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Justicia pendiente

Desapariciones forzadas, generalizadas e impunes en gran parte de México: ONU

Desapariciones generalizadas en completa impunidad fue la denuncia del Comité de Desapariciones forzadas de la ONU sobre su diagnóstico en México

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Por Sergio Ferrer

MÉXICO, DF. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) criticó al Estado mexicano por la impunidad que prevalece ante la práctica de “desapariciones generalizadas en gran parte del país” y la casi inexistencia de condenas por este delito que caracteriza las desapariciones de la llamada Guerra Sucia hasta la actualidad.

El Comité de la ONU expresó preocupación particular por las desapariciones forzadas de migrantes en territorio mexicano, la intimidación y estigmatización de familias y personas defensoras de derechos humanos que buscan justicia en casos de desapariciones; la falta de un registro confiable de personas víctimas de desaparición forzada; y “la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños” ya sea como víctimas o familiares.

Por esto, instaron al Estado a aprobar a la mayor brevedad posible una Ley General contra la Desaparición Forzada con participación de víctimas y familiares. También, el Comité fijó el plazo de un año al gobierno mexicano para rendir cuentas de la implementación de cambios derivados de las recomendaciones finales vertidas después de la primera evaluación del cumplimiento de México con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada,

El caso de la detención desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, en México hay serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas”, acusó el Comité, siendo una de las recomendaciones proporcionadas, que el Estado priorice la inmediata búsqueda con vida a una persona ante cualquier denuncia de desaparición.

Por otro lado, según boletín enviado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a medios, el Comité constató “una serie de obstáculos” en el acceso a la justicia en casos de desaparición, incluyendo el hecho de que las autoridades no inicien de inmediato la investigación penal, o clasifiquen hechos de desaparición forzada como otro delito.

Según convenios aceptados por el gobierno mexicano, tiene la obligación de “investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación” ante hechos de desaparición forzada, lo cual se aplica a Ayotzinapa, afirma el documento.

Otro punto del ámbito penal que a decir del Comité debe atenderse es la obligación de sancionar a los superiores jerárquicos en la cadena de mando de acuerdo al artículo 6 de la Convención, mismo que establece la responsabilidad penal del mando superior quien “haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente”, y teniendo responsabilidad sobre actividades relacionadas con la desaparición, “no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese” o “para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes”.

El Comité recomendó establecer dentro de la Procuraduría General de la República el análisis final del organismo internacional recomendó una “unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas” que cuente con recursos suficientes y “una perspectiva estratégica” sobre la desaparición forzada a nivel nacional, ya que la actual Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas no cumple este papel de investigación penal.

Otra el Comité “alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales” sobre casos concretos de desaparición forzada en México y solicitó visitar nuestro país con el fin de estudiar la situación de cerca y publicar un informe completo sobre la desaparición forzada en México. El año pasado el Comité había solicitado una visita oficial a la cual el Estado no respondió.

Organizaciones de derechos humanos saludaron la decisión del Comité de recomendar que las organizaciones de familiares de víctimas participen en el proceso de implementación de sus recomendaciones. Reiteramos que la dignidad, indignación y lucha de las propias familias ha sido la fuerza que impulsa el acceso a la verdad y la justicia.

Entre las organizaciones que firman el comunicado sobre la postura de la ONU está, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), H.I.J.O.S. México entre otras.

Asesinan en Iguala a Norma Angélica Bruno Román, familiar de desaparecida

El viernes 13 de febrero, un sujeto asesinó con dos disparos a la activista Norma Angélica Bruno Román, de 25 años, quien participaba en el Comité de familiares de las otras víctimas de desaparición forzada en Iguala. Bruno Román se integró para buscar a su prima Ivette Melisa Flores Román, desaparecida el 2 de marzo de 2013 por un grupo armado.

Según información del periódico El Sur, la coordinadora del Comité de familiares de búsqueda de desaparecidos, Xitlali Miranda, confirmó que Norma Bruno sí participó en este Comité, pero aseguró que el ataque en el que perdió la vida no está relacionado con su actividad de búsqueda de fosas clandestinas en Iguala desde el 23 de noviembre.

