración de Vicente Fox.

Uno de los oradores fue José Humbertus Pérez Espinoza, quien fue preso de conciencia como represalia a su activismo, y quien recientemente participó en la elaboración de la ley de amnistía del Estado de México, logrando la inclusión de acusados por delitos de alto impacto. Entre sus propuestas, enfatizó la importancia de replicar esta ley de amnistía a los demás estados de la república para abordar casos con violaciones de derechos humanos, de presunción de inocencia y al debido proceso.

Por parte de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez López enfatizó en los problemas dentro de los penales, el maltrato, la tortura, el tráfico de drogas y la inducción al consumo de ésta, que hacen estragos en los internos.

Expuso el presidente de la Limeddh que además de las confesiones bajo tortura, los falsos culpables eran exhibidos en los medios de comunicación como delincuentes.

El caso de Luis Díaz Pantoja, preso político, detenido de manera arbitraria en 2013, pero con orden de aprehensión desde 2010, fue expuesto por su abogado Jefte Méndez, quien se trasladó desde el estado de Oaxaca a la manifestación.

Francia Henao, madre Nino Colman Hoyos Henao, tomó la palabra para exponer el caso de su hijo, víctima de tortura y detención arbitraria, acusado falsamente de secuestro, y responsabilizó a Isabel Miranda Torres de interferir en la justicia. Señaló que en todas las audiencias judiciales estuvo presente Miranda Torres actuando frente al juez como acusadora de su hijo, además de controlar los medios donde Nino Colman también fue exhibido como responsable del delito sin ninguna prueba.

El caso del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, torturado por la Policía Judicial Militar, después de denunciar por narcotráfico a militares de alto rango de la SEDENA y al entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, fue expuesto por Elizabeth Pérez Ramos. Destacó que Malagón fue acusado de homicidio, y se encuentra privado de su libertad desde junio de 2010.

El caso de José Eduardo Toledano Téllez, quien lleva 21 años preso acusado de secuestro, pese a pruebas contundentes de su inocencia, fue otra de las exposiciones por su hermano Héctor Toledano, quien se trasladó de Querétaro a la manifestación. José Eduardo fue sentenciado a más de 38 años por la jueza María Medel, pese a que en 2009, se había capturado al verdadero responsable del delito que se le acusaba, a José Ángel Toledano Sánchez.

Después del plantón en el zócalo, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia que dirige Paulina Téllez, convocaron a las organizaciones a una reunión para escuchar a los activistas.

 

 

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