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Justicia pendiente

Desprecio y engaño en ayuda a daminificados indígenas de la Montaña

Daminificados indígenas por la tormenta Manuel en la Montaña Guerrero han padecido el engaño del Estado mexicano en la ayuda para sobrevivir al desastre

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En el albergue en espera de la guarnición del día.Foto: Arturo de Dios Palma

Por Arturo de Dios Palma

CHILAPA, Guerrero. El Estado mexicano actuó con omisión, desprecio y con engaños a las comunidades indígenas durante la contingencia provocada por la tormenta Manuel, concluyeron habitantes de localidades damnificadas del municipio de Chilapa, de la región la Montaña, en el estado mexicano de Guerrero.

La conclusión la fijaron los pobladores de la comunidad de San Marcos Majada de Toro, de Zoquitipa, ambas de Chilapa, y de Ajacayán Oriente del municipio de José Joaquín Herrera, durante el foro Organización comunitaria: «Propuesta para Enfrentar los Desastres Naturales en las Comunidades de la Montaña baja», organizado por la radio comunitaria Uan Milauak Tlajtoli -La palabra verdadera en náhuatl- en su séptimo aniversario.

Han pasado más de dos meses y para los habitantes de San Marcos Majada de Toro –la más afectada en el municipio de Chilapa y declarada inhabitable por Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)-, la tragedia aún no termina.

Este fin de semana la radio comunitaria organizó un foro para que habitantes de diferentes comunidades de la región de la Montaña baja de Guerrero expresaran sus experiencias sobre la tragedia y, sobre todo, contaran la situación en la que actualmente se encuentran.

Por ejemplo, pobladores y autoridades comunitarias de San Marcos Majada de Toro contaron que el pasado 16 de septiembre, unas 2 mil 500 personas abandonaron sus comunidad por el temor de los cerros se les vinieran encima tras su reblandecimiento por de las torrenciales de lluvias que comenzaron tres días antes.

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Saciados, en el albergue donde se atienden a los damnificados de la tormental Manuel. Foto: Arturo de Dios Palma

El pasado 16 de septiembre pobladores de San Marcos salieron huyendo de su población rumbo a la comunidad de Xicaixtlahuac donde hasta ahora se encuentran refugiados. Para llegar hasta ahí caminaron por laderas más de dos horas.

Xicaixtlahuac es una comunidad indígenas de no más de 30 casas y con alrededor de 120 habitantes. Sin embargo ahora está convertida en un gran albergue: ahí habitan los más de 2 mil 500 personas, en su mayoría, en casas de campaña improvisadas con lonas de plásticos y láminas de aluminio en las lomas de la localidad. Ocho días antes de que arribara la ayuda -colchonetas- mujeres embarazadas durmieron sobre el piso de tierra aún humedecido. El lunes 23 de septiembre en pleno piso nació el segundo niño de una mujer de San Marcos Majada de Toro, en el refugio.

Los primeros días de la contingencia, el techo y las camas no fueron los únicos problemas que enfrentan los pobladores de San Marcos Majada del Toro, también tuvieron otro más urgente: la alimentación. La ayuda gubernamental fue casi nula, llegó a cuenta gotas.

En esos días, lograron tener algo de comida gracias a lo solidaridad de pueblos enteros. En días de desabasto, los pobladores de la comunidad de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, un pueblo regido por el narco, les acercó comida. Para ofrecerles un plato de comida debieron recorrer kilómetros y comprar hasta 300 kilogramos de tortillas de máquina y 200 de hechas a mano.

El presidente municipal, el priísta Francisco Javier García González, llegó a la Xicaixtláhuac ocho días después de que arribaron los pobladores de San Marcos Majada de Toro.

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Los niños daminificados por la tormenta Manuel fueron los más afectados por enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Foto: Arturo de Dios Palma

Ahora, a 67 días la contingencia, la situación, dicen los pobladores en el foro de la radio comunitaria, no ha variado mucho. Continúan todavía viviendo y durmiendo bajo casas de campaña improvisadas y con la insuficiencia de víveres. Pero aunado a esto, ahora el frío y las condiciones insalubres comenzaron a golpear a los más de 2 mil 500 habitantes del refugio.

