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Justicia pendiente

Descontento y rebeldía, marcha del Día del Trabajo en Guadalajara

El Primero de Mayo fue conmemorado en Guadalajara, Jalisco, con una marcha del Descontento y la rebeldía, por las reformas legislativas y el desempleo

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Marcha del Descontento y la Rebeldía. Tras la lona se ve a un grupo de maestros que llevan arrastrando una camioneta que simboliza la corrupción. Foto: Teódulo Pineda

Marcha del Descontento y la Rebeldía. Tras la lona se ve a un grupo de maestros que llevan arrastrando una camioneta que simboliza la corrupción. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

GUADALAJARA, Jalisco.- La clase trabajadora de México se percata de que día a día es encajonada en un proceso que los lleva al sometimiento de un dictadura gubernamental total: Sin plazas de trabajo de planta, sin servicios médicos de calidad, sin derechos de antigüedad, sin posibilidades de una pensión de verdad que satisfaga todas las necesidades de una persona de la Tercera edad, sin libertades (de expresión, derecho a asociación, a protestar o a huelga para exigir un mejor trato laboral por parte de sus empleadores); pero lo que es peor, sin derecho a un salario digno que les permita vivir con decoro, que alcance para las mínimas necesidades de los trabajadores y sus familia.

 Lo anterior y otras consideraciones más, fueron los argumentos por los cuales, diferentes organizaciones de trabajadores del Estado de Jalisco, llevaron a cabo de forma alterna a la conmemoración oficial del Día del Trabajo lo que denominaron “Marcha del Descontento y la Rebeldía” la cual cruzó por las principales avenidas de esta capital estatal.

El movimiento fue convocado con días de anticipación por la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco y su filial Insurgencia Magisterial Altos Norte y a la misma respondieron quince organizaciones de trabajadores y delegaciones de dos organizaciones políticas las cuales formaron un gran contingente que desfiló portando mantas, lonas y pancartas alusivas a su enfrentamiento con el gobierno debido al grave daño que están sufriendo a causa de las reformas estructurales.

En el trayecto, los líderes de las diferentes organizaciones llevaron a cabo la clausura simbólica de diferentes organizaciones políticas, instituciones y sedes del gobierno, por considerarlas causantes de pobreza, entreguismo y traición a la ciudadanía y a la Patria. Entre las instituciones que recibieron el bando de clausura se encuentran la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, una Delegación de la Procuraduría de General de la República, unas oficinas de la Comisión Federal de Electricidad y hasta el Palacio del Gobierno del Estado que encabeza Aristóteles Sandoval Díaz.

La marcha tuvo como punto final, el palacio de Gobierno del Estado al que como ya se mencionó, fue clausurado simbólicamente ante la mirada estupefacta de los guardias de seguridad y quienes sin oponerse a ello, se limitaron a tomar nota del acto y fotografías de los ejecutores del mismo. Al mismo tiempo, los más de mil quinientos participantes se fueron aglutinando en torno a una camioneta que portaba un aparato de sonido frente al portón central del palacio y a la que en un orden preestablecido por la asambleísta Silvia Arévalo, participaron en el uso de la palabra un representante de cada una de las organizaciones presentes en el movimiento.

Antes del arribo de la “Marcha del Descontento y al Rebeldía” al Palacio de Gobierno, un grupo de activistas del Partido Comunista Mexicano se manifestaba a un costado de la Catedral Metropolitana, pero viendo la audacia de  aquellos de plantarse frente a la sede del gobierno del Estado,  decidió sumarse al contingente con banderas y proclamas de rebeldía.

Clausura simbólica del PRI. Foto: Teódulo Pineda

Clausura simbólica del PRI. Foto: Teódulo Pineda

Entre los participantes del mitin destacó Mariana Aguirre González del colectivo Martin Baró, quien señaló al gobierno federal y a sus aliados gobiernos estatales como los responsables directos de la crisis moral, laboral y económica que vive el país. Los acusó de implementar políticas equivocadas para combatir a la delincuencia y de tener a la ciudadanía en un estado de pánico y desconfianza tanto de la delincuencia como de los elementos de las instituciones de seguridad los cuales, ha quedado demostrado que son partícipes de actos delictivos por iniciativa propia o que están al servicios de las organizaciones criminales.

Así también aseguró que altos mandos de la delincuencia reciben los favores y la protección de integrantes del gobierno y que de alguna forma deciden las directrices de las políticas públicas condicionando entre otras cosas la mordaza que el gobierno le impone a los medios de comunicación de todo el país.