Sin embargo, el 10 de enero los miembros del Comité aceptaron que habían sido amenazados por el crimen organizado para dejar de buscar fosas, después de que la Procuraduría General de la República anunció que dejaría de apoyarlos en su búsqueda.

La subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García Laguna declaró el 20 de enero que los policías federales que buscaban fosas junto con los familiares, también fueron amenazados por presuntos delincuentes, “también los peritos de PGR han recibido amenazas, hay una situación en la zona que es conflictiva y no solamente han recibido amenazas, ha habido incluso persecución de grupos y permanentemente hay halcones que están en la zona”, reveló.

La mujer fue asesinada afuera de un panteón privado a donde asistiría al sepelio de José Ramón Bernabé Armenta de 26 años, quien también fue asesinado de cuatro balazos cerca de las 11 de la noche del pasado miércoles en una colonia céntrica de Iguala.

Según testigos, el pistolero revisó las pertenencias de Norma Angélica y sólo se llevó su teléfono celular.

La madre de Norma, la señora Reyna Román, junto con otros familiares informaron que su hija se había integrado al grupo de búsqueda de fosas clandestinas del Comité de familiares de las otras víctimas de desaparición para buscar a Ivette Melisa Flores Román, quien fue desaparecida el 2 de marzo de 2013, a la edad de 24 años, una de las 380 víctimas de desaparición forzada en Iguala, privada de la libertad en su propio domicilio por hombres armados.

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Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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Sedena detiene a esposa del líder del CJNG

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la Sedena, la detención se logró como parte de un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, por lo que es acusada de operación financiera de un grupo de la delincuencia organizada.

Las autoridades federalres refirieron que con la aprehensión de la cónyuge del líder del CJNG se ha logrado un golpe contundente a la organización delictiva, sin embargo, aunque las autoridades federales la acusaron de delincuencia organizada, únicamente pudieron vincularla a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La esposa del capo ya había sido detenida en mayo de 2018, pero ante la falta de pruebas en su contra, fue liberada por un delito menor, mientras que su hermano, Abigael González Valencia es identificado como el segundo al mando del CJNG y líder de Los Cuinis, y operador financiero, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y es colaborador de la FGR en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) la acusó de ser la principal responsable del manejo financiero de la estructura criminal más grande del país que también tiene operaciones en otros países.

Su esposo ha sido señalado por la FGR como el principal responsable de la violencia en el país en los últimos años a consecuencia del crecimiento de la organización delictiva en diferentes regiones del país.

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Justicia pendiente

Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgen a México a combatir este delito

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El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgió al gobierno de México a combatir de forma más eficiente este delito y generar estrategias transversales para localizar a las víctimas de desaparición forzada en el país.

El organismo internacional reconoció que en la actual administración federal ha existido mayor apertura para vigilar estos casos de desaparición forzada, pues recordó que en 2017 solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto tener acceso a los expedientes de los reportes de personas no localizadas, pero se negaron, misma situación que ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el comité internacional manifestó que esta apertura no es suficiente para lograr que reduzca la impunidad en este delito, pues enfatizó que México ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo con este delito, sólo por debajo de Irak.

De la misma manera, lamentó que las desapariciones forzadas permanezcan como un delito constante que se comete en todo el territorio nacional, en donde prevalece la impunidad y la revictimización por parte de las autoridades fiscales y por ello se siguen presentando casos de personas no identificadas en fosas clandestinas.

Ejemplificó que los diferentes colectivos de víctimas mantienen los reclamos constantes para casos individuales con la consolidación de un nuevo marco legal e institucional que forma parte de la impunidad que ha permanecido en el estado en los últimos años.

Recordó que los delitos de desaparición forzada persisten en Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Jalisco, en donde se ha observado con mayor presencia las organizaciones relacionadas al crimen organizado que operan de forma regular con la desaparición de personas cuyos cuerpos no son localizados.

 

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