De acuerdo a los pobladores, autoridades y profesores, las enfermedades respiratorias y gastrointestinales son las más frecuentes. Además de esto los alacranes comenzaron a comenzaron a salir de sus guaridas.

Respecto a la ayuda humanitaria, el comisario de San Marcos Majada de Toro, Francisco Bruno Carbajal, denunció que la que ha llegado de parte del gobierno municipal del priísta, García González ha sido insuficiente.

“Cuando ha llevado ayuda (el presidente municipal), la hemos repartido entre todas las familias y apenas toca de cinco huevos por familia, un montón de chiles verdes y unas papas”, ejemplificó uno de los 13 profesores de la primaria de San Marcos que ahora imparte clases bajo árboles y hules a un grupo de los 318 alumnos que están inscritos.

Otro asunto que les preocupa a los pobladores de San Marcos Majada del Toro es la reubicación de su comunidad. Como en muchos más lugares, ellos no han recibido ninguna propuesta concreta sobre dónde edificarán sus nuevas casas.

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Casas al borde del desfiladero, mientras la comunidad espera orientación para ser reubicada. Foto: Arturo de Dios Palma

El 25 de septiembre, el Cenapred a través de un nota informativa consideró que la permanencia de habitantes en la comunidad de San Marcos Majada de Toro representa “muy alto riesgo porque muestra indicios de que el terreno irremediablemente se deslizará”.

La Subsecretaría de Protección Civil del gobierno del estado recomendó a García González, “evacuar al total de las familias” de esa comunidad, pero sin orientarlos más sobre una ubicación geográfica segura.

Ahora los pobladores de San Marcos pidieron que su nueva comunidad se haga de una forma planeada, bajo un estudio, donde pueda ver calles bien trazadas y no como las que tenían en su anterior pueblo, que estaba montado sobre cumbres.

Por su parte, pobladores de la comunidad de Zoquitipa, pidieron a los gobiernos de los tres niveles que pongan atención en las comunidades indígenas.

“El gobernador y el presidente (de la República) andan en Acapulco diamante, allá sólo se les inundaron sus casas, acá nosotros tenemos daños completos y además parte de nuestro cultivos se los llevo la lluvia”.

En el foro participaron pobladores de las comunidades de San Marcos Majada de Tora, de Zoquitipa, de Ajacayán Oriente del municipio de José Joaquín Herrera, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, de la Universidad Autónoma Chapingo y de la Universidad Intercultural del Sur (Unisur) así como integrantes del Grupo de Estudios Ambientales (GEA).

En las conclusiones comunidades y organizaciones denunciaron la omisión por parte del Estado para atender los problemas públicos de la región, un olvido que se evidenció a partir del paso de la tormenta Manuel.

Asimismo denunciaron el desprecio de las instituciones públicas hacia las comunidades, al no atender en tiempo y forma la urgencia que han vivido.

Además indicaron en el texto que tras la tragedia, desde el poder se generó un engaño mediático para confundir a la opinión pública en el uso y manejo de los víveres y despensas hacia los pueblos afectados.

En el pronunciamiento, las comunidades y organizaciones proponen la creación de una red para intercambiar información que permita en el proceso organizativo antes próximos desastres.

El séptimo aniversario concluyó con el concurso de grafitis donde se abordó el mismo tema del foro: los desastres naturales y la organización comunitaria para enfrentarlos. El ganador fue el joven Miguel Ángel Ramírez Farias.

 

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‘Youtuber’ Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse «saturada»

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Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse "saturada"

Por Guadalupe Lizárraga

En una serie de tuits, la youtuber Meme Yamel respondió a la periodista Guadalupe Lizárraga sobre la revelación que hizo Alma Nelly Flores, esposa de César Freyre Morales, a Los Ángeles Press, el haber sido ignorada cuando le solicitó ayuda en julio de 2021 para darle mayor visibilidad a las violaciones de derechos humanos sufridas por su esposo, César Freyre, a lo largo de 16 años de encarcelamiento injusto, con un protocolo de Estambul positivo en tortura. Mientras que en el caso de Brenda Quevedo Cruz, promovido por Defensoría pública, todos los medios, incluyendo los youtuberos y a ella misma, han hecho suyos los boletines de prensa de la institución.

