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Justicia pendiente

Desaparición forzada: más de 3 mil casos en Baja California

Aunque se habla de unos 27 mil desaparecidos en todo el país, lo cierto es que las dimensiones de este fenómeno en México son desconocidas, ya que las cifras no se han podido contrastar entre las diversas fuentes.

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Los Ángeles Press

MEXICALI, Baja California.-  La Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad ha logrado documentar hasta la fecha más de 3 mil casos en el estado de Baja California, lo que le convierte en uno de los estados mexicanos con mayor incidencia de estos crímenes de lesa humanidad. Aunque se habla de unos 27 mil desaparecidos en todo el país, lo cierto es que las dimensiones de este fenómeno en México son desconocidas, ya que las cifras no se han podido contrastar entre las diversas fuentes.

En entrevista para Los Ángeles Press, el abogado y sociólogo Miguel Ángel Garía Leyva, que preside esta organización en Mexicali, explica que desde 2005 ha habido un “boom” de desapariciones forzosas en Baja California. Admite que ni siquiera su asociación puede contabilizar con exactitud el número de desaparecidos debido al nivel de impunidad existente. Además, indica que la actividad principal que desarrollan los grupos dedicados al secuestro y desaparición de personas son entes oficiales. “Estamos hablando no solo de crimen organizado, sino de violencia institucional”. 

Rosario Moreno de Díaz, madre de una víctima que fue privada de la libertad y desaparecida por un grupo de policías, fue la promotora de esta asociación en la capital bajacaliforniana hace 14 años.  Desde entonces, la organización -ahora encabezada por García Leyva- ha venido realizando un importante trabajo de campo, investigación, recopilación de información y documentación de casos a partir de denuncias anónimas, de familiares y notas periodísticas, que se ha traducido en el registro de más de 3 mil casos.

 Sin embargo, García Leyva se lamenta de la incapacidad que tienen para documentar todos los casos. “Ya nos rebasó la realidad del terror que se vive en nuestro país con la desaparición forzada. Se habla de números y estadísticas que nada tienen que ver con la realidad, simuladas, que no concuerdan con datos de un estado a otro, ni con las procuradurías estatales ni con la procuraduría de la federación o la SEGOB. No concuerdan los números”.

Para el abogado, el principal problema relacionado con el aumento de este fenómeno es que “en México no se persiguen este crimen; no hay castigo para la desaparición forzada, a pesar de que es un crimen recurrente, continuado y sistemático”. García indica que la desaparición forzada es parte de una política de estado que ha llegado al grado de institutcionalizarse. “La inmensa mayoría de casos que tenemos documentados, incluso aquellos que no pero de los que hemos tenido conocimiento, participan elementos de alguna de las corporaciones policiacas que existen en el país y el ejército”.

Tradición de desapariciones en México

Con el inicio de la “operación Cóndor”, en los años 70, las fuerzas armadas mexicanas iniciaron procesos de desplazamientos forzados de comunidades enteras. En esos años crecieron los casos de desparación de personas por motivos sociales y políticos. “Fue tan alto el número de personas desaparecidas con el pretexto de la guerra al narcotráfico, que no se documentaba. Además se producían en zonas alejadas, abruptas e incomunicadas de la geografía del país”. A partir de este contexto, en las siguientes décadas, con el supuesto combate al crimen organizado, continuó todo un proceso por parte del Estado para llevar a cabo la desaparición de personas con la participación directa de elementos policíacos de manera sistemática.

Miguel Ángel García Leyva, que comenzó su activismo por los derechos humanos en su natal Sinaloa, logró documentar junto con el Frente contra la Impunidad la proliferación de grupos paramilitares, comandos negros y escuadrones de la muerte durante los años 90. Fue en 2001 cuando un grupo de ocho madres y un padre con hijos desaparecidos en Baja California se puso en contacto con la organización sinaloense.

“Su principal problema era que no tenían respuesta de las autoridades e incluso estaban catalogados como casos de homicidio pese a que estaban desaparecidos. Cuando empezamos a investigar algunos casos, las autoridades ministeriales guardaban silencio. Algunos funcionarios incluso se ponían a temblar. Por la experiencia que nosotros teníamos de años atrás, sabíamos que algo estaba pasando en la Baja California, así que cuando formamos el grupo en el estado y empezaron a llegar familias y familias a denunciar sus casos”.

Auge de las despariciones durante el Calderonato

Para García Leyva, la llegada del PAN, y en especial del gobierno de Felipe Calderón, supuso el inicio de un periodo de aumento exacerbado de este tipo de crimen. “Del 2000 para acá las desapariciones forzadas empezaron a crecer. En ese tiempo empieza un proceso de miedo y terror que imponen grupos organizados institucionalmente, que utilizan el pretexto de la guerra al narcotráfico. Con la llegada de Calderón Hinojosa, la militarización de la seguridad pública se dispara, que sumada a los niveles de corrupción e impunidad, hicieron que los números nos rebasaran. Por cada caso que documentábamos, quedaban otros diez que no. La gente no tiene confianza en las instituciones y eso inhibe para que los familiares de víctimas de desaparición forzada 

Además, Baja California es un estado de tránsito para migrantes, y su cercanía a la frontera también hace que los criminales procedentes de Estados Unidos la crucen para desaparecer a personas en suelo mexicano. “Hemos documentado desapariciones de personas de varias nacionalidades, y aunque el argumento de las autoridades es que son desaparecidos porque andan en malos pasos o son delincuentes, lo cierto es que hay registrados casos de abogados, periodistas, jornaleros, empresarios, amas de casa, doctores, …”. 

Ayotzinapa: un punto de inflexión

Hay un antes y un después tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para García Leyva, con este hito negro en la historia reciente de México, se abre la dimensión real de las desapariciones múltiples a nivel mundial. “Aquí se demuestra que el estado tolera, permite e incluso es cómplice del crimen”. 

“El factor determinante es la impunidad, y nosotros como Asociación exigimos al gobierno tanto estatal como federal que cree procesos para castigar la desaparición forzada”. Hace 14 años, García Leyva explica que ni siquiera había leyes adecuadas, y su organización se centraba en presionar al gobierno para que se creara un marco jurídico. “En Baja California, pese a los miles de casos, no había leyes. Fue en 2008 cuando conseguimos que se creara una fiscalía especializada, aunque luego el gobierno le cambió el nombre por el de ‘personas extraviada y ausentes’, desapareciendo el concepto de desaparición forzada”. Ya en 2010,  gracias a la lucha de varias organizaciones y los propios familiares, se reformó el Código Penal  para que se incluyera este delito como grave. Sin embargo, hasta la fecha ninguna persona ha sido procesada por desaparición forzada en Baja California. 

 

Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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