Tomás Borges

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe de ser ley, porque es justa”.
Montesquieu

Cuando en diciembre del 2018, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio, se dio “luz verde” para “…desarmar a las organizaciones criminales de su mayor fúsil: El dinero”.

Héctor Aguilar Camín, “Las Rentas del Crimen”, Día a Día, Milenio Diario 06/10/2010.

La Ley de Extinción de Dominio “consiste en la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes, de aquellos en los que se acredite el hecho ilícito en los casos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito y trata de personas, cuando aquellas personas no logren comprobar la procedencia lícita de los bienes y su afectación de buena fe».

Esta ley –pese a su modificación– se debe de ampliar para que no sólo se confisque el inmueble o las propiedades utilizadas en algún ilícito comprobado, sino a los bienes materiales y financieros de los familiares de los delincuentes tanto directos en línea ascendente, como descendente.

¿Por qué? Debido a que los delincuentes saben que, en el mundo del hampa, ellos como criminales tienen fecha de caducidad, por lo que buscarán como consecuencia, asegurar el futuro de su prole para que su arresto o muerte sea redituable para los suyos. Por eso vemos a los familiares del Chapo llevar una vida de lujos y viajes, pese a que su familiar, se encuentra privado de su libertad en una prisión estadounidense, lo que no impide que Ema Coronel Aizpuru, su última esposa, radique en Nueva York y sea la nota en las redes sociales por la vida de lujos que presume en las mismas.

Por consiguiente, si se modifican las leyes para que los familiares de los criminales sean privados de las ganancias producto de actividades ilícitas, se le quitaría un aliciente a los desadaptados en potencia para delinquir, sabedores que al no tener la garantía de sacrificar incluso su vida en las actividades delictivas y que tras su muerte, todo sería en vano, muy pocos buscarían ingresar a la delincuencia, sabedores del riesgo y de lo pingüe que sería su ganancia post mortem.

Un ejemplo banal, sería el similar al utilizado por las autoridades mexicanas para inhibir el robo de autos, donde gracias a las adecuaciones de ley pertinentes, se eliminó la figura del “comprador de buena fe”, inhibiendo con ello la compra ilegal de automotores.

También se podría utilizar el criterio punitivo que aplican los jueces al castigar a todos los integrantes de una banda de secuestradores, donde se les condena de acuerdo a lo estipulado en la última modificación a la ley para prevenir y sancionar el secuestro (junio 2013), la pena de cárcel de entre 40 a 80 años y, si la víctima es asesinada, la pena puede ser de hasta 140 años, haciendo que estas penas aunadas al despojo de todo lo robado, hagan que el delito de secuestro ya no sea tan rentable e impune.

De igual modo, al modificar el aparato jurídico, donde se castigue con penas punitivas más severas a los estratos más bajos de los grupos criminales y sean encerrados a más de 5 años de prisión sin derecho a fianza, por el sólo hecho de ser miembros de un grupo criminal, aun cuando sean empleados de baja ralea.

La impunidad con la que vivimos y de la que gozan los criminales es gracias al nuevo sistema penal acusatorio que, ha hecho que las leyes sean más laxas en beneficio de los criminales, so pretexto de la llamada presunción de inocencia, aunado a que los agentes del Ministerio Público, son abogados que en el ámbito privado son incompetentes en su mayoría y a que el aparato de procuración de justicia mexicano incentiva el chambismo sobre el profesionalismo.

Un ejemplo de lo anteriormente citado es la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) que ha fallado al no esclarecer los homicidios en México, debido a que, en los últimos ocho años, la dependencia inició o atrajo la investigación de más de 400 homicidios en el país, pero en ese mismo plazo solo cerró dos casos con sentencias condenatorias.

De hecho, la PGR detuvo sólo el dos por ciento de los casos que ha trabajado. Este nivel es aún peor que el de las procuradurías locales que, en conjunto, resuelven el cinco por ciento de los casos que indagan, según datos oficiales de la PGR, obtenidos por el portal Animal Político vía solicitud de Transparencia, los cuales arrojaron que de enero de 2010 a mayo de 2018, dicha dependencia federal inició 402 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.