Justificó la youtubera que era un ser humano y estaba «saturada», por lo que podrían olvidársele algunas cosas y pidió disculpas.

«Soy un ser humano, me saturo. Hay cosas que se me pueden llegar a olvidar y me disculpo, pero ¿de ahí a decir que sigo la línea de la defensoría y que por eso no voltee a ver a los demás? Wow.»

Tras leer la nota de César Freyre, Elena Uscanga, la madre de Jael Malagón Uscanga, mencionó que a ellos también les había hecho lo mismo. Después de que Meme Yamel se presentara a la conferencia matutina con el caso de Brenda Quevedo, también recurrieron a ella para que mostrara los otros casos de las víctimas de la fabricación. Sin embargo, no hubo respuesta de parte de la youtubera.

Meme Yamel acusó a la periodista de quererse «colgar» de su persona para «sacar un nota». A lo que Lizárraga le recordó que la denuncia había sido de la familiar de la víctima, y cuestionó el por qué habría de «colgarse» de una mala réplica de su trabajo.

Un siguiente tuit de la youtuber señala que «nadie la obligó o presionó para reconocer a periodistas que investigaron el caso». Sin embargo, la investigación que reveló los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, iniciada en 2014 por Guadalupe Lizárraga, demostró que en 2018 todavía la supuesta víctima estaba activa en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tenía un número de seguro social, contaba con tres actas de nacimientos y dos actas de defunción y había siete testigos que interactuaron con él años después de la supuesta fecha de muerte que alega Isabel Miranda de Wallace como el 11 de julio de 2005.

Incluso, en 2006, dos de los testigos denunciaron ante la Procuraduría General de la República, hoy FGR, y en el programa de Ciro Gómez Leyva, a quienes posteriormente Isabel Miranda de Wallace los acusó de intento de extorsión.

Para Meme Yamel, «el problema de la periodista, dice, es que ella quiere ser la protagonista de la historia y los protagonistas son las víctimas». No obstante, a la única víctima que le da cobertura, con imprecisiones y falta de rigor periodístico señalado por Guadalupe Lizárraga, es a Brenda Quevedo Cruz, de quien emprendió campaña el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, y promovió en medios, youtubers y periodistas para que le dieran cobertura «viral» a su boletín de prensa posterior a la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de emitir una opinión de libertad por la larga prisión preventiva que sufría Brenda.

Las víctimas que siguen bajo consigna

El caso Wallace implica a ocho víctimas de detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto, algunas por más de 16 años. De las seis víctimas acusadas directamente son Juana Hilda González Lomelí, caso recién atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con amparo interpuesto por Isabel Miranda de Wallace, y que los medios han dado cobertura desde el empuje de Defensoría pública.

Otras víctimas son los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, a quienes les negaron aplicar el protocolo de Estambul bajo el falso argumento de que ya estaban sentenciados, y que la madre de ellos solicitó el apoyo mediático para visibilizar sus casos.

Jacobo Tagle Dobín, sin sentencia con tres protocolos de Estambul positivos en tortura, uno de éstos aplicado por el Consejo de la Judicatura de la Federación, y César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel con protocolo positivo en tortura.

Las otras dos víctimas relacionadas de manera indirecta para justificar una «banda de secuestradores» son George Khoury Layón, con reconocimiento de inocencia y opinión de libertad de Naciones Unidas, que vivió su tortura más reciente el 12 de junio de 2022, y Jael Malagón Uscanga, con registro de tortura en 2010, de la que quedó parcialmente ciego dentro del Cefereso #1, El Altiplano, Estado de México, y de la que le dijeron sus atacantes que no era nada personal, sino órdenes de Isabel Miranda de Wallace.

No ignores: Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

En la serie de tuits de Meme Yamel en respuesta a la periodista Guadalupe Lizárraga también asevera que respecto a las otras víctimas del caso Wallace dio lectura a una carta de Jacobo Tagle. No obstante, Los Ángeles Press, ha publicado y dado lectura a varias cartas de todas las víctimas, a excepción de Tony Castillo. En el caso de César Freyre se publicó en este medio, en 2019, una carta de 17 páginas y 25 puntos en donde narra la tortura a detalle y da nombres de sus agresores que sigue siendo ignorada por los medios, por Meme Yamel y los demás operadores de las redes sociales en favor del gobierno de López Obrador.

