Chile y Colombia iniciaron el primer proceso consultivo para crear un tribunal regional sobre la emergencia climática

Por Thalia Viveros y Juan Auz

BOSTON, Estados Unidos – La Corte Interamericana será probablemente el primer tribunal regional de derechos humanos que elabore una opinión consultiva acerca de la emergencia climática, lo que provocará efectos normativos para la justicia climática más allá del ámbito jurídico.

Cada vez es más frecuente que las personas defensoras de derechos humanos recurran a las cortes como parte de su repertorio de esfuerzos para responder a la amenaza existencial que supone el calentamiento global.

El 9 de enero de 2023, Chile y Colombia iniciaron el primer proceso consultivo ante un tribunal regional de derechos humanos. Solicitaron conjuntamente una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para «aclarar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática».

En particular, los Estados solicitantes instaron especificar el significado de dichas obligaciones en seis cuestiones: (1) el deber de prevenir una mayor degradación y (2) los deberes inherentes al derecho a la vida, (3) los derechos de la niñez y las nuevas generaciones, (4) la consulta y los procedimientos judiciales, (5) la protección de las personas defensoras del ambiente, y (6) las responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Cada tema refleja la preocupación de Chile y Colombia por la justicia y la equidad. Hicieron énfasis en cómo la emergencia climática ya está afectando de manera desproporcionada a los derechos de poblaciones históricamente vulnerables. Además, llamaron la atención acerca de la naturaleza interseccional del cambio climático, algo hasta ahora ajeno a la labor interpretativa de la Corte.

Además, la petición incluye preguntas acerca de la adaptación al clima y la protección de los defensores del ambiente, dos conjuntos de obligaciones que fueron pasadas por alto por la OC-23/17 —la opinión consultiva de la corte, que incluye referencias al cambio climático— sobre el ambiente y los derechos humanos.

La solicitud a la Corte Interamericana representa una oportunidad histórica para llenar vacíos jurídicos que podrían contribuir a la justicia climática. Aunque las opiniones consultivas no son vinculantes para los Estados miembros, la interpretación de las obligaciones en el contexto de la región más desigual del mundo podría ayudar al derecho de los derechos humanos a abordar los factores sistémicos que determinan la vulnerabilidad climática de América Latina.

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Uno de los efectos jurídicos que podría tener una nueva opinión consultiva es la mejora de las herramientas normativas para el creciente número de demandas relacionadas con el clima en la región, al igual que hizo la OC-23/17.

Sin embargo, aunque los efectos jurídicos de una opinión consultiva son cruciales, los derechos humanos en la región constituyen un lenguaje que moviliza a actores más allá del ámbito jurídico.

En ese sentido, una opinión consultiva sobre la emergencia climática podría poner en marcha la tan necesaria formulación integrada de políticas, suscitar la cooperación de diferentes comunidades de práctica y estimular el impulso político.

Normas climáticas para una política integrada

En su solicitud, Chile y Colombia subrayaron la importancia de la interpretación de la corte para mantener cierta cohesión normativa entre los regímenes internacionales en un ordenamiento jurídico fragmentado. Incluso cuando la emergencia climática pone en peligro varios derechos humanos —como sostienen los Estados solicitantes— al aumentar la transmisión de enfermedades, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria y la escasez de agua, los ámbitos jurídicos encargados de responder a esos desafíos específicos rara vez se juntan.

A nivel nacional, las leyes y políticas también reflejan fracturas temáticas que socavan una respuesta holística a los efectos nocivos de la emergencia climática. Por ejemplo, es esencial garantizar el derecho a la salud para la adaptación climática.

Sin embargo, las leyes nacionales sobre el clima y los planes de adaptación de Brasil y Colombia no integran suficientemente el derecho a la salud. Abordan solo de forma parcial las cuestiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los sistemas sanitarios.

Esta fragmentación es una oportunidad perdida para la justicia climática, ya que garantizar instalaciones médicas resilientes para las poblaciones más vulnerables es crucial para que puedan soportar las enfermedades relacionadas con el clima.