En relación con esto, dijo que la situación de seguridad de México sigue igual o peor que en el régimen de Felipe Calderón, únicamente que, por medio de la coerción o el dinero, los medios informativos son omisos en tratar estos temas aunque por otros medios se sabe de secuestros masivos, asesinatos en masa, secuestros, extorsiones y sin número de ejecuciones que escasamente logran esclarecerse.

Por su parte, una representante de los trabajadores de la Salud denunció la poca responsabilidad del Gobierno en el trato que tiene con un gran número de trabajadores por contrato, retención por varias quincenas de sus salarios y la negativa a darles derechos de base, servicios asistenciales y derechos de antigüedad. Otro participante de esta misma organización alertó de que en los próximos meses, se llevará a cabo la reforma por medio de la se van a establecer los servicios de salud universal con lo que se fusionarían todas las instituciones de salud en una sola en detrimento principalmente de los afiliados a esas instituciones, a los trabajadores de las mismas y a las estructuras de servicios y contratación.

Otro representante de la Asamblea Magisterial, hizo suyas las demandas de sus compañeros y el resto de los participantes al gritarle a Aristóteles Sandoval Díaz que era un traidor, un mentiroso y que carecía de valor para cumplir con sus promesas. Y entre otras que sobresalieron de las muchas que hizo en su campaña y ya como gobernador, señaló la que hizo a los habitantes de Temacapúlín de que su poblado no sería inundado, a las minutas que firmó con sus secretario de gobierno y su Secretario de educación en el sentido de que, con la promulgación de la Ley Estatal de Educación se respetarían los derechos ya establecidos de los trabajadores de la educación.

En la marcha se vieron grupos de obreros que mantienen pleitos laborales de años con las empresas donde laboraron y que el gobierno no ha resuelto por omisión a su responsabilidad de velar por el bien de los más desprotegidos, grupos de pensionados que reciben mensualidades de miseria, miembros de servidores de empresas de seguridad privada, un grupo del Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador, dirigentes municipales del PRD, algunos miembros de Movimiento Ciudadano y destacadamente por sus discursos, brigadas de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que vinieron desde los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Otro aspecto de la clausura simbólica del PRI. Foto: Teódulo Pineda

Otro aspecto de la clausura simbólica del PRI. Foto: Teódulo Pineda

Uno de los integrantes de estas brigadas de la Coordinadora, Jesús Alfaro Jiménez Comisionado del Sector 8° de Nueva Italia y Apatzingán del estado de Michoacán, declaró que forman parte de un equipo de trabaja a nivel nacional desde el pasado 8 de abril y que recorre toda la República Mexicana. Que el propósito es concientizar y sensibilizar a los maestros  y a la población en general, para que participen en una gran jornada de lucha que se llevará a cabo entre los meses de mayo y junio en defensa de la educación pública.

El recorrido de la marcha se llevó a cabo sin incidentes de ningún tipo. Elementos de la Dirección de Tránsito de Guadalajara y de la Policía metropolitana marcharon a la vanguardia para dejar el paso libre y también estuvieron presentes dos ambulancias de instituciones de paramédicos por si se llegara a presentar alguna emergencia.

Por otra parte, los trabajadores agremiados a las organizaciones laborales partidistas, no fueron convocados a participar en ningún desfile. Los líderes estatales de la CTM. CROM, Y CROCO difundieron ampliamente que las manifestaciones masivas de trabajadores eran cosa del pasado y que en los nuevos tiempos, los trabajadores convivirían con sus representantes en eventos como desayunos o acciones similares evitando con ello a causa de las marchas, molestias a la ciudadanía.

Sin embargo, algunos trabajadores afiliados a esas organizaciones que fueron a presenciar la marcha dijeron a este medio que “el desayuno fue únicamente para los más allegados a los “lidercillos” “lambehuv…” (Una palabra obscena) que tienen sometidos a los trabajadores”.

Y como lo aseveraron varios de los participantes de este evento, los pormenores de la marcha no se difundieron en la prensa estatal y nacional; una de las televisoras locales que la cubrieron parcialmente fue Medios U de G y muy contados medios pero de circulación limitada muy regionalizada.

Los traidores exhibidos. Foto: Teódulo Pineda

Los traidores exhibidos. Foto: Teódulo Pineda

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Justicia pendiente

Alcaldesa de Nochixtlán es internada en penal femenil por desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu

Ignacio García

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La alcaldesa de Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta, fue internada en el penal femenil Tanivet, situado en el municipio de Tlacolula de Matamoros, después de haber sido vinculada a proceso por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu.

La alcaldesa que buscaba la reelección por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue procesada junto con otros dos funcionarios municipales por su presunta responsabilidad en la desaparición de la activista, quien fue vista por última vez durante una manifestación a las afueras del ayuntamiento de Nochixtlán.

