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Mexico Violento

Diputada presenta punto de acuerdo legislativo para urgir a Sinaloa acciones urgentes contra desapariciones

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Presenta Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para fortalecer la Comisión Estatal de Búsqueda y la instrumentación de medidas preventivas que respondan a las exigencias de los colectivos y familiares de las víctimas.

La diputada federal priista Paloma Sánchez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para exhortar a los gobiernos del estado de Sinaloa y del municipio de Mazatlán a realizar acciones urgentes encaminadas a resolver el problema de las desapariciones, mediante el fortalecimiento de la participación operativa de la Comisión Estatal de Búsqueda y la instrumentación de medidas preventivas que respondan a las exigencias de los colectivos y familiares de las víctimas.

La diputada expuso que en Sinaloa, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, permanecen desaparecidas 5 mil 531 personas y que el estado es el segundo con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas en toda la historia de México, con 1,750.

En tanto, informó la diputada Paloma Sánchez, en Mazatlán se tiene un registro histórico de 1,202 personas desaparecidas, lo que hace del municipio el destino turístico con más desapariciones en todo el país. Asimismo, agregó que la crisis es evidente, pues sólo en los últimos cuatro años han desaparecido 550 personas en la ciudad.

Frente a esa situación, argumentó la legisladora federal del PRI, Sinaloa todavía no cuenta con un plan integral de búsqueda e identificación ni un trabajo coordinado entre las instancias que deben garantizar los derechos de las víctimas.

Expresó su preocupación debido a que las cifras sobre personas desaparecidas no están siendo tomadas con la seriedad que exige la situación, tanto por el municipio de Mazatlán, como por el gobierno de Sinaloa, ya que a los ciudadanos se les dice que hay paz, mientras más de 20 colectivos de familiares en el estado han tenido que organizarse para llevar a cabo la tarea que el gobierno no ha podido cumplir, con mínimo respaldo de la Comisión Local de Búsqueda y la propia Fiscalía General del Estado.

Por ello, la diputada Paloma Sánchez advirtió que “resulta fundamental para el municipio de Mazatlán, así como para el estado de Sinaloa, reconocer la gravedad del problema, a fin de coordinar acciones, en carácter de urgente, para que los apoyos operativos puedan ser facilitados por la Comisión Local de Búsqueda, se implementen los protocolos con mayor transparencia para los familiares de las víctimas y se despliegue un plan estatal de búsqueda e identificación, con la participación de los colectivos, para dar certeza de que las víctimas no serán olvidadas”.

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Mexico Violento

Defensores presentan denuncia colectiva a la 52º Asamblea de la OEA por tortura y prisión preventiva en cárceles mexicanas

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En la Asamblea de la OEA, la periodista guadalupe lizárraga y colectivos de derechos humanos entregaron una denuncia colectiva por violaciones a derechos humanos en cárceles mexicanas

Los Ángeles Press

En el marco de la 52º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Lima, Perú, defensores de los derechos humanos de personas privadas de libertad en México llevaron una denuncia colectiva por la tortura y tratos crueles e inhumanos en las cárceles mexicanas, así como el sustento jurídico internacional de la ilegalidad de la prisión preventiva y la figura del arraigo.

Con el acompañamiento de la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, la periodista Guadalupe Lizárraga y los defensores Alejandro López Ponce de León, del Colectivo Dignidad y Derechos Humanos, y José Humbertus Pérez Espinoza, de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, AC, presentaron una queja colectiva de más de mil 500 internos en los diferentes Centros Federales de Readaptación Social y centros estatales.

Para saber más del tema: Presos de cárceles de Morelos denuncian autoridades penitenciarias por extorsión

El tema de la Asamblea General de la OEA es el de seguridad alimentaria de la región y la protección de los derechos humanos con el lema «juntos contra la desigualdad y la discriminación» y se desarrollará entre el 5 y el 7 de octubre en el Lima Convention Center, en la capital peruana, que por tercera vez será anfitrión de la cumbre, tras las ediciones de 1997 y 2010.

La Asamblea General, órgano principal de la OEA, reúne a las delegaciones de los estados miembro, como cada año desde 1971, para definir mecanismos, políticas y acciones para la región, además de decidir las autoridades al frente de organismos descentralizados.

La comitiva mexicana, por su parte, presenta por primera vez una denuncia colectiva a nivel internacional por las violaciones de derechos humanos en las cárceles y será recibida en audiencia con otros organismos de derechos humanos y autoridades miembros de la Asamblea.

