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Justicia pendiente

Desaparición forzada: más de 3 mil casos en Baja California

Aunque se habla de unos 27 mil desaparecidos en todo el país, lo cierto es que las dimensiones de este fenómeno en México son desconocidas, ya que las cifras no se han podido contrastar entre las diversas fuentes.

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Los Ángeles Press

MEXICALI, Baja California.-  La Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad ha logrado documentar hasta la fecha más de 3 mil casos en el estado de Baja California, lo que le convierte en uno de los estados mexicanos con mayor incidencia de estos crímenes de lesa humanidad. Aunque se habla de unos 27 mil desaparecidos en todo el país, lo cierto es que las dimensiones de este fenómeno en México son desconocidas, ya que las cifras no se han podido contrastar entre las diversas fuentes.

En entrevista para Los Ángeles Press, el abogado y sociólogo Miguel Ángel Garía Leyva, que preside esta organización en Mexicali, explica que desde 2005 ha habido un «boom» de desapariciones forzosas en Baja California. Admite que ni siquiera su asociación puede contabilizar con exactitud el número de desaparecidos debido al nivel de impunidad existente. Además, indica que la actividad principal que desarrollan los grupos dedicados al secuestro y desaparición de personas son entes oficiales. «Estamos hablando no solo de crimen organizado, sino de violencia institucional». 

Rosario Moreno de Díaz, madre de una víctima que fue privada de la libertad y desaparecida por un grupo de policías, fue la promotora de esta asociación en la capital bajacaliforniana hace 14 años.  Desde entonces, la organización -ahora encabezada por García Leyva- ha venido realizando un importante trabajo de campo, investigación, recopilación de información y documentación de casos a partir de denuncias anónimas, de familiares y notas periodísticas, que se ha traducido en el registro de más de 3 mil casos.

 Sin embargo, García Leyva se lamenta de la incapacidad que tienen para documentar todos los casos. «Ya nos rebasó la realidad del terror que se vive en nuestro país con la desaparición forzada. Se habla de números y estadísticas que nada tienen que ver con la realidad, simuladas, que no concuerdan con datos de un estado a otro, ni con las procuradurías estatales ni con la procuraduría de la federación o la SEGOB. No concuerdan los números».

Para el abogado, el principal problema relacionado con el aumento de este fenómeno es que «en México no se persiguen este crimen; no hay castigo para la desaparición forzada, a pesar de que es un crimen recurrente, continuado y sistemático». García indica que la desaparición forzada es parte de una política de estado que ha llegado al grado de institutcionalizarse. «La inmensa mayoría de casos que tenemos documentados, incluso aquellos que no pero de los que hemos tenido conocimiento, participan elementos de alguna de las corporaciones policiacas que existen en el país y el ejército».

Tradición de desapariciones en México

Con el inicio de la «operación Cóndor», en los años 70, las fuerzas armadas mexicanas iniciaron procesos de desplazamientos forzados de comunidades enteras. En esos años crecieron los casos de desparación de personas por motivos sociales y políticos. «Fue tan alto el número de personas desaparecidas con el pretexto de la guerra al narcotráfico, que no se documentaba. Además se producían en zonas alejadas, abruptas e incomunicadas de la geografía del país». A partir de este contexto, en las siguientes décadas, con el supuesto combate al crimen organizado, continuó todo un proceso por parte del Estado para llevar a cabo la desaparición de personas con la participación directa de elementos policíacos de manera sistemática.

Miguel Ángel García Leyva, que comenzó su activismo por los derechos humanos en su natal Sinaloa, logró documentar junto con el Frente contra la Impunidad la proliferación de grupos paramilitares, comandos negros y escuadrones de la muerte durante los años 90. Fue en 2001 cuando un grupo de ocho madres y un padre con hijos desaparecidos en Baja California se puso en contacto con la organización sinaloense.

«Su principal problema era que no tenían respuesta de las autoridades e incluso estaban catalogados como casos de homicidio pese a que estaban desaparecidos. Cuando empezamos a investigar algunos casos, las autoridades ministeriales guardaban silencio. Algunos funcionarios incluso se ponían a temblar. Por la experiencia que nosotros teníamos de años atrás, sabíamos que algo estaba pasando en la Baja California, así que cuando formamos el grupo en el estado y empezaron a llegar familias y familias a denunciar sus casos».