Al interpretar de forma integrada las obligaciones que emanan de varios campos del derecho, una opinión consultiva puede proporcionar a las y los legisladores y encargados de formular políticas públicas directrices esenciales para aunar respuestas políticas que parecen no estar relacionadas con la emergencia climática.

Revista Nature.

Cohesionar diferentes comunidades de prácticas

Al igual que el derecho internacional y la formulación de políticas, la sociedad civil —y las comunidades de práctica de las que forman parte— no han eludido la fragmentación.

El trabajo de las oenegés y los movimientos de derechos humanos suele desarrollarse en campos cerrados y en aislamiento geográfico. Por ejemplo, las organizaciones que se ocupan de la salud, los desplazamientos o la migración rara vez incorporan a sus programas los asuntos relacionados con el cambio climático.

Ante la complejidad de la emergencia climática, los actores de la sociedad civil deben aunar esfuerzos en torno a un entendimiento común de cómo la emergencia climática afecta a todos los aspectos de la dignidad humana. 

No se trata de un llamado novedoso. Sin embargo, una opinión consultiva puede aclarar aún más cómo el cambio climático interfiere en cuestiones hasta ahora no relacionadas —como la protección de las personas defensoras del ambiente—, proporcionando así coyunturas de unión para diversas comunidades de práctica.

Galvanizar el impulso político

Una opinión consultiva sobre la emergencia climática también podría dar prioridad a la justicia climática en la agenda política de América Latina.

De este modo, a los grupos de presión de los combustibles fósiles, por ejemplo, les resultará más difícil arrinconar a los funcionarios públicos en el espejismo de que sólo garantizarán un desarrollo compatible con el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables si aumentan la extracción de petróleo los Estados.

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Si los derechos de la niñez y de las generaciones futuras se discuten de forma significativa en la opinión consultiva, se refuerza el arsenal normativo contra la narrativa extractivista.

Igual de significativo es el hecho de que esta señal política puede reforzar el progreso de otras iniciativas importantes fuera de la región, como la petición de Vanuatu ante el Tribunal Internacional de Justicia.

El camino a seguir

Aunque la corte aún tiene que admitir y desarrollar la opinión consultiva solicitada sobre la emergencia climática, las preguntas planteadas por Chile y Colombia llamarán la atención sobre los aspectos inexplorados de la naturaleza interseccional del cambio climático.

Si, al elaborar la opinión consultiva, la corte acoge los aportes de las poblaciones históricamente excluidas, podría comprender mejor sus realidades y, de este modo, sacar a la luz nuevas perspectivas sobre cómo abordar los factores sistémicos que subyacen a su vulnerabilidad al cambio climático.

En América Latina, este progreso normativo podría tener efectos prometedores más allá del ámbito jurídico, lo cual haría de la opinión consultiva un instrumento esencial para iluminar el camino común de los Estados hacia la justicia climática.

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Los autores: Thalia Viveros, investigadora asistente en la Comisión de Derechos Humanos de Boston, y Juan Auz, investigador en el Centro de Derechos Fundamentales de la Escuela Hertie de Berlín.

Este artículo se publicó originalmente en OpenGlobalRights.

Uno de los beneficios para los líderes de la pandilla sería el no extraditarlos hacia los Estados Unidos, según la acusación penal de la Corte de Nueva York

Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – Tras los graves señalamientos de la Justicia estadounidense de que dos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele pactaron secretamente con la pandilla MS-13, para mantener baja la tasa de homicidios, el mandatario salvadoreño parece haber salido ileso, de momento, sin costos políticos.

Los pandilleros de la MS-13 llegaron a ese acuerdo, según las investigaciones, a cambio de algunos beneficios ofrecidos por el gobierno de Bukele, desde que el mandatario llegó al poder en febrero de 2019.

