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Justicia pendiente

Desapariciones generalizadas e impunes en gran parte de México: ONU

Desapariciones generalizadas en completa impunidad fue la denuncia del Comité de Desapariciones forzadas de la ONU sobre su diagnóstico en México

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Activistas con los padres de familia de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en Iguala México. Foto: Masde131/Tw

Activistas con los padres de familia de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en Iguala México. Foto: Masde131/Tw

Por Sergio Ferrer

MÉXICO, DF. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) criticó al Estado mexicano por la impunidad que prevalece ante la práctica de “desapariciones generalizadas en gran parte del país” y la casi inexistencia de condenas por este delito que caracteriza las desapariciones de la llamada Guerra Sucia hasta la actualidad.

El Comité de la ONU expresó preocupación particular por las desapariciones forzadas de migrantes en territorio mexicano, la intimidación y estigmatización de familias y personas defensoras de derechos humanos que buscan justicia en casos de desapariciones; la falta de un registro confiable de personas víctimas de desaparición forzada; y “la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños” ya sea como víctimas o familiares.

Por esto, instaron al Estado a aprobar a la mayor brevedad posible una Ley General contra la Desaparición Forzada con participación de víctimas y familiares. También, el Comité fijó el plazo de un año al gobierno mexicano para rendir cuentas de la implementación de cambios derivados de las recomendaciones finales vertidas después de la primera evaluación del cumplimiento de México con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada,

El caso de la detención desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, en México hay serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas”, acusó el Comité, siendo una de las recomendaciones proporcionadas, que el Estado priorice la inmediata búsqueda con vida a una persona ante cualquier denuncia de desaparición.

Por otro lado, según boletín enviado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a medios, el Comité constató “una serie de obstáculos” en el acceso a la justicia en casos de desaparición, incluyendo el hecho de que las autoridades no inicien de inmediato la investigación penal, o clasifiquen hechos de desaparición forzada como otro delito.

Según convenios aceptados por el gobierno mexicano, tiene la obligación de “investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación” ante hechos de desaparición forzada, lo cual se aplica a Ayotzinapa, afirma el documento.

Otro punto del ámbito penal que a decir del Comité debe atenderse es la obligación de sancionar a los superiores jerárquicos en la cadena de mando de acuerdo al artículo 6 de la Convención, mismo que establece la responsabilidad penal del mando superior quien “haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente”, y teniendo responsabilidad sobre actividades relacionadas con la desaparición, “no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese” o “para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes”.

El Comité recomendó establecer dentro de la Procuraduría General de la República el análisis final del organismo internacional recomendó una “unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas” que cuente con recursos suficientes y “una perspectiva estratégica” sobre la desaparición forzada a nivel nacional, ya que la actual Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas no cumple este papel de investigación penal.

Otra el Comité “alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales” sobre casos concretos de desaparición forzada en México y solicitó visitar nuestro país con el fin de estudiar la situación de cerca y publicar un informe completo sobre la desaparición forzada en México. El año pasado el Comité había solicitado una visita oficial a la cual el Estado no respondió.

Organizaciones de derechos humanos saludaron la decisión del Comité de recomendar que las organizaciones de familiares de víctimas participen en el proceso de implementación de sus recomendaciones. Reiteramos que la dignidad, indignación y lucha de las propias familias ha sido la fuerza que impulsa el acceso a la verdad y la justicia.

Entre las organizaciones que firman el comunicado sobre la postura de la ONU está, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), H.I.J.O.S. México entre otras.

Asesinan en Iguala a Norma Angélica Bruno Román, familiar de desaparecida

El viernes 13 de febrero, un sujeto asesinó con dos disparos a la activista Norma Angélica Bruno Román, de 25 años, quien participaba en el Comité de familiares de las otras víctimas de desaparición forzada en Iguala. Bruno Román se integró para buscar a su prima Ivette Melisa Flores Román, desaparecida el 2 de marzo de 2013 por un grupo armado.

Según información del periódico El Sur, la coordinadora del Comité de familiares de búsqueda de desaparecidos, Xitlali Miranda, confirmó que Norma Bruno sí participó en este Comité, pero aseguró que el ataque en el que perdió la vida no está relacionado con su actividad de búsqueda de fosas clandestinas en Iguala desde el 23 de noviembre.

Sin embargo, el 10 de enero los miembros del Comité aceptaron que habían sido amenazados por el crimen organizado para dejar de buscar fosas, después de que la Procuraduría General de la República anunció que dejaría de apoyarlos en su búsqueda.

La subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García Laguna declaró el 20 de enero que los policías federales que buscaban fosas junto con los familiares, también fueron amenazados por presuntos delincuentes, “también los peritos de PGR han recibido amenazas, hay una situación en la zona que es conflictiva y no solamente han recibido amenazas, ha habido incluso persecución de grupos y permanentemente hay halcones que están en la zona”, reveló.

La mujer fue asesinada afuera de un panteón privado a donde asistiría al sepelio de José Ramón Bernabé Armenta de 26 años, quien también fue asesinado de cuatro balazos cerca de las 11 de la noche del pasado miércoles en una colonia céntrica de Iguala.

Según testigos, el pistolero revisó las pertenencias de Norma Angélica y sólo se llevó su teléfono celular.

La madre de Norma, la señora Reyna Román, junto con otros familiares informaron que su hija se había integrado al grupo de búsqueda de fosas clandestinas del Comité de familiares de las otras víctimas de desaparición para buscar a Ivette Melisa Flores Román, quien fue desaparecida el 2 de marzo de 2013, a la edad de 24 años, una de las 380 víctimas de desaparición forzada en Iguala, privada de la libertad en su propio domicilio por hombres armados.

