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La red en lucha

Desapariciones, estigma para el gobierno saliente de México

Con casi 40 mil desaparecidos cierra Enrique Peña Nieto su administración, y una serie de recriminaciones de Naciones Unidas por las violaciones de derechos humanos en México

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Por Gustavo Capdevilla

GINEBRA.– La ONU despidió con severas recriminaciones al gobierno de Enrique Peña Nieto, por violaciones de los derechos humanos, cuya magnitud ejemplifica el hecho de que en México lleguen hasta 37.435 las desapariciones forzadas de personas registradas desde 2007.

El duro rapapolvo por la situación que deja en materia de desapariciones lo recibe el conservador Peña Nieto a escasos días de que el 1 de diciembre culmine sus seis años de mandato y entregue la presidencia al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones del 1 de julio.

En sus observaciones sobre el caso mexicano, divulgadas este lunes 19, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) lamenta “profundamente” que en México “se mantiene una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”.

El Comité, integrado por 10 expertos independientes de países que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, deploró también que en México “imperen la impunidad y la revictimización”, cuando la misma persona sufre igual delito con diferente perpetrador.

Las resoluciones representan la conclusión de una sesión especial, realizada el 9 de noviembre, dedicada al caso mexicano, cuando el Comité, que funciona en la sede de la ONU en Ginebra, enrostró al gobierno de Peña Nieto por la “falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas”.

Roberto Cabrera, de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, admitió que solo cuentan con “registros de muy mala calidad”.

Del total de 37.435 casos, ese organismo ha logrado identificar con fecha de nacimiento y nombres de padre y madre, a unos 26.000 desaparecidos. De ese número consiguieron datos biométricos (fotografías y huellas digitales) de unos 16.000, precisó Cabrera.

El Comité reprochó a las autoridades mexicanas por el escaso número de condenas en los procesos por el delito de desaparición forzada. Grace Fernández Moran, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, dijo a que “hay 43 sentencias sobre más de 37.000 casos, eso es nada”.

Los miembros del Comité, que opera dentro de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestaron preocupación “por la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio”.

El saliente gobierno mexicano reconoció que la desaparición de personas se ha convertido “en el desafío más grave que enfrenta” el país latinoamericano en materia de derechos humanos, según declaró el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, durante la sesión con el Comité.

“Reconocemos que las respuestas del Estado son aún insuficientes porque no hemos dado respuesta a los familiares y a los seres queridos de los desaparecidos y tampoco se ha localizado el paradero”, explicó Ruiz.

Ruiz alegó que el régimen federal de México, con 32 estados que tienen su propia Constitución y poderes, entorpece los esfuerzos por proteger los derechos humanos en un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados y con 129 millones de habitantes. Ello aunque la mayoría de las desapariciones se concentran en tres estados: Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.

A eso se suma la incómoda vecindad con el mayor mercado consumidor de drogas del mundo: Estados Unidos, a lo largo de una frontera de más de 3.000 kilómetros.

México esta así localizado entre centros productores sudamericanos y los mercados consumidores que han visto un incremento constante de la demanda de drogas ilícitas de varios tipos, aunque recientemente en particular de los opiáceos, remarco Ruiz.

En busca de atenuantes, mencionó el tráfico ilícito de armas, en su mayoría de Estados Unidos hacia México. En 2015, en la región fronteriza estadounidense se localizaban 6.700 comercios con licencia federal para vender armas, lo que equivalía a tres vendedores de armas por cada 1.609 metros de frontera.

El subsecretario mexicano citó a autoridades estadounidenses al afirmar que la mitad de las armas ilegales que circulan en México, notablemente armas de asalto de alto poder, son compradas en el fronterizo estado de Texas, y un tercio en el vecino de Arizona, antes de ser traficadas por la frontera.

Ruiz rechazo una de las pretensiones más insistentes del Comité: el reconocimiento de la competencia del organismo para recibir y examinar comunicaciones o quejas individuales de ciudadanos mexicanos.