Este promedio de resultados es “aún peor que el de las fiscalías locales”, citó la publicación, lo que a todas luces se ve porque no se puede combatir eficazmente al crimen organizado bajo estas circunstancias tan adversas.

Teoría de la Pirámide de Naipes

¿Por qué llamar a mi teoría de la Pirámide de Naipes? Simplemente, porque al quitarle las bases al entramado criminal, la parte superior se desmoronaría como si de una pirámide de naipes se tratase, y al no haber quién sostenga la punta de la torre o cabeza de una organización, ésta simplemente caería.

¿Ejemplos? El enfoque utilizado por los Estados Unidos en la segunda Guerra del Golfo, donde una vez controlado el país, se dio la consigna de «asesinar, perseguir o capturar» a los dirigentes más importantes del régimen iraquí. Y para facilitarlo, el mando distribuyó entre las tropas una baraja con 52 cartas que representaban a los hombres más buscados.

Si se modificasen las leyes y fueran más severas hacia los estratos más bajos de las organizaciones criminales, harían que no hubiera un incentivo para delinquir ya que, al tener penas altas por el simple hecho de llevar droga, y enfrentarse a un sistema implacable como el que impera en países totalitarios como China o Corea del Norte (donde las condenas fluctúan desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte), harían que nadie quisiera realizar el trabajo sucio.

Pero como vivimos en un país con alto índice de impunidad y las condenas de acuerdo con la legislación mexicana vigente son muy laxas, hace que los peones o mulas del narco, sepan que no se les castigará severamente, haciendo que sus visitas a los centros de reclusión sean breves, y la prisión sea como una puerta giratoria a la impunidad.

En cambio, sí se les acusara como en la República de Ucrania –por citar otro ejemplo–, donde se penaliza el número de visitas a las cárceles, independientemente del delito, cantidad o posesión, harían que el estar en prisión ya no fuera tan redituable.

Pongamos de ejemplo de la muerte de Pablo Escobar, cuya organización fue eliminada por los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), grupo paramilitar que ejecutó y sembró el pánico en los barrios bajos de Medellín y en las bases de la organización (como si fueran naipes), al eliminar a los sicarios y sus familiares, sembrando tal terror entre ellos y sus simpatizantes, de tal manera que orillaron a que algunos de los lugartenientes del capo, prefirieran la seguridad penitenciaria, que el peligro de las calles y la paz del sepulcro.

Lógicamente, el ejemplo arriba citado es demasiado extremo, producto de una guerra sucia entre grupos opositores al narco, pero en México se puede hacer que las mulas y las personas que hacen labores de halconeo, mensajería, o simplemente de pistolero, tengan penas aún mayores que los barones de la droga.

Jueces sin rostro

Esta controversial figura, surgida tras el artero crimen del juez Giovanni Salvatore Falcone en Palermo, Italia, en 1992, fue implementada con cierto éxito en nuestro continente, específicamente en Colombia y Perú en una respuesta extrema a las amenazas de los grupos de narcotraficantes y terroristas que asolaban a ambas naciones.

En Colombia, se implementó dicha figura ante los arteros crimines a los funcionarios gubernamentales realizados por el crimen organizado, como el del fiscal Rodrigo Lara, asesinado por los sicarios de Pablo Escobar, lo que trajo como imperativa necesidad al gobierno promulgar el Decreto 2970 (conocido como Estatuto para la Defensa de la Justicia), el cual fue la normativa que contemplaba mecanismos de protección y defensa derivados de la violencia extrema que se vivía en dicha nación.

Mientras, en el país andino del Perú, en los tiempos de Alberto Fujimori, se utilizaron los jueces sin rostro en los procesos penales, para condenar y castigar a los integrantes del grupo terrorista “Sendero Luminoso” y su líder Abimael Guzmán, mejor conocido como el “presidente Gonzalo”.

