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Justicia pendiente

Desapariciones forzadas, generalizadas e impunes en gran parte de México: ONU

Desapariciones generalizadas en completa impunidad fue la denuncia del Comité de Desapariciones forzadas de la ONU sobre su diagnóstico en México

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Por Sergio Ferrer

MÉXICO, DF. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) criticó al Estado mexicano por la impunidad que prevalece ante la práctica de “desapariciones generalizadas en gran parte del país” y la casi inexistencia de condenas por este delito que caracteriza las desapariciones de la llamada Guerra Sucia hasta la actualidad.

El Comité de la ONU expresó preocupación particular por las desapariciones forzadas de migrantes en territorio mexicano, la intimidación y estigmatización de familias y personas defensoras de derechos humanos que buscan justicia en casos de desapariciones; la falta de un registro confiable de personas víctimas de desaparición forzada; y “la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños” ya sea como víctimas o familiares.

Por esto, instaron al Estado a aprobar a la mayor brevedad posible una Ley General contra la Desaparición Forzada con participación de víctimas y familiares. También, el Comité fijó el plazo de un año al gobierno mexicano para rendir cuentas de la implementación de cambios derivados de las recomendaciones finales vertidas después de la primera evaluación del cumplimiento de México con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada,

El caso de la detención desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, en México hay serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas”, acusó el Comité, siendo una de las recomendaciones proporcionadas, que el Estado priorice la inmediata búsqueda con vida a una persona ante cualquier denuncia de desaparición.

Por otro lado, según boletín enviado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a medios, el Comité constató “una serie de obstáculos” en el acceso a la justicia en casos de desaparición, incluyendo el hecho de que las autoridades no inicien de inmediato la investigación penal, o clasifiquen hechos de desaparición forzada como otro delito.

Según convenios aceptados por el gobierno mexicano, tiene la obligación de “investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación” ante hechos de desaparición forzada, lo cual se aplica a Ayotzinapa, afirma el documento.

Otro punto del ámbito penal que a decir del Comité debe atenderse es la obligación de sancionar a los superiores jerárquicos en la cadena de mando de acuerdo al artículo 6 de la Convención, mismo que establece la responsabilidad penal del mando superior quien “haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente”, y teniendo responsabilidad sobre actividades relacionadas con la desaparición, “no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese” o “para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes”.

El Comité recomendó establecer dentro de la Procuraduría General de la República el análisis final del organismo internacional recomendó una “unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas” que cuente con recursos suficientes y “una perspectiva estratégica” sobre la desaparición forzada a nivel nacional, ya que la actual Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas no cumple este papel de investigación penal.

Otra el Comité “alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales” sobre casos concretos de desaparición forzada en México y solicitó visitar nuestro país con el fin de estudiar la situación de cerca y publicar un informe completo sobre la desaparición forzada en México. El año pasado el Comité había solicitado una visita oficial a la cual el Estado no respondió.

Organizaciones de derechos humanos saludaron la decisión del Comité de recomendar que las organizaciones de familiares de víctimas participen en el proceso de implementación de sus recomendaciones. Reiteramos que la dignidad, indignación y lucha de las propias familias ha sido la fuerza que impulsa el acceso a la verdad y la justicia.

Entre las organizaciones que firman el comunicado sobre la postura de la ONU está, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), H.I.J.O.S. México entre otras.

Asesinan en Iguala a Norma Angélica Bruno Román, familiar de desaparecida

El viernes 13 de febrero, un sujeto asesinó con dos disparos a la activista Norma Angélica Bruno Román, de 25 años, quien participaba en el Comité de familiares de las otras víctimas de desaparición forzada en Iguala. Bruno Román se integró para buscar a su prima Ivette Melisa Flores Román, desaparecida el 2 de marzo de 2013 por un grupo armado.

Según información del periódico El Sur, la coordinadora del Comité de familiares de búsqueda de desaparecidos, Xitlali Miranda, confirmó que Norma Bruno sí participó en este Comité, pero aseguró que el ataque en el que perdió la vida no está relacionado con su actividad de búsqueda de fosas clandestinas en Iguala desde el 23 de noviembre.

Sin embargo, el 10 de enero los miembros del Comité aceptaron que habían sido amenazados por el crimen organizado para dejar de buscar fosas, después de que la Procuraduría General de la República anunció que dejaría de apoyarlos en su búsqueda.

La subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García Laguna declaró el 20 de enero que los policías federales que buscaban fosas junto con los familiares, también fueron amenazados por presuntos delincuentes, “también los peritos de PGR han recibido amenazas, hay una situación en la zona que es conflictiva y no solamente han recibido amenazas, ha habido incluso persecución de grupos y permanentemente hay halcones que están en la zona”, reveló.