Corresponderá al gobierno de López Obrador, valorar esa demanda del Comité, arguyó Ruiz.

El gobierno de Peña Nieto reacciona de esa manera “por miedo o por soberbia”, interpretó Fernández Moran. “No pide ayuda a nadie para afrontar esta emergencia”, insistió.

Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencia de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), estimó que defensores de derechos humanos y victimas deben hacer “un acercamiento con el nuevo gobierno”.

“Habrá que hacer entender que las desapariciones forzadas son un tema prioritario”, dijo.

Guzmán reclama a López Obrador “respuestas decisivas, adecuadas y efectivas para afrontar la situación crítica de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y su impunidad, que afectan a miles” de mexicanos.

Entre otras demandas, la CMDPDH propone un mecanismo interinstitucional de alto nivel que aplique a nivel local, estadal y nacional las normas y recomendaciones de organismos internacionales y regionales de derechos humanos.

Guzmán aspira a que el nuevo gobierno sostenga una Fiscalía General autónoma, “no subordinada al presidente, como ahora”, y encabezada por una persona idónea y designada mediante un proceso “transparente y público”.

La CMDPDH sugiere el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad en México, algo semejante a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, creada en 2006 por la ONU y el gobierno guatemalteco.

El Comité contra la Desaparición Forzada observa también con preocupación el rol que México ha otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública.

Por ello, le insta a fortalecer a las fuerzas civiles del  orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las áreas de seguridad pública.

Los expertos de la ONU alertaron de los impactos que las desapariciones tienen en México sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Mencionaron igualmente los efectos perjudiciales que acarrean el estancamiento y abandono de las investigaciones de los estereotipos de género y formas de discriminación contra las mujeres por parte de las autoridades.

Ángela Quiroga, responsable de la gubernamental Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dijo a que las desapariciones de mujeres no presentan diferencia con respecto a las tendencias del delito en el conjunto de la sociedad.

“Aunque en la franja de las mujeres se aprecia que la violencia familiar es una de las causas de las desapariciones de mujeres pues provoca la expulsión de adolescentes de los hogares”, explicó.

“Otro factor de la desaparición de mujeres es el incremento en los últimos tiempos de los casos de feminicidio, el asesinato de las mujeres por su condición de tales. De ninguna de las dos variantes se dispone de cifras”, agregó Quiroga.

España

Líderes de otros países reaccionan ante el asalto al Capitolio en EEUU

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Líderes y organizaciones de todo el mundo han mostrado su asombro e indignación ante el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, que ha concluido con cinco personas fallecidas y numerosos destrozos en la sede del Legislativo.

Desde el Gobierno español, su presidente Pedro Sánchez ha dicho seguir “con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington” y ha mostrado su confianza “en la fortaleza de la democracia de EE.UU”.

Sánchez también ha señalado que con la nueva Presidencia de Joe Biden, Estados Unidos “superará la etapa de crispación uniendo al pueblo estadounidense”.

Por su parte, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado lo ocurrido en Estados Unidos propio del “modus operandi de la ultraderecha: la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no le son favorables”. Así, ha reivindicado “democracia y antifascismo” ante “la violencia y sus mentiras allí y aquí”.

En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, el presidente francés Emmanuel Macron ha lamentado las escenas de violencia de Washington y ha expresado su confianza en  “la fuerza de la democracia de los Estados Unidos”. Macron ha querido mostrar “su amistad y fe en los Estados Unidos. Lo que ha pasado hoy en Washington no es americano”, ha concluido.

 

Desde el corazón de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que cree “en la fuerza de las instituciones y la democracia estadounidenses” y ha añadido que espera trabajar con Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos

El repudio a la violencia ha llegado también por parte de uno de los aliados de Trump, el primer ministro británico, Boris Johnson, quien ha calificado de “vergonzosas escenas” el asalto al Capitolio y ha reclamado un traspaso “pacífico y ordenado del poder” en ese país.