Pese a que, en nuestro país se sugirió en el 2016 la implementación de dicha figura, tras el asesinato de seis jueces vinculados con procesos en contra de capos del narcotráfico, agrupaciones defensoras de los derechos humanos (y abogados pagados por los capos) y estudiosos de la ley se opusieron a la instauración de dicha figura, debido a que era sinónimo de “claudicar” ante los criminales.

En el plano de las organizaciones criminales, la captura o eliminación de un capo, sólo ha traído más violencia y reacomodos, haciendo que los grupos criminales se vuelvan más violentos, por lo que como dice la vieja conseja popular, “sale peor el remedio que la enfermedad”, tal como manifesté el mi libro El Arte de la Guerra para Narcos (Temas de Hoy, 2011).

Tal pareciera que la estrategia es señalar al capo en turno como el origen de todos los males y su captura sea un asunto de vida o muerte, dejando de lado una estrategia a largo plazo, apostando por algo mediático e inmediato.

Pero ¿qué sucedería si en lugar de perseguir y buscar encerrar a los capos, a las cabezas, se buscase encarcelar y condenar con penas más severas a las piezas más pequeñas de la estructura criminal? Simplemente, la maquinaria dejaría de funcionar a la perfección y más aún sí también se aplicara realmente la “Ley de Extinción de Dominio”? Al expropiarles las propiedades y los recursos, no sólo a ellos sino a sus familiares directos, haría que el ser criminal y pertenecer a un grupo delictivo ya no fuera tan lucrativo.

No hay que olvidar que, sin dinero no se podrían pagar los abogados ni los gustos de estos criminales, ya que el dinero es el combustible y la razón por la que estos racionalistas, buscan salir de la pobreza al menor costo.

Como dijo el jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jon Jairo Velázquez (a) Popeye, “un arma es el acceso a la riqueza”, pero si se evita que estos sujetos acumulen y gocen de su botín, al igual que sus familiares, se acabaría un incentivo más para delinquir.

Para finalizar, se deberá criminalizar a las bases, a cualquier persona por ínfima que sea su labor en la organización, tal como se hace con los secuestradores, donde se reciben penas altas para todos los integrantes del grupo, independientemente sí sólo fungieron como cuidadores o ejecutores de las víctimas.

Castigadas con severidad las bases, harán que no sea redituable para ellos ganar poco y arriesgar mucho, por lo que los capos o líderes al no tener soldados o elementos a quienes mandar y ver de esta manera mermadas sus fuerzas, se verán copados por las fuerzas del orden.

Sí aplicamos el castigo severo en las bases, en vez de utilizar esa lógica absurda de que como tiene sólo unas pocas armas, sólo es el mensajero, sólo es el halcón o el emisario, no se les castiga con severidad por ser de menor relevancia en el entramado criminal. Las bases seguirán mimetizándose y moviéndose impunemente, y serán los oídos y los ojos de un cerebro maligno.

Además de severidad, se requerirá voluntad, y el simple hecho de postularlo hará que defensores de los derechos humanos y abogados pagados por los cárteles se rasguen las vestiduras, so pretexto de evitar abusos.

Como en su momento dijo el periodista y escritor argentino Ernesto Mallo: “Leyes hay, lo que falta es justicia” y es un deber del Estado aplicarla.

@borgestom

Tomás Borges

“Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes”
Ortega y Gasset

Cuando el pasado 13 de febrero del año en curso, circularon en redes sociales las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, donde el funcionario en comento criticó a los veracruzanos por quejarse por la inseguridad y exigir al actual mandatario de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez del partido MORENA más seguridad, cuando “nunca la habido en la entidad”, hizo que el funcionario fuera noticia no por su labor, sino por lo soez de sus frases.

Dichas palabras (que posteriormente fueron desmentidas por el funcionario), muestran la punta del iceberg en materia de seguridad, donde los funcionarios no cumplen las funciones por las cuales devengan un sueldo, con los resultados por todos conocidos, al grado de que una gran parte del país es un cementerio clandestino, y la delincuencia un asunto no ya de seguridad pública, sino de seguridad nacional.