No te pierdas: Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

El documento que encabeza la Red Solidaria Década contra la Impunidad señala como responsable al Estado mexicano de cometer actos de tortura de manera sistemática y generalizada a las personas privadas de libertad, así como la prohibición de alimentos, agua potable, el aislamiento, como medidas disciplinarias o de consigna, que son toleradas por los mismos jueces.

 

A continuación el documento parcial:

 

 

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Justicia pendiente

Juez niega amparo a exsecretario de Seguridad Pública de Tapachula acusado de tortura y abuso contra indígenas de Pavencul

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Los indígenas de pavencul, torturados por servidores públicos, obtuvieron un amparo contra ellos, en un caso que se denominó el lunes negro

Por Cinthya Alvarado Enríquez

TAPACHULA, Chiapas. El Juzgado Tercero de Distrito de Justicia Federal negó el amparo solicitado por Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, ex secretario de Seguridad Pública y protección ciudadana, así como a Iván Inocente Morales Barrios, ex Jefe de la Policía municipal por su participación y coautoría en la tortura, detención ilegal y abusos de autoridad infligidos contra 42 campesinos indígenas de Pavencul y Toquian y de la periodista Cinthya Alvarado Enríquez, el 27 de enero se 2020, el llamado Lunes Negro.

Con esto, se reestablece de nueva cuenta el proceso penal conducido por la FEADLE (Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión) clamado por la periodista C.E.A.E., mismo que se encuentra en su etapa intermedia pero que ha tenido varios lapsus debido a la influencia de la actual presidente municipal Rosa Urbina Castañeda, quien en el tiempo en que sucedieron los hechos fungía como titular de la Sindicatura.

Para saber más del caso: Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

Así mismo Urbina Castañeda estuvo al frente de la querella a nombre del Ayuntamiento de Tapachula donde las víctimas fueron llevados ante la FGE (Fiscalía General del Estado) mediante abuso, imputados en carpeta de investigación y fabricándoles delitos, misma que ya quedó sobreseída por no haber elementos de cargo.

Cómo el INM intentó fabricar delitos a Cinthya Alvarado Enríquez

Cinthya Alvarado, en pleno conocimiento de sus derechos constitucionales y en su calidad de periodista, el 6 de enero grababa a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes para detenerlas en un parque público de Tapachula. Grupos de migrantes habían llegado al parque por la información que había trascendido de que se les estarían dando códigos QR para la regularización de su estancia por el país.  Mientras ella reportaba la situación, funcionarios del Instituto Nacional de Migración la increparon y le pidieron que se retirara, a lo que ella se negó.

No te pierdas: Alerta Temprana de Periodistas reporta presunta desaparición forzada de Cinthya Alvarado cubriendo temas de Migración

Uno de los funcionarios del INM citó un artículo del reglamento local que prohibía el libre tránsito a extranjeros, con total desconocimiento de la Constitución mexicana, la cual invocó la periodista por el artículo 1, de que la entrada de extranjeros por el solo hecho de estar en territorio mexicano alcanzarán el mismo derecho respeto y garantía de sus derechos humanos.

Por lo que ella decidió poner una denuncia ante la fiscalía del estado sobre los que estaba pasando y se hizo acompañar de los migrantes en su auto. Por lo que fue interceptada por autoridades federales y detenida de manera arbitraria.

Una información extraoficial llegó a la dirección de este medio, señalando que se le pretendía imputar el cargo de “tráfico de migrantes”, porque había subido a tres personas extranjeras a su auto particular, y que necesitaba un abogado urgente para que se amparara.

 

 

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Justicia pendiente

Grupo de la ONU pide garantizar seguridad de familias buscadoras de desaparecidos

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El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias buscadoras de personas desaparecidas en el país.

El organismo internacional alertó sobre estas medidas después del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desaparecida, Betzabé Alvarado, el pasado mes de enero de 2021.

El Grupo de la ONU condenó el asesinato de la madre buscadora y pidió que se investigue y sancione a los responsables, debido a que se trata de un delito que puede permanecer en la impunidad.

Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada ayer por la mañana cuando esperaba el transporte público en la lateral de la carretera México-Puebla, cerca de la unidad habitacional Villa Frontera, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones y falleció en el lugar.

La víctima refirió que uno narcomenudista fue el responsable de la desaparición de su hija, por lo que diferentes organizaciones civiles han señalado que debe ser detenido ese individuo de forma inmediata por parte de las autoridades federales y estatales.

La ONU ha alertado sobre los elevados niveles de violencia que persisten en México, donde los familiares de las víctimas de delitos como la desaparición se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad, la cual no obtuvo respuesta por parte de las autoridades federales.

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