La conmoción ha sido el sentimiento mayoritario entre los mandatarios europeos, como ha manifestado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en su Twitter, donde ha calificado el suceso de “vergüenza democrática” y ha pedido el cese de este “ataque a las libertades”.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado “entristecido” por la toma del Capitolio por parte de una turba de seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha pedido a los líderes políticos que no insten a sus seguidores a la violencia.

Ante estos actos, Guterres ha recordado que “es importante que los líderes políticos inculquen a sus seguidores la necesidad de abstenerse de usar la violencia, así como respetar los procesos democráticos y el estado de derecho”, a través de un comunicado emitido por su portavoz, Stephane Dujarric.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado las escenas de Washington de “impactantes” y ha enfatizado que “se debe respetar el resultado de esta elección democrática”.

Al otro lado del océano, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha señalado que sus compatriotas “están gravemente preocupados y entristecidos por el ataque a la democracia en Estados Unidos, el aliado más cercano y vecino. La violencia nunca triunfará al anular la voluntad del pueblo”.

Desde Venezuela, el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha expresado su preocupación por los hechos aunque ha añadido que “con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión”. Venezuela “condena la polarización política y la espiral de violencia” que, a su juicio, “no hace sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social de Estados Unidos”.

Condena también en EEUU

En Estados Unidos, expresidentes, congresistas y otros dirigentes políticos, tanto demócratas como republicanos, han repudiado el asalto al Capitolio. Incluso, crece el movimiento para destituir a Trump a través de la 25 Enmienda que lo inhabilitaría de inmediato o someterlo a un juicio político como responsable de los disturbios.

“La Historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio incitada por el presidente en funciones, quien ha continuado sin fundamentos la mentira sobre el resultado electoral legal, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación”, ha afirmado el expresidente Barack Obama apuntando a Trump.

Republicano como Trump, el expresidente George W. Bush se ha declarado “consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrado hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestra aplicación de la ley”. “Es repugnante y desgarrador”, ha dicho Bush sobre la entrada de los partidarios de Trump en el Congreso.

 

Información: eitb.ues

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Latinoamérica

Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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Europa

En 12 semanas, se vacunarán contra el covid-19 dos millones de personas en España

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El Salto Diario

Ayer, domingo 27 de diciembre, dio comienzo la Estrategia de Vacunación contra el covid-19 en España. Dos mujeres de un centro residencial de Guadalajara han sido las primeras en recibir las dosis. En esta primera fase, según ha informado Sanidad, se priorizan cuatro grupos: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y personas con gran dependencia que no están institucionalizadas.

La vacuna Comirnaty, del laboratorio Pfizer, será recibida a razón de 350.000 dosis semanales por el Ministerio de Sanidad, que tiene previsto que, en las próximas doce semanas, se inmunicen 2.250.000 personas.

Con la vacunación en la jornada de hoy de la residente Araceli Hidalgo, de 96 años, y la auxiliar sanitaria Mónica Tapias, se inicia el camino hacia la inmunización vía vacunas de la población. Está previsto que durante el día de hoy comiencen a distribuirse las vacunas en todas las comunidades autónomas.

La semana pasada, el ministro Salvador Illa detalló que se han establecido 18 grupos poblacionales para la priorización de los grupos, en función de cuatro tipos de riesgos: El riesgo de mortalidad, el de exposición a la enfermedad, el de impacto socioeconómico y el de transmisión de la enfermedad. Según el ministro, “habrá tres etapas en función de la disponibilidad de la vacuna. En el primer suministro, limitado. De enero a marzo. La segunda etapa, que se permitirá ir aumentando. Hasta junio, probablemente, y una última etapa para cubrir a todos los grupos prioritarios”. La vacuna será gratuita y que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud. De momento, la vacunación será voluntaria.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA en sus siglas en inglés) dio el visto bueno el 21 de diciembre a la comercialización de la vacuna Comirnaty, desarrollada por BioNTech y Pfizer, para prevenir el covid-19 “en personas a partir de los 16 años”.

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