Connect with us

Justicia pendiente

Desaparición forzada: más de 3 mil casos en Baja California

Aunque se habla de unos 27 mil desaparecidos en todo el país, lo cierto es que las dimensiones de este fenómeno en México son desconocidas, ya que las cifras no se han podido contrastar entre las diversas fuentes.

Avatar

Published

on

Los Ángeles Press

MEXICALI, Baja California.-  La Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad ha logrado documentar hasta la fecha más de 3 mil casos en el estado de Baja California, lo que le convierte en uno de los estados mexicanos con mayor incidencia de estos crímenes de lesa humanidad. Aunque se habla de unos 27 mil desaparecidos en todo el país, lo cierto es que las dimensiones de este fenómeno en México son desconocidas, ya que las cifras no se han podido contrastar entre las diversas fuentes.

En entrevista para Los Ángeles Press, el abogado y sociólogo Miguel Ángel Garía Leyva, que preside esta organización en Mexicali, explica que desde 2005 ha habido un “boom” de desapariciones forzosas en Baja California. Admite que ni siquiera su asociación puede contabilizar con exactitud el número de desaparecidos debido al nivel de impunidad existente. Además, indica que la actividad principal que desarrollan los grupos dedicados al secuestro y desaparición de personas son entes oficiales. “Estamos hablando no solo de crimen organizado, sino de violencia institucional”. 

Rosario Moreno de Díaz, madre de una víctima que fue privada de la libertad y desaparecida por un grupo de policías, fue la promotora de esta asociación en la capital bajacaliforniana hace 14 años.  Desde entonces, la organización -ahora encabezada por García Leyva- ha venido realizando un importante trabajo de campo, investigación, recopilación de información y documentación de casos a partir de denuncias anónimas, de familiares y notas periodísticas, que se ha traducido en el registro de más de 3 mil casos.

 Sin embargo, García Leyva se lamenta de la incapacidad que tienen para documentar todos los casos. “Ya nos rebasó la realidad del terror que se vive en nuestro país con la desaparición forzada. Se habla de números y estadísticas que nada tienen que ver con la realidad, simuladas, que no concuerdan con datos de un estado a otro, ni con las procuradurías estatales ni con la procuraduría de la federación o la SEGOB. No concuerdan los números”.

Para el abogado, el principal problema relacionado con el aumento de este fenómeno es que “en México no se persiguen este crimen; no hay castigo para la desaparición forzada, a pesar de que es un crimen recurrente, continuado y sistemático”. García indica que la desaparición forzada es parte de una política de estado que ha llegado al grado de institutcionalizarse. “La inmensa mayoría de casos que tenemos documentados, incluso aquellos que no pero de los que hemos tenido conocimiento, participan elementos de alguna de las corporaciones policiacas que existen en el país y el ejército”.

Tradición de desapariciones en México

Con el inicio de la “operación Cóndor”, en los años 70, las fuerzas armadas mexicanas iniciaron procesos de desplazamientos forzados de comunidades enteras. En esos años crecieron los casos de desparación de personas por motivos sociales y políticos. “Fue tan alto el número de personas desaparecidas con el pretexto de la guerra al narcotráfico, que no se documentaba. Además se producían en zonas alejadas, abruptas e incomunicadas de la geografía del país”. A partir de este contexto, en las siguientes décadas, con el supuesto combate al crimen organizado, continuó todo un proceso por parte del Estado para llevar a cabo la desaparición de personas con la participación directa de elementos policíacos de manera sistemática.

Miguel Ángel García Leyva, que comenzó su activismo por los derechos humanos en su natal Sinaloa, logró documentar junto con el Frente contra la Impunidad la proliferación de grupos paramilitares, comandos negros y escuadrones de la muerte durante los años 90. Fue en 2001 cuando un grupo de ocho madres y un padre con hijos desaparecidos en Baja California se puso en contacto con la organización sinaloense.

“Su principal problema era que no tenían respuesta de las autoridades e incluso estaban catalogados como casos de homicidio pese a que estaban desaparecidos. Cuando empezamos a investigar algunos casos, las autoridades ministeriales guardaban silencio. Algunos funcionarios incluso se ponían a temblar. Por la experiencia que nosotros teníamos de años atrás, sabíamos que algo estaba pasando en la Baja California, así que cuando formamos el grupo en el estado y empezaron a llegar familias y familias a denunciar sus casos”.

Auge de las despariciones durante el Calderonato

Para García Leyva, la llegada del PAN, y en especial del gobierno de Felipe Calderón, supuso el inicio de un periodo de aumento exacerbado de este tipo de crimen. “Del 2000 para acá las desapariciones forzadas empezaron a crecer. En ese tiempo empieza un proceso de miedo y terror que imponen grupos organizados institucionalmente, que utilizan el pretexto de la guerra al narcotráfico. Con la llegada de Calderón Hinojosa, la militarización de la seguridad pública se dispara, que sumada a los niveles de corrupción e impunidad, hicieron que los números nos rebasaran. Por cada caso que documentábamos, quedaban otros diez que no. La gente no tiene confianza en las instituciones y eso inhibe para que los familiares de víctimas de desaparición forzada 

Además, Baja California es un estado de tránsito para migrantes, y su cercanía a la frontera también hace que los criminales procedentes de Estados Unidos la crucen para desaparecer a personas en suelo mexicano. “Hemos documentado desapariciones de personas de varias nacionalidades, y aunque el argumento de las autoridades es que son desaparecidos porque andan en malos pasos o son delincuentes, lo cierto es que hay registrados casos de abogados, periodistas, jornaleros, empresarios, amas de casa, doctores, …”. 

Ayotzinapa: un punto de inflexión

Hay un antes y un después tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para García Leyva, con este hito negro en la historia reciente de México, se abre la dimensión real de las desapariciones múltiples a nivel mundial. “Aquí se demuestra que el estado tolera, permite e incluso es cómplice del crimen”. 

“El factor determinante es la impunidad, y nosotros como Asociación exigimos al gobierno tanto estatal como federal que cree procesos para castigar la desaparición forzada”. Hace 14 años, García Leyva explica que ni siquiera había leyes adecuadas, y su organización se centraba en presionar al gobierno para que se creara un marco jurídico. “En Baja California, pese a los miles de casos, no había leyes. Fue en 2008 cuando conseguimos que se creara una fiscalía especializada, aunque luego el gobierno le cambió el nombre por el de ‘personas extraviada y ausentes’, desapareciendo el concepto de desaparición forzada”. Ya en 2010,  gracias a la lucha de varias organizaciones y los propios familiares, se reformó el Código Penal  para que se incluyera este delito como grave. Sin embargo, hasta la fecha ninguna persona ha sido procesada por desaparición forzada en Baja California. 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

Avatar

Published

on

Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

Continue Reading

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

Published

on

Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

Continue Reading

Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

Published

on

Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

Continue Reading

Trending