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Mexico Violento

Despidos injustificados, nepotismo y maltrato a policías municipales de Tlapa

El alcalde petista de Tlapa, Wences Real, quien deja el cargo para competir por un puesto de elección popular, es denunciado por despidos injustificados y maltrato

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Policías municipales de Tlapa, por la mejora de sus condiciones laborales. Foto: Sergio Ferrer

Policías municipales de Tlapa, por la mejora de sus condiciones laborales. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- El alcalde petista de Tlapa, Victoriano Wences Real, quien solicitó dejar el cargo para postularse para una diputación federal, despidió verbalmente y amenazó a policías municipales para que desistan de una demanda laboral. Asimismo, policías denunciaron que el edil tiene a familiares trabajando clandestinamente en el ayuntamiento además de que no ha sido claro con los recursos destinados a seguridad pública proporcionados por la federación.

Cerca de 100 policías municipales efectuaron este jueves un paro laboral luego de que Wences Real no les permitió trabajar hasta que retiraran una demanda interpuesta contra el ayuntamiento por los efectivos que exigen prestaciones de ley y el pago de la prima vacacional.

“Cuando se enteró de la demanda en contra del ayuntamiento, el presidente comenzó a hostigarnos mandó llamar a cinco compañeros para que desistiéramos de la demanda porque si no perderíamos el empleo”, informó Roberto Hernández, uno de los policías despedidos.

Anteriormente, ni el alcalde ni el secretario quisieron recibir y firmar de recibido la demanda, pero ayer por la mañana “nos encontramos con la sorpresa de que no había lista de asistencia, que otros compañeros habían sido despedidos, no pasamos lista, no llegaron las armas, las patrullas, los radios, cómo vamos a trabajar si no hay herramientas”, dijo.

La primera respuesta del alcalde a policías según testimonios, fue que no cederá a la demanda y que mientras él sea presidente no perderá la demanda y que estaría firme hasta el 30 de septiembre, y que aunque él se vaya va a seguir mandando.

Además, los policías denunciaron que el hermano del alcalde, Margarito Wences Real, llegó al lugar a amenazar a los policías diciendo “que él que no quisiera trabajar se fuera muy lejos usando una palabras altisonantes”. Este sujeto no es el único que cobra en el ayuntamiento con prestanombres, también Quirino Wences Real, otro hermano del alcalde trabaja en agua potable.

“Nosotros le preguntamos al señor Margarito que cuál es su cargo en el ayuntamiento y no nos quiso informar, él viene y hace lo que quiere pero no sabemos cuál es su función sólo que cobra en nómina como policía segundo pero no sabemos quién le dio él trabajo”, agregaron.

Otro policía, Eleodoro Guachin Pineda, detalló que eran alrededor de 86 elementos de la policía y tránsito municipal quienes también fueron despedidos por la demanda para mejorar sus condiciones laborales.

“Cuando tenemos accidentes el presidente no se hace responsable de los gastos de reparación y ni de los gastos médicos. En una ocasión hirieron a un compañeros y él tuvo que vérselas por sí solo, cuando se supone que el seguro debe de cubrir nuestras lesiones durante nuestro servicio; no hemos visto que se ocupe el dinero de Subsemun para el mejoramiento del servicio a los elementos o las patrullas”, protestó.

A los policías que entraron con el presidente, no les ha cumplido con el total del pago que corresponde a cada policía, además de no tener vacaciones ni contar con la prima vacacional que les corresponde por ley”. Policías exigieron al gobierno no desatender esta situación y asimismo revisar cómo ha sido ocupado el presupuesto porque “a ellos solo les han tocado regaños y humillaciones”.

Se repite la historia

Wences Real, repite prácticas de violación de derechos laborales contra policías y elementos del ayuntamiento casi tal como ocurrió con el anterior alcalde priísta Willy Reyes Ramos.

En septiembre de 2012, policías y empleados de limpia, tránsito y reglamentos del ayuntamiento de Tlapa lograron que les fuera comunicado por parte de Willy Reyes Ramos la forma en que serían despedidos, cómo sería pagado su último salario y el pago de 33 días de aguinaldo de manera proporcional a la antigüedad.

Después de que decenas de trabajadores habían cerrado el ayuntamiento forzaron al priista Willy Reyes Ramos a una reunión para exigir la parte proporcional de aguinaldo y el pago de la primera quincena de septiembre.

El alcalde por su parte les prometió que también tendrán de manera justa su propia depuración, quedando la Policía Preventiva Municipal con 50 elementos y el área de limpia con 25 de 82 trabajadores.

Aunque el presidente municipal Reyes Ramos, en un arranque de soberbia, entró a la negociación con empleados del ayuntamiento calificando de estúpida la acción efectuada aquella ocasión, cuando tomaron las oficinas quedándose alrededor de 15 personas, hubo un consenso que permitió la liberación de las puertas del ayuntamiento dándose la salida de las personas que estaban dentro. “Qué bueno que es Abel el medio de la negociación, porque la irracionalidad de mis compañeros y la estupidez pública que hicieron no tiene comparación contra sus propios compañeros, sin embargo estoy aquí porque no tengo nada que esconder… bueno, que también está el gobierno del estado para que les diga a ustedes cuáles son sus derechos”, dijo Willy Reyes.

Después alegó que hubo manipulación de liderazgos y de algunos que no saben que los indujeron y realizaron actividades reportadas desde un punto en el que tendrán que enfrentarlo con lo legal, y dijo que sus acciones eran vergonzosas para el pueblo de Tlapa.

Según mencionaron de manera extraoficial algunos testigos, el ayuntamiento había acordado acusar de secuestro a los trabajadores inconformes. Aquella fecha, el edil, acusado de la autoría intelectual del secuestro y asesinato del diputado del PRI Moisés Villanueva de la Luz, acordó que tomaría dinero prestado de varias obras para pagarle a la gente que no podría ser contratada, pero pidió al Centro Tlachinollan y al representante del Gobierno del Estado de Guerrero, Bernardo Ortega León, durante la mesa de diálogo efectuada en la CDI, que no lo dejaran solo en la tarea de pedir dinero al gobierno, porque faltaba un millón que le fu quitado por laudos laborales a gobiernos anteriores.

 

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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