La mujer fue asesinada afuera de un panteón privado a donde asistiría al sepelio de José Ramón Bernabé Armenta de 26 años, quien también fue asesinado de cuatro balazos cerca de las 11 de la noche del pasado miércoles en una colonia céntrica de Iguala.

Según testigos, el pistolero revisó las pertenencias de Norma Angélica y sólo se llevó su teléfono celular.

La madre de Norma, la señora Reyna Román, junto con otros familiares informaron que su hija se había integrado al grupo de búsqueda de fosas clandestinas del Comité de familiares de las otras víctimas de desaparición para buscar a Ivette Melisa Flores Román, quien fue desaparecida el 2 de marzo de 2013, a la edad de 24 años, una de las 380 víctimas de desaparición forzada en Iguala, privada de la libertad en su propio domicilio por hombres armados.

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Justicia pendiente

Excesiva burocratización atraer caso de Juana Hilda González a la SCJN: Abogado Gerardo Manrique

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#ElFalsoCasoWallace

  • La SCJN no atrae el caso Wallace, atrae el caso de Juana Hilda González

  • La víctima no es Hugo Alberto Wallace: abogado

Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Gerardo Augusto Manrique, experto en ejecución penal, señaló en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press que la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si hubo o no violaciones al debido proceso va a resultar en una burocratización excesiva y en el aumento de los plazos de dictado de resoluciones de un proceso que claramente no fue debido y que se demostró desde el inicio de la acusación.

En el momento en que circula en video la declaración de Juana Hilda González Lomelí acusando a otras personas e incriminándose del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda sin un defensor presente, es una violación al debido proceso. No se le puede dar valor probatorio, y esto fue el 8 de febrero de 2006, explica el abogado. Y apuntó que “cuando la Corte atrae un caso, se lleva más tiempo en resolverlo porque tiene procesos más lentos, porque hay un mecanismo de procesamiento de la información, de documentación del caso, del debate mismo, que requiere mucho más de tiempo que si se discute en un tribunal colegiado o en los propios juzgados de distrito”.

También aclaró Manrique que no es el caso Wallace el que está atrayendo la Suprema Corte y enfatizó que el caso Wallace se refiere a una serie de procesos de un caso fabricado con una supuesta víctima de secuestro y homicidio. Sino que se trata del caso únicamente de Juana Hilda González, y aunque pudiera impactar a los demás casos, podría solo resolver el de ella.

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Justicia pendiente

Por ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan, organizaciones exigen destitución del gobernador Barbosa

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Los Ángeles Press

Un grupo de 35 organizaciones y defensores de derechos humanos, encabezados por la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, lanzaron una carta pública de extrañamiento al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que se exige su destitución, por las recientes ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan.

La represión tuvo lugar en la comunidad de Zoquitlán, el 9 de mayo, en torno a las 17 horas, donde policías de estado rafaguearon a indígenas que caminaban de regreso a su casa, dejando tres muertos, uno de ellos menor de edad, y siete heridos.

El conflicto data de junio 2021, tras un fraude electoral en la comunidad de Coyomeapan, donde la familia Celestino Rosas, impuso al presidente municipal, siendo esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas. La protesta de la comunidad ha tenido como represalia el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, como Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez, y el hostigamiento a la periodista Claudia Martínez Sánchez, quien ha reportado sistemáticamente las agresiones a la comunidad y la restricción de las libertades constitucionales de los indígenas.

Ciudad de México, a 13 de mayo 2022

CARTA PÚBLICA

Los y las abajo firmantes integrantes de la sociedad civil, manifestamos nuestro extrañamiento por la represión contra la comunidad indígena de Coyomeapan, realizada por integrantes de la policía estatal del estado de Puebla, y exigimos la inmediata intervención de las autoridades federales e organismos internacionales para resolver las demandas de verdad y justicia.

El pasado 9 de mayo al rededor de las 17:00 hrs., algunos activistas indígenas nahuas de Coyomeapan, Puebla, que se encuentran en resistencia pacifica, por la defensa de sus derechos políticos, civiles y de la tierra y su territorio, caminaban de regreso a su hogar, cuando al pasar por la comunidad de Zoquitlán, Coyomeapan, fueron emboscados y rafagueados por integrantes de la policía estatal misma que haciendo uso excesivo de su fuerza pública, ejecuta a los activistas indígenas; Teofilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y a un menor de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo, y dejando a 7 heridos entre los que se encuentra el profesor Lauro Gil Arguelles, todos ellos integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan.