Auge de las despariciones durante el Calderonato

Para García Leyva, la llegada del PAN, y en especial del gobierno de Felipe Calderón, supuso el inicio de un periodo de aumento exacerbado de este tipo de crimen. «Del 2000 para acá las desapariciones forzadas empezaron a crecer. En ese tiempo empieza un proceso de miedo y terror que imponen grupos organizados institucionalmente, que utilizan el pretexto de la guerra al narcotráfico. Con la llegada de Calderón Hinojosa, la militarización de la seguridad pública se dispara, que sumada a los niveles de corrupción e impunidad, hicieron que los números nos rebasaran. Por cada caso que documentábamos, quedaban otros diez que no. La gente no tiene confianza en las instituciones y eso inhibe para que los familiares de víctimas de desaparición forzada 

Además, Baja California es un estado de tránsito para migrantes, y su cercanía a la frontera también hace que los criminales procedentes de Estados Unidos la crucen para desaparecer a personas en suelo mexicano. «Hemos documentado desapariciones de personas de varias nacionalidades, y aunque el argumento de las autoridades es que son desaparecidos porque andan en malos pasos o son delincuentes, lo cierto es que hay registrados casos de abogados, periodistas, jornaleros, empresarios, amas de casa, doctores, …». 

Ayotzinapa: un punto de inflexión

Hay un antes y un después tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para García Leyva, con este hito negro en la historia reciente de México, se abre la dimensión real de las desapariciones múltiples a nivel mundial. «Aquí se demuestra que el estado tolera, permite e incluso es cómplice del crimen». 

«El factor determinante es la impunidad, y nosotros como Asociación exigimos al gobierno tanto estatal como federal que cree procesos para castigar la desaparición forzada». Hace 14 años, García Leyva explica que ni siquiera había leyes adecuadas, y su organización se centraba en presionar al gobierno para que se creara un marco jurídico. «En Baja California, pese a los miles de casos, no había leyes. Fue en 2008 cuando conseguimos que se creara una fiscalía especializada, aunque luego el gobierno le cambió el nombre por el de ‘personas extraviada y ausentes’, desapareciendo el concepto de desaparición forzada». Ya en 2010,  gracias a la lucha de varias organizaciones y los propios familiares, se reformó el Código Penal  para que se incluyera este delito como grave. Sin embargo, hasta la fecha ninguna persona ha sido procesada por desaparición forzada en Baja California. 

 

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Justicia pendiente

Organizaciones internacionales alertan que 2022 podría ser el año más trágico para el periodismo en México

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Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.

De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.

También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.

 

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Colectivo Aequus pide intervención de Sheinbaum para atención de madre de desaparecida en CDMX

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El colectivo Aequus.Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en la atención médica que requiere Herminia Valverde Morales, madre de Maricela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, el director del colectivo Aequus, Víctor Caballero, señaló que la situación de la madre de familia es indignante, pues desde hace seis meses su familia solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para agilizar su atención médica.

De acuerdo con el representante del colectivo defensor de los derechos humanos, Herminia Valverde no ha recibido la atención médica integral que merece, por lo que su salud se ha deteriorado y no se trata de una concesión del organismo local, sino de un derecho humano básico que se le ha negado.

Recordó que la Ley General de Víctimas establece que el Estado mexicano debe garantizar medidas de protección a los familiares de las víctimas de desaparición para evitar una victimización secundaria.

Por ello, enfatizó que la madre de familia no puede ser víctima de la negligencias de las autoridades mexicanas, por lo que también se debe garantizar la atención integral y la reparación del daño por parte del Estado mexicano para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

El colectivo enfatizó que la mandatario capitalina debe atender directamente este caso para que la salud de la madre de familia no se deteriore más y se pueda atender como corresponde, aunado a que se tenga acceso a la carpeta de investigación que se abrió por su desaparición.

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Justicia pendiente

FGR también investiga a Peña Nieto por lavado de dinero, delitos patrimoniales y electorales

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió tres carpetas de investigación contra el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, por los delitos de lavado de dinero, delitos patrimoniales y electorales.

De acuerdo con la FGR, en los próximos meses judicializará una indagatoria contra el ex mandatario federal por delitos electorales y patrimoniales relacionados con la entrega de y concesión ilegal de la empresa OHL para la construcción del viaducto Bicentenario, cuando fue gobernador del Estado de México.

La fiscalía federal señaló que la concesión no debió ser entregada por el gobierno estatal, pues se trataba de una vía federal, aunado a que la licitación la obtuvo la empresa española era la menos rentable para ejecutar el proyecto.

De la misma manera, la FGR indaga lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales efectuadas por el ex presidente, en el que recibió más de 26 millones de pesos desde México hasta España.

Asimismo, la FGR también investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Peña Nieto que se obtuvieron desde su gestión como gobernador del Estado de México y posteriormente como presidente de México.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la FGR debe resolver las investigaciones que se desarrollan contra su antecesor, pero evitó llamar a Peña Nieto a regresar al país para enfrentar el proceso legal que se abrió en su contra.

Además, expresó que no tiene como objetivo vengarse de sus antecesores, debido a que no es su labor y compete a la fiscalía indagar los asuntos relacionados con la comisión de probables delitos.

Desde julio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alertó sobre una denuncia por la recepción de recursos millonarios de Peña Nieto después de dejar la presidencia de la República y por lo cual se investiga al ex presidente.

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