El funcionario en cuestión, según medios nacionales, dejó una cuenta pendiente en Nuevo León, donde se le ligó a una banda de extorsionadores, motivo por el cual fue destituido de su cargo en noviembre del 2016 del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, junto con un fiscal y 28 policías de la corporación.

El reciclar cartuchos quemados, es un mal que se ha anquilosado en la administración pública y más en materia de seguridad, donde una serie de males o complejos (más detallados en un libro de próxima aparición) aquejan a los responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos. Algunos de estos síndromes o complejos se sintetizan a continuación:

El síndrome de Petrorio

De acuerdo al diccionario, pretorio (en latín, praetorium) fue el nombre dado al cuartel general del ejército romano, ello debido a que el praetorium era la tienda o edificio del comandante de una fortificación romana.

A pesar de estar hablando de un imperio que hace siglos dejó de existir, su legado pervive en el mundo occidental, de tal manera que, en caso mexicano teníamos un grupo llamado “Guardias presidenciales”, que se encargaba de custodiar al presidente en turno y a su familia, incluso cuando ya no estaban en funciones, lo que ha hecho que una serie de servidores públicos traten de emular al “César en turno”, un mal que el actual mandatario, López Obrador está tratando de erradicar, bajo el argumento de “quien nada debe, nada teme”, pese a las críticas de algunos ex presidentes.

El Cesarismo policiaco

Como término, surgió en el siglo XIX y varios autores lo enlazan con el bonapartismo, pero Antonio Gramsci consideró que éste último era el cesarismo aburguesado, el cual, aplicado en materia de seguridad, se refiere a aquellos mandos policiacos que se sienten emperadores, y que el Estado o demarcación de la cual son los responsables, sea considerado por ellos y su séquito como su feudo o reino.

En este contexto, la seguridad pública no escapa a las políticas públicas del César en turno (llámese gobernador o Presidente), ya que él es quien impone al titular de Seguridad Pública, quien se encargará de jure en seguir los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el rubro de seguridad y justicia.

El síndrome de Procusto

Tomado de la mitología griega por el personaje Procusto quien, de acuerdo a la leyenda, era un posadero de las afueras de Atenas, quien con engaños llevaba a viajeros incautos a su morada, donde al momento de brindarles posada los acostaba en un lecho, el cual estaba más corto de lo normal y, por ende, les cortaba las extremidades a los infelices con tal de que no sobresalieran del lecho.

Por lo tanto, el término es utilizado hoy en día para designar a las personas que pretenden acomodar los hechos o las situaciones a sus propios parámetros, aunque también para señalar a las personas que no les gustan que los demás sobresalgan.

Este síndrome queda muy ad hoc con aquellos mandos policiacos que les gustan rodearse de mediocres y gente de baja ralea, con el único objeto de que no lo superen en sapiencia, ya que el “jefe es él” y como dice la conseja militar “El mando no se equivoca y cuando lo hace, vuelve a mandar”.

Estos sujetos jamás van a aceptar que sus acciones son erróneas y siempre buscaran el aplauso y la aprobación pública y denostarán a todo aquel que piense o cuestione lo más nimio de su proceder, bajo el rancio argumento de que son víctimas de vendettas políticas.

Como dijo en su momento el finado Ramón Durón Ruiz, el “Filosofo de Güémez”: “¡El que sabe, sabe! Y el que no, ¡pues es el jefe!

Al respecto, cabe señalar que los estándares los pone el mando en turno, quien huelga a decir “no se equivoca”, y cualquier elemento que ose levantar la cabeza, se la cortan (metafóricamente), tal como Procusto lo hacía con las extremidades de los que caían en su morada.