Uno de esos beneficios sería el de no extraditar hacia Estados Unidos a cabecillas de esos grupos criminales, presos en El Salvador, se lee en la acusación penal impulsada por la Fiscalía General de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Esa acción legal se giró en septiembre de 2022, pero se hizo pública el 23 de febrero, y está dirigida contra 13 cabecillas de la temible MS-13, a quienes se les responsabiliza de cometer asesinatos y otros crímenes en Estados Unidos, México y El Salvador.

“La acusación (en Nueva York) solo viene a confirmar algo que ya sabemos”, dijo el analista Jorge Villacorta.

Villacorta se refería a las investigaciones periodísticas del diario El Faro, que desde 2021 revelaron las negociaciones que la administración de Bukele mantenía en secreto con las pandillas, algo que el mandatario ha negado siempre.

Pero una cosa es que lo revele un periódico, y otra muy distinta, que sea una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, en una investigación en la que participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

El presidente Nayib Bukele recorre las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en enero, cuando por medio de un video mostró por primera vez el interior de esa megacárcel, donde pretende encarcelar a 40 000 pandilleros. Foto: Presidencia de El Salvador

“Porque en ese caso ya estamos hablando de una acción legal” por parte de la justicia de Estados Unidos, que puede alcanzar a los dos funcionario salpicados, señaló el pastor evangélico Mario Vega, estudioso del fenómeno de la violencia pandilleril en El Salvador.

“No encuentro que la acusación penal en Nueva York signifique daños como para que afecte a Bukele su reelección”: Jorge Villacorta.

Desde 2012 Estados Unidos considera a la MS-13 como una organización criminal transnacional. Se entiende que un Gran Jurado oyó ya las pruebas presentadas por la fiscalía y ha avalado la realización de un juicio, cuya fecha se desconoce.

Esos tres pandilleros, y otros que se capturen después, podrían en algún momento del juicio declarar contra los dos funcionarios de Bukele, “y vamos a conocer toda el secretismo que ha habido en las negociaciones”, añadió Vega.

Los dos funcionarios son el director de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna; y el titular de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.

Ninguno de ellos es mencionado por su nombre en la acción legal, pero son claramente identificables por sus cargos en el gobierno.

Tampoco se menciona que habrían pactado con los pandilleros bajo lineamientos del mandatario salvadoreño, pero eso es bastante obvio porque con el estilo autoritario del presidente, nadie mueve un dedo sin su consentimiento.

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Bukele, un neopopulista milenial que gobierna con creciente autoritarismo, mantiene desde el 27 de marzo de 2022 una guerra frontal contra las pandillas, que lo ha llevado a encarcelar a más de 65 000 de sus miembros, con el aval de un régimen de excepción que se prolonga desde entonces.

Sin embargo, esa guerra habría comenzado una vez roto el pacto con esas estructuras delictivas, si es que se llegara a comprobarse en el curso del juicio en Nueva York que existieron esas negociaciones secretas desde 2019 y cómo se suspendieron, en marzo de 2022.

De momento, esa persecución contra las llamadas maras le ha generado el aplauso mayoritario de la población en este país de 6,7 millones de habitantes, según coinciden todos los sondeos de opinión.

Pero el presidente también ha recibido agrias críticas por abusos cometidos por soldados y policías, que han detenido a personas sin vinculación con esas organizaciones delictivas.

Inmune en periodo electoral

Y lo que a cualquier mandatario le podría significar un golpe importante a su credibilidad y acaso le movería los cimientos de su gobierno, a Bukele no le estaría haciendo mucha mella, dijeron los analistas entrevistados.

Las informaciones sobre el caso en Nueva York, “la gente las ve como supuestas o simplemente no las cree, no veo que a Bukele le genere costos políticos importantes”, agregó Villacorta, un exdiputado de izquierda.

No lo estaría afectando ni siquiera ahora que el presidente se alista a buscar la reelección presidencial, en los comicios del 4 de febrero 2024. Ya anunció que lo haría, pero aún no se oficializa su candidatura.