Por lo que manifestamos por este medio nuestro extrañamiento al Estado mexicano por la omisión a estos hechos, y solicitamos a la ONU y a la CIDH, solicten información a el gobierno por estos lamentables hechos.

Recordando que 4 activistas de Coyomeapan se encuentran en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa a sus derechos humanos, entre ellos la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutirrez, integrantes también del Movimiento Unidad por Coyomeapan, y que la periodista Claudia Martínez Sánchez, fuera desplazada de su hogar en Puebla, por ejercer su derecho difundir la criminalización social que sufre la comunidad indígena de Coyomeapan.

Ante este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta comunidad y sus habitantes;

¡Exigimos la destitución del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta!
¡Solicitamos la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República!
¡Condenamos la criminalización de la protesta social!
¡Exigimos el alto al uso excesivo de la fuerza publica!
¡Libertad inmedita a la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño
Gutierrez y los tres activistas que se encuentran en prisión, desde el 21 de septiembre del
2021!
¡Responzabilizamos al Estado de los hechos del 9 de mayo 2022!

FIRMAS
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Los Ángeles Press
Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos
Desarrollo Humano Internacional AC
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC
Colectiva Radial Poder Político de las Mujeres
Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC
Senderos Para el Desarrollo Comunitario
Voz del Anahuac
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx
Zenzontle
Casa de los Pueblos México
Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP- Coahuila)
Colectivo Viva Voz
25 Día Naranja A.C.
Madres Exigiendo Justicia
CAM-CAI
Colectiva Brujas Zapateras
Colectiva Lilith Violeta
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
FIAC A.C.
FUNDACION ARTE Y MUNDO SOSTENIBLE A.C.
FINASBIH A.C.
Colectivo para la Equidad y la defensa de los derechos de las mujeres «Techiyaliztli»
33 Mujeres A.C.
Organización Jugestes-Cnpa
Colectivo de Mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C.
Asociación para el Desarrollo Integral de Comunidades y Colonias A.C
Fray Julián Cruzalta Aguirre
Dramaturgo Humberto Robles
Senador José Narro Céspedes
Jackie Campbell)
Olimpya Jaimes López
Hilda Pérez Vázquez
Leticia López Zamora
Cynthia Bravo Moore
Vanessa Klainer Berkowitz
Dulce Mildret Sainz Torres
Isaura Contreras
Beatriz Salas Martínez
Claudia Magaña Lugo
Daniela Flores
Adriana Díaz González

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Justicia pendiente

Autoridades de DDHH ignoran caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, con tortura y fabricación de delitos

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Por Guadalupe Lizárraga

El caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue expuesto de nuevo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se denunció cómo las autoridades responsables de impartir justicia y reparar el daño han ignorado a la víctima de tortura y fabricación de delitos en 2013, además de ocultar documentos de su expediente y estar sin sentencia, por lo que se pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema corte de Justicia de la Nación.

La primera vez que se presentó este caso, por la representación de Los Ángeles Press, fue en 2019. Sin embargo, desde entonces, es muy poco lo que se ha avanzado, pese a que su defensa ha demostrado su inocencia, así como el haber sido torturada y mutilada en el penal de El Rincón, Nayarit, a donde llegó con cinco meses de embarazo. Tuvo a su hija en una clínica con atención de emergencia, ambas discriminadas en atención médica, por ser un caso de consigna de la “sociedad civil” contra el tráfico de mujeres, conocido como «Solid Gold».

En la intervención del reportero Ramón Flores, se expuso que la Unidad de Transparencia y la de Contraloría interna de la Fiscalía General de la República han ignorado la instrucción presidencial y que las nuevas conclusiones de la fiscalía, “vuelven a ser una burda fabricación criminal sin pruebas, que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron” a Sánchez Mayorga.

La denuncia del reportero enfatizó que servidores públicos que operaban en red con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han ocultado a la Fiscalía de Asuntos Internos y a CONAPRED, los videos de las cámaras de seguridad y el expediente médico que evidencian la tortura sufrida por la víctima.

Por lo que pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura, con la jueza por Ministerio de Ley, revise y resuelva su caso.

También se denunció que la Defensoría pública federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ignorado -del mismo modo- este caso, pasando por alto las graves violaciones de derechos humanos, igual que otros miles de casos similares, y enfatizó el reportero en las condiciones en que se encuentran las internas del penal de Santa Martha Acatitla, además del abandono jurídico para su defensa.

Finalmente, se pidió una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil, con autoridades de derechos humanos, entre éstas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investiguen los suicidios y los maltratos a las reclusas.

Testimonio desde la cárcel de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

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