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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Detenidos en Nicaragua por narcotráfico son de Televisa

Medio de Nicaragua señala que Ttelevisa está ligada al narcotráfico y que los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua trabajan para esta empresa

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Son de Televisa! confirma medio sobre detenidos en Nicaragua Foto: El Cronista digital

El Cronista digital de Nicaragua confirmó que los mexicanos detenidos en este país sí son trabajadores de Televisa, entre ellos la prima de Javier Alatorre quien ha entrado 15 veces a Costa Rica en estos meses 

Por Oscar Merlo

Podemos confirmar que Raquel Alatorre Correa y al menos tres o cuatro de los detenidos en las seis Van que ingresaron a Nicaragua el pasado lunes por un punto fronterizo con Honduras, son trabajadores de Televisa, el gigante de la televisión mexicana que no sabemos cómo explicará esto.

Alatorre, de quien en algún momento se creyó que viajaba con nombre falso, es en realidad la persona que reflejan su pasaporte y otros documentos de identificación. Cuando fue presentada ante los periodistas, gritó que quería ser juzgada en Nicaragua para no meter en problemas “a su familia”.

Raquel es una persona con influencia en la televisora donde trabaja debido a que es familiar (prima) de Javier Alatorre Soria, uno de los dandis de TV Azteca, la empresa de televisión que fue rival de Televisa durante muchos años hasta que en 2011 entraron en alianzas en el negocio de la venta de servicios a través de celulares.

Raquel Alatorre en primer plano, prima de Javier Alatorre Foto: El Cronista digital

Javier Alatorre Soria, de 51 años, conduce el espacio noticioso “Hechos” y se mueve en los altos círculos sociales mexicanos. Existen publicaciones en internet que le adjudican una muy estrecha relación con un influyente millonario de la nación azteca.

“Algunos de ellos declararon aquí que son empleados de Televisa, lo que fue confirmado por autoridades mexicanas que dicen investigarán a dicha empresa, pese al indudable poder que tiene dentro de la sociedad de ese país”, dijo nuestra fuente.

Agregó que será algo difícil por el poderío de Televisa y su propietario Emilio Azcárraga, lo que ya se está haciendo notar con la negativa a aceptar públicamente que Raquel Alatorre Correa y varios más de los narcos detenidos son empleados suyos.

“Televisa tendrá también que explicar cómo es que se le ‘perdieron’ seis de sus móviles a como dicen ahora, y si había reportado esa pérdida a la Policía mexicana”, señaló nuestro informante.

“Nada es falso en las seis Van, los logos, los equipos, todo es de Televisa”, señaló nuestro informante.

Lo anterior vendría a explicar la facilidad con que estos vehículos de Televisa se movilizaban por Centroamérica sin ser descubiertos desde hace un par de años y si ya habían realizado varios viajes a nuestro país, de seguro metieron dinero y sacaron droga.

Es decir, no era una “falsa caravana de Televisa” como se ha venido diciendo en nuestro país, es efectivamente un convoy de vehículos de la empresa televisora mexicana con gente ligada al narcotráfico internacional que ha incursionado legalmente en varias ocasiones a Nicaragua y otros países de la región.

En esta ocasión fueron detenidos debido a una llamada anónima que alertó a nuestras autoridades sobre la peligrosidad de la caravana de Van con insignias de Televisa que entraría nuevamente a Nicaragua desde Honduras.

Fuente: El Cronista Digital 

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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Mexico Violento

Carta a Segob sobre caso Nalyd Liceaga, víctima de abuso por denunciar tala de árboles en Boca del Río