La campaña proselitista aún no empieza, pero Bukele y su partido Nuevas Ideas ya movilizan su maquinaria publicitaria, ante una oposición que no levanta cabeza.

La mayoría de abogados coinciden en que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección continua en varios de sus artículos.

En mayo de 2021, una nueva Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, destituyó sin el debido proceso a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia e impuso a cinco aliados suyos, que avalaron el derecho a esa reelección.

“No encuentro que la acusación penal en Nueva York signifique daños como para que afecte a Bukele su reelección”, acotó Villacorta, un crítico del mandatario.

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Eso debido a los altos niveles de popularidad que el mandatario tiene entre la población y la aceptación de su régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y le ha permitido capturar a los 65 000 pandilleros.

Unos 2000 de esos capturados fueron trasladados a finales de febrero al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel que el gobierno construyó en las afueras del municipio de Tecoluca, en el centro de El Salvador, y donde espera encerrar a unos 40 000 detenidos.

Villacorta agregó: “Lo que se percibe en el país y en el exterior es que Bukele, como una especie de superhéroe, en pocos meses ha terminado con las maras”.

Sin embargo, a pesar de la abundante evidencia de que ha habido abusos y detenciones arbitrarias, los salvadoreños de a pie lo estarían dejando pasar porque su principal problema, la violencia pandilleril, ha sido diezmado.

“La gente tenderá a perdonarle todo el pasado, por el hecho de que ahora a todos (los pandilleros) los tiene presos, entonces esa narrativa es la que potencia las emociones de las personas, que son las que valen a la hora de ir a votar”, comentó el pastor Vega, también opositor de Bukele.

De esos 65 000 encarcelados, 58 000 han pasado ya por una audiencia inicial con un juez, dijo el 8 de marzo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en una entrevista televisiva.

El caso abierto en Nueva York no afecta a Bukele, “al contrario, enardece a los salvadoreños que estamos acá, porque dicen ‘cómo quieren que sigamos mal’ (por las pandillas), no van a decir, ‘ah, tienen razón, (el gobierno) nos ha lavado el cerebro’”, afirmó el criminólogo Misael Rivas.

La Justicia estadounidense sostiene que dos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele pactaron secretamente con la MS-13 para mantener baja la tasa de homicidios, pero el mandatario salvadoreño asegura que sigue combatiendo a esos grupos con su «guerra contra las pandillas». Como parte de esa ofensiva construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en las cercanías de Tecoluca, en el centro de El Salvador. Foto: Presidencia de El Salvador

Negociaciones hoy y siempre

Pero la guerra de Bukele contra las “maras” queda ahora más en duda que nunca, con la investigación y acusación iniciada por la justicia estadounidense contra los 13 cabecillas de la MS-13.

En la acusación penal, la fiscalía estadounidense señala que desde 2012 las pandillas, incluyendo el Barrio 18, la otra banda criminal de peso, entablaron negociaciones secretas con el gobierno de turno y partidos políticos.

En ese año gobernaba el país el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el grupo guerrillero convertido en partido político en 1992, tras el fin de la guerra civil salvadoreña.

Ese pacto, llamado “tregua” entre pandillas, se vino abajo en 2015.

Las negociaciones pandilleriles continuaron en el 2019 “en conexión con las elecciones de 2019”, continúa el documento. Ese año, en febrero, Nayib Bukele ganó la presidencia con amplia mayoría.

Añade que varios cabecillas de la MS-13 se reunieron secretamente “numerosas veces”, con los dos funcionarios, Luna y Marroquín, siempre sin mencionar los nombres, solo los cargos.

Esos encuentros se dieron en las cárceles de Zacatecoluca y de Izalco, en el centro y oeste del país, agrega, algo que había sido reportado ya por El Faro.

¿Batman en aprietos?

Incluso, cuando el presunto pacto con el gobierno de Bukele se rompió, en marzo de 2022, en uno de los audios publicados dos meses después por ese medio, se escucha decir a Marroquín que de la situación está plenamente enterado “Batman”, el seudónimo en clave otorgado al mandatario.