El juez determinó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria que se desarrolla en contra de la edil, pues determinó que existen elementos suficientes para dictaminar la medida cautelar contra la munícipe, quien buscaba permanecer en el servicio público de la administración municipal.

La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades contra la alcaldesa de Nochixtlán, por lo que fue detenida el pasado 7 de mayo y ahora será procesada por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu.

La activista se encuentra desaparecida desde el pasado 26 de marzo, cuando participó en una protesta a las afueras de la alcaldía de Nochixtlán por la detención ilegal de un ciudadano que exigía el pago de unos servicios brindados a la presidencia municipal y por lo cual fue aprehendido por policías municipales por órdenes de la alcaldesa.

Los Ángeles Press documentó que familiares de la activista pidieron la intervención de las autoridades federales para localizar a la víctima, por lo que incluso el gobierno de Reino Unido solicitó al gobierno de México atender esta situación para localizar a Claudia Uruchurtu.

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Fabricación de culpables

Víctimas de García Luna y Cárdenas Palomino, desde prisión, denuncian torturas y montajes de la Policía Federal

Joselaine Gutierrez

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El 25 de febrero de 2012, Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, lideraron detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos a personas que aún se encuentran pagando condenas por delitos que no cometieron.

Es el caso de Roberto Carlos Gómez Zúñiga, Armando Ernesto Salinas Gómez, Emmanuel Alejandro Moisés Vásquez Viera, Israel Gómez Zúñiga, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Gabriel Gómez Zúñiga, Carlos Gabriel Balandrín Gómez, Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez y Diego Romero Carral. Todos ellos fueron víctimas de tortura física y psicológica para simular un caso resuelto por parte de un grupo de agentes de la extinta Policía Federal, donde Luis Cárdenas Palomino fungía como segundo al mando de la corporación.

Pero su principal torturadora fue una fiscal procesada en octubre de 2020 por fabricar pruebas en el caso Ayotzinapa, Blanca Alicia Bernal Castilla. Así lo señalaron los culpables fabricados que estuvieron incomunicados y sometidos a torturas por más de 13 horas, para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación de la SEIDO, acusados injustamente por los delitos de secuestro agravado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Los hechos

A través de una misiva de más de 20 páginas a Los Ángeles Press, los agraviados señalaron que llevan 9 años privados de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social, número 17 “CPS Michoacán”, número 13 “CPS Oaxaca” y número 15 “CPS Chiapas”, luego de ser detenidos en diferentes lugares y circunstancias de tiempo y modo, sin existir una orden judicial de arresto.

Seis personas, entre éstas un menor de edad, fueron aprehendidas cuando se encontraban al interior del centro nocturno “Bar Minezota” en Ecatepec de Morelos, Estado de México; mientras que dos de los suscritos fueron detenidos al interior de su domicilio en presencia de sus padres en la alcaldía Gustavo A. Madero en CDMX, y uno al interior de su casa habitación en la misma demarcación frente a su esposa e hijos.

Actualmente se encuentran sujetos a un proceso penal, aún en periodo de instrucción, bajo la causa 44/2012 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

Luego de ser detenidos, los introdujeron a un inmueble desconocido donde fueron objeto de una escenificación “ajena a la realidad” para ser exhibidos ante los medios de comunicación, bajo el argumento de que pertenecían a una banda de secuestradores y que habían sido aprehendidos en dicho inmueble, donde también se encontró una persona sin vida.

Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Federal donde continuaron las torturas en su contra a través de diferentes técnicas, con el objetivo de que aceptaran los falsos delitos por los que era inculpados.

Una vez que dejaron dichas instalaciones, en su camino a la SEIDO en un camión blindado, fueron testigos de otra detención arbitraria de un sujeto que se encontraba en la vía pública bajo el argumento de “estar de pinche chismoso”; la persona responde al nombre de Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, quien actualmente se encuentra sujeto a un proceso penal por la misma causa.

La torturadora

La agente del Ministerio Público Blanca Alicia Bernal Castilla fue quien coordinó las torturas de las 10 víctimas de fabricación de delitos, según lo relatado en las misivas. Se trata de la misma persona que actualmente cumple condena por tortura y fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa.

En la madrugada del 25 al 26 de febrero del 2012, señalaron las víctimas que rindieron sus declaraciones oralmente sin la presencia física de un defensor, porque no se los permitieron y posteriormente la agente Bernal Castilla los obligó a firmar sus declaraciones sin poder leerlas como era su derecho.