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El biólogo marino Nalyd Liceaga Rangel, quien trabajaba como inspector del área de Ecología, en el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, fue despedido del cargo desde 2008, por sancionar a Jorge González Torres, fundador del PVEM, quien taló en zona ecológica 20 árboles para ampliar una construcción particular.
El científico demandó y ganó la demanda con la orden de restitución de su cargo e indemnización, que hasta la fecha el Estado no ha cumplido, además del contubernio de autoridades con la tala de árboles. Ya que en este asunto, lo que Nalyd Liceaga puso al descubierto fue el contubernio, pues la maquinaria con la que trabajaban los empleados era del gobierno del estado de Veracruz, entones gobernado por Fidel Herrera. Los 20 árboles los taló el dirigente del PVEM, y la sanción contra Nalyd la aplicó el alcalde del PAN.
Lic. Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
Gobierno de México
Presente.
Me permito dirigirme a usted para molestarla con un informe tocante a una de las injusticias mayores que ciertas autoridades hayan cometido en contra de un biólogo marino que -para realizar sus estudios en la Escuela de Ciencias del Mar-, se puso a trabajar en  el área de Ecología como inspector en el Ayuntamiento de Boca del Río. Su nombre es Nalyd Liceaga Rangel. El presidente municipal en el año 2008, fecha en que tuvieron lugar los hechos era Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de quien más tarde sería gobernador por dos años del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ambos con el mismo nombre.
Una mañana, el biólogo se puso en marcha a efectuar una inspección de rutina para confirmar que la ecología municipal no había sido dañada. Se encontró con un predio donde habían sido talados 20 árboles. El propietario del inmueble de esa manera ampliaba su espacio para construir un edificio mayor. De inmediato le entregó Nalyd a quien le pareció ser el propietario (y acertó) y le entregó un citatorio para que acudiera al ayuntamiento a abordar el asunto de la multa a aplicársele.
El talador resultó ser Jorge González Torres, dirigente fundador del PVEM, quien de inmediato se dirigió en su vehículo al ayuntamiento a quejarse de Nalyd y pidió su cese inmediato que fue concedido. El presidente municipal le dijo a Nalyd que si demandaba o hacía público el nombre de González Torres, se las vería con él. Cumplió su palabra. El ayuntamiento de Boca del Río y la familia perversa que lo controla no han permitido que Nalyd sea indemnizado. Y esta resistencia es apoyada por la CEDH.
Con ese motivo, Nalyd demandó ante el tribunal competente en Jalapa al Ayuntamiento de Boca del Río. Se le dio la razón y el ayuntamiento recibió copia del laudo que ordenaba indemnización y restitución. Entre 2009 y 2020, ha habido 11 audiencias de Nalyd y su abogado con un abogado del ayuntamiento. Y siempre se le dijo que no se podía cumplir la orden judicial porque no había dinero. Eso es extraño en un ayuntamiento donde los regidores tenían asignado un salario de medio millón de pesos al mes.
Hace dos años Nalyd acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humano, en Xalapa, y a lo largo del tiempo transcurrido quienes allí trabajan, que fueron heredados por el gobierno estatal actual de MORENA, le han dado largas. No se han comportado, en suma, como corresponde a un organismo al que se le ha conferido la función de velar por la seguridad y los intereses de los que no cuentan con mucho dinero.
Lo que se ha hecho con Nalyd no tiene nombre. Es una verdadera aberración.
Los derechos humanos son una asignatura que usted conoció siendo magistrada. Le pido por ello, encarecidamente, su intervención directa, para que se cumpla, otorgue y satisfaga lo ordenado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz hace mas de 10 años y cese la impunidad sistemática de violación de los derechos  de Nalyd Liceaga Rangel.
La saluda atentamente
Gastón PARDO PEREZ
Académico y Corresponsal en México

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Mexico Violento

Munguía Villarreal, familia de Sonora, causantes de ejecuciones, desapariciones y tráfico de drogas

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Por Juan Carlos Pérez Ruiz

Desde el canal de Youtube El Tuchar, con sede en Estados Unidos y temas de narcotráfico, se señala que la familia Munguía Villarreal se ha convertido en “el terror de Sonora” porque no sólo se han dedicado al tráfico de estupefacientes, sino también a ejecuciones y desapariciones por encargo y conflictos con ellos, incluyendo a mujeres, niños y personas que se dedicaban a cruzar migrantes por la frontera de Arizona. La familia Munguía Villarreal, según la prensa local, ha operado con un perfil bajo como agricultores durante años en Hermosillo, Sonora. Pero el pasado 5 de abril de 2019 se dieron a conocer, luego de que sujetos armados arribaron a un rancho de su propiedad. Los hermanos repelieron el ataque desde dos unidades blindadas asesinando a dos personas con armas de alto calibre.