Para enterarte más: Represalias en penales a víctimas del Caso Wallace por exigir justicia – Los Ángeles Press

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro 'Alito' Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de Justicia de Campeche (FGE Campeche) solicitó a la Cámara de Diputados federal que desafueren al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito‘, por ser responsable de presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal estatal de Campeche, Renato Sales, solicitó a los legisladores federales que inicien el procedimiento de desafuero contra el legislador federal para que se pueda desarrollar el proceso penal en contra del líder del tricolor.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que recibieron la petición de la fiscalía estatal de Campeche para que puede continuar la investigación que se inició en su contra, por lo que deberán dar seguimiento de ley correspondiente.

De acuerdo con el fiscal estatal, la investigación contra Alito Moreno no tiene relación con los audios que recientemente ha publicado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pues aseguró que los ingresos económicos que percibió como servidor público no corresponden a las propiedades y bienes que ha obtenido.

Recordó que una de las propiedades de “Alito” tiene un valor de 130 millones de pesos, aunado a que el contenido de la misma tiene un costo de más de 50 millones de pesos, por lo que consideró que debe demostrar que todos estos bienes los ha adquirido de forma legal.

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Por su parte, el dirigente nacional del PRI acusó que hay una persecución política en su contra, debido a que es una de las figuras más visibles de la oposición contra el gobierno federal, y por ello aseveró que el gobierno de Campeche pretende fabricarle delitos para afectar su imagen.

 

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¿Quién es el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, en la resistencia de Coyomeapan, Puebla?

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¿Quién es el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, en la resistencia de Coyomeapan, Puebla?

 

El municipio de Coyomeapan, se encuentra en el estado de Puebla, enclavado en la Sierra Negra, zona de pobreza extrema, gobernado por caciques como lo es el expresidente municipal, David Celestino Rosas, quién intervino políticamente para que lo sucediera al cargo su cuñado, Rodolfo García López; además de intervenir para que su hermana Aracely Celestino Rosas, actualmente ostente el cargo de diputada federal. Hechos que provocaron que la comunidad se organizara para hacer denuncias públicas y protestas pacíficas.

Como respuesta de las autoridades a la organización de Coyomeapan, el 5 de septiembre de 2021, fue detenido arbitrariamente el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, cuando se encontraba en su domicilio.

El defensor de los derechos humanos convaleciente de COVID, sin que le otorgaran las medidas sanitarias correspondientes y sin recibir atención médica necesaria a su estado de salud, con padecimientos de diabetes e hipertensión arterial.

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Gonzalo Martínez Herrera fue procesado de homicidio calificado bajo la Averiguación Previa;  AP-1548/2013/TEHUA, con un expediente de más de 200 páginas, donde lo señalan de agravios en contra de quienes respondieran en vida a los nombres de Juan Vázquez López, Pedro Vázquez García y José Villanueva García; así como por el delito de tentativa de homicidio calificado cometido en agravio de Gregorio González Lázaro. El suceso en mención sucedió el día 22 de abril de 2013 en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, perteneciente a la Sierra negra, en el paraje denominado “la cascada de Papalocuautla”.

El día en que dicen que se cometió el delito, el activista indígena Gonzalo Martínez Herrera se encontraba laborando en su centro de trabajo. La distancia aproximada entre ambos lugares es de aproximadamente 5 horas, por lo cual le resultaba imposible que él se encontrara en dicho lugar día y hora que señalan los denunciantes. Esto se confirma por testigos que lo ubican ese día en diversos horarios en su centro de trabajo, así como un talón de pago en el cual se aprecia que en esa quincena respectiva no tuvo descuento alguno por inasistencia a su centro de trabajo.

En la Averiguación Previa se encuentran muchas anomalías en la investigación que realiza el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Puebla, por lo que es totalmente claro que al defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, lo están criminalizando por su labor de defensa a la comunidad.

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Por lo que la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (C.N.P.A.), han pedido la intervención de Relatora Especial de la ONU, Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, así como la de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

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Responsables de la información: María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez Cabrera (RSDCIAC) y Blanca Vera Mendoza Ramírez (CNPA).

 

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