El no sobresalir ni mucho menos contradecir al mando, ha hecho que estudiosos como Robert Greene coloque como regla número uno, la que reza; “No le haga sombra a su amo” (Robert Greene, Las 48 leyes del Poder, Atlántida, Buenos Aires 1999) al decir que “Hay amos terriblemente inseguros. Y basta con ser encantador (o decir lo que se piensa) y desenvuelto para hacerles sombra”.

Bajo la premisa de que “las instituciones son como las naves,  que deben de ser bien ideadas y tripuladas” (Karl R. Popper, La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, Paidós 1992), vemos que en México (utilizando la analogía citada), pese haber buenas naves, se siguen escogiendo a pésimos capitanes, tal como ocurrió en Morelos, donde el entonces titular de Seguridad Pública, el tijuanense Alberto Capella Ibarra prometió combatir el crimen, dejando una cuenta pendiente en el estado, donde los índices de criminalidad se dispararon y pese a ello, fue nombrado titular en la materia en el estado de Quintana Roo.

Alberto Capella, quien gracias a su proselitismo en contra de la inseguridad, cobró notoriedad pública en el 2006, al ser el rostro visible del hartazgo ciudadano de una de las ciudades más castigadas por el fenómeno del narcotráfico (y quien fue elegido como titular de Seguridad Pública en los periodos 2007-2009 y 2010-2013), dejó la entidad con un alto índice de homicidios, situación que replicó en Morelos bajo el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), donde su estrategia de combate al crimen fue cuestionada por activistas, quienes incluso solicitaron en la plataforma Change.Org el cese del funcionario.

El caso de Capella Ibarra es sintomático, ya que resultó un buen activista, pero un pésimo Secretario de Seguridad Pública, quien sigue aprendiendo a costa del erario, lo cual es un claro ejemplo del «Principio de incompetencia».

El principio de Peter,  o de incompetencia

Los casos mencionados son una muestra de lo que el psicólogo organizacional, Laurence J. Peter definió como “Principio de Peter” o “Principio de incompetencia”, el cual afirma que ”las personas que realizan bien su trabajo son promovidas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo, y alcanzan su máximo nivel de incompetencia”, lo cual queda más que evidenciado en los ejemplos citados.

Suena hasta irrisorio que se sigan viejas prácticas al nombrar a los titulares encargados de velar por la seguridad de los gobernados, dejando que un puesto de vital importancia, caiga en manos de gente incapaz y de dudosa honorabilidad, lo que demuestra que los tan mentados exámenes de control de confianza, sólo se aplican a la tropa y no a los mandos por más corruptos e incompetentes que sean.

La simulación de «lo ciudadano»

No hay que olvidar que desde que la seguridad pública se politizó, el poseer un cargo en este campo garantiza una carrera en el ámbito político, lo que es un aliciente para que gente honesta -y no la de siempre-, realice un buen trabajo sin opacidad y bajo el escrutinio ciudadano real, no bajo el amparo de esas organizaciones que bajo el sello de «ciudadanas», apoyan a sus incondicionales y dictan las líneas a seguir en materia de seguridad, como lo hacen las asociaciones como Causa Común, AC, de María Elena Moreira Mitre (vinculada en su momento con Genaro García Luna) e Isabel Miranda de Wallace, con Alto al Secuestro,  cuya rapacidad quedó documentada en el excelente libro de Guadalupe Lizárraga, El falso caso Wallace.

Es importante detectar a tiempo a esos «defensores de los Derechos Humanos» y de sus «causas ciudadanas», que sólo utilizan las movilizaciones para promover su imagen y utilizar el mote de ciudadanos, para lucrar o extorsionar en perjuicio de la población que dicen defender, tal como ha quedado demostrado en los casos antes señalados.

En espera de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realice en realidad un golpe de timón y ponga a trabajar a su titular en Seguridad pública, Alfonso Durazo, para que las prácticas señaladas y sus síndromes sean erradicadas por completo de la gestión pública, marcando un parteaguas en la materia. 