De acuerdo con la versión oficial, en el sitio se localizaron cartuchos percutidos de calibre .223 y de 7.62×39 de armas conocidas como cuernos de chivo, sin embargo, la familia afirmó que se trataban de extorsionadores, mientras las autoridades comprobaron que sus actividades estaban relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y ejecuciones incluyendo la desaparición de cuerpos.

El negocio de los Munguía Villarreal fue montado por el padre desde hace años, camuflajeado por la agricultura, en el que se ha señalado a la madre de ayudarles a llevar la contabilidad. También señala que además de los padres, las esposas, primos y tíos, participan directamente en sus actividades delictivas como un negocio familiar.

Miguel Munguía se ha identificado como uno de los traficante de drogas, más sanguinario, socio de Lamberto Verdugo, principal operador financiero de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Tras la muerte de Verdugo, se asoció con los hermanos Martín Gaudencio Avendaño Ojeda, “El Chiquilín” y Manuel Avendaño Ojeda, “El Meño”.

En 2010, en Nuevo México, Estados Unidos, Efrén Corrales Meza, oriundo de Hermosillo, fue detenido por transportar 20 kilos de cocaína, quien reconoció trabajar para la familia Munguía Villarreal, por lo que fue sentenciado a 41 meses de prisión y después extraditado a México, donde se puso a trabajar como taxista.

No obstante, los hermanos Munguía Villarreal intentaron obligarlo nuevamente a retomar las actividades ilícitas pero al negarse fue asesinado el 5 de mayo de 2019, a bordo de su vehículo, según las declaraciones de dos de los presuntos sicarios detenidos por el crimen.

Otro de los hechos que sacaron del anonimato a esta familia dedicada al trasiego de la droga, fue cuando Ramón Munguía Villarreal tuvo un conflicto con un policía municipal de Hermosillo, identificado como Adrián Filemón Bravo Sepúlveda, pero al no obtener respuesta del proceso legal, le pidió a su hermano Miguel Ángel que lo asesinara, por lo que ordenó a su cuñado, Héctor Bernal Mercado que ejecutara al agente local.

Posteriormente, el 23 de julio de 2020, Luis Ernesto Robles fue ejecutado a bordo de su vehículo en Hermosillo por sicarios de Héctor Bernal Mercado, quien también amenazó a la familia de la víctima con ejecutarlos, por lo que se esconden en Culiacán, Sinaloa, apoyados por “El Ruso”, jefe de los sicarios del Mayo Zambada, y quien disputa el control de los territorios con “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que ha incrementado la violencia en Sonora.

Reconocido como brazo ejecutor de los “Munguía Villarreal, Héctor Bernal, apodado “EL Chino Batachi” fue asesinado el 4 de septiembre de 2020, en la ciudad de Culiacán, de acuerdo con la información del blog Valor por Tamaulipas.

Días después, el 19 de septiembre, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Sonora dieron a conocer el cateo de una casa de seguridad y laboratorio de estupefacientes en el que se aseguraron 163 mil dosis de narcóticos, con un valor de más de 400 mil dólares. Este lugar servía de oficina y guarida, de los hermanos Munguía Villarreal.

Pese a que no fue detenida ninguna persona en esa ocasión, porque se presume que fueron alertados por miembros de la policía que trabajan para ellos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal 162 mil 200 dosis de cristal, 664 de marihuana, 439 pastillas de fentanilo, 15 dosis de cocaína, entre otras.

El operativo se implementó como parte de las indagatorias por el homicidio del colombiano Eduardo “N”, de 40 años, el pasado 14 de septiembre, por lo que también fueron asegurados armamento de alto calibre en el interior del inmueble.

Hasta ahora, las investigaciones de la fiscalía estatal han sido incompletas, pero con suficientes acciones judiciales para sacar a la luz un grupo delictivo que había estado operando en la discreción.

Imágenes de Sonora Violento

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