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Justicia pendiente

Diócesis de Mexicali protege a sacerdote pederasta denunciado desde 2013

Autoridades de la Diócesis de Mexicali encubren a sacerdote pederasta Jesús Antonio Canseco cambiándolo de una parroquia a otra, uso de tráfico de influencias, y amenazas a la víctima desde 2013

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Por Guadalupe Lizárraga

MEXICALI, México.- Osvaldo Agundiz Quevedo tenía 14 años de edad cuando fue víctima de abuso sexual por el sacerdote diocesano Jesús Antonio Canseco, de la parroquia Divino Niño en la colonia Villas del Rey, en Mexicali, Baja California. Hoy, Osvaldo tiene 21 años, y lleva siete años, junto a sus padres, pidiendo justicia, mientras las autoridades de la Diócesis de Mexicali protegen al sacerdote acusado de pederastia desde 2013, cambiándolo de una parroquia a otra dentro de la zona conurbada en la misma ciudad, retardando la justicia penal y evitando que trascienda la información sobre el caso.

Estudiante de quinto semestre de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California y empleado del Ayuntamiento de Mexicali, Osvaldo Agundiz, pese a amenazas y acoso cibernético, ha emprendido esta lucha contra la pederastia de los sacerdotes católicos en Mexicali, porque asegura que no ha sido la única víctima de este tipo de abuso en manos de Canseco y de otros sacerdotes de la ciudad. “He sabido y conocido a otros jóvenes, pero no se animan a hablarlo”, dijo a Los Ángeles Press en entrevista a la salida de la segunda audiencia ante el Poder Judicial del Estado, donde se le imputó al sacerdote acusado de pederastia el cargo de abuso sexual y corrupción de menores de acuerdo con la abogada de oficio que lleva el caso bajo el número 0202-2016-49200.

En la primera resolución judicial, con fecha del 30 de diciembre de 2016, la agente del Ministerio Público de la Coordinación de Delitos contra la Libertad sexual y la familia, Hermelinda Sánchez Pacheco, resolvió el “no ejercicio de la acción penal a favor del imputado Jesús Antonio Canseco por la comisión del delito de abuso sexual”, por considerar “en exceso el plazo que prevé la prescripción punitiva”. En una segunda resolución, con fecha del 22 de noviembre de 2017, la titular de la misma institución resolvió también el “no ejercicio de la acción penal” bajo el mismo argumento de la prescripción punitiva. Adicionalmente, en ambos documentos se hizo alusión a que el imputado “nunca ejerció violencia física sobre la víctima, no lo amagó, nunca lo golpeó, amenazó, ni utilizó sustancia alguna para obtener su consentimiento”, pese a que la víctima declaró “que se sentía sin fuerza para moverse, por la fuerza que el imputado ejercía al tocarlo”, y más aún como si el abuso sexual y psicológico no fueran violencia.

En conversación telefónica con el vicario general de la Diócesis de Mexicali, Arnoldo Rascón Pérez, Los Ángeles Press preguntó su opinión sobre este caso de pederastia. La respuesta inmediata del vicario fue de decir que no tenía ninguna referencia. A insistencia de la periodista sobre los tres años que había tardado en hacer una cita a la familia con el obispo para dar seguimiento a la denuncia, el vicario en un tono cortante dijo que si quería hablar con él fuera al obispado y cortó la llamada. No obstante, en una carta firmada por el obispo de Chihuahua, Jesús José Herrera, y dirigida al obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, con fecha del 21 de octubre de 2016, se hizo referencia que desde 2013, las autoridades de la Diócesis de Mexicali, incluyendo al vicario y seis sacerdotes más, sabían ya del caso de abuso.

En otro documento dirigido al juez del Tribunal eclesiástico, Marco Antonio Encinas, en noviembre de 2016, el decano Marcos Zavala Nava dio su testimonio sobre los hechos en relación con el abuso sexual perpetrado por el sacerdote Jesús Antonio Canseco y de cómo este sacerdote abusaba de la confianza de la familia por ser padrino de confirmación de la víctima. En ese mismo documento, Zavala Nava declaró haberle hecho una cita a la familia con el vicario general de la Diócesis, Arnoldo Rascón Pérez, y de que éste le había llamado por teléfono para informarle que ya había atendido a la familia. Concluyó el documento con una nota después de su firma: “Anexo la carta que dirigimos al obispo el día 2 de octubre de 2013”.

La víctima Osvaldo Agundiz Quevedo, al salir de la audiencia judicial. Foto: José Pedro Martínez/Los Ángeles Press

 

Antecedentes

En 2013, la primera autoridad eclesiástica con la que habló Osvaldo sobre el abuso fue con el decano de la Diócesis de Mexicali, Marco Zavala Nava, para denunciar al sacerdote Jesús Antonio Canseco por abuso sexual. El decano les dijo a él y a sus padres que los iba ayudar con la denuncia ante las autoridades de la iglesia y así lo hizo. Sin embargo, pasaron ocho meses y no hubo ningún indicio de justicia sobre el caso. Después de varias entrevistas con seis sacerdotes, la familia fue dirigida al vicario general de la Diócesis de Mexicali, Arnoldo Rascón Pérez, por medio de Zavala Nava. El vicario también prometió ayudarlos y, de la misma manera, dejó pasar el tiempo, en esta ocasión fueron hasta tres años, mientras trataba de disuadir a la familia para que no pusiera la denuncia penal porque, según sus palabras, la persona más perjudicada sería la víctima.