@borgestom

Tomás Borges

“Solo hay dos formas de controlar a una nación: Por las armas o por el dinero”

John Addams

De acuerdo con el Premio Nobel de Economía Richard Thaler, un error común en la economía es pensar que los consumidores piensan como los economistas, ya que los primeros, de acuerdo con el galardonado, toman decisiones irracionales guiados por impulsos y no a través de estudios y planificaciones como creen los economistas.

Lo anterior viene a colación, debido a la iniciativa presentada por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), específicamente por el senador Ricardo Monreal, quien sacó una iniciativa tendiente a disminuir las onerosas comisiones que cobran los bancos en su mayoría extranjeros en nuestro país, lo que ocasionó airadas declaraciones de la banca en México, así como de periodistas del ámbito financiero, quienes desde sus columnas acusan al nuevo gobierno de llevar a México hacia una Venezuelalización.

Según medios nacionales, Ricardo Monreal pidió calma a los inversionistas mientras que solicitaba a los banqueros las mismas condiciones que imperan en sus países de origen al solicitar que “quisiéramos ver a Santander en México aplicando las mismas comisiones en España, quisiéramos ver a Scotiabank aplicando las mismas comisiones e intereses que en su país de origen”, comentó el líder de la bancada de MORENA en el Senado en entrevista a medios el pasado 8 de noviembre.

De acuerdo con información proporcionada por la CONDUSEF, el año pasado la banca en México obtuvo ganancias superiores a los 108 mil millones de pesos, por lo que sus ganancias podrían superar el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Para la Revista Forbes México, las ganancias de la banca el año pasado provinieron de créditos otorgados, 23% de captación y servicios, y un 27% de otros servicios no especificados, aunado a que las comisiones que más han crecido son las relacionadas con el crédito, un 12% entre 2016 y 2017. El 83% procedieron de los cobros por tarjetas, un total de 63,000 mdp. De éstos, 1 de cada 3 se cobraron en concepto de anualidad.

En captación de clientes, el 37% de las comisiones se originaron por el cobro del servicio de manejo de cuenta (12,874 mdp), el 19% por servicios de banca electrónica (6,399 mdp) y 16% por transferencia de fondos (5,434 mdp), principalmente lo que es considerado por los consumidores como un abuso, por lo que ven con buenos ojos la ciudadanía la iniciativa de Monreal, quien a todas luces está sembrando el camino para la presidencia en el 2024.

Lógicamente la banca no va a dar lucha fácil, por lo que ya comenzaron los cabildeos con el nuevo gobierno para llegar a un acuerdo que no perjudique a la banca, bajo el pretexto de no haber rentabilidad en el país, por lo que BBV BANCOMER el mes pasado despidió a 500 empleados bajo el pretexto de restructuración.

Como un guiño hacia los capitales mexicanos y para acabar voces, AMLO propuso la creación de un comité de asesores donde se incluyen a los principales empresarios mexicanos, con el objeto de “lograr con su ayuda el progreso de México” dijo el presidente electo en entrevista a medios nacionales, agregando que se “necesita el apoyo de los empresarios para que éstos generen empleos”.

Lo anterior es una muestra de cómo la política internacional está coartando los movimientos de un presidente que en campaña prometió luchar contra la mafia del poder, haciendo que a los que tildó de mafiosos y corruptos, hayan sido invitados a asesorarlo y a conformar el nuevo gobierno.

Muchos podrían juzgar a AMLO de mentiroso y de dar marcha a tras a su promesa de campaña, pero lo que AMLO y Monreal están haciendo es evitar que los “sicarios económicos” terminen por asfixiar al gobierno entrante.

Según el documental ZEITGEST Addendum (Peter Joseph, 2008), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) son instituciones de dominación que buscan doblegar a las naciones a través de créditos que a todas luces son impagables, con la única finalidad de controlar a los gobiernos por medio de la deuda.

De acuerdo al documental en comento, el BM y el FMI dan créditos para que por medio de deudas impagables se controle a la nación deudora, haciendo que siempre haya refinanciamientos para evitar la autonomía de las naciones, y que sus pueblos sean los que paguen lo que ellos no utilizaron ni disfrutaron.