También la MS-13 acordó apoyar a Nuevas Ideas en las elecciones parlamentarias de 2021, las que ganó por amplia mayoría ese partido.

De los 13 cabecillas de la MS-13 inculpados, tres ya fueron detenidos el 22 de febrero en México “por las autoridades de ese país y expulsados hacia Estados Unidos”, señaló un día después la Fiscalía General del Distrito Este de Nueva York, en un comunicado oficial.

Los capturados son: Vladimir Antonio Arévalo Chávez (apodado “Vampiro de Monserrat Criminales”), Walter Yovani Hernández Rivera (“Baxter de Park View”) y Marlon Antonio Menjívar Portillo (“Rojo de Park View”).

Para el criminólogo  Rivas, el resultado del juicio, una vez que comience, está lejos de ser predecible.

Si los fiscales presionan por conocer los detalles de las negociones con el gobierno de Bukele, los abogados defensores tendrían que esforzarse por descalificar o “quebrar” la credibilidad de los pandilleros a la hora de involucrar a los dos funcionarios salvadoreños, dijo.

“Pensando como defensor, supongamos que me dan el caso, yo insistiría en ¿por qué sacan el caso ahora, cuando hay un ataque frontal contra las pandillas y ahora sí hay un pueblo salvadoreño que está contento?”, acotó Rivas, que también es abogado y que apoya el régimen de excepción.

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Fuente: ipsnoticias.net

Informe da cuenta de ejecuciones, encarcelamientos injustos, tortura, violencia sexual, persecución y deportaciones, de manera sistemática y generalizada.

GINEBRA – «El gobierno de Nicaragua comete violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad», es la denuncia del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que actúa en el marco de las Naciones Unidas, de acuerdo con su informe divulgado el jueves 2 de marzo.

El jurista alemán Jan Simon, integrante del grupo, dijo que se trata de “crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”.

Los otros miembros del Grupo, expertos independientes y que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en esta ciudad suiza, son el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago.

Los abusos señalados en el informe incluyen “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país”.

El 9 de febrero el gobierno del presidente Daniel Ortega expulsó del país a 222 presos políticos y les despojó de la nacionalidad.

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El mismo mes, la Corte de Apelaciones de Managua declaró como «traidores a la patria» a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero, les impuso la pérdida de la nacionalidad, además de ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado.

Entre ellos, el obispo de la Diócesis Católica de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien rehusó ser expulsado y permanece tras las rejas, condenado a 26 años de prisión.

Según los expertos, el conjunto de abusos “no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.

Simon dijo que “las altas autoridades del gobierno han logrado instrumentalizar a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”.

Afirmó que “el objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”, y como consecuencia “la población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra”.

El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018.

El gobierno obstruyó cualquier investigación sobre ésas y otras muertes, de acuerdo con el informe.

También se indicó que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional, y miembros de grupos armados progubernamentales, cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.

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Muchos arrestos se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la violencia a manos de grupos armados progubernamentales. Muchas personas fueron detenidas sin orden judicial, y quedaron recluidas en régimen de incomunicación.

Buitrago dijo que “todas estas acciones son posibles porque el Estado ha sido utilizado como un arma de persecución contra la población y, para acelerar este proceso, las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora”.

“Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron obligados a abandonar el país”, recordó Buitrago.

El informe recordó que desde diciembre de 2018 al menos 3,144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas, y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.

El Grupo concluyó que el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo –su esposa- son responsables de haber puesto en práctica estos crímenes, y a la fecha continúan incurriendo en esas prácticas.

“Las violaciones, abusos y crímenes investigados y descritos dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables”, sostuvo Simon.

El informe instó al gobierno a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, y a poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos.

También propone emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.

Finalmente, el informe insta a la comunidad internacional a iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas, y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional.

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Fuente: ipsnoticias.net