La madre de Osvaldo, Diana Quevedo, pese a ser una colaboradora voluntaria de la Iglesia Católica, aseguró al vicario que no iba a dejar de exigir justicia para su hijo y que denunciaría ante el Ministerio Público al abusador. El vicario alertó al obispo José Isidro Guerrero Macías de las intenciones de la madre y fue éste quien se adelantó a poner la denuncia ante el Ministerio Público contra el sacerdote Jesús Antonio Canseco por abuso sexual. Antes, ya el mismo obispo había intentado también de persuadir a la familia a que renunciara a poner la denuncia contra el depredador, y enfatizaba cuestionamientos sobre los altos costos de abogados y los daños colaterales por exhibir la situación de la víctima.

La Procuraduría de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación contra Jesús Antonio Canseco en 2016, pero el Ministerio Público dio largas al asunto y nunca llegó a investigar cabalmente los hechos. Cuando la familia llegaba a preguntar por el caso, los agentes les decían “que estaban armando la carpeta”. Y al tiempo, les dijeron que el caso se había cerrado: “no había delito que perseguir porque el tiempo había expirado para la denuncia”, como lo evidencian las resoluciones judiciales de diciembre de 2016 y noviembre de 2017.

 

Las represalias

De acuerdo con la denuncia de Osvaldo Agundiz Quevedo, él y su familia han sido amenazados vía telefónica y hostigados por las redes sociales a partir de que hicieron pública la denuncia contra Jesús Antonio Canseco por pederastia. Incluso en su perfil de Facebook, le dejan comentarios soeces para intimidarlo. Sin embargo, no solamente la familia ha sido acosada, señaló Agundiz, también el sacerdote Álvaro Salvador Gutiérrez Félix, el padre Álvaro, porque los ha acompañado al juzgado y ha estado con la familia para darles fuerza moral.

“Antes de ver al obispo, fuimos a pedir ayuda con muchos padres, y no nos quisieron ayudar. Todos decían que, si sabíamos lo que nos iba a costar hacer la denuncia, y que la gente se iba a burlar de mí, y muchas cosas más. El que nos ayudó y nos ha acompañado es el padre Álvaro”, afirmó Agundiz.

Como represalia al padre Álvaro, el obispo José Isidro Guerrero llamó al seminario para que lo retiraran de la docencia. También le pidió al sacerdote de la pastoral social que lo retirara de cualquier actividad de causa social, ya que el padre Álvaro trabajaba ayudando a migrantes que llegaban a la frontera. Incluso, pidió que lo quitara de su comunidad y lo enviaran a una comunidad apartada como Puerto Peñasco, el lugar más lejano de la Diócesis de Mexicali para ejercer el ministerio.

Hacer viva la palabra del Papa Francisco

Diana Quevedo, en entrevista con el periodista argentino Gustavo Daniel Pescetta, de SOS Señal de Radio, con sede en Buenos Aires, pidió al Papa Francisco “que hiciera viva su palabra de no más tolerancia a estas situaciones”. Como madre de la víctima, denunció a la radio argentina no sólo el dolor que están viviendo como familia después de haber servido a la Iglesia, sino “que es muy triste ver a la Iglesia que en vez de ayudar a las personas actúen como una mafia porque se están encubriendo entre ellos”, sostuvo.

El periodista Daniel Pescetta hizo alusión a la visita del Papa Francisco a su tierra natal y a Chile a principios de enero de 2018, donde pidió perdón a las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes pederastas. «No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia», sostuvo Francisco por las investigaciones de la fiscalía chilena contra religiosos maristas.  

 

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FGR abre carpeta de investigación por colapso de mina que dejó a 10 trabajadores atrapados

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos federales que provocaron el colapso de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados diez mineros.

De acuerdo con la FGR, se realizan labores de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina e identificación de los mineros atrapados.

La fiscalía federal recolectó información sobre el registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones laborales de los mineros previo al colapso.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que un total de 557 personas, seis perforadoras y 25 bombas sumergibles trabajan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Villa de Agujita que permanecen suspendidos desde el miércoles pasado.

La funcionaria federal explicó que en la zona hay un volumen de extracción de 25 mil 400 metros cúbicos, con un acumulado total de 70 mil 794 metros cúbicos, por lo que continuarán las labores de extracción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En tanto, los familiares de diez mineros aseguraron que el nivel del agua de la mina disminuyó, por lo que esperan que al no filtrarse nuevamente el agua podrían avanzar las labores de rescate de los mineros y podrían ser recuperados en esta semana si arriban más máquinas.

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Justicia pendiente

Organizaciones internacionales alertan que 2022 podría ser el año más trágico para el periodismo en México

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Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.

De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.

También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.

 

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Justicia pendiente

Colectivo Aequus pide intervención de Sheinbaum para atención de madre de desaparecida en CDMX

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El colectivo Aequus.Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en la atención médica que requiere Herminia Valverde Morales, madre de Maricela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, el director del colectivo Aequus, Víctor Caballero, señaló que la situación de la madre de familia es indignante, pues desde hace seis meses su familia solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para agilizar su atención médica.

De acuerdo con el representante del colectivo defensor de los derechos humanos, Herminia Valverde no ha recibido la atención médica integral que merece, por lo que su salud se ha deteriorado y no se trata de una concesión del organismo local, sino de un derecho humano básico que se le ha negado.

Recordó que la Ley General de Víctimas establece que el Estado mexicano debe garantizar medidas de protección a los familiares de las víctimas de desaparición para evitar una victimización secundaria.

Por ello, enfatizó que la madre de familia no puede ser víctima de la negligencias de las autoridades mexicanas, por lo que también se debe garantizar la atención integral y la reparación del daño por parte del Estado mexicano para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

El colectivo enfatizó que la mandatario capitalina debe atender directamente este caso para que la salud de la madre de familia no se deteriore más y se pueda atender como corresponde, aunado a que se tenga acceso a la carpeta de investigación que se abrió por su desaparición.

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