Ante la negativa de los detenidos de firmar sin leer los documentos, la agente los amenazó de que si seguían negándose detendrían a más miembros de sus familias, y ordenó a los policías federales: “denles otra madriza porque no quieren firmar”.

Tras las amenazas y torturas, cinco inculpados terminaron accediendo a firmar sus declaraciones sin tener conocimiento real de su contenido, mismas que fueron tomadas como autocriminatorias por los delitos de secuestro agraviado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Las demás víctimas realizaron un esfuerzo sobre humano para resistir la tortura por parte de Bernal Castilla, teniendo como resultado la fabricación de declaraciones ministeriales e imputaciones en contra de ellos.

Entre las víctimas, un menor de edad

Las golpizas a las víctimas fueron parejas. Entre las víctimas, un joven de 17 años, Christopher Eduardo Molinero Hernández, tuvo que ser hospitalizado de urgencias en la Cruz Roja de Polanco, el 25 de febrero de 2012, a causa de una obstrucción de las vías respiratorias, a punto de la asfixia, tras la tortura con una bolsa de plástico en su cabeza.

El hecho se encuentra acreditado como prueba de descargo con la documental pública consistente en el oficio número DM/0002EX/HCRM-2013 con la fecha del 2 de enero de 2013, emitida por el director médico de la Cruz Roja Mexicana.

Se le hizo saber a la agente del Ministerio Público, y ella misma pidió un perito oficial para que determinara la edad clínica del menor. Y en el expediente quedó plasmado que “Christopher Eduardo Molinero Hernández tenía una edad clínica dental de mayor de 16 años y menor a 18 años al momento de su revisión”.

Pero la agente Bernal Castilla ignoró los resultados y obligó al joven a declarar su autoincriminación, sin la presencia de sus padres o tutores, y bajo tortura.

Fabricación de culpables, una cortina de humo

Hoy se conoce que Genaro García Luna siendo secretario de Seguridad Pública Federal simuló una política frontal de combate al narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, a través de la fabricación de culpables, con detenciones arbitrarias masivas, torturas y encarcelamientos injustos, de manera sistemática. No obstante, desde su paso por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en 2001, ya fabricaba culpables con los delitos de secuestro. Incluso, hay víctimas de más de 20 años en prisión injusta han demostrado su inocencia y aún siguen en prisión.

Sin embargo, cuando García Luna emprendió de manera indiscriminada la fabricación de culpables fue durante su gestión en la Secretaría de Seguridad con el objetivo de simular eficiencia policial con una “cortina de humo” en México, escenificando montajes de detenciones de presuntos criminales por delitos de alto impacto para mostrar “resultados” de la estrategia contra el narcotráfico y los secuestros; en tanto favorecía a cárteles mexicanos a través de sobornos y conspirando en el tráfico de drogas a Estados Unidos de América; hecho por el cual se encuentra detenido y sujeto a un juicio penal en dicho país.

Entre los montajes mediáticos destacan las víctimas del falso caso Wallace, en el que recientemente un oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos identificó a Isabel Miranda Torres, como una persona vinculada a García Luna, durante la petición de asilo de Alejandro Garduño Real, defensor público de Jacobo Tagle Dobin, el mismo defensor de Francisco García Medel, del caso Nelson Vargas, y de Noé Robles Hernández, del caso Martí.

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Justicia pendiente

Cabeza de Vaca trianguló recursos para adquirir propiedades

Ignacio García

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El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca trianguló recursos económicos por medio de una empresa para adquirir propiedades, aunque esos recursos provenían del gobierno estatal, de acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas comprobaron que la familia del mandatario estatal utilizó la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava S.P.R. de R.L. para triangular recursos del gobierno estatal de Tamaulipas en la compra de distintos inmuebles.

De acuerdo con la investigación, también están implicados los hermanos del gobernador, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, así como su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca, su esposa Mariana Gómez y su suegro José Ramón Gómez.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos proporcionó información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las siete propiedades de lujo que adquirió el mandatario estatal y su familia en la Unión Americana y que cada una están valuadas entre un millón y 10 millones de dólares.

Asimismo, las autoridades mexicanas comprobaron que no se determinaron el origen de los recursos destinados para la compra de estos inmuebles, pues no corresponden a la declaración patrimonial y de ingresos de los compradores.

Ahora las autoridades estadounidenses estudian las propiedades que adquirió el gobernador, las cuales pudieron ser obtenidas por medio de recursos públicos del gobierno estatal, situación por la cual también son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Francisco García Cabeza de Vaca fue protegido por el Congreso local de Tamaulipas que determinó no iniciar el proceso de desafuero contra el mandatario estatal por haber recibido recursos de procedencia ilícita por parte del crimen organizado.

 

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