La figura de sicario económico está inspirada en Kermit Roosevelt Jr. (1916-200), quien fuera nieto de Teddy Roosevelt, el presidente americano que creó una guerra para quitarle a España, la Cuba de 1898. Kermit Roosevelt, como agente de la CIA, desestabilizó Irán en 1953 para quitar del poder al régimen de Mossadegh bajo la operación encubierta AJAX, que depuso a un presidente electo democráticamente para imponer en su lugar a Mohamed Reza Pahlevi el SHA de Irán.

Tras el éxito de la Operación Ajax, los estadounidenses vieron que salía más barato y era más efectivo crear inestabilidad en las naciones que invadirlas, crearon la figura del consultor económico, quien se encargará de vender las bondades del capitalismo a los integrantes del régimen, para que éste sea afín a los intereses del imperialismo, y en caso de negatividad y no cooperación, se derroca a los gobiernos rebeldes, como sucedió con Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, en Ecuador con Jaime Roldó por citar algunos.

Los consultores al servicio del imperialismo, primero tratarán de cooptar a los gobernantes y en caso de negativa se encargarán de eliminar a éstos indeseables para el capitalismo, a través de brotes de inestabilidad y después por asonadas marcadas por revueltas “espontaneas” ciudadanas, primero tildando al régimen a deponer, como violentador de los Derechos Humanos y después como un déspota enemigo de la democracia y opresor de su pueblo.

Por lo que una vez manipulada la opinión pública, se procede a su eliminación a través de los llamados Chacales (Jackals) quienes harán todo el trabajo de agitación en redes sociales y subversión por medio de organizaciones de fachada y acciones encubiertas patrocinados por los futuros beneficiados de la derrota, que por lo regular son los afectados por éstos líderes incómodos.

Finalmente, como último recurso se recurre a la acción militar, disfrazada de asistencia humanitaria, iniciando campañas de desprestigio y mala prensa para crear una mala opinión e imagen del régimen a deponer y después poner a un títere como ocurrió con Guillermo Endara en Panamá en 1989, tras el derrocamiento del General Manuel Antonio Noriega, tildado y acusado de narcotraficante por sus antiguos empleadores de la CIA.

En un mundo donde se habla de una post verdad, definida en el contexto global de la desinformación, como una gran falsedad disfrazada de verdad, de acuerdo a lo vertido por el Coronel Pedro Baños en Así se domina el mundo (Ariel, 2018), y ésta post verdad está patrocinada no por los gobiernos, sino por una Corporocracia (Corpotrocacy) que es simple y llanamente, el conglomerado económico creado por los empresarios y los TRUST que controlan un impero clandestino que bajo la égida de la globalización,  no conoce fronteras.

A través de la CORPOROCRACIA, los políticos simplemente fungen como títeres que sirven para mantener un stablishment, por lo que la frase de Lev Tolstoi; “Quien tiene el dinero, tiene en su bolsillo a los que no lo tienen” es más que una realidad, siendo la democracia y los valores occidentales, las banderas que utilizan estos integrantes de la banca y de los TRUST que buscan no el beneficio de los que expolian, sino seguir controlando a naciones enteras, por medio del dinero y el terror, y en el caso mexicano, AMLO no es la excepción.

Es por ello que vemos cómo fenómenos como la “Caravana de Migrantes” surgen como medios de desestabilización, para medir el pulso del gobierno entrante, por lo que no nos deberá de sorprender que el presidente AMLO de marcha a tras a muchas de sus promesas de campaña, ya que una cosa es liderar una oposición y otra muy distinta, gobernar a una nación sin tomar en cuenta el poder del dinero.

El dinero es poder y es el motor que mueve a la humanidad, ya que a través del dinero se consiguen bienes y voluntades. Por eso de acuerdo al Coronel Baño (OP.Cit), “la lucha por conseguirlo, conservarlo y disponer de mayores sumas, es y será un combate eterno”.

@borgestom