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El Caso Wallace

Diputados exhortan a CNDH atender incriminados de Isabel Miranda

El grupo parlamentario del PRD estableció punto de acuerdo para exhortar a la CNDH que atienda violaciones de ddhh a incriminada por falso secuestro Wallace

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Dip. Roberto López Suárez por la garantía de los derechos humanos de Brenda Quevedo y Nestora Salgado. Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES/Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del PRD, en México, estableció un punto de acuerdo en el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, a que otorgue el apoyo necesario para que realicen exámenes que determinen los actos de tortura en agravio de Brenda Quevedo Cruz, incriminada por Isabel Miranda de Wallace del supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto en julio de 2005.

Roberto López Suárez, diputado integrante de la Comisión de Derechos Humanos y uno de los suscritos al punto de acuerdo, afirmó que “le consta que la señora Wallace se ha conducido con dolo y ha presionado a autoridades para que ignoren solicitudes de Brenda [Quevedo] a que se respeten sus derechos humanos”.

“No sabemos por qué lo hace Wallace”, señaló el diputado López Suárez, “pero lo que sí sabemos es que Brenda no ha tenido un debido proceso penal, hemos encontrado graves violaciones a sus derechos humanos, ha tenido traslados ilegales a penales y las supuestas evidencias presentadas por Wallace no han sido probatorias de nada”.

El grupo parlamentario –integrado también por las diputadas Gloria Bautista Cuevas, Elena Tapia Fonllem, Roxana Luna Porquillo, y el diputado José Luis Muñoz Soria–, se refirió a la situación de Brenda Quevedo Cruz como “un caso sumamente complejo, que crecientemente ha atraído la atención de algunos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y cuyo esclarecimiento podría mostrar una vez más la debilidad del sistema de justicia mexicano, en que la fabricación de pruebas y la práctica de la tortura se convierten en herramientas para el abuso del poder ante la incapacidad de conducir investigaciones penales eficientes”.

En el punto de acuerdo se hace referencia a la doble tortura que Quevedo Cruz ha denunciado, una en el Centro Federal de Readaptación Social de “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el año 2009, y la segunda en el año 2010 en el complejo penitenciario de las Islas Marías, donde fue trasladada ilegalmente. Así mismo, se destacó la existencia de documentos oficiales expedidos por autoridades mexicanas en los que se presume estos actos de tortura contra Quevedo y el procesado Jacobo Tagle Dobin, incriminado por el mismo caso.

Sin embargo, en la serie de reportajes sobre La simulación del secuestro Wallace todos los culpables fabricados por Isabel Miranda han sido torturados de acuerdo a sus propios testimonios, y obligados a inculparse, pese a las evidencias de que no hubo crimen. César Freyre Morales, por ejemplo, denunció más de 20 torturas dentro del penal hasta su autoincriminación, incluso pidió ayuda a la Comisión Interamerica de Derechos Humanos, sin que se atendiera su solicitud. Jacobo Tagle Dobin puntualizó en carta privada a una organización de derechos humanos los actos de tortura perpetrados contra su persona por los agentes ministeriales de la PGR, incluso denunciados ante un juez, sin que prosperara la denuncia. Lo mismo ha sido en el caso de los hermanos Antonio y Alberto Castillo, quienes además de haber sido sentenciados con cadena perpetua, sus solicitudes de exámenes para el Protocolo de Estambul han sido ignoradas.

Las amenazas de Wallace a diputados por caso Nestora

Otro de los temas por los que el grupo parlamentario del PRD ha destacado en materia de derechos humanos es la gestión para la liberación de la líder comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, detenida arbitrariamente por las fuerzas armadas mexicanas y encarcelada desde el 21 de agosto de 2013, bajo acusaciones de falsos secuestros. Nestora Salgado fue visitada por los diputados de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos cuando estuvo internada en el penal de El Rincón, Tepic, Nayarit, donde coincidió con Brenda Quevedo Cruz.

Nestora tenía prohibido interactuar con las demás internas, no recibía atención médica y la mantenían con la luz encendida de su celda las 24 horas, como parte de la tortura psicológica propiciada por las custodias del mismo penal, hasta que su defensa jurídica logró su traslado a la torre médica del penal de Tepepan, Ciudad de México.

Isabel Miranda Torres mostró su indignación por la visita de los diputados a Nestora y pidió públicamente que no se liberara. Así mismo, el pasado mes de enero profirió amenazas de demandas a los diputados de esa comisión acusados “de tráfico de influencias” por realizar gestiones en favor de Nestora como la atención médica o la petición de su liberación.

El legislador Roberto López Suárez, dijo a Los Ángeles Press, que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación de ninguna procuraduría respecto a la demanda, y que desconoce si se ha cumplido. No obstante, dijo, que era muy difícil que procediera, porque “más bien, es un teatro de Wallace como medida mediática para llamar la atención”.

“Ambos casos, el de la liberación de Nestora y la atención médica necesaria por ahora de Brenda y el respeto a sus derechos humanos, son los temas por los que estamos preocupados”, reiteró López Suárez, quien avizoró la pronta reunión con el presidente de la CNDH.