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Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, víctima de fabricación de culpables, volvió a ser torturado dentro del Cefereso #17, el 29 de marzo, por custodios bajo las órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez, para que se desistiera de los amparos concedidos en contra de los tratos crueles e inhumanos y confinamiento injustificado de las autoridades carcelarias.

“Todavía son visibles las lesiones en la cara, frente y ojos, y apenas puede caminar porque le patearon la columna”, denunció su abogada a Los Ángeles Press, quien tenía un mes sin verlo, y estaba en espera de entrar a locutorios. En la notificación de queja al Poder Judicial del estado de Michoacán, interpuesto el 9 de abril de 2021, se describe que “presenta una hematoma pronunciado en la frente y otro en el pómulo derecho… diversos golpes en la espalda los cuales se ven inflamados y bastante marcados al igual que un hematoma en el costado izquierdo y una abertura en la cabeza…”

Abundó la abogada, de quien nos reservamos su identidad por seguridad, que habían ya interpuesto las denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se están haciendo a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en la anterior vez que lo golpearon, el 18 de julio de 2020, las autoridades no dieron seguimiento a sus denuncias contra el director del Cefereso, quien le pedía 500 mil pesos para dejarlo de golpear.

George Khoury señaló que el titular de Seguridad penitenciaria y el director del penal no acataron la suspensión de malos tratos y ordenaron que lo golpearan. Lo tuvieron ocho días sin atención médica, desangrándose en el área del comedor donde fue golpeado y obligado a dormir durante esos días.

George Khoury ha liderado un amparo colectivo de 400 internos para la destitución del director del Cefereso, quien en un franco desacato a la Ley de Amparo, artículo 262, al ordenar de nueva cuenta la tortura contra Khoury viola el amparo 107/2021 del Juez Quinto por el Juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán y 134/2021 y 185/2021 del Juez Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa.

El caso de Khoury Layón se ha presentado ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina el 7 de diciembre de 2020, y en otras ocasiones en 2019 por violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades del sistema penitenciario.

Tiene una opinión de libertad inmediata desde el 18 de septiembre de 2017 por el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y el reconocimiento de inocencia en 2019 por la Secretaría de Gobernación. No obstante, sigue retenido ilegalmente por el Estado mexicano.

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México aceptó enviar más de 10 mil tropas en la frontera sur para evitar paso de migrantes

Ignacio García

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La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que México acordó con Estados Unidos enviar más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar el paso de migrantes centroamericanos que pretenden ingresar a la Unión Americana.

La funcionaria norteamericana dijo que con esta medida se logrará contener el paso de los migrantes centroamericanos que buscan arribar a Estados Unidos, medida que ya se había implementado desde el gobierno de Donald Trump para impedir una mayor cantidad de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con la representante del gobierno de Estados Unidos, con estas medidas han detenido a más del doble de las personas que intentaban cruzar México para arribar a esa nación, por lo que manifestó que también Guatemala accedió a reforzar su seguridad con más de 15 mil elementos.

En el caso de Honduras se desplegarán más de 70 mil efectivos de seguridad para evitar la salida de los migrantes que buscan radicar en Estados Unidos, por lo que buscan evitar que ingresen más personas de forma ilegal a la Unión Americana, continuando con una política de deportaciones masivas implementada desde el gobierno de Barack Obama.

En mayo de 2019 el entonces presidente de Donald Trump amenazó a México con incrementar las tarifas de los aranceles, por lo cual el gobierno federal aceptó aumentar la seguridad en la frontera sur para evitar el ingreso de migrantes centroamericanos al país.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) refirió que existe una crisis humanitaria implementada por el gobierno de Estados Unidos para marginar a las personas de escasos recursos económicos que radican en Centroamérica y que buscan nuevas oportunidades de desarrollo económico.

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Sacerdote es sentenciado a 27 años de prisión por participación en asesinato de estudiante

Ignacio García

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Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 27 años y seis meses de prisión al sacerdote Francisco Javier Bautista Ávalos por su presunta participación en el asesinato del diácono y estudiante de la Universidad Intercontinental, Leonardo Avendaño, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 12 de junio de 2019 en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México.

El juzgador ordenó una reparación del daño equivalente a 422 mil 450 pesos a la familia de la víctima, así como 5 mil 69 pesos por gastos funerarios, por lo que el clérigo fue sentenciado por el delito de homicidio calificado.

Días después de la localización del cuerpo del estudiante, el sacerdote fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMDX) por su presunta responsabilidad en el homicidio del diácono, por lo que fue trasladado al Centro de reclusión varonil Oriente.

Los familiares de la víctima acusaron al clérigo de haber sido el responsable del asesinato del joven de 29 años de edad, debido a que previamente lo había amenazado, por lo que tras su desaparición lo señalaron como principal sospechoso del secuestro del estudiante.

Al respecto, la fiscal de justicia capitalina, Ernestina Godoy, señaló que las pesquisas relacionaban la participación del sacerdote en la muerte del joven, por lo que fue procesado por su culpabilidad en la desaparición de los estudiantes.

Leonardo Avendaño de 29 años de edad era estudiante de posgrado de la Universidad Intercontinental y era diácono y desapareció el 11 de junio de 2019 al salir de su domicilio en Iztapalapa, por lo que dos días su cuerpo sin vida fue localizado en el interior de un vehículo particular en la colonia Héroes en la alcaldía de Tlalpan.

 

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