El Caso Wallace

FGR determina no ejercicio de acción penal contra Isabel Miranda pese a evidencias

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Por Guadalupe Lizárraga

El equipo de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra Isabel Miranda Torres, denunciada en diciembre de 2018, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones judiciales, tortura y secuestro en grado tentativa.

Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga en contra de Isabel Miranda Torres, José Enrique Wallace Díaz y el agente de SEIDO Braulio Robles Zúñiga. En su respuesta, Chávez Aguirre, se abocó a la acusación de la prueba fabricada de ADN por medio de una gota de sangre plantada en el supuesto lugar del asesinato y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace.

Al respecto, la conclusión del perito profesional Ejecutivo “B” en Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, Mario Alberto Bernal López, sostuvo que “existe coincidencia genética con los perfiles genéticos ingresados con los nombres de José Enrique Wallace Díaz y Carlos León Miranda, siendo el mismo perfil genético, por lo tanto ambos tienen el mismo origen biológico”.

El ministerio público Chávez Aguirre alegó en el documento que la falsedad de declaración judicial había prescrito en 2012, y con respecto a los delitos de tortura, los dictámenes en el caso de Brenda Quevedo Cruz (realizado el 6 de junio de 2011), el de César Freyre Morales (realizado el 4 de noviembre de 2015), y el de Juana Hilda González Lomelí (realizado el 15 de noviembre de 2018) habían dado resultados negativos y también operaba la figura de la prescripción.

Sin embargo, el abogado Víctor Caballero, activista de derechos humanos, a la pregunta de Los Ángeles Press, sobre el tema de tortura, señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en dos momentos, en 2018 y 2019, que el delito de tortura no prescribe. Si bien la tortura sexual es una conducta específica, y también encuadra en el catálogo de los delitos sexuales, dependiendo de cómo se dio esa tortura”.

En relación a las denuncias de secuestro en grado tentativa contra la periodista, en noviembre de 2016 y en febrero de 2018, así como el allanamiento de su morada en febrero de 2019 y las denuncias de amenazas proferidas por la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda en el foro sobre Fabricación de culpables realizado el 5 y 6 de noviembre de 2018, el Ministerio Público eludió la investigación de estos hechos sin dar respuesta a la denunciante.

No es la primera vez que la autoridad fiscal determina no ejercer acción penal contra Isabel Miranda por la fabricación del secuestro de su hijo y los atropellos a las víctimas para que se incriminaran. En el registro documental de la notificación a la periodista Guadalupe Lizárraga se destacaron las denuncias contra Miranda y el agente Braulio Robles Zúñiga, en 2011 y 2015, bajo las identificaciones 433/UEIDAPLE/DT/38/2015 y 233/UEIDAPLE/LE/12/2010, las cuales también determinaron las autoridades no ejercer ninguna sanción, pese a que los delitos de tortura eran recientes, siendo octubre de 2010, tanto en el caso de Brenda Quevedo Cruz como en el de César Freyre Morales.

 

Fragmento notificación FGR.

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El Caso Wallace

Expareja de Hugo Alberto Wallace confirma que en 2005 no fue secuestrado ni asesinado

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Patricia Muñoz Acosta, madre de una segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, confirmó ante la audiencia de Milenio TV, que habló por teléfono con él todavía en 2007, tal como se ha revelado desde mayo de 2014, en Los Ángeles Press. Su testimonio ante la televisión mexicana es otra prueba más del falso secuestro y homicidio contra Wallace tal como lo ha sostenido Isabel Miranda Torres, desde el 11 de julio de 2005, y por el que ocho personas inocentes llevan 14 años en prisión.

La expareja sentimental de Hugo Wallace dijo que se había ido a vivir a Estados Unidos por presión de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto, por la existencia de la primera hija, Andrea Isabel, de 25 años, quien tiene problemas congénitos en la columna vertebral y requería la atención del padre.

Incluso señaló que Isabel Miranda había interferido para evitar que Hugo Alberto registrara a su hija con el apellido Wallace, y que lo había hecho en Coyoacán, delegación donde vivía, con el apellido de su padrastro.

Muñoz Acosta también señaló haber tenido a su hija a los 28 años, pero que conocía a Hugo desde los 14, porque había sido su maestro de Inglés. Sin embargo, precisó que su hija no tenía 13 años como lo había publicado Los Ángeles Press, la semana pasada, sino 18.

Las contradicciones de Muñoz

Entre las declaraciones hechas en Milenio, Claudia Patricia Muñoz Acosta dijo que no había hablado con la periodista Guadalupe Lizárraga. Sin embargo, aceptó haberle dejado un mensaje privado en su red. En el mensaje se lee que Muñoz Acosta contactó a la periodista, le reveló la existencia de su hija, producto de una relación de “muchos años”, y concluye que vive en Oklahoma City y escribe su número de teléfono.

La periodista, en julio de 2019, recibió la llamada de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien le confirmó que efectivamente tenía una segunda nieta, de acuerdo con la conversación telefónica que había sostenido con Muñoz Acosta.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, adolescente, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista en mensaje de texto que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, la edad de la menor es de 17 años, nacida en 2003.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, adolescente. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad, nacida en 1995.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, de haber hablado incluso con él en 2007, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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